El neumólogo Carlos Pallarolas señaló este miércoles que la reapertura del Puente de la Amistad se toma con mucha cautela por los profesionales ante la crisis sanitaria. Destacó que las consecuencias pueden ser graves en caso de un desborde y rebrote del COVID-19.
“Las consecuencias las vamos a ver después de 15 días de la reapertura del puente, puede haber un rebrote importante y ojalá las camas de terapia y de sala normal no se llenen. Es bastante pesado el costo que podemos tener”, advirtió el profesional en comunicación con Universo 970 AM.
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Sostuvo que la apertura gradual y durante las tres semanas anunciadas ayudará para la toma de muestras y evaluar el comportamiento del COVID-19 porque del otro lado de la frontera, Foz de Yguazú, también hay un pico importante actualmente.
Pallarolas mencionó que lo ideal es que la gente haya entendido en todo este tiempo la importancia de los cuidados a fin de evitar un rebrote de la enfermedad y continúe la disminución de casos, como se está dando en los últimos días en el Alto Paraná.
“Epidemiológicamente del lado brasileño también hay un pico importante y siempre pasa porque la gente no se cuida. Esto no es una simple gripe como muchos creen, nosotros no vemos eso en los hospitales. Los números son fríos en las estimaciones, pero esa es la realidad”, agregó Pallarolas.
De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud Pública del día martes, la cantidad de fallecidos llegó a 705 desde el brote del virus en el país. También suman 34.828 las personas contagiadas y 19.257 pacientes recuperados.
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TSJE aguarda informe de áreas técnicas para cuantificar costo de elecciones en CDE
El director de la Unidad de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetich, dijo que mañana lunes las áreas de logística, de capacitación e informática deberán presentar sus informes y requerimientos con la finalidad de cuantificar el costo de las elecciones municipales en Ciudad del Este.
“Esto depende del área administrativa que seguro en unos días más sacará el costo de los comicios. Cada área tendrá tiempo hasta lunes para presentar lo que necesitará para las elecciones”, comentó a la 1140 AM.
Las elecciones internas se encuentran programadas para el primer domingo de octubre, mientras que los comicios generales municipales están previstos para el 9 de noviembre, donde los esteños deberán designar a un nuevo jefe comunal que completará el mandato del destituido Miguel Prieto.
El dirigente opositor y líder del movimiento Yo Creo, fue apartado del cargo el pasado miércoles 19 de agosto por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, tras graves irregularidades confirmadas por una intervención y que fueron detectadas con anterioridad por la Contraloría General de la República (CGR).
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Por otra parte, Ljubetich recordó que es obligación de cada partido político que pujará por la intendencia de Ciudad del Este, garantizar la transparencia en los comicios, teniendo en cuenta los cuestionamientos sobre la utilización de las papeletas de votación.
“Como Justicia Electoral nosotros no podemos prometer transparencia en el manejo de las boletas que circulan en las mesas receptoras de votos porque nuestra legislación le otorga la facultad de administrar este proceso únicamente a los partidos políticos y no a la Justicia Electoral”, comentó.
Asimismo, siguió sosteniendo que “esto se basa en el control mutuo de los partidos, incluso la ley prohíbe participar a la Justicia Electoral refiriendo que los miembros de mesa no obedecerán orden de autoridad alguna".
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Intervenciones muestran que ninguna municipalidad escapa al control, dice Gamarra
El diputado Rodrigo Gamarra, quien integró la comisión especial que analizó la intervención a la Municipalidad de Asunción, sostuvo que los procesos aplicados en la capital y en Ciudad del Este dejan un mensaje contundente: ninguna municipalidad, sin importar el signo político, escapa al control ciudadano ni institucional.
“Las intervenciones reflejan que el Congreso tiene la potestad de autorizar la medida cuando la situación lo amerita. La intervención es una herramienta excepcional, pero cuando corresponde se utiliza. Eso deja en claro que nadie está por encima del control”, expresó en comunicación con La Nación/Nación Media.
El legislador señaló que la renuncia del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, cambia el alcance del informe elaborado por el interventor, Carlos Pereira, cuyo objetivo era definir si correspondía o no la destitución del jefe comunal.
“Con la renuncia, el proceso se cerró. El documento queda en el ámbito del Poder Ejecutivo y lo importante ahora es acompañar al nuevo intendente que será electo entre los concejales”, indicó Gamarra.
Agregó que cualquier situación jurídica derivada del informe deberá ser canalizada a través de los organismos competentes, como la Contraloría, la justicia, es decir, el Ministerio Público y el Poder Judicial, los concejales o incluso los propios ciudadanos mediante denuncias.
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Al comparar los casos de Asunción y Ciudad del Este, donde en el primer caso el intendente Óscar Rodríguez renunció, mientras que en la comuna esteña se dio la destitución de Miguel Prieto, Gamarra resaltó que se trató de procesos políticos diferentes, pero que ambos confirman la vigencia de los mecanismos de control sobre las instituciones municipales, sin importar el signo político.
Por último, el legislador colorado cuestionó la postura de la oposición, a la que acusó de aplicar una “doble vara”. “Cuando se trata de un colorado, piden destitución inmediata, pero cuando se trata de un aliado político, lo protegen. La ciudadanía ya se da cuenta de esa incoherencia”, afirmó.
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Luis Bello y María Portillo asumen intendencias interinas en Asunción y Ciudad del Este
Luego de las intervenciones desarrolladas en Asunción y en Ciudad del Este, que dieron como resultado la renuncia de Óscar Rodríguez en el caso de la comuna capitalina y la destitución de Miguel Prieto en la municipalidad esteña. Ambas comunas definieron la intendencia interina.
En el caso de Asunción, de acuerdo a lo establecido en la ley n.° 6.564 de la ley orgánica municipal, cuando se da la renuncia, inhabilitación, ausencia prolongada o fallecimiento del intendente municipal, el presidente de la Junta Municipal es quien asume el cargo, en este caso se trata del concejal Luis Bello.
La intendencia de Bello es de manera interina, es decir, se extenderá hasta que la Junta Municipal llegue a un acuerdo para a designar a uno de sus miembros para culminar con el mandato de Óscar Rodríguez. Los concejales tienen 30 días para concretar la elección y los principales candidatos son: Luis Bello, de la bancada de Honor Colorado, y Álvaro Grau por la oposición.
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En Ciudad del Este se aborda de manera diferente, ya que Prieto fue destituido y por esta razón, los integrantes de la Junta Municipal deben llegar a un consenso para elegir a quien ejercerá el cargo de manera provisoria en tanto se desarrollen las elecciones para culminar el período.
En este sentido, la oposición, que tiene mayoría dentro de la Junta Municipal, llegó a un acuerdo y se designó a María Portillo del Partido Liberal, (hermana del exdiputado Carlos Portillo) quien estará en el cargo hasta noviembre de este año, es decir, hasta que se realicen las elecciones, cuyos plazos ya corren dentro de la Justicia Electoral.
“Durante este período de transición, la Municipalidad de Asunción continuará prestando todos los servicios habituales y asegurando el normal funcionamiento de cada área para garantizar la atención y el bienestar de la ciudadanía”, informaron desde la comuna capitalina.
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Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
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“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
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