El médico paraguayo residente en Estados Unidos, Sergio Zanotti, manifestó este martes que con la llegada de la vacuna del COVID-19 la gente debe seguir respetando los protocolos sanitarios establecidos, como el lavado de manos, uso de mascarillas y mantener el distanciamiento físico.
“Estar en un ambiente cerrado, sin ventilación y con muchas personas, aumenta la posibilidad de contagio. Que me haya vacunado no significa que ande sin mascarillas o sin distanciamiento, ciertas conductas deben continuar un poco más”, dijo el médico en comunicación con la 1080 AM.
Sostuvo que el lavado de manos es una de las medidas que más ayudó a salvar vidas, tanto del COVID-19 como de otras patologías. Insistió también en la importancia de mantener el distanciamiento físico a fin de reducir el riesgo de contagio.
Zanotti mencionó que el uso de mascarillas reduce el contagio a 3,1% y explicó que las gotitas respiratorias pueden permanecer en el aire, cabe en un lugar con mucha gente y aumenta la probabilidad de infección con el COVID-19.
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“Si uno tiene dificultad respiratoria debe ir al médico. Si uno puede, debe tener un saturómetro en casa y atender lo que mide. Lo que funciona contra este virus son las medidas de prevención, esto es lo único seguro por el momento”, agregó el profesional paraguayo.
La cantidad de fallecidos llegó a 2.103, también hay 72.721 pacientes recuperados y la cifra total de contagios alcanzó 100.612 desde el brote del virus en el país, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud Pública del lunes.
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Bajo apercibimiento de ley citan a Miguel Prieto y otros acusados por lesión de confianza
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”
En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.
La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.
Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.
En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.
Otros casos
Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.
Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.
También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.
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En Misiones descartan caso sospechoso de sarampión
La VIII Región Sanitaria de Misiones recibió los resultados laboratoriales que se realizaron a un niño de tres años que llegó con síntomas de sarampión y se descartó que tenga la enfermedad. La vacuna es la única forma de evitar el contagio e instan a completar esquemas de aplicación.
El doctor Nicodemus Rodríguez, director de la región sanitaria, indicó que los resultados fueron negativos para sarampión, en paciente que era considerado como sospechoso. El paciente había regresado de la Argentina y presentaba lesiones en la piel, lo que alertó a los médicos.
“Tuvimos un caso sospechoso de sarampión porque el niño presentaba erupciones en la piel, pero aún así por protocolo se debe descartar porque tenemos casos en territorio nacional. Tenemos resultados y se descarta totalmente la enfermedad”, detalló Rodríguez en entrevista con Telefuturo.
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Agregó que atendido la alerta y que el paciente no contaba con esquema de vacunación completa, se activó el protocolo. Se procedió a cerrar la cuadra donde reside el niño y su familia, además, se realizó una campaña de vacunación mientras se esperaban los resultados.
“El problema con esta familia era principalmente el esquema de vacunación incompleto. Sin embargo, a nivel departamental tenemos muchas familias que tienen a sus niños sin estar vacunados o con esquemas incompletos y hay personas que rechazan a los vacunadores por rebeldía”, puntualizó.
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Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
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“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
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Abdo offshore: CGR y Fiscalía no deben ignorar las denuncias, señalan
El diputado colorado Rodrigo Gamarra sostuvo que la Justicia paraguaya debe actuar, sin pactos ni silencios tras la grave denuncia periodística realizada por un medio argentino, donde se publicó que el expresidente Mario Abdo Benítez tendría dinero escondido en paraísos fiscales.
A su criterio, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público no pueden mirar para otro lado ante las graves denuncias sobre las presuntas cuentas bancarias del exmandatario en el paraíso fiscal de Seychelles (África).
En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador señaló que de confirmarse el incremento patrimonial familiar y que gran parte de ese dinero fue durante la pandemia no solo se estaría hablando de corrupción, sino de algo más grave como crimen moral y de lesa humanidad.
El hecho resultaría sumamente grave, ya que se confirmaría que Abdo Benítez escondió 21 millones de dólares en cuentas offshore mientras era presidente y después de salir, el país se encuentra ante uno de los escándalos más inmorales de toda nuestra historia.
“Si ese dinero está vinculado al saqueo que sufrimos durante la pandemia, cuando la gente moría sin oxígeno, sin camas y sin medicamentos, lo que nos pasamos gritando y denunciando, entonces no hablamos solo de corrupción, hablamos de crimen moral y de lesa humanidad. No tiene perdón de Dios”, sentenció.
Recordó que durante la pandemia el pueblo gritaba que estaba siendo asaltado en plena tragedia nacional; sumado al silencio y complicidad de algunos medios, el expresidente y su entorno habrían estado transfiriendo millones a las Islas Seychelles. “Hoy, esas denuncias ya no son meras sospechas que deben ser investigadas”, señaló.
Sin pactos ni silencio
Gamarra destacó que también se evidencia que Abdo Benítez usó el poder para perseguir a sus adversarios. Entonces, ahora debe explicar cómo multiplicó aparentemente su patrimonio en paraísos fiscales. “La Justicia debe actuar, sin pactos ni silencios y la Contraloría y el Ministerio Público no pueden mirar para otro lado”, precisó.
Agregó que si este caso no es investigado y la ciudadanía lo deja pasar “estamos diciendo que robarle al pueblo en su momento más doloroso se puede ignorar y salir impune. La Fiscalía debe actuar de oficio y esclarecer lo antes posible este escándalo nacional y mundial”, concluyó.