El ministro de Educación y Ciencias, Luis Fernando Ramírez, expresó que desde este lunes la alimentación escolar está garantizada con la ley de Hambre Cero en las instituciones educativas del país. Fue al referirse al reinicio de clases tras las vacaciones de invierno.

Remarcó que con la llegada de la ley de Hambre Cero, que incluye desayuno y almuerzo, la actividad alrededor de una escuela tomó un ritmo importante, porque genera la agricultura familiar, venta de productos y un montón de situaciones que este año permitieron un salto muy importante en todas las comunidades.

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Destacó que permitió la disminución de la deserción escolar de los más pequeños, incluso en el noveno grado se registra un incremento importante de alumnos, así como el fenómeno de una presencia importante de estudiantes en la media.

Por otro lado, el ministro señaló que arranca una segunda etapa muy importante de redefiniciones en cuanto al aprendizaje, en la que interesa que el niño y el joven tengan un mejor rendimiento, acotó durante una entrevista por Radio Nacional del Paraguay.

Señaló que se debe reconocer que fue un año muy intenso y que los maestros tienen muchas actividades, de muchos programas, que generó un desgaste importante en una primera etapa que va a continuar con muchos programas como Ñeery, el programa de Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, la formación de los directores, supervisores y la capacitación en matemáticas.

“Hay mucho trabajo e intensidad que hemos puesto y queremos que eso vaya observándose en el resultado con los chicos”, agregó el titular de la cartera educativa.

En otro momento, el ministro Ramírez aseveró que en el territorio insisten en la reorganización de las escuelas, para contar con buena infraestructura y buen número de alumnos, que puedan aprender con la dinámica de la interacción.

Remarcó que ese es el gran trabajo que hacen, independientemente de que los aspectos pedagógicos lleguen al aula, “que es nuestra obsesión en cada ciudad”, añadió.

En ese marco, mencionó que realizan un trabajo coordinado con los intendentes y gobernadores, para ir tomando estas definiciones y decisiones más estructurales, y de organización de la oferta educativa que es uno de los aspectos más importantes para crecer en educación.

En cuanto a la infraestructura, el ministro de Educación, explicó que es un tema muy complejo, porque unas 3.200 escuelas reestructuradas tienen una escasa cantidad de estudiantes, entre 20 y 50 alumnos, por lo cual se debe hacer una reingeniería y una nueva estructura.

En este punto se refirió a la costumbre de tener una escuela cerca de la casa y en el barrio, pero hay migración del campo a la ciudad que dejó a comunidades prácticamente solas, por lo que se debe hacer una reorganización, reagrupación de las escuelas, para optimizar la inversión.

Como ejemplo mencionó que 8 intendentes le informaron sobre nuevas construcciones que están sin alumnos y no tienen impacto en la educación.

Asimismo, el ministro Ramírez informó que en este período ya fueron reparadas más de 4.000 escuelas, y están siendo reparadas otras 2.000 más, que se sumarán a casi todas las escuelas del sistema.

Agregó que "todavía queda más para avanzar en la infraestructura que queremos, incluyendo colegios grandes, con una presencia importante de alumnos, con parques, campos deportivos, bibliotecas".

“La escuela es mucho más que el aula y eso es lo que queremos proponer y ese es el trabajo que estamos haciendo en el territorio con cada intendente, gobernador, para poder diseñar la estrategia que nos lleve hacia eso”, acotó el responsable del MEC.

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El gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, tiene previsto para mañana lunes 28 de julio la entrega de 530 viviendas a pobladores de San Pedro, uno de los departamentos con el mayor índice de pobreza en Paraguay.

Las mismas fueron construidas mediante el Fondo Nacional para la Vivienda Social (Fonavis), para familias en situación de vulnerabilidad, de pobreza y extrema pobreza. El programa está orientado a disminuir el déficit habitacional en todo el territorio nacional e impulsar la economía nacional.

Las viviendas fueron construidas en varios distritos del departamento de San Pedro como San Vicente Pancholo, Guayaibí, General Isidoro Resquín, San Pedro del Ycuamandiyú, Villa del Rosario, Capiibary y Tacuati.

El acto, encabezado por el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, está previsto para las 10:00 en la zona conocida como Villa del Rosario. Desde agosto del 2023, el gobierno de Peña ya entregó más de 18.378 viviendas, de un total de 27.520 soluciones habitacionales previstas, reafirmando su compromiso con una política histórica de acceso a la vivienda digna.

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San Pedro es una de las zonas más favorecidas con la política habitacional impulsada por el mandatario. Durante sus jornadas de Gobierno en el segundo departamento, el economista resaltó en varias ocasiones su potencial productivo, ratificando el compromiso de su administración con el campo.

La construcción de viviendas no solo tiene el objetivo de garantizar bienestar y desarrollo integral a las familias paraguayas, también cuenta con un fuerte impacto en el desarrollo local: genera empleos, impulsa la economía de la zona y fortalece la industria paraguaya con el uso de materiales cerámicos de producción nacional.

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El gobernador de Alto Paraná, César Torres, valoró la gestión del gobierno de Santiago Peña y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, que permitieron concretar el sueño de la casa propia no solo en su departamento, sino en todo el país.

En este caso, el Gobierno entregó viviendas sociales a un total de 160 familias que recibieron ayer viernes las llaves de sus nuevas casas, que forman parte de la Subcomisión Pro Vivienda del barrio San Miguel, edificadas en el Km 12 de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

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Estas casas fueron financiadas por la Itaipú Binacional, a través del Parque Tecnológico-Paraguay (PTI – PY), mediante un trabajo conjunto con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

El acto de entrega estuvo encabezado por el presidente Santiago Peña. “Hoy estamos cumpliendo con nuestro compromiso de llevar bienestar a las familias paraguayas. Pero no nos vamos a detener: el compromiso sigue y vamos por mucho más”, remarcó el mandatario.

Asimismo, el director general paraguayo de la Itaipú Binacional, Justo Zacarías, resaltó que las viviendas son el fruto del trabajo de un equipo encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña y el ministro Juan Carlos Baruja.

Mientras que la dirigente Zully Lesme, presidente de la comisión vecinal, agradeció a las autoridades por hacer realidad un anhelo de hace años.

A su turno, el titular del MUVH, Juan Carlos Baruja, afirmó que es un día histórico para los beneficiarios y en ese contexto, remarcó el firme compromiso de garantizar un techo digno y seguro a las familias paraguayas.

En el marco de la alianza estratégica con la Itaipú, el ministro adelantó que en agosto próximo serán inauguradas otras 100 viviendas en la ciudad de Pilar, en el departamento de Ñeembucú. “Vamos a seguir inaugurando muchas viviendas en Paraguay”, resaltó.

Durante el evento, también se entregaron aportes de distintas instituciones estatales:

• Ministerio de Desarrollo Social: capital semilla para 392 familias beneficiarias del programa Tenonderã.
• Secretaría Nacional de la Juventud y Crédito Agrícola de Habilitación (CAH): apoyo a jóvenes emprendedores rurales.
• Banco Nacional de Fomento (BNF): líneas de crédito productivo y apoyo financiero.
• Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP): entrega de 14 computadoras para fortalecer la capacitación técnica en sedes de Ciudad del Este.

Con esta agenda articulada, el gobierno reafirma su compromiso con un desarrollo territorial equilibrado, con inversión en infraestructura, salud, educación, vivienda y formación de líderes para el servicio público. Alto Paraná se consolida como epicentro de esta visión transformadora que apuesta al bienestar y al futuro de las familias paraguayas.

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La Comisión Transitoria para Investigación de Lavado de Activos y Delitos Contra el Patrimonio, presidida por el senador liberal Dionisio Amarilla, entregó este lunes a la Presidencia de la Cámara Alta su informe final.

“Hemos cumplido con la misión. Nosotros habíamos trazado los ejes de investigación, el primero guardaba relación con el financiamiento político, la Justicia Electoral había accedido a datos sobre fondos que fueron a los partidos y candidatos políticos desde las oenegés. La otra guardaba relación con el lavado de activos a través del tráfico de armas y el sistema financiero. Con esto confirmamos que el Congreso tiene un rol relevante en efectuar la tarea de control“, comentó Amarilla en una entrevista con los medios de comunicación.

Agregó que el informe final también emite una serie de recomendaciones para diversas instituciones como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Contraloría General de la República (CGR), la Fiscalía entre otros. “Son recomendaciones de mejoras de gestión, no está en nuestro ánimo interferir en los trabajos que hacen estas instituciones que tienen su carta orgánica, autoridades, lógica y dinámica de acción, pero hay cuestiones que se pueden mejorar”, dijo.

Entre los puntos más resaltantes discutidos fue la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tanto los recibidos del interior como del exterior, teniendo en cuenta las sospechas de que los recursos terminaron siendo utilizados para costear campañas políticas.

Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

Durante su vigencia, la comisión también se interiorizó sobre el contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo por valor de G. 828.000 millones, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

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Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

Entre los grandes temas que fueron indagados por la comisión se encuentran las denuncias impulsadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que pudieran afectar a bancos y financieras por posibles hechos punibles de lavado de activos. Respecto a este caso, también estuvo en la mira la citada entidad bancaria.

Esto teniendo en cuenta la existencia de causas judiciales abiertas por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

El Banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.

También el bloque bicameral se interiorizó sobre el intento de despojo de la estancia Cielo Azul, por parte del Grupo Zuccolillo. La propiedad perteneciente al narco brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, se encuentra localizada en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción, cuenta con 5.945 hectáreas y está valuada en USD 18 millones.

También fue objeto de estudio el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. El dirigente político de Amambay, sindicado de mantener vínculos con el narcotráfico había asegurado que aportó USD 1 millón para costear la campaña política del movimiento Fuerza Repu­blicana, del exmandatario Mario Abdo Benítez.

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