Los fiscales Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González presentaron acusación contra el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras once personas por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa en el marco de la causa conocida como ollas populares. Los agentes requirieron al Juzgado Penal de Garantías n.° 2 de Ciudad del Este elevar la causa a juicio oral y público.

En su pedido conclusivo, la Fiscalía afirma que existen elementos de convicción suficientes para sostener la participación de los acusados en los hechos investigados, que habrían ocasionado un perjuicio superior de G. 311.580.000 a las arcas de la municipalidad de Ciudad del Este.

De acuerdo a las investigaciones, se corroboró que las subcomisiones denominadas “Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares” y “Apoyo a Voluntarios Organizados” estaban integradas por personas con vínculos familiares cercanos entre sí. A pesar de esta situación, ambas fueron reconocidas mediante una resolución firmada por el líder del Partido Yo Creo el 10 de junio del año 2020.

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La Fiscalía refiere también que en ese contexto se gestionaron y obtuvieron aportes por G. 155.000.000 y G. 156.580.000 sin que existiera una contraprestación real. Para justificar los desembolsos, se habrían utilizado facturas emitidas por empresas que presuntamente no realizaron las operaciones comerciales declaradas. Asimismo, se verificó que los pagos se efectuaron en la misma fecha, registrándose coincidencias temporales entre las solicitudes, las autorizaciones, la emisión de facturas y el cobro de los cheques.

De acuerdo a la información proveída desde el Ministerio Público esta situación evidenciaría la existencia de un esquema organizado para el desvío de los recursos económicos de la municipalidad esteña.

A la vez, el órgano extrapoder calificó al esquema montado por funcionarios municipales y particulares como un “mecanismo estructurado, sistemático y organizado" con el fin de canalizar fondos públicos hacia entidades sin fines de lucro ficticias o instrumentalizadas.

Además de Prieto fueron imputados Sebastián Martínez Ins­frán, director de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este; Francisco Arrúa, director de Admi­nistración y Finanzas; Nel­son Alexis Segovia Acevedo, tesorero; Jorge Rivas Rivas Aponte, funcionario; Juan Esteban Quiroga Cañete, presidente de la Subcomi­sión de Apoyo a voluntarios de ollas populares; Marcos David Galeano Fernández, secretaria de la Subcomisión de ollas populares.

La lista de imputados sigue con Mirta Battochi Oviedo, tesorera de la Subcomisión de la olla popular; Luana Magda­lena Silva, José Augusto Car­denas, Aníbal Pérez y Adriana Paola Martínez.

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En el marco del Plan 1000, impulsado por el Gobierno del Paraguay, el director general paraguayo de ITAIPU, Justo Zacarías Irún, realizó este miércoles un recorrido por tres distritos del departamento de Cordillera, con el objetivo de verificar el avance de obras viales financiadas por la Entidad.

La jornada incluyó visitas a San Bernardino, Eusebio Ayala y Arroyos y Esteros, donde se desarrollan intervenciones en el marco del Convenio N.º 4500080318/2025. Este acuerdo está orientado a fortalecer la conectividad vial en Cordillera y Guairá mediante obras de pavimentación asfáltica y empedrados. El titular de la Binacional estuvo acompañado por el gobernador departamental, Denis Lichi.

Durante el recorrido, Zacarías Irún destacó que las obras del Plan 1000 contribuyen a dinamizar la economía local, ya que generan empleo para los pobladores y benefician a empresas nacionales del sector de la construcción. Asimismo, subrayó que estas mejoras facilitan las actividades de oleros, artesanos y emprendedores de las comunidades.

Por su parte, el gobernador Lichi resaltó la calidad de los trabajos observados en terreno, señalando que las obras están transformando de manera significativa al departamento de Cordillera. Añadió que el Plan 1000 evidencia un alcance nacional, con intervenciones que llegan a distintos puntos del país.

El convenio contempla la realización de estudios preliminares, proyectos ejecutivos y la construcción de infraestructura vial, con el fin de mejorar el tránsito, el acceso a servicios básicos y la conexión con centros productivos. La presencia de las autoridades también permitió el diálogo con referentes locales y la supervisión del ritmo de ejecución de los trabajos.

Los intendentes de los municipios visitados expresaron su agradecimiento a ITAIPU y al Gobierno del Paraguay por el respaldo brindado, destacando que estas obras permitirán mejorar la calidad de vida de los habitantes del tercer departamento.

En Eusebio Ayala, avanzan los trabajos de pavimentación asfáltica en la calle Teniente Aníbal Añazco y la calle El Labrador, con extensiones aproximadas de 464,90 metros y 469,65 metros, respectivamente. La inversión estimada asciende a G 482.100.805 y G 457.017.151. Las labores incluyen limpieza del empedrado existente, aplicación de emulsión asfáltica (riego de liga) y colocación de capa de regularización.

Además, en esta ciudad se ejecutan seis tramos de empedrado, que totalizan cerca de 1.300 metros lineales, con una inversión estimada de G 696.788.974. Las intervenciones abarcan sectores como Barrio General Caballero I y II, calle Tte. Aníbal Añazco, Barrio San Pedro-San Pablo y Barrio Industrial – calle Acosta Ñu I y II, e incluyen provisión y colocación de cordones.

En Arroyos y Esteros, se construyen ocho tramos de empedrado que suman aproximadamente 2.303 metros, con una inversión estimada de G 1.547.108.286. Las obras se distribuyen en calles como San Francisco I y II, San Pedro I y II, Villa Josefina, Cerrito y Villa del Maestro, entre otras.

Por su parte, en San Bernardino se ejecutan diez tramos de empedrado que totalizan unos 1.000 metros lineales, con una inversión global estimada en G 624.402.076. Las mejoras alcanzan sectores como María Sol I, Polideportivo Cristóbal Colón, Zona 24, Sol de Mayo, Terrazas del Lago y Caacupemí I y II.

En todos los casos, las tareas incluyen la provisión y colocación de cordones, así como la construcción de empedrados, con el objetivo de responder a las necesidades de infraestructura vial identificadas en el departamento y fortalecer el desarrollo regional.

Una violenta colisión entre un camión de gran porte y un vehículo, hecho ocurrido en la tarde de hoy martes en la ruta que une la ciudad de Altos con Loma Grande (departamento de Cordillera), dejó como saldo el fallecimiento de una joven docente.

La mujer fue identificada como Johana Carolina Acosta Rodríguez (28), de profesión docente y domiciliada en vida en el barrio Virgen del Rosario de la localidad cordillerana de Altos.

Intervinieron en el lugar, agentes de la comisaría 2a. de la mencionada ciudad, quienes están levantando datos y evidencias del siniestro.

Los intervinientes no pudieron aún determinar las causas del siniestro, aunque probablemente las condiciones climáticas del momento pudieron incidir para el accidente vial.

• En desarrollo

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El 16 de febrero de 2005, hace 21 años, se daba a conocer la impactante y triste noticia del hallazgo del cuerpo de Cecilia Mariana Cubas Gusinky, hija mayor del expresidente Raúl Cubas y la exsenadora Mirta Gusinky, que habría sido secuestrada y asesinada por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Cecilia fue la primera víctima fatal de los criminales.

El cuerpo sin vida de la joven fue hallado cinco meses después de su secuestro en una vivienda a la que se denominó la “Casa del Horror” en el barrio Mbocayaty de la ciudad de Ñemby. En principio, las autoridades llegaron al sitio en búsqueda de evidencias para tratar de dar con el paradero de Cecilia.

Según Sandra Quiñónez, exfiscala del caso, en entrevista del 2024 con canal GEN y Universo 970/Nación Media, la casa estaba herméticamente cerrada y tuvieron que romper unas de las puertas para ingresar. Recorrieron cada dependencia de la vivienda y se encontraron con cabellos rubios, telas, chalecos y líquidos en botellas.

Así también, se encontraron colchones y una de las piezas estaba totalmente empapelada con bolsas negras, que se presume hicieron para evitar que la secuestrada distinga el día de la noche. Todo apuntaba a que en estos lugares estuvo Cecilia.

Al llegar a la última habitación encontraron bolsas de tierras que llegaban hasta el techo y una importante cantidad de evidencia. Los intervinientes en ningún momento pensaron que ahí estaría el cuerpo de la joven, ya que todo apuntaba a que ella debía ser entregada a su familia en Ciudad del Este ese mismo día, operativo que estaba en desarrollo.

La orden dada por Quiñónez era limpiar esa habitación y documentar cada evidencia hallada, por más mínima que fuera. Mientras desarrollaban ese trabajo uno de los agentes policiales le manifestó a la fiscala que había una diferencia de color en los pisos de la habitación y dio la orden de levantar.

Bajo el piso de esa habitación encontraron un sótano y en el interior de este habían más evidencias que fueron retiradas. Ahí se dejó ver el túnel al que ingresaron con ayuda de bomberos, uno de ellos le indicó que había un olor bastante fuerte y en ese momento dieron con el cuerpo de Cecilia.

Según la autopsia realizada por el médico forense Pablo Lemir y dada las características en la que fue encontrado el cuerpo, Cecilia llevaba 45 días de fallecida al momento que fue encontrada. Se presume que sus captores la asesinaron entre el 24 al 30 de diciembre del 2004.

El 21 de setiembre del 2004 Cecilia, de 31 años, estaba por llegar a su casa en el barrio Laguna Grande de Fernando de la Mora cuando fue interceptada por el EPP, que en medio de disparos y mucha violencia la llevaron en contra de su voluntad.

Cecilia Cubas estuvo secuestrada por cinco meses y con su muerte se convirtió en la primera víctima fatal de secuestro del grupo criminal, su trágico desenlace conmocionó a la sociedad y marcó la historia del país. La familia Cubas había pagado entonces por el rescate 300.000 dólares en noviembre del 2004 y fue la última comunicación con los secuestradores.

Tras el fatal desenlace, el Ministerio Público inició las investigaciones logrando condenar a 11 personas por el secuestro y muerte de Cecilia. Entre ellos Osmar Martínez, Anastasio Mieres Burgos, Francisca Andino, Vaciano Acosta, Pedro Chamorro, José Domingo Hidalgo, Manuel Portillo, Roberto Otazú, Rosalba Jara Drackeford, Lidia Samudio y Aldo Meza.

Osmar Martínez y Anastasio Mieres Burgos fueron condenados a 25 años de prisión y 10 años de seguridad por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, luego de afirmarse que cometieron los delitos de homicidio doloso, privación de libertad, secuestro, extorsión, extorsión agravada y asociación criminal.

• El médico forense indicó que Cecilia fue asfixiada y que los secuestradores le dieron una fuerte dosis de sedantes, luego le cubrieron la nariz y la boca con cinta de embalaje, para ser posteriormente enterrada viva.
• En abril del 2025 la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) subastó la “Casa del Horror”, vivienda donde fue encontrada el cuerpo de Cecilia Cubas.
• Juana Rodríguez la nueva dueña de la casa anunció que de momento no tiene planes de demolición de la vivienda, pero sí levantará un oratorio en memoria de la víctima.