Segundo detenido por caso cocaína en Villeta está a disposición, dice abogado
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El abogado Hugo López, defensor de Alberto Antonio Ayala Jaquet, segundo detenido por el megacargamento de cocaína en Villeta, señaló este jueves que su defendido está a disposición del Ministerio Público, ya que supuestamente nada tiene que ver con la droga incautada.
“Estuve hablando con la fiscala Elva Cáceres y le comenté que estamos a las órdenes y vamos a presentarnos para colaborar con la investigación. No me extraña la orden de detención ni el allanamiento en el depósito ante este gigantesco cargamento”, explicó el profesional del derecho en comunicación con Universo 970 AM.
Sostuvo que la incautación de la cocaína en la ciudad de Villeta pone al descubierto la permeabilidad de las instituciones y la falta de control. A su criterio, se debe analizar cómo ingresa la droga al país e insistió en que su cliente está del lado del Ministerio Público.
López indicó también que su defendido alquiló los contenedores a Cristian Turrini, exdirector de la TV Pública y principal sospechoso de ser pieza clave en la organización para el tráfico de drogas. Reiteró que el segundo demorado está completamente a disposición de los investigadores.
“Mi cliente es una persona joven y es la primera vez que trabaja con Turrini. Abrió la empresa para enviar carbón al extranjero, hay cosas que el Ministerio Público debe tener en consideración para determinar la vinculación de mi cliente en este hecho”, agregó el profesional del derecho.
Hasta el momento, lo incautado asciende a 2.331 kilos de cocaína. La carga estaba a nombre de Cristian Turrini, exdirector de TV Pública, quien ya fue imputado por tenencia y tráfico de drogas. El mismo figuraba como intermediario de la logística, alegó que está en condiciones de aclarar lo sucedido y negó ser responsable de la droga.
La Policía recuperó institucionalidad y operatividad en 3 años de gestión, asegura Riera
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Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.
Al hacer un balance de estos tres años de gestión al frente del Ministerio del Interior, el ministro Enrique Riera sostuvo que uno de los principales resultados fue devolver la institucionalidad a la Policía Nacional, con una mayor autonomía en sus decisiones operativas y presupuestarias y una menor injerencia externa. Afirmó que este proceso estuvo acompañado por una reducción del 40 % de los hechos punibles.
El secretario de Estado destacó, en una entrevista en exclusiva con La Nación/Nación Media, que, en materia de seguridad, el gobierno de Santiago Peña tuvo más aciertos que errores y aseguró que están poniendo todo el empeño para ir mejorando en la lucha diaria contra la delincuencia común. Remarcó que los números son positivos, pero pueden mejorar más aún.
“Como resultado concreto de estos tres años se hizo mucho, pero falta más, los hechos punibles se redujeron 40 % en todos los frentes. Ocupamos el 3 lugar en Latam en relación a la cantidad de homicidios por cada de 100.000 habitantes. Y conforme al departamento de Estado de los Estados Unidos, somos, junto con la Argentina, los únicos con categoría clase 1 para recomendar a sus ciudadanos visitar como turistas e inversores”, remarcó.
Mencionó que esta situación en la Policía Nacional se está consiguiendo gracias al apoyo del Poder Ejecutivo. “Le devolvimos la operatividad, que es apostar a lo básico y esencial: movilidad y comunicación. Todavía falta mucho (particularmente armas, equipos, tecnología, infraestructura) en proporción a la cantidad de efectivos (39.000) con que cuenta actualmente”, precisó.
Riera señaló que la Policía pasó de incorporar unos 1.000 agentes por año a 5.000, además de triplicar la capacidad operativa de los Lince. Foto: Archivo
Principales avances
El ministro Riera destacó la Ley 7280/24 de organización y modernización de la Policía Nacional, que incorpora reivindicaciones históricas de los agentes y establece, entre otras medidas, el polígrafo como requisito para los ascensos y el fortalecimiento de Asuntos Internos para combatir la corrupción dentro de la institución. También resaltó la triplicación de los agentes del Grupo Lince, con 900 motocicletas y 1.800 policías de élite.
Asimismo, señaló una inversión de USD 92 millones en equipamiento policial, que incluye patrulleras, motocicletas, radios, sistemas de comunicación con GPS, chalecos antibalas y un laboratorio forense y criminalístico. A esto sumó el aumento de la incorporación de nuevos agentes, de 1.000 a 5.000 efectivos por año, además de una mayor inversión en la formación de oficiales y suboficiales, mediante mejores condiciones para docentes, becas e intercambios.
La modernización policial incluyó la incorporación de nuevos efectivos, tecnología, sistemas de comunicación y el fortalecimiento de los controles internos. Foto: Archivo
El ministro Riera hizo hincapié en estos puntos, atendiendo las condiciones en que estaba la institución policial al momento de asumir el mando hace 3 años, cuando se encontró con un sistema de identificaciones paralizado, vehículos con más de 300.000 km, motos deterioradas, equipos de comunicación sin funcionar, chalecos antibalas vencidos, una desfasada ley policial de 1993, y solo 24.000 efectivos. Con toda estas precariedades, señaló que el Gobierno puso énfasis en la movilidad, comunicaciones, personal y equipamiento.
Desafíos pendientes
No obstante, Riera insistió en todo momento en que aún falta mucho por hacer. “Están pendientes dos deudas históricas, reparar las más de 900 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Más del 50 % está en muy mal estado y el 20 % debe ser derrumbado y vuelto a edificar”, comentó.
Asimismo, está siendo necesaria la provisión de más de 15.000 armas, preferentemente a los nuevos egresados, de las marcas de clase internacional y a un precio razonables (sin intermediarios). Así como dotar de más equipamiento para los nuevos egresados, como transporte, comunicaciones, equipamiento completo.
El secretario de Estado reconoció que la modernización de la Policía aún está inconclusa y planteó como prioridades reforzar infraestructura, armamento y comunicaciones. Foto: Archivo
Atendiendo a los últimos hechos violentos, incluidos ataques contra dependencias policiales, el ministro Riera señaló que exige mejorar de forma urgente el sistema de inteligencia con mayor tecnología para anticipar los golpes. “Fortalecer la capacidad de fuego de nuestras comisarías en efectivos y armas, así como una infraestructura más adecuada en zonas calientes. Mayor capacidad de respuesta en tiempo y forma”, acotó.
Finalmente, agradeció el apoyo y la confianza del Ejecutivo y de todo el gabinete, de los funcionarios y compañeros de trabajo:“Espero que todo estos cambios sean sustentable en el tiempo. Me gustaría dejar una institución policial profesional, eficiente e íntegra con resultados medibles. Bien equipada, organizada y motivada que sea la garantía de nuestra democracia”.
Acusan y piden juicio oral para hermano de político liberal
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El fiscal de Fernando de la Mora, Armin Echeguren, presentó una acusación por abuso sexual en niños y solicitó al Juzgado Penal de Garantías la elevación a juicio oral y público del proceso penal contra el hermano de un político liberal, quien aspira a la intendencia de una ciudad del Departamento Central.
La acusación fue radicada ante el juez Penal de Garantías de Fernando de la Mora, Miguel Ruiz, quien ya fijó la audiencia preliminar para el próximo 28 de agosto a las 08:30. En dicha diligencia judicial se definirá si el acusado enfrentará un juicio oral y público, tal como lo solicitó el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.
El representante de la Fiscalía reabrió la causa y, tras hallar elementos de prueba contundentes, presentó la acusación formal contra el procesado, miembro de una familia liberal con antecedentes en la función pública en los más altos cargos electivos. Entre las pruebas ofrecidas se encuentran diversos testimonios y pericias de profesionales que evaluaron a la víctima.
Asimismo, el abogado Luis Fernando Ayala presentó una querella adhesiva en representación de la madre de la víctima, quien actualmente tiene 11 años de edad. La querella se sumó al pedido de que el proceso sea elevado a juicio oral y público.
El fiscal Julio Ortiz se constituyó este viernes hasta el predio del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) en el marco de la indagación sobre las obras fallidas de quirófanos modulares. Foto: Gentileza
Quirófanos fantasmas en IPS: “Es muy factible que haya más imputaciones”, advierte fiscal
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El fiscal Julio Ortiz se constituyó este viernes hasta el predio del Hospital Centraldel Instituto de Previsión Social (IPS)en el marco de la indagaciónsobre las obras fallidas de quirófanos modulares que ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.
Durante el procedimiento se verificó los insumos entregados por la empresa Neighpart S.A. “Vemos que hasta la fecha no hay una construcción, entonces la imputación tiene sustento, ya que se basa en este punto, no hay quirófanos modulares, lo que sí se encontró fueron algunos productos o objetos. Es muy factible que haya más imputaciones, personas comprometidas en esto”, indicó en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Ortiz agregó que “si es necesario imputar a alguien más, que no haya dudas que lo haré”. El procedimiento fiscal fue acompañado por el presidente de la previsional, Isaías Fretes, y el arquitecto Gustavo Masi, quien se desempeñó en el cargo de director de Infraestructura de la institución.
En la ocasión, Masi detalló que hasta el momento solo fueron entregados equipos de climatización, mientras que las estructuras de los quirófanos no llegaron a ejecutarse. La obra quedó paralizada luego de detectarse que la estructura del edificio no soportaría el peso de los equipos.
Masi incluso dijo que no se realizaron previamente los estudios estructurales necesarios. En la causa ya se encuentran imputados por lesión de confianza los expresidentes de la previsional Vicente Bataglia y Jorge Brítez.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística, y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
Indert concreta histórica firma de títulos en un asentamiento de Limpio
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Tras diez años de espera, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) concretó la histórica firma de los primeros títulos de propiedad en el asentamiento urbano Canaán, de la ciudad de Limpio.
El proceso de titulación arrancó con 82 de las 260 familias del lugar que celebraron con alegría la formalización de sus lotes.
Con la presencia del mismo presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, se procedió a la firma de los títulos, en medio de una gran emoción de las familias.
El titular del ente agrario destacó que la transparencia y el compromiso institucional logran resultados que llevan felicidad a miles de familias humildes del país, a pesar de que ciertos grupos minoritarios intentan frenarlo.
Ruiz Díaz explicó que la titulación masiva de Canaán forma parte del programa de la Nueva Ruralidad que impulsa el gobierno nacional.
El 90 % de los títulos firmados corresponde a mujeres jefas de hogar, que son beneficiadas con la eliminación de las tasas de interés por el precio de sus lotes.
Tras la firma de los títulos, en meses más los firmantes ya recibirán sus títulos definitivos, en un proceso que la actual administración del Indert concluye en tan solo nueve meses de trabajos de campo y de gabinete. Los demás también irán recibiendo sus títulos en corto plazo, conforme a los trámites respectivos.