En la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se anularon los exámenes de ingreso por denuncias de presunta venta de temas. Las autoridades no tienen la certeza de la cantidad de alumnos “beneficiados” y ante esta situación se anuló la prueba.
“Nosotros recibimos una denuncia anónima, primero empezamos a indagar para ver y analizar el tema. Al certificar, tomamos ya acciones y se decidió anular ese examen y reprogramarlo para el lunes”, explicó Ricardo Meyer, decano de la Facultad de Arquitectura de la UNA, en entrevista con Universo 970 AM.
Te puede interesar: Supuesto financista de “droga vip” sería pariente de viceministro del Mitic
Sostuvo que también se está llevando a cabo un sumario administrativo innominado a fin de deslindar responsabilidades, además de separar al plantel de docentes de la materia de comunicación hasta tanto culmine el proceso.
Meyer indicó que tienen fotografías del borrador del examen que finalmente fue el que rindieron los postulantes a la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción. Destacó que el temario comercializado tiene un formato distinto, pero los ítems son iguales.
Podés leer: Operativo Gorilla Glue: desbaratan laboratorios de marihuana de alta calidad
“Las sospechas siguen hacia las personas que elaboraron ese examen, no la gente que distribuyó y fotocopió el día del examen, por eso se tomaron las medidas. Desde el momento en que un material circula en las redes no tenemos ninguna certeza de quiénes accedieron, por lo tanto la decisión fue anular y elaborar otro examen con otro equipo docente para que todos tengan las mismas posibilidades”, agregó.
El decano explicó también que en el contrato se expresa claramente que los docentes del área de admisión tienen prohibido tener vinculación con los cursillos privados. Hasta el momento una docente del sector privado, que se dedica a dar clases particulares, es la supuesta responsable y el costo sería de US$ 1.000.
Dejanos tu comentario
Paraguay y Brasil acuerdan reforzar controles para evitar ingreso ilegal de tirzepatida
Tras la serie de robos de medicamentos para adelgazar con principio activo de tirzepatida, autoridades sanitarias de Paraguay y Brasil acordaron realizar controles para evitar que estos ingresen a territorio brasileño, donde está prohibida la venta del fármaco proveniente de territorio nacional.
La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) firmaron un acuerdo para combatir la entrada a territorio brasileño de medicamento usado para adelgazar proveniente de Paraguay. Como primera medida aumentarán intercambio de información y la supervisión sanitaria.
Estos controles se intensificarán en puntos estratégicos, donde se presumen los delincuentes hace pasar el fármaco especialmente en la frontera por tierra como en: Foz de Iguaçu y Ciudad del Este. También en la ciudades de Ponta Porã, en Mato Grosso do Sul, frente a la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero.
Lea también: Anuncian un fin de semana caluroso, con vientos y sin lluvia
En la mayoría de los casos se presume que tras robar una importante cantidad de este medicamento en territorio nacional, los delincuentes se encargan de enviar hacia Brasil en medio de mercancía que van legalmente. Tiempo en el que ya pierden la cadena de frío que requieren para poder mantener el principio activo para un afectivo tratamiento para la obesidad, diabetes y otros afecciones
La tirzepatida se utiliza en medicamentos con venta libre en todas las farmacias de Paraguay, cuyos precios son 60 % menos que los productos que son vendidos legalmente en el vecino país, según medios brasileños. En enero de este año, quedó prohibida la venta, distribución, importación y publicidad de medicamentos a base de tirzepatida provenientes de territorio paraguayo.
Dejanos tu comentario
Fenob impulsa investigación sobre salud sexual en comunidades indígenas
La Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción (Fenob-UNA) presentó los resultados del proyecto de investigación “Abordaje intercultural de la promoción de la salud sexual y reproductiva en mujeres indígenas aisladas por barreras lingüísticas en Paraguay”, una iniciativa que permitió desarrollar estrategias de comunicación intercultural para mejorar el acceso a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) en comunidades indígenas del país.
El estudio evidenció importantes avances en el acceso a la información y en el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres indígenas participantes. Tras la implementación de las estrategias diseñadas durante el proyecto, el 70 % de las mujeres asocia actualmente la salud sexual y reproductiva con la autonomía personal y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, mientras que el 95 % manifestó saber con claridad dónde acudir para recibir atención en los servicios de salud. En algunas comunidades, se registró un aumento del 30 % en las consultas relacionadas con planificación familiar, reflejando un mayor acercamiento al sistema de salud.
La investigación se desarrolló en los departamentos de Boquerón, Presidente Hayes y Concepción, con la participación directa de 66 personas, entre ellas 52 mujeres indígenas (34 usuarias de servicios de salud y 18 lideresas comunitarias o parteras tradicionales) y 14 profesionales de la salud. Las participantes, con edades entre 15 y 45 años, pertenecen a ocho pueblos indígenas: pai tavyterã, guaraní, enxet, toba enenlhet, qom, manjui, nivaclé y ayoreo, lo que permitió abordar el trabajo desde una diversidad cultural y lingüística representativa de cinco familias lingüísticas presentes en Paraguay. En conjunto, la intervención benefició indirectamente a una población estimada de 3.450 personas.
Entre los principales aportes del proyecto se destaca la coconstrucción de materiales educativos en lenguas indígenas, elaborados a partir de procesos participativos con lideresas, parteras y mujeres de las comunidades. Como resultado, se produjeron afiches educativos, microprogramas radiales y audios para WhatsApp validados cultural y lingüísticamente en ayoreo, enlhet, nivaclé y guaraní, abordando temas como métodos anticonceptivos, prevención del embarazo adolescente, derechos sexuales y reproductivos y violencia de género.
El enfoque intercultural adoptado permitió superar barreras comunicacionales históricas en el sistema de salud. Durante el proceso de investigación, las participantes manifestaron que la falta de información en sus idiomas maternos constituye uno de los principales obstáculos para acceder a servicios de salud. Un testimonio recogido durante el estudio reflejó esta realidad: “Todo en castellano nomás… mejor sería en manjui”.
Además de mejorar el acceso a la información, el proyecto fortaleció los liderazgos comunitarios. El 75 % de las mujeres participantes manifestó sentirse capaz de compartir los conocimientos adquiridos con otras mujeres de sus comunidades, utilizando los materiales desarrollados durante la investigación.
Los resultados también destacan la importancia de fortalecer el rol de las promotoras y lideresas indígenas como mediadoras interculturales en el sistema de salud, con el fin de garantizar una atención más inclusiva, libre de discriminación y respetuosa de la cosmovisión de los pueblos originarios.
Acerca del proyecto
El proyecto se implementó con el apoyo de organizaciones asociadas como Gestión para el Desarrollo Social (GEDES), Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPI) y la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN), y también contribuyó a la formación de jóvenes investigadoras en el campo de la salud intercultural.
Esta investigación fue financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa PROCIENCIA, con apoyo del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).
El equipo investigador del proyecto estuvo integrado por un grupo multidisciplinario de profesionales de enfermería y obstetricia liderada por María Isabel Rodríguez-Riveros, en calidad de investigadora principal, y Gloria Orrego, directora del proyecto. El equipo contó además con la participación de las investigadoras e investigador asociados Ana Denis, Faustina Alvarenga, Mirka Hraste, Aida Maidana de Zarza, Amelia Amezcua, Santiago Toledo, Nélida Otazu y Claudia Centurión, quienes aportaron experiencia académica y científica en las distintas etapas del estudio. Asimismo, el proyecto aporto a la formación de nuevas investigadoras a través de la participación de Johanna Bittar y Karen Retamozo, quienes se integraron al proceso investigativo como investigadoras en formación.
Dejanos tu comentario
Caja fiscal: docentes piden a Peña el veto parcial de reforma por porcentaje de aporte
Representantes del gremio de docentes solicitaron al presidente de la República, Santiago Peña, el veto parcial del proyecto de reforma de la caja fiscal, sancionada ayer martes por la Cámara de Diputados. El sector, mediante una nota remitida al Poder Ejecutivo, alega que la iniciativa atropella los derechos adquiridos relacionados a la jubilación.
Los educadores requieren el veto parcial del artículo 4 en lo correspondiente al aumento del 19 % del aporte obrero dispuesto en el inciso (a) numeral 2, para que el docente no aporte más del 16 %.
“Aportar más que ese porcentaje será muy injusto y excesivo, ya que el docente estará siendo obligado a desprenderse de un cuarto de su salario, de modo compulsivo y sin su consentimiento, violando derechos constitucionales y el artículo 71 del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, alegan.
También requieren el veto parcial del artículo referido a la devolución de aporte, que en el artículo 11, segundo párrafo, dispone que quedan exceptuados de este derecho los afiliados de cajas deficitarias. Esta medida solicitada, dice la nota, es a los efectos de enmendar la ilegalidad e injusticia que se producirá al proceder el Estado a apropiarse (confiscar) dinero que legal y legítimamente pertenece a aportantes del magisterio nacional, las universidades públicas, los institutos de educación superior, magistrados y fuerzas públicas.
A la vez, solicitan el veto parcial del artículo 21 que elimina los cargos vacantes de los fondos de la Caja Fiscal. El mismo dispone que sea derogado el “umeral 5 del artículo 246 de la Ley ”De organización administrativa", del 22 de junio de 1909. Los cargos vacantes constituyen uno de los recursos más importantes que hacen a los fondos de la Caja Fiscal.
Lea también: Juez ordena traslado del exsecretario de Marset a una cárcel de máxima seguridad
También piden el veto del artículo 24 para que la vigencia de la ley comience al siguiente año fiscal de su promulgación (año 2027). “La Intersindical de la Educación permanece en alerta permanente y vigilante, sin descartar medidas de fuerza para defender nuestros legítimos derechos. Asimismo, recurriremos a instancias internacionales si fuese necesario”, refiere el comunicado.
El comunicado se encuentra firmado por Gabriel Espínola de la OTEP-A, Rafael Resquín de la UNE-SN, Silvio Piris de la FEP, Blanca Ávalos de la OTEP-SN, Abundio Duarte de ADOFEP y APE SN, Elisio Olmedo de ADP-SN, María Velázquez de SITRAFUMEC, José Ayala de MAS SP SN, Juan Argüello de SINTE.
La lista sigue con Miguel López de SITRAFACSO-UNA, María del Carmen Piris de FENOB-UNA, Diego Stalder de SIUNA, Miryam Franco de SIDUNPI, Mario Toñánez de SIDFUBA, Rolando Candia de SIDFISE, Mario Vázquez de SPD UNVES, Teresita Cortese de SIDOFUNI, Eugenia de Kratsh de ADOHUMA, Claudio Mongelós de FECI y Jaime Torales de SINDIPROD-UNCA.
Dejanos tu comentario
Caja fiscal: docentes en paro aguardan sanción de la versión del Senado
Héctor Ortiz, representante de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Sindicato Nacional (OTEP-SN), dijo que este martes nuevamente los docentes llegarán hasta Asunción con la finalidad de seguir el tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal en la Cámara de Diputados, aguardando por la sanción de la versión del Senado.
Detalló que el punto de encuentro será la plaza Uruguaya para luego dirigirse hasta la plaza de Armas, localizada frente al Congreso Nacional. “Estaremos vigilantes, avanzamos un poco con el aporte patronal”, indicó Ortiz al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Señaló que la convocatoria es para las 8:00 y que el sector aguarda que los diputados sancionen las modificaciones aprobadas el pasado 11 de marzo por la Cámara de Senadores. Los diputados habían dado media sanción al proyecto del Ejecutivo, también con importantes ajustes, el pasado 5 de febrero.
“El punto de concentración también será en las cabeceras departamentales, en mi caso estaré en la ciudad de Caaguazú y esperamos reunir cerca de 3.000 a 5.000 docentes, mientras que otros irán a Asunción”, refirió.
Lea también: Peña y Kast impulsarán un acuerdo de seguridad regional con el Corredor Bioceánico
Proyecto aprobado por el Senado
Entre las principales modificaciones planteadas de consenso se encuentra el aumento obrero que pasó del 16 %, como se encuentra en la ley actual, al 19 % para los sectores deficitarios, que incluyen a docentes, policías, militares y magistrados, mientras que para sectores superavitarios se mantendrá el 16 %.
Además, establece un aporte estatal del 10 %, el cual será de implementación inmediata, que a diferencia de lo planteado en la media sanción de Diputados, establecía un aporte estatal escalonado entre el 1 % al 5 % como máximo. En tanto, que con la ley vigente ni si quiera está contemplado el aporte estatal.
En lo que respecta a la edad para acceder a la jubilación ordinaria, la versión sancionada por el Senado establece que para el Magisterio Nacional, que son docentes universitarios, magistrados judiciales, el trabajador deberá contar con al menos 25 años de aporte y 53 años de edad cumplidos para acceder a una tasa de sustitución del 78 %.
Este porcentaje podrá incrementarse de forma gradual hasta alcanzar el 90 %, en la medida en que el trabajador continúe prestando servicios. Mientras que el aportante podrá acceder a una jubilación extraordinaria conforme a lo dispuesto, en caso de enfermedad o incapacidad. En estos casos el trabajador podrá acceder al beneficio con un mínimo de 10 años de aporte y con una tasa de sustitución del 40 %.
En el caso de las fuerzas públicas (policías y militares) se aprobó la edad mínima de 55 años para la jubilación ordinaria, frente a los 57 años que había aprobado la Cámara de Diputados. También se flexibilizó la tasa de sustitución de haberes del 75 % al 90 % con la modificación planteada por el Senado.