El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció la implementación de un esquema financiero basado en factoraje y emisión de letras del Tesoro con garantía soberana, con el objetivo de regularizar deudas con empresas constructoras y asegurar la continuidad de las obras públicas sin generar nuevos retrasos.

La ministra Claudia Centurión explicó que la estrategia contempla la cesión de certificados de obra a entidades financieras, lo que permitirá a las empresas cobrar de forma anticipada sin presionar directamente el presupuesto vigente. “Es un mecanismo diferente, diseñado para dar previsibilidad a los pagos y sostener el ritmo de ejecución”, afirmó.

El esquema prevé la emisión por USD 150 millones, respaldados por garantía soberana a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como parte de una solución estructural para evitar la acumulación de pasivos con el sector vial. Según detalló, el instrumento cubrirá capital y se espera interés por parte de entidades bancarias locales en su colocación.

Centurión señaló además que el borrador del instrumento ya fue remitido al sector privado para recibir observaciones y ajustes antes de su implementación.

En paralelo, la ministra añadió que el Gobierno evalúa un proyecto de ley que permita al MEF emitir bonos para honrar cerca de USD 80 millones en intereses acumulados de administraciones anteriores.

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La titular del MOPC indicó que entre enero y marzo se canceló una parte de los compromisos pendientes, lo que permitió reducir la deuda con las empresas viales.

También indicó que el presupuesto contempla un piso de USD 460 millones para el sector, con prioridad en el cumplimiento de obligaciones y la prevención de nuevos atrasos, según lo conversado con el ministro de Economía.

“Estamos enfocados en gastar lo que se tiene. El objetivo es mantener el nivel de inversión, pero sin volver a acumular deuda”, remarcó.

La ministra destacó que cerca del 70 % de los proyectos de infraestructura se ejecutan con financiamiento externo o esquemas de inversión mixta.

Entre las principales iniciativas mencionó la Alianza Público-Privada (APP) de la ruta PY01, así como adjudicaciones recientes en la ruta PY10 por alrededor de USD 120 millones, con respaldo de BID Invest.

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La ejecución presupuestaria de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) de la Administración Central alcanzó G. 10 billones al cierre del primer bimestre de 2026, equivalente al 12,3 % del Presupuesto vigente, estimado en G. 81 billones, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Del total ejecutado, el 85 % fue orientado al financiamiento de servicios esenciales dirigidos a la ciudadanía, consolidando la prioridad del gasto público en áreas estratégicas como educación, salud, infraestructura, protección social y seguridad interna.

En detalle, el MEF lidera los niveles de ejecución con obligaciones por G. 3 billones, de los cuales el 77 % (G. 2,3 billones) se destinó principalmente al pago de jubilaciones y pensiones de la función pública, así como al cumplimiento del servicio de la deuda.

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Por su parte, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ejecutó G. 1,7 billones, concentrando el 65 % (G. 1,1 billones) en el financiamiento del sistema educativo, incluyendo los distintos niveles de la Educación Escolar Básica, la Educación Media y programas de formación para jóvenes y adultos.

En el ámbito sanitario, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) registró una ejecución de G. 1,3 billones, destinando G. 905.000 millones a servicios de atención integral, diagnóstico y tratamientos especializados, incluyendo salud materno-infantil y otras patologías de alta complejidad.

En infraestructura, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) comprometió G. 1 billón, de los cuales el 67 % (G. 680.000 millones) se destinó al Programa de Red Vial Pavimentada. Entre las principales obras destacan la ampliación y duplicación de las rutas 2 y 7, con una ejecución de G. 346.000 millones, la construcción de la Ruta PY12 (Chaco’i – General Bruguez) con G. 67.000 millones y el mejoramiento del tramo Cruce Centinela – Pozo Hondo (320 km), con G. 81.000 millones.

En materia social, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) ejecutó G. 807.000 millones. De este monto, G. 500.000 millones fueron destinados a la Pensión Universal para Adultos Mayores, mientras que G. 200.000 millones financiaron el programa de alimentación escolar “Hambre Cero en Nuestras Escuelas” en Asunción, Central y Presidente Hayes. Asimismo, G. 92.000 millones fueron dirigidos a transferencias monetarias del programa Tekoporã Mbareté.

Finalmente, el Ministerio del Interior registró una ejecución de G. 672.000 millones, destinando el 93% (G. 623.000 millones) al funcionamiento y operatividad de la Policía Nacional.

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• Por Aníbal Saucedo Rodas
• Periodista, docente y político

El Hospital de Clínicas fue un símbolo de la resistencia a la dictadura de Alfredo Stroessner. Al sindicato de enfermeras y trabajadores se habían sumado médicos y estudiantes de la Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional de Asunción para una movilización popular cuya magnitud no registraba la historia de las dos últimas décadas. Exigían mayor presupuesto y la libertad de sus compañeros presos por orden superior. Corrían los meses de abril y mayo de 1986. Los vecinos –eufóricos– salían a aplaudir y pasar agua a los manifestantes. Habían derrotado a su peor enemigo: el miedo. En los días siguientes la represión recrudeció. Los organismos de seguridad habían cercado el viejo nosocomio que era refugio de los pobres.

Desde ahí, quienes habían optado por permanecer dentro de sus derruidas paredes, convocaron a una conferencia de prensa. Tuvimos que dejar el vehículo del diario a varias cuadras e ingresar caminando. Ya en el lugar, la Policía nos obliga a permanecer, con los demás periodistas, pegados a una muralla. Minutos después, con gritos desaforados y arrastrando gruesas cadenas, entraba el “pelotón” de la Chacarita comandado por Ramón Aquino, el “moderador” de la Universidad Católica. Mientras nosotros éramos “protegidos” de la furia de los atracadores, sus alcoholizados integrantes empezaron a recorrer el hospital rompiendo todo a su paso. Hasta que el doctor Jacques Balanzá sale a enfrentarlos y los increpa con la dureza de un valiente y la integridad de un caballero. Atónito, el “comandante” de la horda decide abandonar el lugar. Afuera, el oficial a cargo del operativo hacía su trabajo. Todos los fotógrafos debían entregar los rollos de sus cámaras. Los menos jóvenes sabrán de lo que hablo. No había que dejar evidencia gráfica de la barbarie. Pero Jorge Adorno no era un simple fotógrafo. Tenía alma de sagaz periodista. Igual que los demás, cumplió con la orden. Solo que ya tenía en el bolsillo las primeras tomas de un primer rollo. Y fue tapa.

Esa sensación de rara paradoja volví a sentir en estos días. De policías que protegen a las personas equivocadas. Pensé que podría tratarse de un hecho anecdótico y lo dejé pasar. Hasta que la escritora y periodista Milia Gayoso experimentó una frustración similar. Y se pregunta: “¿Quién nos protege de quienes deberían protegernos?”. Relata que un domingo, pasadas las 16:00, con su hija y sus nietos pequeños (6, 3 y 1 año), iban hasta la Biblioteca del Congreso Nacional, donde se desarrollaba una feria de libros. “Una cuadra después de la llamada Curva de la Muerte (Mariscal López y Santa Teresa) suenan sirenas y dos jóvenes con camisetas del club Olimpia, montados en motos, se adelantan y hacen la señal de que circulemos más rápido. Mi hija continuó manejando a velocidad normal, por la derecha, dando paso a quien fuera que estuviera viniendo apurado detrás nuestro. En eso, se acercan dos oficiales de Policía en una moto, nos pasan rozando, y uno de ellos golpea tan fuerte la camioneta, que todos nos asustamos pensando que chocamos. En especial los niños”.

Y la colega vuelve a preguntarse: “¿Qué estaba pasando?”. Y ella misma se responde: “No venía una ambulancia, ni el presidente de la República: pretendían que ‘volemos’, porque detrás venía el colectivo que trasportaba a los jugadores de Olimpia. Dejarles libre la vía rápida (el carril izquierdo) no era suficiente. ¿Es potestad de la Policía golpear el vehículo de un ciudadano para dar paso a un plantel de fútbol?”. Ahí quisiera realizar un subrayado especial. No creo que haya sido un bus de jugadores, sino de barrabravas, porque hace poco –repito– viví una situación similar, pero con hinchas del “Ciclón”.

Faltaba menos de media hora para que se jugara el partido en “La Nueva Olla”. Yo circulaba por la avenida Fernando de la Mora. Al llegar al cruce de Bartolomé de las Casas, dos colectivos rebosando de hinchas (algunos sentados en las ventanillas) ya venían a mi costado, de contramano. Frente a un conocido local de venta de pollos al espiedo, aguardaban dos patrulleras y dos motos con policías. A partir de ese lugar, ya con “escolta oficial”, fueron cruzando semáforos en luz roja como alma que lleva el diablo, es decir, a una imprudente velocidad. La caravana, con ayuda policial, giró en un lugar prohibido, sobre General Santos. En cada semáforo cerraban las bocacalles transversales para que los colectivos circularan libremente. Ni que fuera el presidente de la República o una ambulancia, como diría Milia. Luego continuaron por Félix Bogado hasta una estación de servicio, desde donde los hinchas fueron caminando, casi seguro, con entradas ya en manos. La interrogante se impone necesaria: ¿Se trata de un operativo que cuenta con la anuencia de los superiores o es solo una iniciativa de algunos comisarios zonales?

Soy plenamente consciente de que existen problemas más graves en nuestro país, pero también hay que evitar algunos vicios que, de tanto repetirse, vamos normalizándolos en nuestra vivencia cotidiana. Además, el nombre de los buenos policías merece ser resguardado. Algunos son amigos, ya que estamos, que honran el servicio. Buen provecho.

La auditoría realizada en el hospital central del Instituto de Previsión Social (IPS) en el caso Braulio Vázquez revela una serie de demoras, falta de protocolo y previsión ante fallos técnicos que condujeron al fallecimiento del paciente, señala el informe proveído por la Superintendencia de Salud.

La auditoría se ordenó el pasado 29 de enero, luego de que compañeros y familiares del hombre de prensa denunciaran que el asegurado falleció esperando ser sometido a un cateterismo tras un infarto, por falencias en la atención y en el equipo médico.

“Nos basamos en todas las declaraciones y entrevistas que le hicimos a una gran cantidad de personal de servicio; médicos, enfermeras, de distintos servicios involucrados en todos los procesos”, señaló el doctor Roberto Melgarejo, superintendente de Salud, en comunicación con la 1020 AM.

Una de las conclusiones dice que en la verificación in situ aparecieron 22 minutos después los médicos. “Posterior al hecho, hicimos una visita relámpago. Alrededor de las 21:30 fueron los auditores a verificar, mirar los equipos y conversar y los médicos no se encontraban”, refirió.

Ante esta ausencia, los responsables de enfermería que se encontraban de turno convocaron al servicio a los especialistas. “Las enfermeras llamaron a los médicos de guardia, quienes aparecieron 22 minutos después, diciendo que estaban cenando”, confirmó Melgarejo.

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Dicha versión se hizo constatar en acta. “Nosotros no podemos decir ni tapar algo sobre lo que no tenemos cien por ciento de certeza. Pero, narramos y mostramos paso a paso los hechos objetivos que encontramos”, aseguró.

En ese sentido, la auditoría tuvo por objetivo evaluar de manera sistemática, objetiva y técnica el proceso completo de atención brindado a Braulio Vázquez con diagnóstico de infarto agudo de miocardio, desde su ingreso al servicio de Urgencias del IPS Ingavi hasta su fallecimiento en el Hospital Central del IPS.

También se confirmó el faltante de insumos para el procedimiento correspondiente, debiendo ser adquiridos por los familiares. “Según declaraciones del personal médico del servicio de Hemodinamia, durante la mañana se realizaron gestiones para disponer de los insumos necesarios, los cuales no se encontraban disponibles en stock institucional”, señala el informe.

Asimismo, se constataron fallas técnicas reiteradas del equipo de Hemodinamia, según informe proporcionado por el servicio. A partir de los hallazgos, la Superintendencia de Salud realizará el seguimiento periódico de cumplimiento de las medidas recomendadas al plantel médico de la previsional.

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