El fiscal Silvio Corbeta denunció las amenazas “innecesarias” del exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hacia testigos y denunciantes de irregularidades durante su administración municipal.

Corbeta integra el equipo del Ministerio Público que encabeza el juicio oral y público en el caso Tía Chela. En este proceso judicial se encuentra acusado el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con otras personas

El fiscal hizo referencia a las declaraciones de Prieto hacia el exconcejal Celso “Kelembú” Miranda, quien realizó varias denuncias en su contra, anunciando que lo demandará por denuncia falta en el caso de una supuesta sobrefacturación en la licitación de la planta asfáltica municipal, que finalmente fue desestimada.

“Se amenaza al testigo que va a venir a declarar, en este caso, el señor Celso Miranda de forma innecesaria porque gracias a él fue que se evitó ese perjuicio patrimonial, y fue porque justamente no se llegó a pagar”, dijo el fiscal a los medios de prensa.

Recordó que no es por un trabajo, ni por una gestión que hizo el acusado, “es por un trabajo de la fiscalía que justamente no hubo pago y al no no haber pago no hubo un perjuicio patrimonial”, refirió el fiscal.

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En este sentido, indicó que no es una clara amenaza, y no solamente hacia Miranda, sino que también amenazó al director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) Óscar Orué y a otros testigos que son “testigos trascendentales” para el juicio. Agregó que la actitud amenazante del exintendente incluso puede ser sancionada por el Tribunal.

“Eso podríamos dejar a consideración del Tribunal, pero son amenazas que se hacen a los testigos que van a venir a declarar en contra, se puede tomar ciertas medidas indisciplinarias, incluso puede ser motivo de una revocación de libertad, pero nosotros igual vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, refirió.

El fiscal Corbeta explicó que el caso de desestimación ya se dio en el mes de agosto de este año solicitada ya en marzo por los propios fiscales investigadores, y que no se trata de un hecho nuevo como lo instaló Prieto semanas atrás. Indicó que esta desestimación incluso se dio por la colaboración del exconcejal Miranda.

“La desestimación fue justamente porque no hubo el pago a la empresa contratista y la empresa contratada y seleccionada por el intendente Miguel Prieto, fue la empresa más cara, entonces, cuando se hizo la denuncia ante la Fiscalía, las demás empresas proveedoras hicieron su protesta correspondiente ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y eso evitó que la municipalidad pague por el mismo servicio mucho más caro y esa fue la denuncia”, sentenció.

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El presidente de la previsional, Dr. Derlis León realizó una visita técnica al Hospital Geriátrico Dr. Gerardo Buongermini.

El presidente del Ins­tituto de Previsión Social (IPS), Dr. Der­lis León, realizó el miércoles una jornada de supervisión técnica en las instalacio­nes del Hospital Geriátrico Dr. Gerardo Buongermini, donde recorrió las distintas dependencias para consta­tar la calidad prestacional, la disponibilidad de insumos farmacéuticos y el funciona­miento general de los esque­mas de atención orientados a los adultos mayores.

Durante la verificación ope­rativa de la central telefónica propia del establecimiento, el titular de la previsional dis­puso la ampliación inme­diata del personal asignado al área de atención al usua­rio, con el objetivo priorita­rio de agilizar la respuesta, optimizar la asignación de turnos y reducir los tiempos de espera de la población de la tercera edad.

En forma paralela, las autori­dades constataron la urgen­cia de incrementar la cober­tura profesional en áreas asistenciales clave, acor­dando la tramitación de las gestiones administrativas para la pronta incorpora­ción de médicos especialis­tas que permitan robustecer el plantel sanitario y absor­ber la alta demanda hospita­laria del centro.

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Derlis León, encabezó ayer jueves una reunión de trabajo con la gerenta de Salud, Dra. Irene Benítez, y los directo­res de los principales centros hospitalarios de Capital y el departamento Central, con el propósito de alinear la plani­ficación operativa correspon­diente al próximo mes.

Uno de los ejes centrales abor­dados fue la contratación de nuevos profesionales médicos para reforzar el staff asisten­cial del Hospital Geriátrico Dr. Gerardo Buongermini, iniciativa que busca ampliar la capacidad de respuesta y responder a la alta demanda prestacional de los adultos mayores.

Asimismo, la cúpula directiva definió una estrategia integral para optimizar la provisión de medicamentos en toda la red sanitaria, estableciendo un esquema de monitoreo perma­nente del stock existente para evitar el desabastecimiento y garantizar un flujo continuo en la distribución de insumos.

En otro momento de la jor­nada, el titular de la previsio­nal evaluó las proyecciones presupuestarias y asisten­ciales expuestas por los res­ponsables de cada área de salud, ajustando los indica­dores de gestión de cara a los desafíos del próximo periodo operativo.

Al cumplirse 38 días de internación en el Hospital Nacional de Itauguá, el exgobernador Hugo Javier González, abandona el nosocomio para continuar su recuperación bajo el régimen de prisión domiciliaria por 90 días. Su salida del hospital se está cumpliendo bajo un estricto protocolo de seguridad que la Policía Nacional ha desplegado en el lugar, atendiendo a que decenas de personas se agolpan en la puerta de salida esperando el momento en que el exlocutor abandone el sitio.

Por disposición del juez Carlos Luis Mendoza Peña, el exgobernador de Central, partirá rumbo a la casa de su expareja en Emboscada, Cordillera, donde guardará prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

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A la salida de su sala de internación, y de acuerdo con las imágenes fotográficas difundidas, Hugo Javier se tomó el tiempo para despedirse de los profesionales médicos que lo asistieron y con quiénes se tomó una fotografía de pie. Así también, se tomó otra fotografía con los agentes policiales, que estuvieron a cargo de la vigilancia durante el tiempo de internación y que ahora lo escoltarán hasta su vivienda en Emboscada.

En tanto, el Dr. Miguel Ferreira, director del Hospital, informó que eel exgobernador requiere cuidados permanentes tras el traumatismo sufrido, por lo que confirmó que aún no se encuentra en óptimas condiciones, por lo que han recomendado que en su hogar permanezca en constante acompañamiento de otras personas.

“Nosotros sugerimos que dos personas estén constantemente al cuidado de él. Está para salir del hospital, pero todavía no está en óptimas condiciones desde el punto de vista neurológico y de la motricidad (movilidad). La recomendación es de 3 a 6 meses”, expresó.

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Entre 2023 y 2026 se analizaron más de 3,100 hechos punibles relacionados con personas indígenas. El estudio abarcó 2,746 causas penales y permitió identificar las principales denuncias, su distribución territorial y las situaciones que involucran a la población nativa como presuntas víctimas o presuntos responsables.

El Ministerio Público, a través de la Dirección de Planificación y su Departamento de Estadística, procesó información correspondiente a 3.119 hechos punibles denunciados en 2.746 causas penales, cuyos relatos iniciales mencionan situaciones vinculadas a personas o comunidades indígenas. El estudio comprende el periodo de enero de 2023 a agosto de 2026. A partir de estos registros, la Dirección de Comunicación y Prensa realizó un análisis periodístico e institucional para identificar los principales hallazgos y contribuir a su comprensión desde una perspectiva informativa y de derechos.

De los hechos examinados, 2.415 registraron al menos una presunta víctima indígena, mientras que en 2.076 se identificó al menos una persona indígena como presunta responsable. Ambas categorías pueden coincidir en un mismo hecho, por lo que no deben sumarse.

Entre los hechos que involucran a presuntas víctimas indígenas:

• la violencia familiar registró 246 casos
• 199 lesiones
• 169 amenazas
• 152 registros de homicidio doloso
• y 118 de abuso sexual en niños

Estos resultados permiten observar la diversidad de situaciones denunciadas que afectan a integrantes de pueblos indígenas, incluidos hechos relacionados con la integridad física, la seguridad y la protección de niños, niñas y adolescentes.

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El análisis muestra que los hechos punibles registrados pasaron de 665 en 2023 a 768 en 2024, y a 1.010 en 2025, lo que representa un incremento del 51,9 % entre el primero y el último de esos años.

Entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 676 hechos, cifra correspondiente a un periodo parcial. Cabe destacar que el aumento de los registros no implica necesariamente un incremento equivalente en la ocurrencia real de los delitos, ya que los datos corresponden a denuncias y no permiten determinar las causas exactas de esa variación.

En la distribución territorial, Canindeyú encabezó los registros con 781 hechos punibles, seguido de Caaguazú con 539 y Amambay con 476. Estos tres departamentos concentraron el 57,6 % del total de los casos analizados. Estas cantidades reflejan los registros del Ministerio Público y no constituyen tasas de criminalidad, ni permiten establecer qué departamentos presentan un mayor riesgo para la población indígena.

El análisis aporta información clave sobre las denuncias que involucran a personas indígenas y contribuye a conocer las situaciones que llegan al sistema penal.

La Constitución Nacional reconoce la identidad étnica, las formas de organización y los derechos de los pueblos indígenas. En este contexto, el acceso a la Justicia requiere considerar las particularidades culturales y lingüísticas de las personas involucradas, con pleno respeto a sus garantías y derechos.

Los resultados corresponden estrictamente a la información registrada al momento de la denuncia; por lo tanto, no representan hechos judicialmente comprobados ni permiten determinar responsabilidades penales de forma anticipada.

Con este estudio, el Ministerio Público pone a disposición información estadística que contribuye a visibilizar las situaciones denunciadas y a profundizar el conocimiento sobre los derechos y el acceso a la Justicia de los pueblos indígenas.

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