Según el reporte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en la fecha fueron procesadas 3.761 muestras, de las cuales 861 dieron positivo al COVID-19, todos casos comunitarios. También se informa del fallecimiento de 22 personas, totalizando así 2.072 decesos a consecuencia de la enfermedad.
Le puede interesar: Salud retrocede en las restricciones de desplazamiento, pero aboga por no viajar
Además, se encuentran internadas 821 personas, 177 de ellas en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Se recuperaron de la afección 842, sumando así un total de 70.943 paraguayos que vencieron a la enfermedad. El total de casos confirmados desde el mes de marzo pasado se eleva a 99.157.
Fallecidos
Los datos de los fallecidos discriminados por franja etaria es el siguiente: de 40 a 59 años 5 decesos y de 60 años y más 17 personas fallecidas. Se registraron 11 muertes por cada sexo y proceden de Asunción, Central, Paraguarí, Guairá, Alto Paraná, Amambay, Presidente Hayes, Cordillera, Caaguazú, Itapúa y San Pedro.
Sin restricciones, pero con recomendaciones
El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, ante la confusión generada, afirmó que junto con el ministro del Interior, Euclides Acevedo, y asesores de la Presidencia decidieron anular las restricciones para los viajes al interior del país desde Asunción y Central, a raíz de la proximidad de los días festivos.
No obstante, las otras recomendaciones realizadas permanecerán tal cual argumentó el funcionario de Estado.
“Hemos tomado la decisión de no incluir esta recomendación en el decreto. Las recomendaciones que hacen sobre el uso permanente de las mascarillas, la inhabilitación de los deportes colectivos de contagio, fiestas públicas, balnearios y playas permanecen”, manifestó el ministro.
Lea también: Con tapabocas y en formato virtual presentan pesebre viviente en el Bañado Tacumbú
Dejanos tu comentario
Contralor califica al IPS como la institución más “desordenada del Estado”
“Debo decir con mucho pesar que el Instituto de Previsión Social es por lejos la institución más desordenada administrativamente del Estado paraguayo”, dijo el Contralor General de la República (CGR), Camilo Benítez, tras presentar este lunes al Congreso Nacional el informe y dictamen sobre las finanzas públicas correspondiente al año 2025.
“Se afectó a la sensibilidad máxima de los ciudadanos paraguayos. Debo decir esto por justicia, quiero hacer un reconocimiento al expresidente del IPS, Jorge Brítez, quien fue él quien solicitó esta auditoría. Ahora entiendo por qué en años anteriores se resistían tanto los extitulares de la previsional, como por ejemplo, Vicente Bataglia, en cuya gestión incluso tuvimos que recurrir a órdenes judiciales y allanamiento para poder acceder a las diversas informaciones”, indicó a los medios de comunicación.
Benítez mencionó que “hicimos varias actividades de control en las distintas dependencias de la institución y este informe es el más emblemático de la historia de la Contraloría, en cuanto al IPS. Abarca el aspecto financiero, ambiental, tecnológico y esto puede servir para que de una vez por todas se tomen verdaderamente las medidas de corrección”.
Detalló que entre los casos detectados por la Contraloría que luego deberán ser remitidos al Ministerio Público, figuran, por ejemplo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue advertida y la utilización de cuentas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
“Existe una deuda flotante de más de G. 1 billón que se arrastra año a año, es decir cada vez que el IPS se propone comprar insumos o medicamentos no tiene el dinero para pagar. La imagen financiera del IPS ya da pena”, mencionó como otra de las grandes falencias dentro de la institución.
Durante la conferencia de prensa, Benítez puntualizó que se realizaron más de 2.000 actividades de control y más de 40 auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño que evalúan no solamente el aspecto contable o la legalidad del gasto público, sino también el impacto de la política pública.
Agregó que el 40 % de dicho trabajo de auditoría se concentró en la previsional. A la vez comentó que existe un desfasaje entre lo que cobra el IPS en concepto de aporte patronal y lo que se paga a los jubilados.
Con relación al tema refirió que los funcionarios de la previsional no se esforzaron en cobrar estas deudas y muchas de las demandas prescribieron. “Entonces, aquí tenemos un problema de un caos financiero. El Estado paraguayo y las empresas privadas le adeudan más de G. 10.000 billones al IPS y muchas veces vemos que el IPS no hace una gestión eficiente en cuanto al cobro a empresas que le deben al IPS”, dijo.
A todas las irregularidades se suman los gastos por USD 25 millones por “el abuso del sistema de gastos judiciales para pagar acuerdos privados que fueron homologados” y los inmuebles arrendados que no generan ni el 1 % de rentabilidad.
Dejanos tu comentario
Juicio a Prieto: la defensa se opone a la inclusión testifical del titular de la DNCP
La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.
El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.
Podés leer: Tribunal inició el juicio de Prieto y sancionó a un abogado por chicanear
“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.
Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.
Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.
La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.
Te puede interesar: Contralor califica al IPS como la institución más desordenada del Estado
Dejanos tu comentario
Tía Chela: Miguel Prieto a juicio oral por corrupción con kits de alimentos que ocasionó millonario perjuicio a la comuna de CDE
Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.
Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.
La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.
En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.
Esquema delictivo
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.
Podes leer: Tía Chela: juicio a Miguel Prieto y otros acusados se iniciará este lunes
Otros casos de Prieto
Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.
Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.
En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
Dejanos tu comentario
Salud presenta informe de tres años en el que revela ampliación del acceso a servicios de alta complejidad
El Ministerio de Salud Pública cerró el periodo agosto 2023-agosto 2026 con una expansión de la capacidad del sistema sanitario, marcada por mayores niveles de atención, inversiones en infraestructura y una ampliación del acceso a servicios de alta complejidad, según informó hoy la cartera sanitaria. El balance fue presentado durante la Primera Jornada de Salud de Paraguay, desarrollada con apoyo del Banco Mundial, donde se expusieron los principales resultados de la gestión.
La ampliación de los horarios de atención permitió concretar 1.801.560 consultas nocturnas y otras 460.415 atenciones en 83 Unidades de Salud de la Familia (USF) con horario extendido. A esto se sumaron más de 10.300 cirugías realizadas mediante maratones quirúrgicos y 85.156 telediagnósticos. La transformación digital también avanzó con la incorporación de 1.335 establecimientos al Sistema de Información en Salud (HIS), frente a los 217 que estaban conectados al inicio del periodo.
Áreas especializadas
En las áreas especializadas, el Ministerio amplió la cobertura oncológica mediante una red de 16 centros, donde se realizaron 26.321 sesiones de quimioterapia, mientras el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) registró 39.753 consultas. En nefrología, el sistema dispone actualmente de 307 máquinas de hemodiálisis para unos 2.400 pacientes, con más de 358.000 sesiones realizadas. También se habilitaron 110 sillones odontológicos y 20 consultorios inclusivos, que contribuyeron a alcanzar 910.000 atenciones, y se instalaron 32 mamógrafos que permitieron realizar unas 40.000 mamografías.
Infrasetructura
La inversión sanitaria también se reflejó en nueva infraestructura. Los hospitales generales de Coronel Oviedo e Itapúa ampliaron la capacidad de atención regional y, en conjunto, cuentan con 400 camas, 92 camas de terapia intensiva y 19 quirófanos. Actualmente están en ejecución 14 proyectos de infraestructura por USD 500 millones, que contemplan 1.800 camas y 320 camas de UTI adicionales. Entre las obras proyectadas figura el nuevo Hospital Nacional de Itauguá, con 1.039 camas, 160 UTI y 30 quirófanos.
El fortalecimiento del sistema incluyó además un aumento del 297,2 % en la inversión en medicamentos e insumos, que llegó a G. 10,84 billones, junto con la incorporación de 5.141 nuevos profesionales y la desprecarización laboral de 12.000 trabajadores de salud.
Leé también: El calor húmedo supone una mayor amenaza para los adultos mayores, según estudio
En prevención, se reportó una reducción del 90 % de los casos de dengue, mientras 421.203 niños fueron vacunados contra sarampión y rubéola y más de 70.000 recibieron la vacuna contra el VPH. Paralelamente, la cooperación con el Banco Mundial permitió habilitar 43 USF y avanzar en la construcción de otras 42, como parte de una meta de 137 nuevas unidades en cinco departamentos.