La Fiscalía ordenó la detención del director jurídico del Banco Central del Paraguay (BCP), Aldo Javier Rodríguez González, quien es investigado por la presunta adulteración del informe oficial remitido a la Cámara de Senadores el pasado 7 de octubre para encubrir la insolvencia de Ueno Bank.
La orden de captura surge en el marco de la causa penal 92/2026, que investiga presuntos hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
La medida fue dispuesta por el equipo de fiscales integrado por Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Verónica Valdez Rivas y Laura Giacummo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
De acuerdo a los antecedentes de la investigación, Rodríguez González, habría intervenido en la modificación sustancial de un informe técnico de la Superintendencia de Bancos remitido a la Cámara de Senadores en octubre de 2026. Las alteraciones habrían omitido información relevante sobre la situación financiera de Ueno Bank y las advertencias relacionadas con una operación de transferencia de cartera crediticia a Vinanzas S. A., por aproximadamente USD 74,4 millones.
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La Fiscalía refiere que el funcionario habría actuado de forma coordinada con otras autoridades del Banco Central del Paraguay y participado en la elaboración y validación de documentos que presuntamente contenían información falsa. Asimismo, el 9 de octubre de 2026 habría concurrido al Congreso Nacional junto con otros directivos para presentar y respaldar el informe cuestionado.
Según la hipótesis fiscal, estas actuaciones habrían dificultado el control del Congreso Nacional sobre la situación de la entidad bancaria que se encuentra en un proceso de resolución desde el pasado 3 de noviembre tras detectarse una insuficiencia en su índice de solvencia.
A la vez retrasado la adopción de medidas correctivas, mientras Ueno Bank continuaba desarrollando operaciones financieras. La investigación también examina la posible afectación de recursos vinculados al Fondo de Garantía de Depósitos y la exposición de fondos públicos y previsionales depositados en la entidad. La existencia y el alcance de un eventual perjuicio patrimonial deberán determinarse en el proceso investigativo.
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