En un informe final realizado por la Contraloría General de la República sobre la Auditoría de Desempeño y Cumplimiento al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) acerca de la consolidación territorial de las áreas silvestres protegidas a cargo del Mades, se reconoció que la falta de presupuesto es la principal dificultad que tiene la institución ambiental para realizar mensuras, deslinde y amojonamiento, procesos judiciales y compra de tierras para las áreas protegidas bajo dominio público.
Al respecto, la Contraloría recomendó la gestión pertinente para obtener recursos financieros que ayuden a lograr la consolidación territorial en cuanto a la integración de su patrimonio de los bienes inmuebles donde se asienta las áreas silvestres protegidas del subsistema público y concluir suficientemente los procesos de regularización de la tierra.
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De esta manera, se evidencia la deficiencia presupuestaria del Mades para cumplir cabalmente con la regularización de los parques nacionales y reservas naturales, que son áreas de conservación más que importantes y su cuidado requiere de una fuerte apuesta en el Presupuesto General de Gastos de la Nación. Actualmente, son 13 las áreas protegidas que se encuentran en proceso de regularización de tierras.
Cabe recordar que el Mades tiene apenas el 0,06% del Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN,) un poco más de 56.000 millones de guaraníes, el cual se vio nuevamente reducido, en este caso por la pandemia del COVID-19.
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Indicaron que en el 2019, desde la institución se presentó un nuevo presupuesto estimativo al Ministerio de Hacienda de unos 130.000 millones de guaraníes. Esta propuesta fue rechazada y la institución siguió operando con el presupuesto de Secretaría con un cada vez más amplio y delicado campo que atender, que es la problemática ambiental.
Pese a esta realidad ya expuesta en varias oportunidades, el Mades informó a la Contraloría que, en cumplimiento de la Ley Nº 352/1994 de áreas silvestres protegidas, anualmente se solicita ampliar el presupuesto de la institución para la consolidación territorial de las áreas silvestres protegidas. Así también, se realizan mesas de trabajo con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y la Escribanía Mayor de Gobierno para impulsar el traspaso y la tenencia de tierras de las áreas protegidas bajo dominio público a la institución ambiental.