El brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) habría ya causado 80 muertes, según cifras comunicadas el sábado, y también un deceso en Uganda.

Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, agencia sanitaria de la Unión Africana con sede en Adís Abeba, declararon ayer viernes un nuevo brote de ébola en RDC. El balance indicaba entonces 65 fallecimientos probablemente vinculados al virus.

Hasta el momento “se notificaron 246 casos sospechosos y 80 muertes”, según un comunicado del Ministerio de Salud congoleño difundido este sábado de madrugada. Los análisis de laboratorio concluyeron que se trata de la cepa Bundibugyo del virus.

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No existe vacuna contra esta variante ni tampoco “tratamiento específico”, recordó este sábado en rueda de prensa el ministro de Salud congoleño, Samuel-Roger Kamba. “Con esta cepa, la tasa de letalidad es muy importante, puede alcanzar el 50 %”, señaló el ministro.

El último episodio de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa, declarado en agosto de 2025 en el centro del país y contenido en diciembre, dejó al menos 34 muertos. La epidemia más mortífera en República Democrática del Congo causó cerca de 2.300 fallecidos entre 3.500 enfermos entre 2018 y 2020.

La transmisión del virus entre humanos se produce a través de fluidos corporales o por exposición a la sangre de una persona infectada, viva o fallecida. Las personas infectadas solo se vuelven contagiosas después de la aparición de los síntomas, y el período de incubación puede durar hasta 21 días.

En RDC, hasta ahora solo se pudieron realizar pocas pruebas de laboratorio en la capital, Kinshasa. Pero según los primeros resultados, con ocho casos confirmados de ébola entre trece muestras analizadas y un elevado número de casos sospechosos, la epidemia parece propagarse rápidamente.

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Por su parte, el Ministerio de Salud de Uganda informó ayer de la muerte, a causa del virus, de un congoleño de 59 años el jueves en un hospital de Kampala, la capital. No obstante, el ministerio subrayó que por ahora no se registró ningún “caso local”.

Fuente: AFP

Por: Víctor Pavón

Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES)

Aparecen cada vez más y se van uniendo voces de diferentes sectores para subir los impuestos. Consideran sus promotores que subir los tributos permitirá al país contar con más recursos porque ahora con lo recaudado es insuficiente. Y agregan, con más tributos se podrán políticas de redistribución de riqueza. Se equivocan y grande.

Aumentar los impuestos o crear nuevos no solo es innecesario, sino también traerá quebrantos para la población. Un aumento de los impuestos implicará cambiar la regla del 10, 10, 10 del Impuesto al Valor Agregado, a la renta personal y empresarial, esto es, será una estocada mortal a uno de los elementos de competitividad que contamos como país.

Instalada la suba de los impuestos, la tendencia será que los políticos y burócratas se verán tentados a subirlos todavía más, dejando de lado la calidad del gasto y el principio de contra prestación en favor del pagador de impuestos.

Los propiciadores de esta medida tienen el objetivo de llevar a cabo hacer la justicia social tributaria, una expresión laxa, ambigua, propia del estatismo para que paguen más los que más ganan, un error de visión económica que termina dañando a los más pobres.

Es una forma de resentimiento y envidia hacia los emprendedores y la función empresarial.

Más cargas fiscales desincentivan el ahorro, el capital, el trabajo, la creatividad y la iniciativa, al punto que en vez de expandirse el sector privado ocurre lo contrario. Y la consecuencia del aumento de los impuestos, pronto será el aumento inusitado del déficit fiscal y así nuevamente se vendrá otro aumento tributario, una carrera sin fin donde ganan pocos y pierde la mayoría.

Al respecto, la experiencia internacional debería servir como análisis para la toma de decisiones. En todos los países donde se empezaron a subir los tributos, el aumento del gasto público, así como el déficit se disparan hacia arriba. Nunca hay dinero para todo, nunca habrá lo suficiente, motivos por los cuales se aumenta la discrecionalidad en la administración pública y se produce el efecto crowding out, el desplazamiento del capital privado hacia el Estado, cualquiera sea el gobierno de turno.

El crowding out, igualmente, implica inexorablemente menos inversiones en el sector privado. Se afecta la creación de nuevos puestos de trabajo e igualmente implica la suba de las tasas de interés, lo que termina en la ralentización de la economía hasta su recesión.

Este es el escenario básico, luego vendrán más problemas con quebrantos sociales por todos lados. Afortunadamente el mismo presidente de la República, Santiago Peña, viene diciendo que no habrá aumento alguno de impuestos durante su gobierno.

Para este mes, se prevé una segunda fase de pagos por USD 80 millones, que dará continuidad al cronograma acordado.

El Gobierno completó la primera etapa del plan de pagos a pro­veedores del sistema de salud, con un desembolso de USD 100 millones, en el marco de la regularización de la deuda acumulada con las empresas del rubro.

El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéu­tica del Paraguay (Cifarma), Gerardo García, dijo a La Nación/Nación Media que los pagos comprometidos se cumplieron en los primeros días de mayo, de acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“El Gobierno desembolsó los USD 100 millones durante los primeros días de mayo. Cumplieron con lo compro­metido”, afirmó García.

Para este mes, se prevé una segunda fase de pagos por USD 80 millones, que dará conti­nuidad al cronograma acor­dado entre el Gobierno y los proveedores del sector, para finalizar con la deuda de USD 180 millones.

García señaló que el rubro se encuentra con la expectativa de que el plan se ejecute den­tro de los plazos establecidos. “Ahora estamos esperando los USD 80 millones de este mes, que esperamos que sea pronto”, indicó.

El esquema de desembolsos forma parte de un proceso de regularización de compromisos pendientes del sis­tema de salud pública, que incluye deudas por provi­sión de medicamentos, insu­mos médicos y otros servicios sanitarios esenciales. La ini­ciativa fue presentada en una reunión entre la ministra de Salud, María Teresa Barán; el ministro de Economía, Óscar Lovera, y representantes del sector farmacéutico.

Desde el sector privado des­tacan que este tipo de desem­bolsos es clave para sostener la cadena de abastecimiento de medicamentos e insu­mos, en un contexto donde las empresas venían operando con importantes retrasos en los cobros. El plan de pagos busca ordenar la deuda acumulada del sistema sanitario y mejo­rar la previsibilidad financiera tanto para el Estado como para los proveedores, en un sector considerado estratégico por su impacto directo en la atención médica de la población.

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El mayor volumen de recursos se orientó a servicios sociales, infraestructura, seguridad y compromisos previsionales y financieros del Estado.

La Administración Cen­tral ejecutó G. 22,8 billones durante el primer cuatri­mestre de 2026, equivalente al 27,7 % del presupuesto vigente, según el informe de la Dirección General de Pre­supuesto (DGP) del Ministe­rio de Economía y Finanzas (MEF). Los datos reflejan que el mayor volumen de recur­sos públicos estuvo orientado a servicios sociales, infraes­tructura, seguridad y com­promisos previsionales y financieros del Estado.

El presupuesto vigente de la Administración Central asciende actualmente a G. 82,4 billones y, hasta abril, el Poder Ejecutivo concen­tró cerca del 94 % de toda la ejecución acumulada. Del total desembolsado, unos G. 19,3 billones fueron des­tinados a servicios conside­rados esenciales y sectores estratégicos para el funcio­namiento del Estado. Entre las instituciones con mayor nivel de ejecución sobresalen el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), el Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC), el Ministe­rio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior.

El MEF lideró la ejecución presupuestaria con el 33 % del total acumulado, equiva­lente a G. 7,5 billones. Estos recursos estuvieron dirigi­dos principalmente al pago de jubilaciones, transferen­cias a gobiernos subnaciona­les y cumplimiento de obliga­ciones vinculadas a la deuda pública. En segundo lugar, aparece el Ministerio de Educación, que concentró el 15 % de la ejecución, seguido por Salud con el 14 %, Obras Públicas con el 9 %, Desarro­llo Social con el 7 % e Interior con el 6 %.

El informe también detalla cómo se financió la ejecución presupuestaria acumulada. El tesoro público cubrió el 66,5 % de los desembolsos, con una erogación de G. 15,1 billones. Bajo esta fuente se financiaron completamente programas sociales emble­máticos como la Pensión Uni­versal para Adultos Mayores, que demandó cerca de G. 1 billón, y Tekoporã Mbarete, con unos G. 400.000 millo­nes. El esquema de financia­miento se complementó con un 18,5 % proveniente de cré­dito público y un 15 % corres­pondiente a recursos institu­cionales.

El gobierno completó la primera etapa del plan de pagos a proveedores del sistema de salud, con un desembolso de USD 100 millones, en el marco de la regularización de la deuda acumulada con las empresas del rubro.

El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Gerardo García, dijo a La Nación/Nación Media, que los pagos comprometidos se cumplieron en los primeros días de mayo, de acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“El gobierno desembolsó los USD 100 millones durante los primeros días de mayo. Cumplieron con lo comprometido”, afirmó García.

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Para este mes, se prevé una segunda fase de pagos por USD 80 millones, que dará continuidad al cronograma acordado entre el gobierno y los proveedores del sector, para finalizar con la deuda de USD 180 millones.

García señaló que el rubro se encuentra con la expectativa de que el plan se ejecute dentro de los plazos establecidos. “Ahora estamos esperando los USD 80 millones de este mes, que esperamos que sea pronto”, indicó.

El esquema de desembolsos forma parte de un proceso de regularización de compromisos pendientes del sistema de salud pública, que incluye deudas por provisión de medicamentos, insumos médicos y otros servicios sanitarios esenciales.

La iniciativa fue presentada en una reunión entre la ministra de Salud, María Teresa Barán, el ministro de Economía, Óscar Lovera, y representantes del sector farmacéutico.

Desde el sector privado destacan que este tipo de desembolsos son clave para sostener la cadena de abastecimiento de medicamentos e insumos, en un contexto donde las empresas venían operando con importantes retrasos en los cobros.

El plan de pagos busca ordenar la deuda acumulada del sistema sanitario y mejorar la previsibilidad financiera tanto para el Estado como para los proveedores, en un sector considerado estratégico por su impacto directo en la atención médica de la población.

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