El Consejo de la Magistratura es un órgano constitucional, cuya función es seleccionar y proponer ternas a los cargos del sistema judicial, y además, impartir formación jurídica especializada. Las facultades de Derecho eligen un representante para el consejo y en el caso de las instituciones educativas privadas, el mandato del representante venció en febrero de este año.

La irrupción de la pandemia postergó las elecciones del representante de las facultades de Derecho de universidades privadas, que en principio estaban previstas para marzo. Para la elección del representante participan todas las facultades de Derecho que cuentan con 20 años de antigüedad en el país, según lo establece la ley.

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Convocatoria

En febrero pasado, el Consejo de la Magistratura convocó a las universidades que ya habían participado en la anterior elección del representante, para discutir sobre la conformación del Consejo de Decanos, que es el organismo encargado de organizar el proceso electoral, que elige al representante titular y al suplente de las facultades de Derecho que irá al Consejo de la Magistratura.

Algunas universidades tienen varias facultades de Derecho con un solo decano por cada facultad o bien, como en otros casos, un solo decano para varias facultades. Esta es una atribución de cada universidad y está conforme a su propia organización y administración.

Consejo de Decanos

“Durante la reunión para iniciar la conformación del Consejo de Decanos, representantes de un grupo de universidades objetaron que fueran los decanos quienes integren el Consejo de Decanos, sino que tienen que estar representados por universidades”, explicó César Ruffinelli, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Asunción.

La Ley 296, en su artículo 14, que organiza el Consejo de la Magistratura establece que son los decanos los encargados de organizar el proceso eleccionario. “Hubo una disparidad de criterios en dos grupos de universidades. La Universidad Americana, la UTIC y la Universidad Católica interpretaron que el consejo debía estar integrado por decanos, sin importar la cantidad que cada universidad tenga, y no que los decanos son los que eligen al representante, sino los docentes habilitados”, agregó.

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Docentes eligen al representante

La elección de este representante la realizan los docentes de la carrera de Derecho de las diferentes universidades privadas y que cuya situación de trabajo, sin importar el cargo que desempeñe, pudiendo ser profesor titular o asistente, esté conforme a lo establecido en el Código Laboral vigente.

El padrón de los docentes habilitados para elegir a su representante debe ser cruzado con la lista de asegurados del Instituto de Previsión Social, para asegurarse que se cumpla este requisito establecido en la ley.

Tras esta disparidad de criterios, en la siguiente reunión llevada a cabo el 10 de noviembre pasado, los representantes de las universidades que no estaban de acuerdo con esta interpretación, optaron por no asistir a la convocatoria del Consejo de la Magistratura.

Docentes sin IPS

“Esto surgió por el hecho de que varias facultades no tienen a sus docentes inscriptos en IPS, por eso están en contra de que se utilice la nómina de IPS para contrastar con el padrón de docentes habilitados. Esto está en la Ley 4995 de Educación Superior, que dice que las instituciones educativas privadas deben respetar las disposiciones del Código Laboral”, indicó el decano de Derecho de la UC.

Finalmente, con 13 decanos de 3 universidades privadas lograron integrar el Consejo de Decanos, el 20 de noviembre pasado, y cumplieron de esa manera el plazo establecido, convocando a las elecciones para el próximo 17 de diciembre, luego de unificar los padrones.

Cambiar las reglas

“Es un intento de cambiar las reglas y un intento de no obedecer a las normativas del vínculo que debe tener el docente con su facultad. Dos de las facultades de Derecho que estaban invitadas a renovar el mandato del representante que está vencido desde marzo y que no están de acuerdo con lo establecido no participaron y han interpuesto una acción de nulidad ante el tribunal electoral, paralizando un proceso que otros 14 decanos habían llevado adelante”, explicó Ruffinelli y concluyó que “estamos actualmente con este problema ante la Justicia electoral”.

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