Ciudad del Este. Agencia Regional.

Miembros de la Junta Municipal de Ñacunday realizan manifestaciones de protestas desde el lunes por la no intervención de la administración municipal del intendente Everaldo Devitte (Unace) aprobado en junio pasado y además por el no cobro de las dietas a los ediles opositores. Los concejales reclaman que el Ministerio del Interior no haya enviado hasta ahora a la Cámara de Diputados el pedido de intervención para su tratamiento.

La protesta tiene el apoyo de algunos sectores de la ciudadanía que se instalaron frente a la Junta Municipal de Ñacunday. “Tenemos aquí nuestra carpa de la resistencia y continuaremos hasta que las instituciones den trámite a nuestro pedido”, informó el concejal y presidente de la Junta, Blas Rivas Cabral, quien anunció que para el viernes tienen previsto una movilización más grande para que sean escuchados los reclamos.

El pedido de intervención se sustentó entre otros puntos en el rechazo de la ejecución presupuestaria de los tres últimos años basados en supuestas irregularidades. Una de ellas es la transferencia de 50 millones de guaraníes a la Comisión de Infraestructura de Desarrollo Distrital, para la construcción de dos sanitarios en el Parque Nacional Ñacunday y el enripiado del acceso al mismo. “La obra no se hizo y luego de nuestras denuncias construyeron dos letrinas y arreglaron a medias el acceso, no hubo rendición de cuenta y el Intendente es el que maneja esa comisión para todo tipo de transferencias”, dijo el concejal Blas Rivas.

Lea también: Caso Natalia Godoy: ¿Dónde está Florencia?

Para el cruce del río Ñacunday opera una balsa propiedad del Ministerio de Obras Públicas que es administrada por la Municipalidad hace 20 años. “En agosto del 2018 aprobamos una ordenanza en la cual se exoneraba del pago por uso de la balsa de todos los contribuyentes de patente de rodados en el municipio y allí comenzó el drama. Para el año siguiente el Intendente ya no envío dentro del presupuesto el ingreso por la balsa. Pedimos que envié la reprogramación y no lo hizo. Prácticamente, se apropió de esos recursos, administró como si fuese particular”, explicó el edil Blas Rivas. Indicó que este año se incluyó otra vez el ingreso por la administración de la balsa.

El pedido de intervención había sido aprobado por los siguientes concejales: Santiago López (UNACE), Julio Gómez y Bernardo Chávez (ANR), Blas Rivas Cabral (Independiente hoy, pero fue electo por Tekojoja), César Barúa y Mabel Vera (PLRA), Lourdes Durán y Plutarco Bogado (Tekojoja).

Lea también: “Se me cayó el mundo...”, cuenta Araceli Sosa al hablar de su paso por el Buen Pastor

Otro reclamo que realizan los concejales en protesta es que, en febrero de este año presentaron cuatro denuncias ante la Fiscalía contra el intendente Everaldo Devitte, por lesión de confianza y apropiación de recursos. La fiscala María del Carmen de Meza de Iruña es la que entiende en la causa. “Hasta ahora lo único que hizo fue notificarme para ratificarme en la denuncia, no pidió informes a la Contraloría General, no hizo ninguna diligencia más, cajoneó nuestras denuncias”, según el citado concejal Blas Rivas.

Las denuncias fueron sobre los supuestos hechos irregulares ya citados y también por obras pagadas e incluso actas de recepción cuando algunas ni comenzaron todavía y otras sin terminarse. Mencionaron el empedrado del acceso al Puerto de Lomas Valentinas que no se hizo y la construcción de la una segunda planta en la Escuela Básica San José que se pagó en diciembre y recién en abril se terminó, de acuerdo a la denuncia.

Lea también: “En su momento fue una tormenta en mi vida”, dice Norma Benítez sobre Lorena Arias

El intendente Everaldo Devitte dijo que las denuncias son falsas porque las obras existen y en cuanto al pedido de intervención sostuvo que la sesión es nula por la presencia de trece concejales ante la destitución irregular de uno de ellos, Valdir Berle. El mismo fue destituido por permanentes pedidos de permiso y ausencias reiteradas a las sesiones, siendo reemplazado por el suplente Benicio Benítez, de la ANR, según la denuncia. También argumentó el Intendente que “no existe un dictamen de la Contraloría General de la República que es necesario para que se apruebe un pedido de intervención de la administración municipal”.