Ciudad del Este. Agencia Regional.
Los residentes de la Fracción Las Colinas del barrio San Antonio de esta capital departamental, ubicada en la margen derecha de la Ruta PY07, a metros del Puente Costa Cavalcanti que une Ciudad del Este con Hernandarias, están con orden de desalojo firmada por la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Nathalia Moreno Totil. La orden es el marco del juicio contra Mauricio Cabrera Benítez y otros que afecta a casi tres hectáreas y 120 familias.
Se trata de un barrio antiguo en la costa del río Acaray con inversiones de las instituciones públicas y pobladores con 30 y 35 años de residencia. Es lo que explicó Martín Mauricio Cabrera, hijo de quien figura como titular del expediente judicial y presidente de la Comisión Vecinal.
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“Con un título que no sabemos de dónde salió nos están queriendo sacar de este lugar, nos vienen amenazando desde el 2013 y ahora de nuevo aparece un árabe como supuesto propietario. La Municipalidad de Ciudad del Este le puso acá a nuestros padres y el último título legal que se conoce de esta propiedad es de 1989 y desde ese momento no se realizó ninguna venta”, explicó a La Nación, Martín Cabrera, titular de la Comisión Vecinal. “Vamos a poner pecho para resistir como ya lo hicimos en el 2013 porque sabemos que tenemos derechos y es injusto lo que nos están haciendo. Todo lo que nuestros padres trabajaron estos años y nosotros no vamos a regalar algo que estamos seguros que nos pertenece”, sostuvo Cabrera.
Los pobladores aseguran que nunca se negaron a pagar por la tierra, pero que por la definición sobre la situación de la tierra nunca pudieron hacerlo. Dicen que tienen medidores de la Ande, que pagan patente comercial los que tienen negocios y el barrio no tiene nada que ver con lo que figura en el expediente de ser supuestos carperos. “La jueza tenía que venir a verificar y ver si es cierto que son tres carperos”, dijo por su parte, Liliana Torales, quien dice haber nacido en ese lugar. “Vivimos siendo amenazados, ya no podemos ni dormir, vienen a sacar fotos, nos controlan”, agregó Liliana.
El conflicto por la propiedad del inmueble es parte del viejo problema que afecta a una franja grande del sector urbano de Ciudad del Este conocida como la ex Finca 66 sobre la cual existe una expropiación y debía pasar a dominio municipal. Está pendiente desde hace varios años una mensura judicial cuyo gasto estará contemplado en el presupuesto para el 2021. Esto lo confirmó el concejal municipal Teodoro Galeano. La Junta Municipal apoya la reivindicación de los pobladores afectados.
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