Si construir una nueva vida es algo difícil y requiere realizar enormes sacrificios, hacerlo con el peso de una condena de 25 años de privación de libertad encima se torna una tarea mucho más complicada. Es aquí cuando los proyectos de reinserción juegan un papel determinante que tienen que ir necesariamente acompañados de la voluntad de la persona que puede verse beneficiada.

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Arnaldo (38) es una de esas personas privadas de libertad destacadas del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Encarnación y lleva a cuestas una condena de 25 años. En la penitenciaría del sur del país construye su nueva vida, trabajando como herrero en un espacio que también aprovechó para capacitar en el oficio a otros diez compañeros, que gracias a eso aprendieron también a valerse por sí mismos.

Afortunadamente para estas personas, muchas de ellas adictas a las drogas o sin tener idea de qué hacer con su vida, apareció Arnaldo, quien les entrenó en la herrería.

“No importa lo mucho que parezca complicada la vida, todo puede cambiar y el método es valerse de uno mismo y planificar”, dijo el entrevistado, contento porque las personas a quienes enseñó egresaron del sistema penitenciario y ya no volvieron, pues se les abrieron otros horizontes.

Preparado para afrontar el futuro, él aguarda tener una revisión de sentencia por su conducta dentro de algún tiempo. Arnaldo aprovechó al máximo su tiempo en la penitenciaría, ya que concluyó sus estudios de bachiller a través del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), electricidad domiciliaria, operación de computadoras y refrigeración con el Sinafocal y administración de empresas, marketing y ventas, atención al cliente, planes de negocios y guaraní módulos 1 y 2 con el SNPP.

Con nostalgias que le asaltan pensando en su familia y la esperanza por reencontrarse con su madre, cuatro hijos y un nieto, confía que tendrá un gran negocio relacionado con la herrería y como todo ser humano buscar la felicidad con ellos cuando obtenga su libertad.

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Arnaldo siempre estuvo vinculado a la herrería desde los 9 años. “Seguí los pasos de mi padrastro. Prácticamente nací viéndolo golpear el hierro al rojo vivo en su herrería Miguel de Capitán Miranda (Itapúa)”, sostuvo.

Recordó además que nunca conoció a su padre y vivió criado al amparo de su bisabuela. A sus 26 años, levantó la cortina de su propio negocio de herrería, donde tuvo una alta demanda.

Cuando ingresó al penal en el 2011 por un tropiezo, permanecer 20 horas encerrado empezó a afectar su salud mental y se procuró su taller herrero. La única llave que abre su pequeña fábrica a las 7:00 de la mañana la tiene él y no ingresa nadie sin su autorización, porque trabajar con hierro en un penal posee inseguridades, confiesa.

En pocos minutos está recubierto de delantal, guantes de cuero, antiparras y careta para arrancar el día. “El pedido que más recibo es la fabricación de rejas, que me deja una ganancia entre 1.800.000 a 2.500.000 de guaraníes, aparte del costo del material”, afirmó Arnaldo con una sonrisa.

La variedad de sus productos en hierro es amplia, a veces combinada con vidrio o madera. Arnaldo es capaz de realizar o reparar portones fijos, automáticos y corredizos, puertas, escaleras, ventanas, rejas, pantográficas, cortinas metálicas, protectores de aberturas y balancines, estructura de tinglados y muebles para interior, quincho y jardín.

Él se encarga además del diseño y fabricación; la colocación queda en manos de un primo suyo. Sus clientes siguen siendo los mismos de afuera, algunos funcionarios del Cereso y gente de la visita. Para contratar sus servicios se puede contactar al celular (0985) 156-808, Coordinación de Reinserción del Cereso.

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La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, estuvo como invitada del programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN y conducido por los periodistas Augusto dos Santos y Benjamín Livieres. El tema abordado fue la situación dramática de las penitenciarías del país ante la superpoblación por la falta de condenas, así como el trabajo que se realiza con la presencia de miembros de grupos criminales como el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho, ambos de origen brasileño, así como el Clan Rotela, formado en Paraguay.

Nosotros estamos en emergencia penitenciaria con una prolongación por un año más a pedido del Poder Ejecutivo, con una ley que fue promulgada a finales del pasado año, estamos en una situación de contención teniendo en cuenta que no tenemos hoy mucho con qué trabajar más que contener hasta tanto se termine de construir y se puedan habitar las nuevas penitenciarías que están siendo construidas. Hacer nuevos centros, no es algo que tengamos que aplaudir, pero es una necesidad apremiante y tenemos que tratar de trabajar tratando a las personas que están condenadas, que es una arista muy importante porque el 75% de la población no tiene condena y el trabajo penitenciario se hace con quienes están condenados. El resto espera definir su situación. Sin embargo, hoy tenemos hacinamiento y sobrepoblación en un porcentaje bastante interesante. Solamente tenemos 9.500 plazas para hoy, que tenemos un poco más de 14.000 personas privadas de libertad y así se dificulta trabajar, además de eso tenemos la presencia de los grupos del crimen organizado.

Trabajamos separándolos por pabellones y en algunos casos estamos convirtiendo los centros penitenciarios en su mayoría de uno u otro grupo, principalmente para evitar los enfrentamientos. El principal problema es el PCC y Rotela, nosotros trabajamos en ese esquema y hoy quisiera reservarme el dato por un tema de seguridad, no queremos dar elementos a ellos para que sepan cuánto sabemos nosotros que son, pero sí les puedo decir que hay un número importante de personas expulsadas del PCC. Ellos tienen una suerte de disciplina y cuando no se cumple se los excluye del grupo y eso genera algunos tipos de fricciones internas entre ellos, con lo que también tenemos que trabajar. Los Rotela por ser locales por supuesto son más numerosos.

Siempre lo que sucede afuera tiene una repercusión interna. Nosotros tenemos ese monitoreo externo, nosotros trabajamos en un grupo bastante cerrado de coordinación con la Policía, con las fuerzas de la Unidad del Crimen Organizado y el Antisecuestro y también con la Fiscalía y lo que tiene que ver con drogas puntualmente ingresa también la Senad, pero el trabajo diario y más cercano es con la Policía en el intercambio de información de inteligencia penitenciaria porque nosotros también tenemos información de lo que pueda llegar a suceder afuera.

El homicidio es una estrategia que ellos utilizan para quedarse porque acá están un poco más cómodos de lo que estarían en Brasil, eso tenemos que reconocer. El objetivo es que no quieran quedarse acá, a eso queremos apuntar. Brasil tiene con nosotros por un lado una ventaja y, por otro, una desventaja, porque nosotros todavía no estamos en el estadio en el que ellos se encuentran, que es un sistema federal, tienen las cárceles federales que son de máxima seguridad en donde ninguna persona con ningún nivel de peligrosidad quiere estar en un sistema de aislamiento de 22 horas diarias de las 24 que tiene el día, donde no tienen comunicación absolutamente con nadie y podríamos decir que comenzamos de cero a ganarse lo que hoy es un derecho aquí por la ley y por el sistema mismo. Ellos están en un sistema de incomunicación total, tienen 2 horas de sol al día y es todo un esquema de trabajar y eso es lo que apuntamos en las nuevas cárceles, pero tiene mucho que ver con la gestión y un punto clave es la corrupción de la administración.

En este momento no, en este momento es al revés, hay expulsiones de paraguayos. En este momento estamos a la inversa, en una etapa de depuración de sus grupos, donde se está trabajando en ejercer cierta disciplina por inconducta y eso está generando expulsiones casi masivas.

Tenemos un sistema judicial represivo, reactivo como corresponde, el Ministerio Público interviene a partir de la comisión de un hecho punible, pero la política criminal del Estado también es netamente represiva, nosotros tenemos muy poco trabajo preventivo, por eso tenemos una masificación de las personas privadas de libertad, teniendo en cuenta que creemos que resolvemos con la prisión muchas cosas. Tenemos todavía esa cultura de enviar a todos a prisión para descomprimir el cuestionamiento de la situación que se da.

Un poco más de 4.000. De hecho, nosotros como Estado tenemos que cuidar el cumplimiento de los requisitos para la prisión preventiva, nosotros tenemos una tendencia a resolver las cosas con la prisión y ahí nos calmamos todos cuando que recién ahí se inicia el proceso cuando lo que hay que buscar es que las condenas sean efectivas, llegar a las condenas con elementos de prueba suficientes con fuerza. Tenemos un sistema acusatorio, un órgano acusador y otro juzgador que están separados, lo cual ya está establecido en la Constitución del 92.

Nosotros tenemos en algunos mayores avances, la construcción del penal sin equipamiento y tecnología debería estar en el mes de julio, los 3 de Minga Guazú, es el que está más ocupado, después tenemos que equipar y dotar de tecnología, pero se debe esperar que termine la construcción. Estamos trabajando paralelamente en nuestro proyecto de la academia penitenciaria, tenemos que apostar a formar a las personas y hablo de eso y no de capacitar porque por más que tengamos tecnología los aparatos igual los manejan los seres humanos.

Si bien tenemos un Viceministerio de Justicia, las áreas en que trabaja tiene más que ver con derechos humanos y con acceso a la justicia y tenemos la coordinación de la ley de acceso a la información pública, que es ahí donde sí tenemos un rol determinante en lo que es un sistema anticorrupción. Sabemos que es clave para rendir cuentas y estar en un esquema de escrutinio público constante. El esquema de la reforma judicial se estaba trabajando más bien con la estructura del Poder Judicial, las funciones administrativas le restan bastante tiempo a lo jurisdiccional, se estaban enfocando desde ese ámbito. Y nosotros con la Fiscalía trabajamos en el tema de las investigaciones de los grupos del crimen organizado y la intervención, pero con el Poder Judicial tratamos con la depuración de los casos. Acá se tiene que entrar a romper con ese pensamiento que el problema del sistema penitenciario es solo del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Justicia, una de las patas importante es el Poder Judicial. Acá nosotros constantemente estamos siendo acusados de que tenemos una injerencia en los procesos.

Creo que hay varios puntos que hay que tener en cuenta, de acuerdo a la experiencia. Uno de ellos es trabajar de una manera más eficiente entre la persona que está privada de libertad y la que no está. Si hablamos de saturación de agenda de los despachos judiciales, tiene que haber una prioridad sobre las personas que están privadas de su libertad a fin de reducir el número de personas que están sin condena. También nosotros habíamos presentado en su momento con el ministro Éver Ovelar un proyecto de ley que finalmente terminó anexándose a otro proyecto de ley, y los dos juntos terminaron siendo archivados. En cuanto a la eficiencia, sería recortar los plazos en ciertos casos. Los casos de flagrancia no necesitamos tener seis meses de investigación para que luego pasen otros seis meses para resolver si nos vamos o no a juicio oral.

Entonces, esos son pequeños ajustes, decimos pequeños, porque en la totalidad no podemos decir qué impacto tendría si eso se ve, porque eso se tendría que revisar uno a uno los procesos de flagrancia. Pero sí tendríamos una suerte de achicar un poco los esquemas de trabajo. También son importantes las especializaciones de ciertas cuestiones, los delitos económicos, que son los delitos de corrupción, son delitos complejos, que tiene mayor tiempo de investigación y de un trabajo un poco más complejo en cuanto al tipo de pruebas que uno necesita obtener. Por ahí la especialización no es tal al momento de trabajar esos casos, en todos los ámbitos. Tenemos juzgados especializados en delitos económicos, pero no tenemos la cantidad de juzgados que necesitaríamos para hacer un poco más dinámico el sistema. Entonces, se tendrían que hacer algunos ajustes legislativos, y en la gestión judicial es categóricamente necesario priorizar algunos tipos de causas y descomprimir con causas con las que se puede resolver de otra manera y no esperar agotar todas las instancias en la duración del tiempo.

En ese contexto creo que tiene mucho que ver también la intervención del Ejecutivo, en el Consejo y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Es una intervención bastante solitaria en ese esquema en cuanto a la selección porque eso también tiene que ver. Hay un componente importante, en ese esquema que nosotros hemos diagnosticado con anterioridad, respecto a la representación de los estamentos en estos órganos, que creemos que favorece de alguna manera para que se den de esa forma.

Ese mismo sistema que hace que las posibilidades de las personas, por ejemplo, con recursos, sean inmensamente superiores de lograr la libertad, que digamos en comparación a una persona de escasos recursos por cómo funciona el sistema. En ese sentido, me gustaría insistir con una pregunta. ¿Realmente el Ejecutivo golpea las puertas del Poder Judicial y le pide sentarse a hablar sobre un tema, o no hay esa comunicación?

Yo como ministra tengo esa comunicación, soy una cáncer con los ministros de la Corte, y creo que muchas veces ya se me puede acusar de injerencia, porque insisto regularmente tanto en los pequeños como en los casos grandes. Por supuesto por el tipo de vínculos estamos más cerca de hablar de esquemas penales que de otros esquemas, pero sí, es algo sistemático que yo como ministra insisto y creo que favorece también que nos conozcamos de antes, pero no deberíamos quedar en eso. Es una preocupación que quede depositada en la persona y no en la institución, no en el rol, que creo que es un poco la preocupación de todo esto. Pero sí, es un esquema de una conversación que baja a un documento de forma sistemática, por lo menos internamente. Pero faltaría un buen elemento desde el Poder Legislativo.

Tengo que decir que desde mi percepción particular y de haber pasado por ambos poderes, estuve en el Poder Judicial, estuve en el sector privado y ahora en el Poder Ejecutivo, creo que un elemento importante en todo este esquema es la corrupción. Nosotros estamos en un tira y afloja constante, hablando con los ministros de la Corte, denunciando casos que inclusive se exponen a la acción del Ejecutivo a una represalia. Nosotros hemos tenido casos graves, como la fuga de Pedro Juan, que fue a consecuencia de una intervención de un acto que creemos de corrupción de un órgano de justicia. Entonces, hay que trabajar sobre la corrupción de los órganos y hay que elaborar estrategias de prevención de la corrupción, ya sea plasmarlo en documentos legales, en normas o cartas orgánicas, pero el Ministerio de Justicia tampoco puede hacer mucho porque estamos tan comprimidos en el trabajo que tenemos y en las funciones que tenemos que deberíamos por lo menos absorber la Secretaría Nacional Anticorrupción para eso.

–Risas.

Desde el Ministerio de Justicia informaron que hasta el momento son tres las penitenciarías que están cerradas por reportarse casos de COVID-19. Las medidas son tomadas para salvaguardar a las familias de los reclusos y funcionarios, además de evitar una propagación del virus. “Están internados tres, de los cuales uno está grave. Se trata de un hombre de los pueblos originarios que tiene enfermedad de base”, confirmó la ministra Cecilia Pérez en contacto con canal GEN y Universo 970.

Explicó que son tres las penitenciarías que están cerradas por rebrote, la Penitenciaría Regional de Villarrica, Penitenciaría para Mujeres “Serafina Dávalos” y el Centro Penitenciario para Mujeres “Casa del Buen Pastor”. “La de Villarrica y Serafina Dávalos ya estaban cerradas antes del año nuevo. Por lo que se suspendieron las visitas en año nuevo, pero no tuvimos más remedio porque en Villarrica hoy tenemos más de 30 casos”, apuntó.

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Aclaró que fuera de estas tres personas que dieron positivo al test, ya cuenta con reporte de otros reclusos que presentan síntomas. “Otros tienen síntomas respiratorios, por lo que todos son considerados como sospechosos, entre ellos funcionarios y personas privadas de su libertad”, puntualizó.

Pérez resaltó que en el Buen Pastor son tres los nuevos casos positivos, entre ellos hay una funcionaria y que cuentan con 30 casos sospechosos que forman parte del pabellón donde surgieron los primeros casos.

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Otra de las penitenciarías donde reportan un caso positivo es el Centro Penitenciario para Mujeres “Juana María de Lara” de Ciudad del Este. “Es una joven que llegó como traslado y se había quedado en cuarentena, pero desarrolló síntomas. Es cuando descubrimos que en el Buen Pastor había casos”, afirmó.

Resaltó que en las cárceles de mujeres son más comprensivas cuando se deciden algunas medidas como el cierre y que son los hombres los que más reclaman las visitas y se quejan de las decisiones, en algunas oportunidades crean conflictos. “Las mujeres son menos conflictivas”, ratificó la ministra.