El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, realizó un análisis sobre el desempeño del gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, en materia de seguridad interna durante estos dos años. El comisario general dijo que existe un panorama bastante alentador en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, a la par de destacar la provisión de mayores equipos y la presencia de más efectivos policiales.

“En estos dos años de gobierno vemos un panorama bastante alentador, luchamos permanentemente contra el crimen organizado, contra la delincuencia, que no dan tregua, pero nosotros también como órgano de seguridad interna estamos trabajando, no solo a nivel local, hay una gran interacción y cooperación con las fuerzas del orden a nivel internacional”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, Benítez acotó: “Estamos haciendo el mayor y el mejor esfuerzo de dar lo mejor a la ciudadanía, pero aún no estamos satisfechos. Tenemos la mejor predisposición y voluntad, hoy día tenemos mejores herramientas, una buena logística en cuanto a camionetas, motocicletas, chalecos, cartuchos. A esto se suman los 5.000 efectivos policiales que ingresaron el pasado año y para este 2025 se prevé otro 50.000 más. En el transcurso de los 5 años de gobierno se prevé tener unos 25.000 policías, esto es inédito".

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Con relación a los casos de sicariato, Benítez refirió que responden en su mayoría a “disputas por territorio y mercado” entre facciones del crimen organizado, y que “felizmente no hemos visto casos donde se afecte directamente a la ciudadanía de bien”.

Por otra parte, comentó que gran parte de los delitos contra la propiedad, como los casos de hurtos y robos domiciliarios, se encuentran relacionados al consumo de drogas a nivel del microtráfico. “Hemos visto que la mayoría de los que cometen hechos punibles lo hacen bajo los efectos de algún estupefaciente o para cubrir su siguiente dosis. En los últimos tiempo hemos visto que utilizan armas blancas o de fuego”, dijo.

Ante esta situación destacó el plan SUMAR, detallando que se implementa desde hace 3 meses en la ciudad de Asunción y las localidades del departamento Central, con visitas semanales a barrios y un cambio de enfoque: ahora, los consumidores encontrados en la vía pública son derivados a centros médicos y no directamente a comisarías, para tratarlos como pacientes y evitar episodios de autolesión bajo custodia.

“Los resultados medibles lo veremos dentro de poco tiempo. Son tratados como personas enfermas y tratamos de evitar que estas personas se auto flagelen en las comisarías, ya hay una participación directa del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación”, puntualizó.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lideró el martes pasado una masiva marcha en Quito contra la Corte Constitucional por suspender tres leyes que el gobierno considera claves para luchar contra las bandas criminales y el narcotráfico. De chaleco antibalas, rodeado de guardaespaldas y algunos ministros, Noboa marchó junto a miles de manifestantes hacia el edificio de la corte en el centro moderno de la capital.

Con banderas y cánticos, ríos de personas protestaron contra los magistrados por suspender temporalmente leyes que daban mayor poder a las fuerzas armadas. “Estamos apoyando al presidente de la República, estos señores (los jueces) están haciendo lo que les da la gana, están obstaculizando las leyes que nos favorecen”, declaró a la AFP Manuel, un constructor de 70 años que prefirió no dar su apellido. El 4 de agosto la corte suspendió provisionalmente tres leyes aprobadas por el Congreso de mayoría oficialista, mientras resuelve advertencias sobre su posible inconstitucionalidad y afectación a los derechos fundamentales.

En total son 17 artículos, algunos de ellos relacionados con la vigilancia e interceptaciones sin orden judicial; con el indulto presidencial, que podrá ser otorgado dentro de la fase de investigación antes de cualquier etapa procesal; y el establecimiento de algunas zonas geográficas como objetivos militares donde los uniformados tendrían vía libre para aplicar la fuerza. “Nuestros policías, nuestros militares se sienten desprotegidos, se sienten abandonados por una Corte Constitucional que ha decidido darles la espalda”, reprochó en medio de la marcha Noboa, megáfono en mano.

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Las calles de Quito amanecieron este martes con múltiples vallas que exponían los nombres y rostros de los nueve magistrados. “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, rezaba una de las pancartas. El ministro de Defensa Gian Carlo Lofredo dijo a la AFP que desconocía el origen de los carteles, pero insistió en que “los jueces deben dar explicaciones”.

En un comunicado, la Corte Constitucional rechazó la instalación de “vallas publicitarias con los rostros” de los magistrados, por ser una “estigmatización que incrementa el riesgo a su seguridad” y “afecta directamente a la independencia de este organismo”. También denunció que el “perímetro” de su sede fue “militarizado en su totalidad con un despliegue inusual de fuerzas armadas con cientos de efectivos”. El Ejecutivo negó el uso de fondos públicos para la marcha.

Pese a los constantes operativos de seguridad, Ecuador registró el primer semestre del año más de 4.600 homicidios. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la cifra representa un incremento del 47 % con respecto al mismo periodo del 2024. “No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara”, añadió el Noboa, un conservador en el poder desde 2023.

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Noboa, hijo de un magnate bananero, impuso una política de mano dura contra el narcotráfico y declaró al país en conflicto armado interno para movilizar a las fuerzas armadas. El presidente planea hacer una consulta popular para reformar la Constitución aún sin fecha definida. Recientemente, incluyó entre las preguntas una propuesta para permitir juicios políticos contra jueces constitucionales.

Algunas personas también salieron a protestar contra el gobierno con carteles en los que se leía “fuera Noboa” y “fuera dictador”. “Estamos viviendo en una dictadura al ver a estos jueces como si fuera una lista de los más buscados”, dijo Daniel Granja, de 30 años y empleado del sector privado.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, consideró “inaceptables” los ataques contra la Corte Constitucional de Ecuador. “Las autoridades deben garantizar la independencia de la Corte y la seguridad de los jueces y el personal”, escribió en X.

Fuente: AFP.

Un hecho de cicariato se reportó en Saltos del Guairá, Canindeyú, resultando víctima fatal Sandro Barreto Coco alias “Aleman’i”, de 27 años. El hombre se encontraba en el sanitario de su vivienda cuando fue acribillado por un desconocido.

En el domicilio del fallecido, la Policía halló dos panes de marihuana totalizando aproximadamente dos kilos, según informó el comisario Osvaldo Andino, jefe departamental de Investigación de Hechos Punibles.

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“En las afueras de la ciudad de Salto del Guairá está el barrio. Ayer una persona ingresó hasta el fondo de la vivienda donde hay un baño y ahí disparó contra la víctima. Aproximadamente seis a siete impactos recibió la víctima y cayó muerta en el lugar. Y la otra persona se dio a la fuga ”, refirió.

El policía manifestó que al momento del crimen la esposa se encontraba en la casa, pero no se percató de ningún ruido raro en su alrededor.

“El sujeto ya había ingresado al interior de la casa, fue hasta el fondo, hasta el baño y ahí le disparó a la víctima”, expresó.

Acudieron al sitio, funcionarios del Ministerio Público, así como expertos en Criminalística y Homicidio. “Una vez verificada la vivienda se encontró, supuesta marihuana. Se convocó a la gente de antinarcótico para el narcotest y para el pesaje”, detalló.

Aclaró que el fallecido no registra antecedentes penales, aunque en su casa hallaron droga. “Tenía dos panes de marihuana, y otro abierto. Creo pesó alrededor de dos kilos”, indicó.

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El senador opositor mexicano Alejandro Moreno presentó ayer lunes ante la Fiscalía General de México una denuncia contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por supuestos vínculos con narcos mexicanos y con el crimen organizado. El político, líder del exhegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), publicó en la red social X el documento de acusación, aunque no aportó pruebas ni detalles de la denuncia.

Maduro “debe responder ante la justicia por todos los vínculos con el crimen organizado, los nexos con cárteles mexicanos”, escribió Moreno. Además, insinuó que el mandatario venezolano estaría ligado en presuntas actividades ilícitas con miembros del partido en el poder en México, el izquierdista Morena.

El documento muestra el sello de recibido de la Fiscalía, lo que sin embargo no significa necesariamente que le dé trámite o inicie una investigación. Gerardo Fernández Noroña, líder del Senado y miembro de Morena, criticó la denuncia del opositor, al que señaló de “morderse la lengua”, en referencia a las acusaciones contra el senador.

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Moreno enfrenta un posible proceso de desafuero para ser juzgado por el presunto desvío de unos 85 millones de pesos (4,5 millones de dólares) durante su gobierno en el estado de Campeche (2015-2019).

El PRI, que gobernó el país por siete décadas, sufrió fuertes descalabros en las elecciones generales de 2018 y 2024, y quedó relegado a la quinta fuerza política. Estados Unidos acusa a Maduro de narcotráfico y el pasado jueves la fiscal general de ese país anunció que duplicaba de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.

Fuente: AFP.

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