Miles de personas marcharon este jueves en Buenos Aires contra un proyecto de ley a favor de la propiedad privada impulsado por el presidente Javier Milei, en una protesta que derivó en choques con la policía.

La fuerza pública se dispersó con balas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua a los manifestantes que arrojaron piedras a los uniformados en medio de corridas frente a la sede del Congreso, según periodistas de la AFP.

Previamente, el gobierno debía retirar de la iniciativa un punto polémico que liberaba la venta de tierras a extranjeros, el cambio más rechazado.

Aun así, los manifestantes se movilizaron. “Yo quiero que caiga la ley completa”, dijo a la AFP Roxana Parapugna, una socióloga de 51 años frente a la sede del legislativo.

Para Carlos Miño, un jubilado de 67 años, “casi todo el proyecto está en la misma dirección: entregar de una u otra forma nuestros bienes, nuestras cosas”.

La iniciativa que comenzó a debatirse este jueves en el Senado busca dificultar expropiaciones del Estado, facilitar desalojos ‘express’ y destrabar el cambio de uso y venta de tierras rurales afectadas por incendios.

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Convocada por sindicatos, partidos de izquierda y movimientos sociales, la protesta más importante se registró frente al Congreso, en el centro de una Ciudad de Buenos Aires pese al día de intensas lluvias.

“La patria no se vende” fue la principal consigna de los manifestantes que se multiplicó en cánticos y banderas.

El denominado proyecto de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” llevaba semanas sin poder tratarse por el apartado que flexibilizaba la Ley de Tierras Rurales para extranjeros.

El Gobierno de Milei sostiene que las restricciones de la ley actual, vigente desde 2011, desalienta inversiones. La norma limita al 15 % la proporción de tierras que pueden venderse a extranjeros, porcentaje que se aplica a cada provincia y cada municipio individualmente.

El gobierno quería liberarlo, luego propuso ampliarlo a 25% y sobre el total de cada provincia. Pero resolvió quitarlo del proyecto por falta de apoyos.

Según datos de un estudio de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet, el organismo estatal de investigación científica de Argentina, más de 13 millones de hectáreas del país (superficie similar a Inglaterra), pertenecen a extranjeros.

Aunque en ninguna de las 23 provincias argentinas se supera el 15% de la ley, según el Registro de Tierras Rurales 31 departamentos ya pasan ese límite, en algunos municipios de Misiones (noreste) llega al 80%.

Tras el rechazo social generalizado, gobernadores aliados habitualmente al gobierno sumaron su rechazo y el oficialismo suprimió el cambio. La ley aún debe debatirse en la Cámara de diputados. El resto del proyecto también genera críticas.

Otros capítulos buscan reforzar las barreras para la expropiación de tierras o inmuebles o acelerar los desalojos por impagos de alquiler. También propone eliminar o flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego, que restringe la venta de tierras incendiadas.

• Fuente: AFP

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Los jubilados que pertenecen al sistema previsional del Instituto de Previsión Social (IPS) exigieron hoy durante una manifestación frente al Congreso Nacional, la aprobación del proyecto de ley que declara emergencia sanitaria en el IPS, presentado por el senador Juan Afara.

El Licenciado Elvio Brun, vicepresidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP), mencionó que el principal reclamo es que el Estado cumpla con la deuda histórica con el IPS mediante la emisión de bonos perpetuos.

En ese marco, el gremio amenazó con presentar una demanda internacional que afectaría la calificación crediticia del país.

“No estoy satisfecho de ninguna manera con el resultado de hoy en la reunión del Senado entre las autoridades del IPS y la comisión de Hacienda. El Estado debe honrar su deuda, vemos que el Estado no quiere honrarla por el problema del déficit fiscal.”, dijo Brun.

“Ese grado de inversión tiene el riesgo de perderse, y al gobierno le interesa más el pergamino, si pagan la deuda al IPS se va a superar el nivel déficit fiscal sobre el PIB”, sostuvo.

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Igualmente, el directivo gremial exigió a las autoridades del IPS que expliquen el significado y los alcances de esa reingeniería financiera planteada hoy el titular de la previsional, Dr. Isaías Fretes.

Por su parte, el presidente de la UNJP, Gustavo Canata aclaró que si el proyecto de ley de emisión no bonos no es aprobado “haremos una demanda internacional para el cobro del IPS y esto le va a dar mayor problemas porque una vez que el Estado paraguayo no cubra su deuda interna se le van a cerrar los créditos internacionales”, dijo.

Afirmaron que el Gobierno tiene para construcción de rutas, sin embargo hace caso omiso a la vida. “Este problema de IPS está trayendo muertes sucesivos, debido a la falta de atención y medicamentos”, remarcó Canata.

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El cambio climático empieza a convertirse en un factor de costos para gobiernos, empresas y hogares. Las inversiones necesarias para garantizar agua segura podrían trasladarse a las tarifas y generar una nueva presión inflacionaria.

Durante décadas, el agua fue considerada un servicio básico de bajo costo relativo y con una disponibilidad que parecía garantizada. Sin embargo, el cambio climático está modificando esa ecuación económica. En un planeta en el que los extremos climáticos se vuelven más frecuentes —con regiones que enfrentan sequías prolongadas y otras que soportan inundaciones históricas— el acceso al agua comienza a transformarse en un factor de presión sobre las finanzas públicas, las empresas de servicios y el bolsillo de los consumidores.

Un reciente estudio de la Universidad de Stanford advierte que varias ciudades de Estados Unidos podrían duplicar sus tarifas de agua hacia mediados de siglo debido a la combinación de tres factores: menor disponibilidad del recurso, infraestructura envejecida y la necesidad de ejecutar grandes inversiones para adaptar los sistemas de abastecimiento al nuevo escenario climático.

La investigación, publicada en la revista Nature Sustainability, revela una tendencia que podría repetirse en distintas economías: el cambio climático genera nuevos costos de producción y esos costos terminan trasladándose a los usuarios mediante mayores tarifas de servicios públicos.

El fenómeno representa una nueva forma de presión inflacionaria. Así como el aumento del precio del petróleo encarece el transporte y los alimentos, el incremento del costo del agua puede impactar en múltiples sectores productivos, desde la industria y la agricultura hasta los servicios urbanos.

En Estados Unidos, el valor promedio del agua potable ya aumentó durante las últimas décadas a un ritmo superior al de la inflación, debido principalmente al deterioro de las redes y a la necesidad de renovar una infraestructura que requiere inversiones multimillonarias. Ahora, el factor climático agrega una nueva capa de costos.

El caso analizado por los científicos en Santa Cruz, California, muestra el desafío que enfrentan muchas ciudades: después de aplicar medidas de ahorro y eficiencia, las autoridades deben recurrir a soluciones más costosas, como plantas de reutilización de aguas residuales, nuevos sistemas de almacenamiento y obras para garantizar el suministro en períodos de sequía.

La consecuencia económica es directa: las inversiones necesarias para asegurar la disponibilidad del recurso terminan reflejándose en las facturas de los consumidores.

Paraguay frente al desafío de administrar su ventaja hídrica: Aunque Paraguay posee una posición privilegiada por sus abundantes recursos hídricos, con una de las mayores disponibilidades de agua dulce per cápita de la región, el país tampoco está aislado de esta nueva realidad económica.

Los ciclos de sequías severas y bajantes extraordinarias de los ríos Paraguay y Paraná demostraron en los últimos años que la disponibilidad del agua puede tener efectos directos sobre la economía nacional. La reducción del calado afectó la logística fluvial, elevó costos de transporte y generó impactos sobre sectores estratégicos como la exportación agrícola y energética.

Al mismo tiempo, las inundaciones recurrentes exigen mayores inversiones en infraestructura urbana, sistemas de drenaje, protección de comunidades vulnerables y mantenimiento de caminos, recursos que compiten con otras prioridades del presupuesto público.

Para Paraguay, el desafío económico no pasa únicamente por disponer del recurso, sino por desarrollar infraestructura suficiente para administrarlo de manera eficiente. La expansión urbana, el crecimiento industrial y la llegada de nuevas inversiones aumentarán la demanda sobre los sistemas de agua potable y saneamiento.

En este contexto, la gestión del agua comienza a formar parte de la agenda de competitividad de los países. Las naciones que logren anticiparse con inversiones inteligentes en infraestructura resiliente tendrán mejores condiciones para atraer capital, sostener su producción y reducir los impactos económicos de los eventos climáticos extremos.

El cambio climático dejó de ser solamente un problema ambiental. Se convirtió en una variable económica que afecta costos, inversiones, inflación y planificación empresarial. La próxima gran discusión mundial no será solo quién tiene agua, sino quién tiene la capacidad financiera y tecnológica para garantizarla.

• Ciudad del Este. Agencia regional

Padres de niños, niñas y adolescentes autistas que residen en Ciudad del Este y en la zona metropolitana de Alto Paraná, que cruzan diariamente a Foz de Iguazú para el tratamiento de sus hijos, realizarán mañana una manifestación frente a la Receita Federal de Brasil (RFB) o Ingresos Federales, en Foz de Iguazú.

El objetivo es pedir que la institución reabra el paso preferencial para que los niños no sufran muchas horas en el tránsito al realizar el cruce fronterizo, cuando van al lado brasileño a recibir atención a la salud. Ese paso preferencial fue dejado sin efecto desde el 29 de junio por parte de Brasil.

Los padres quieren que Brasil tenga un marco legal que permita el beneficio para las personas que necesitan cruzar rápidamente la frontera y que los niños neurodivergentes y de otra condición, no pierdan mucho tiempo. Es lo que dijo a La Nación/Nación Media, Eliane Oliveira, madre de un niño TEA de 6 años y una de las organizadoras de la actividad de mañana.

Ella es una ciudadana brasileña que reside hace 9 años en Ciudad del Este. Manifestó que un día de pérdida en el tratamiento de un niño o niña TEA, es una regresión importante.

Remarcó que no buscan una nueva concesión de la RFB, sin que exista una regulación que contemple esta realidad en la frontera entre Foz de Iguazú, de Brasil y Ciudad del Este, de Paraguay.

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Consultada si no le corresponde a las instituciones paraguayas atender el problema con sus pares de Brasil, Eliane Oliveira dijo que Brasil también puede ocuparse de ese problema porque se trata de niños que merecen trasladarse sin inconvenientes, para recibir sus tratamientos.

Así mismo, refirió que en el lado paraguayo, con el apoyo de la Marina, están cruzando rápido, pero el regreso es lo que se complicó, con la medida brasileña.

Aclaró que en el grupo están no solo padres y madres de niños TEA, sino también aquellos con hijos con el síndrome Dawn, y varias otras condiciones.

El Puente de la Amistad tiene un problema de paso con mucha tardanza, por el tránsito colapsado desde hace una década. Por ello, el problema planteado por el grupo de padres es de larga data.

Por mucho tiempo, mediante concesión brasileña y el registro de personas con dicha necesidad en el Área Naval del Este, pudieron contar con un tránsito preferencial.

En Alto Paraná, existen cada vez más espacios de atención a neurodivergentes, pero muchos padres requieren atenciones y tratamientos más especializados.

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