La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores decidió postergar por 15 días el estudio del proyecto de ley que busca ampliar el presupuesto del Ministerio de Salud Pública, para atender las deudas acumuladas con empresas proveedoras de medicamentos e insumos médicos.

La decisión responde a la necesidad de contar con un detalle más preciso de los compromisos pendientes antes de avanzar con una iniciativa que podría tener un impacto significativo sobre las finanzas públicas.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, senador Silvio Ovelar, explicó que solicitaron al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un informe detallado sobre las obligaciones pendientes con cada empresa proveedora.

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Según indicó, la ministra de Salud, María Teresa Barán, mencionó durante la reunión que la deuda rondaría los USD 1.000 millones, aunque los montos todavía deben ser ajustados y verificados. “Lo que se pidió es contar con los datos específicos y exactos de las deudas con todos los proveedores antes de continuar con el tratamiento del proyecto”, señaló el legislador.

El aplazamiento también refleja las dudas existentes sobre la fuente de financiamiento que permitiría cubrir una eventual ampliación presupuestaria de esa magnitud. Ovelar reconoció que aún no existe claridad sobre cómo se estructuraría el financiamiento de la propuesta y consideró poco probable que los recursos adicionales provengan exclusivamente de una mayor recaudación tributaria.

El debate se produce en un contexto de menores ingresos fiscales respecto a las expectativas iniciales del Gobierno. Entre los factores que afectan la recaudación figura la depreciación del dólar frente al guaraní, una variable que impacta sobre determinados tributos vinculados al comercio exterior y las actividades económicas dolarizadas.

La discusión sobre las deudas con proveedores se convirtió en uno de los principales desafíos financieros para el sector público. El Gobierno viene impulsando mecanismos alternativos para reducir los compromisos pendientes, entre ellos la cesión de créditos, una herramienta que permitiría a las empresas obtener liquidez sin esperar los plazos habituales de pago del Estado.

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Tras una reunión con el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), representantes de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma) abordaron la situación del abastecimiento de medicamentos y la deuda pendiente con proveedores.

El principal tema tratado fue la crisis de provisión de medicamentos, según explicó Luis Ávila, director ejecutivo, en entrevista con “Tarde de perros” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Aclaró que existe una diferencia entre la emisión de una orden de compra y el momento en que las empresas farmacéuticas están en condiciones de fabricar y entregar los productos.

Señaló que varios medicamentos redujeron sus niveles de compra y que los retrasos no responden únicamente a la deuda existente, sino a procesos finales de producción y entrega. Indicó que varios productos ya fueron suministrados y que la provisión continuará en los próximos días.

El representante de Cifarma destacó la conformación de una mesa de trabajo con el Consejo de IPS, con el objetivo de mejorar la coordinación entre la institución y los proveedores.

En ese sentido, señaló que es necesario contar con mayor previsibilidad sobre las necesidades del instituto para organizar la producción y garantizar la disponibilidad de insumos.

“Entendieron que hay todo un sistema de logística, e incluso hay una posibilidad de sentarnos a establecer nuevos periodos en el que se genera una orden hasta que se entrega el medicamento”, explicó.

Sobre los productos pendientes, indicó que de los más de 170 medicamentos en espera, más de 20 ya fueron suministrados y otros 30 serán entregados en los próximos 15 días. Estos abastecimientos cubrirían aproximadamente 60 días, según detalló.

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Durante el encuentro también se trató la deuda con el sector farmacéutico. El director ejecutivo de Cifarma informó que trabajan en dos ejercicios financieros y que el jueves mantendrán una reunión con la directora financiera del IPS para presentar un plan de pagos a mediano plazo.

“Para nosotros es una apertura, es un horizonte de cómo van a ir pagando”, señaló.

Otro de los puntos analizados fue el mecanismo de factoraje y la conciliación final por parte del Ministerio de Salud Pública y Binestar Social (MSPyBS).

Cifarma indicó que fueron presentadas más de 43 carpetas que debían ser depuradas para identificar cuáles están en condiciones de pago y posteriormente transferir la información a los bancos. Este proceso estaría culminando durante esta semana.

Los proveedores asumirán los intereses correspondientes a estas operaciones. Según las estimaciones del gremio, la cesión total para proveedores rondaría los USD 300 millones al cierre del mes.

Además, señalaron que el pago normal que se viene realizando alcanza aproximadamente USD 40 millones mensuales, al que se sumaría el esquema de cesión mencionado.

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El gobierno de Santiago Peña, a través del Ministerio de Salud Pública, transfirió G. 52.413.725.090 a los Consejos de Salud de las 18 regiones sanitarias entre agosto de 2023 y julio de 2026, como parte de los Fondos Basados en Resultados Sanitarios (Fobares), consolidando la mayor inversión en descentralización sanitaria de la administración.

Esta inversión permitió el financiamiento de equipamiento, infraestructura, inmunización y salud bucodental en todo el territorio nacional, con rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República. Los desembolsos se realizaron mediante transferencias electrónicas en tiempo real a través del Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap), garantizando trazabilidad completa de cada operación.

Los desembolsos sumaron G. 12.110.326.882 en el 2023, G. 24.220.326.882 en el 2024, G. 12.110.000.000 en 2025 y G. 3.973.071.326 en lo que va de 2026, mediante las transferencias realizadas por la cartera sanitaria, a cargo de la ministra María Teresa Barán a los Consejos de Salud de las 18 regiones sanitarias. Los tres mayores receptores fueron Central, con G. 7.403.942.902, Itapúa, G. 6.057.853.087 y Alto Paraná, con G. 3.966.418.298, que son los departamentos con mayor densidad poblacional y número de establecimientos de salud.

El resto de las regiones también registró transferencias sostenidas, de G. 3.777.342.246 para San Pedro; G. 3.594.829.086 para Caaguazú; G. 3.271.674.871 Concepción; G. 3.173.036.573 para Cordillera; G. 3.101.099.851, Paraguarí y G. 2.725.540.320 para Canindeyú; Guairá, con G. 2.657.750.380; Caazapá con G. 2.227.952.192; Misiones con G. 2.161.836.213; Ñeembucú con G. 1.980.648.443; Presidente Hayes con G. 1.732.843.800; Capital con G. 1.644.068.806; Amambay con G. 1.211.937.622; Boquerón con G. 1.045.475.400 y Alto Paraguay con G. 679.475.000)

La cartera de salud señala que cada transferencia fue ejecutada con plenas garantías de transparencia y control institucional. Los Consejos de Salud beneficiarios, son organismos creados por la Ley n.° 1032/96, se encuentran inscriptos en el Sistema Integrado de Administración de Recursos del Estado (SIARA), presentan sus rendiciones de cuentas ante la Contraloría General de la República y avanzan en su incorporación al Sistema Integrado de Rendición de Cuentas (SIIRC).

Los recursos se destinaron al fortalecimiento de establecimientos de salud pública en todo el territorio nacional, con inversiones en equipamiento, infraestructura, mantenimiento, inmunización y salud bucodental a través del programa Carie Cero, articulado con la política Hambre Cero del Gobierno nacional. La Dirección General de Descentralización en Salud (DGDS) acompañó el proceso con asistencia técnica permanente a los Consejos de Salud, consolidando sus capacidades de gestión y fortaleciendo la confianza en la administración de los recursos públicos.

Una mujer y su hija de 13 años lograron escapar de un violento intento de asalto registrado en la noche del jueves en una vivienda particular, ubicada en la ciudad de Itauguá. El hecho ocurrió alrededor de las 20:00, en el barrio Valle Karé, donde fueron interceptadas por tres hombres armados y encapuchados cuando llegaban a su domicilio.

Los delincuentes las obligaron a abrir la puerta de la casa con la intención de apoderarse de una supuesta importante suma de dinero en efectivo. Pero la víctima logró activar la alarma de seguridad y escapar junto a la menor hacia la casa de un vecino. Ante esta situación, los bandidos desistieron del robo y decidieron huir del lugar.

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“Ellos entraron conmigo. Uno de ellos me tenía del cuello, y otro a mi hija del brazo apuntándole con un arma que parecía una varilla, y el que apuntaba a mí tenía una pistola”, relató la víctima, Rossana Torres, en diálogo con la 1020.

Añadió que logró convencer a los ladrones de que desactivaría la alarma. “Yo le digo que iba a desactivar la alarma que está en la puerta principal y cuando me acerco a la puerta logro correr porque no lograron cerrar la puerta ni el portón”, refirió.

Este momento fue aprovechado para salir junto a su hija. “Fuimos corriendo al vecino y le llamamos a la patrullera y llegaron en un minuto”, mencionó la dueña de casa.

Cuando las víctimas lograron deshacerse de sus captores, ellos se dieron a la fuga. “Se fueron por el mismo agujero por donde entraron. Llevaron mi cartera con el celular y documentos que tenía”, precisó la entrevistada. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. Las imágenes serán analizadas por los investigadores a fin de intentar identificar a los responsables.

La denunciante afirmó que se trata del tercer ataque que sufre su familia y recordó un asalto previo en el que fue retenida durante varias horas.

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