Los bosques de nuestro país corren un grave peligro, ya que en diciembre de este año fenece la vigencia de la Ley 6.256 que prohíbe las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental, ley conocida como la “Ley de Deforestación Cero”.

Es por eso que la ONG A Todo Pulmón Paraguay Respira, al igual que más de 60 organizaciones ambientalistas, solicita al Congreso Nacional que se amplíe el plazo de dicha ley, de manera indefinida, ya que la extensión del plazo de la ley se viene realizando periódicamente, generando un gran desgaste y despertando el temor de que pierda vigencia.

El Ingeniero Forestal Osvaldo Turlan, director de Proyectos Ambientales de la ONG A Todo Pulmón, señala lo siguiente: “Proponemos la renovación y que la vigencia de la Ley 6.256 sea indefinida o al menos por 10 años. Actualmente las condiciones no están dadas para que cese la ley de deforestación cero por las siguientes razones: La restauración de los bosques en la Región Oriental tienen un proceso lento y complejo, además de que no se han hecho las recomposiciones correspondientes a las áreas deforestadas”.

Actualmente la ley de pago por servicios ambientales no es efectiva y, por lo tanto, no hay un incentivo real para conservar los bosques para aquellos propietarios de bosques con certificación ambiental, y se necesita un fortalecimiento de nuestras instituciones rectoras en materia ambiental y de bosques, además de una especial atención a la situación de nuestras áreas silvestres protegidas, indicó Turlan.

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Pérdida de masa forestal

Paraguay ha perdido más del 90% de la masa forestal de la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná, la mayor parte de los bosques en la Región Oriental fueron deforestados para hacer un cambio de uso de suelo, principalmente para la ganadería y agricultura mecanizada.

En el 2004 se promulga la Ley de Deforestación Cero, que impide realizar actividades de transformación o conversión de superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental del Paraguay, con el fin de proteger los remanentes boscosos, en especial los de la ecorregión del Bosque Atlántico de Alto Paraná, por su importancia ecológica para el Paraguay y el mundo. La ley fue modificada y ampliada en cuatro ocasiones, requiriendo en cada oportunidad el diálogo de ONGs ambientalistas con las instituciones públicas rectoras en materia ambiental y forestal, y reuniones con el Congreso para lograr la aprobación.

Las primeras dos extensiones fueron por dos años cada una, la tercera por 5 años y la última por dos años nuevamente. En diciembre de este año termina la vigencia de la ley, si no se amplía la vigencia, nuevamente los bosques de la Región Oriental quedarían sin protección alguna.

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