El presidente de la Asociación de Sanatorios Privados, José Zarza, señaló este martes que el gremio no emitió ningún comunicado sobre una supuesta postura de no recibir más pacientes del sector público en el marco del convenio con el Ministerio de Salud.

“La asociación no ha emitido absolutamente ningún comunicado, no sé de dónde salió tal información. Estuvimos hablando de la situación, pero en ningún momento se habló de ningún corte o alguna cosa por el estilo”, dijo el presidente de la asociación en comunicación con Universo 970 AM.

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Así también, explicó que el convenio es entre los sanatorios privados y el Ministerio de Salud Pública. Actualmente son 70 camas las disponibles para el traslado de pacientes con COVID-19 a unidad de terapia intensiva, de la cuales a la fecha están ocupadas cerca de 38.

Zarza mencionó que siguen las conversaciones entre los sanatorios y Salud Pública para ampliar la capacidad de camas de terapia intensiva en los privados y en caso de cerrarse un nuevo acuerdo, habría 10 a 12 camas más para la cartera sanitaria.

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“Algunos están satisfechos con la paga que están recibiendo y otros están teniendo algunos problemas por falta de alguna documentación, de acuerdo a la versión de la gente del Ministerio de Salud. Entre esta semana y la otra se estarían honrando estos compromisos”, agregó.

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud Pública del lunes, la cantidad de fallecidos a causa del COVID-19 llegó a 2.518. También hay 98.465 pacientes recuperados y la cifra total de contagios alcanza 122.588 desde el brote del virus en el país.

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El Registro Obrero Patronal del Minis­terio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) recibió la inscrip­ción de 3.638 nuevas patro­nales desde el inicio de la pan­demia del covid-19 en el mes de marzo. Las firmas reali­zaron el procedimiento de forma online. Entre las regis­tradas se encuentran empre­sas y microempresas. Estas patronales emplean un total de 13.500 trabajadores, de los cuales 8.274 son hombres y 5.226 son mujeres, según el reporte del Mtess. Estas empresas cumplieron de esta forma con la obligación legal de registrarse en el Ministe­rio de Trabajo e ingresan en la nómina de firmas forma­lizadas.

De acuerdo al Decreto 8304, en su artículo N° 3 se esta­blece que todos los emplea­dores deben inscribirse en la Dirección de Registro Obrero Patronal del Minis­terio de Trabajo en un plazo máximo de 60 días desde el inicio de la relación laboral. En el caso de que los emplea­dores habiliten sucursales, se deberá inscribir a cada una de ellas, explican.

La inscripción registrada significa la formalización de las empresas para acceder a los beneficios que conlleva, como el acceso a créditos y a las compensaciones econó­micas a trabajadores cesados desde el Instituto de Previ­sión Social (IPS). Igualmente, estas medidas permiten a las empresas mantener el empleo de los trabajadores con la sus­pensión temporal de contra­tos durante las medidas de confinamiento al inicio de la pandemia, señaló a IP Rubén Roa, director del Registro Obrero.

Roa indicó que, como impulso a la formalización de las empresas, se ha plan­teado al Ejecutivo un decreto que exonere del pago de mul­tas para quienes tengan empleados registrados en IPS, pero no ante el Ministe­rio de Trabajo. Agregó que la actual legislación establece sanciones de entre 10 y 30 jornales para las empresas que incumplen la medida. Se planteará la exoneración para el sector de las micro, pequeñas y medianas empre­sas (mipymes) como medida de impulsar la formaliza­ción ante el Registro Obrero Patronal, dijo a Radio Nacio­nal. El proceso de formaliza­ción se ha simplificado con la posibilidad de hacerlo total­mente en línea. Las empresas pueden presentar los docu­mentos escaneados para su inscripción y realizar sus gestiones ante el Registro Obrero Patronal a través del Sistema Regobpat del Mtess.

El Ministerio de Trabajo dispone de nuevas vacancias labora­les para varias empresas ubicadas en Asunción y ciudades del departamento Central para desempeñar diversas actividades.

Los puestos requeridos para las 171 vacancias disponible son: pin­tor de obras, cajero, repositero, chofer, vendedor de embutidos, también para carnicería, panadería, cocina, atención en fiambre­ría, limpieza, verdulería, cobrador con moto, preventista de sala, call center (venta de electrodomésticos) y para personas con discapacidad ofrecen puesto de asesor de ventas, representante de atención al cliente y trainer en atención al cliente.

Asimismo, hay vacancias para facturación y auxiliar administrativo y finan­zas, personal para entrega de productos, operario de producción (cableado y autopartes), técnico en mantenimiento (industrial), soldador para montajes industriales, vendedor externo, gerente junior, corte y doblaje para industria, entre otras.

El viceministro de Obras Públicas (MOPC), el ingeniero Ignacio Gómez defendió la intervención que tiene a su cargo sobre el polémico caso del puente de ñandutí ubicado sobre la autopista Ñu Guasu. Dijo que, una vez concluida la investigación, los antecedentes serán remitidos a la Contraloría General de la República que definirá si amerita o no instruir un sumario o iniciar una auditoría sobre el punto.

“La intervención consiste en una revisión documentaria y todo lo actuado por la Dirección de Obras Públicas y también simultáneamente estamos preparando los informes y documentos para remitir a la Contraloría General de la República”, dijo Gómez en contacto con canal GEN.

Requerido sobre si no estaba al tanto del trabajo de la Dirección de Obras que, de hecho depende de su jurisdicción y de la que ahora es interventor, el viceministro afirmó que siguió de cerca todo el proceso. “Quiero aclarar que esta es una intervención, no es una auditoría ni tampoco mucho menos un sumario. Corresponde a otras reparticiones en caso de que eso se deba hacer”, significó.

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Aclaró que a resultas de la intervención que lleva adelante, recién se podrá determinar el siguiente paso a seguir, administrativamente. “La Contraloría General va a iniciar con esto una auditoría, con toda la información que se le remita y ellos también van a remitir un informe y recomendaciones”, puntualizó.

Se le insistió sobre por qué el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tiene que hacer de juez y parte en el caso, a lo que Gómez respondió: “Reitero, nosotros no vamos a juzgar, sino solamente estamos interviniendo para recabar toda la información y todo lo actuado por la Dirección de Obras Públicas. Un sumario administrativo sí es en otra instancia y con otra repartición”.

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Reiteró que tiene 90 días para concluir la investigación, aunque adelantó que emitirá un informe “mucho antes” del fenecimiento del plazo establecido por el MOPC.

“El Viceministerio de Obras tiene varias direcciones a su cargo, la Dirección de Obras Públicas es una de ellas. Reitero, no es que yo voy a juzgar la actuación, voy a adjuntar toda la documentación y si hay algo que amerita, vamos a informar a nuestra auditoría interna”, concluyó.