Tras un amplio debate, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado el proyecto de contrato de préstamo suscrito entre la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y de Export-Import Bank de la República de China (Taiwán) por un monto de hasta USD 200 millones. La iniciativa ya contaba con el visto bueno del Senado, por lo que quedó sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo.

Estos recursos serán administrados por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) con el fin de financiar el programa Che Róga Porã y así permitir que más personas puedan ser beneficiarias de este plan del Gobierno y para que familias de clase media puedan adquirir una vivienda a través de la compra, construcción y refacción y ampliación de una propiedad existente.

“Además se espera que el programa Che Róga Porã ayude a reducir el déficit habitacional existente en nuestro país y permita al ciudadano acceder a un crédito para la vivienda con cuotas accesibles y pagando recién al mudarse”, dijo la diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, quien agregó que se aconsejó la aprobación de la propuesta legislativa.

Por su parte, el diputado César Cerini de la Comisión de Cuentas y Control resaltó la importancia de dar apoyo a este proyecto, ya que va a generar fuente de trabajo, utilización de materia prima de producción nacional y que ayudará a la construcción de al menos 1.500 viviendas. “Hemos acompañado desde la comisión con un dictamen favorable”, expuso.

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La iniciativa también tuvo el respaldo de legisladores de la oposición, como el caso de la diputada de País Solidario, Johanna Ortega quien manifestó que pese a que su línea suele distar de la posición del Gobierno, considera que el proyecto tendrá muchos beneficios y que permitirá a muchos paraguayos hacer realidad el sueño de la vivienda propia.

“Yo no soy necia, me gusta analizar las cosas en su justa medida. Como demócrata no tengo problema en admitir cuando algo me parece que está bien o que es necesario, entiendo la necesidad de este proyecto para avanzar en créditos que permitan a las familias paraguayas a acceder a buenos créditos para la vivienda”, manifestó.

A esto añadió, “necesitamos un Estado fuerte, garante de derechos, en este caso, el derecho a la vivienda así que espero que este proyecto que va a salir con votos multicolores contribuya a que este Estado se fortalezca en torno a garantizar derechos de todos los paraguayos”.

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El diputado José Rodríguez presentó ante la Cámara Baja un proyecto de ley que plantea la creación de una cuenta única en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para destinar los recursos provenientes de las salidas alternativas al proceso penal establecidas en el Código Procesal Penal.

Según la propuesta, esta cuenta sería habilitada exclusivamente para recibir los montos que fiscales y jueces determinan como medidas reparatorias o donaciones dentro del marco de los procesos penales, actualmente dirigidos a diversas entidades. El objetivo es centralizar estos fondos para lograr una administración más eficiente y transparente.

El legislador explicó que la implementación se haría inicialmente en Asunción, Central y las cabeceras departamentales del país. Las compras previstas con los recursos recaudados se realizarían bajo la modalidad de excepción, buscando agilizar los procesos de adquisición.

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Rodríguez indicó que la cuenta sería administrada por el Banco Nacional de Fomento, con controles del Congreso Nacional, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los fondos recaudados serían distribuidos en cuatro ejes.

Un 25 % se destinaría al fortalecimiento de programas deportivos barriales y actividades extracurriculares en instituciones educativas. La Secretaría Nacional de Deportes estaría a cargo de la ejecución de estos recursos, con el propósito de dotar a niños y jóvenes de materiales como pelotas, redes y otros elementos deportivos.

Otro 25 % sería asignado a la compra de combustibles y mantenimiento de motocicletas del grupo Lince. “Normalmente el combustible es insuficiente”, señaló el diputado. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) recibiría el 25 % para destinar a la reparación de escuelas y centros educativos públicos.

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Por último, el Ministerio de Salud también será beneficiado con un 25% de los recursos que deberán ser destinados al Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones. La iniciativa será estudiada en varias comisiones, entre ellas, Asuntos Constitucionales, Legislación, de Presupuesto, entre otras.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, presentó un proyecto que busca dejar sin efecto la declaración n.º 924/2025, en la cual se instaba al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a publicar en todos los hospitales públicos los nombres, especialidades, horarios y números telefónicos de los profesionales médicos tratantes.

La iniciativa original, aprobada el pasado 29 de abril, generó una fuerte reacción de gremios y sociedades científicas, que manifestaron su rechazo por considerar que la publicación de datos personales de los médicos representa un riesgo para la privacidad, la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema de salud pública.

En su exposición de motivos, Latorre recogió los argumentos del Círculo de Médicos del Paraguay, que alertó que dicha medida “desvincula la relación institucional entre el paciente y el sistema de salud”, y puede derivar en “presiones indebidas, hostigamiento o interrupciones fuera del horario laboral” hacia el personal médico.

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Asimismo, se señala que la propuesta desconoce derechos fundamentales como la intimidad, el descanso y la desconexión laboral, lo que la convierte en “una propuesta impracticable, desorganizada y riesgosa para la calidad y seguridad de la atención sanitaria”.

Por su parte, las sociedades científicas expresaron su preocupación por la intención de “exponer datos personales y sensibles sin criterios técnicos claros”, lo que podría afectar gravemente el derecho a la intimidad y al ejercicio profesional en condiciones dignas.

El proyecto de resolución fue remitido a la Cámara Baja, acompañado de un llamado al diálogo respetuoso con los distintos sectores de la sociedad para atender las observaciones razonables que puedan surgir en materia de salud pública.

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Luego de un intenso debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de sistema nacional de pagos. Esta iniciativa ya fue sancionada por la Cámara de Senadores, por lo que ahora será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

La propuesta legislativa contaba con el visto bueno de la Comisión de Presupuesto y de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros. Ambos estamentos se pronunciaron a favor del proyecto dado que manifestaron que este actualizaba la normativa vigente y la adecuaba a las nuevas tecnologías, generando beneficios para los ciudadanos.

“Nuestro marco legal debe acompañar el cambio para que todos podamos acceder a sistemas financieros seguros y confiables, con las modificaciones estamos definiendo los roles de los nuevos actores en el sistema de pagos, promoviendo la transparencia y la seguridad en cada transacción, va a significar menos riesgos, menos fraudes”, expresó el diputado Carlos Núñez, de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros.

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La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, expuso que los cambios tecnológicos, la aparición de nuevos actores y el avance de la digitalización, han generado la necesidad de actualizar la normativa vigente que en adelante se denominará, sistema nacional de pagos y que abarcará los sistemas de liquidación de valores, de custodia, de registro, sistema de pago y el servicio de pago.

También contemplan los acuerdos, procedimientos relacionados con el sistema y/o servicio, los administradores de los sistemas, los participantes, proveedores y cualquier tercero que actúe en nombre de estos, ya sea como corresponsal mediante acuerdos de externalización operando parcialmente o totalmente en el territorio nacional.

“Este proyecto busca actualizar el marco normativo vigente, a fin de integrar nuevos actores de servicios y tecnología en el sistema de pago, consolidar al Banco Central del Paraguay como ente regulador, supervisor y operador clave de infraestructura de pagos, fortalecer la interoperabilidad competencia, seguridad jurídica, eficiencia del sistema de pagos, impulsar activamente la inclusión financiera y la adopción de medios de pagos digitales”, argumentó.

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Igualmente, la diputada aseguró que este proyecto tendrá un gran impacto en el bienestar de la ciudadanía, fomentando la inclusión financiera, la adopción de pagos digitales y la libre competencia entre proveedores de servicios de pagos, lo que reducirán los costos para los comercios y mejora la calidad del servicio.