Luego de una denuncia presentada por los propietarios, el fiscal Carlomagno Alvarenga encabezó una constitución en el departamento de Concepción, que derivó en el hallazgo de rastros de una gran tala ilegal de árboles de alrededor 6.000 hectáreas.
Durante el recorrido de la reserva forestal se encontró rastros de una importante cantidad de árboles de diversas dimensiones que fueron talados. El procedimiento se realizó con acompañamiento técnico, de policías de la zona y un técnico forestal del Infona.
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En un primer sector fueron hallados restos talados de 52 tocones de urundey’mi de diferentes dimensiones y 10 tocones de palo de rosa, así como 7 tirantes también de palo de rosa. Mientras que en segundo sector fueron hallados restos talados de 17 tocones de urundey’mi de distintos tamaños, así como 8 esquineros de la misma especie.
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Así también en el tercer sector fueron encontrados 4 rollos de la especie urundey’mi, talados y tumbados en el suelo. También fue encontrada una planchada de 62 esquineros de la misma especie forestal. Asimismo, siguiendo las picadas recientemente realizadas para trasladar ilegalmente la madera, se pudo constatar que el camino para el transporte sale al asentamiento campesino denominado 1° de Mayo.
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Aumentaron las denuncias de hechos punibles en comunidades indígenas
Un total de 2.402 denuncias relacionadas con los pueblos originarios reportó la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía al presentar un análisis de 2.443 causas ingresadas entre los años 2023, 2024 y 2025, en las que estarían involucradas víctimas indígenas de hechos punibles y, en otras, como presuntos autores. Esto en el marco del Día del Aborigen Americano, que se celebra cada 19 de abril.
El informe señala que el año 2023 cerró con 665 denuncias; en 2024 aumentaron a 767, y en 2025 se registró un incremento considerable, alcanzando 970 denuncias. En cuanto a los días de mayor frecuencia, los sábados, domingos y lunes concentran la mayor cantidad de denuncias, según el análisis del Observatorio del Ministerio Público.
En 1.245 denuncias aparece al menos un presunto autor perteneciente a una comunidad originaria, mientras que en 484 causas figuran dos o más, incluso con la participación de grupos de personas, según datos de la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias en los últimos tres años son: Canindeyú (593), Caaguazú (410), Amambay (368), Concepción (179), Alto Paraná (135), Boquerón (126) y San Pedro (120).
Los 15 hechos punibles más frecuentes: violencia familiar, lesión, amenaza, homicidio doloso, abuso sexual en niños, lesión grave, hurto agravado, daño, hechos punibles contra la ley N.º 716/96 (delitos contra el medio ambiente), coacción, estupro, hurto, violación del deber de cuidado o educación, violación de domicilio.
Drama sin fin
El Ministerio Público puntualiza que los casos de abuso sexual en niños, el embarazo precoz en adolescentes, la violencia familiar y la influencia del crimen organizado son algunos de los hechos que más afectan a las comunidades de pueblos originarios. A esta situación se suman las migraciones hacia las ciudades, lo que genera discriminación y exclusión social. Al encontrarse fuera de sus comunidades, sin la guía y contención de sus líderes naturales y de la familia extendida, muchas personas pierden su identidad y autoestima étnica.
Ante hechos considerados de gravedad o faltas leves cometidos por miembros de estas comunidades, sus líderes analizan cada caso y solicitan que las sanciones se apliquen conforme a la legislación nacional o al derecho consuetudinario.
Trámite para denuncias
1- Comunicación inmediata: la Oficina de Denuncias Penales debe comunicar de forma inmediata el ingreso de la causa al agente fiscal competente y a la Dirección de Derechos Étnicos.
2- El agente fiscal debe solicitar la intervención de la Dirección de Derechos Étnicos, incluyendo la designación de un consultor técnico, y remitir todos los antecedentes del caso.
3- Un equipo de funcionarios de dicha Dirección debe constituirse en la comunidad para recabar más datos sobre el hecho denunciado. Asimismo, se debe informar al líder comunitario sobre los alcances de la investigación penal en curso, dejando constancia en acta. En la comunidad, el líder recomienda si corresponde aplicar la legislación nacional o el derecho consuetudinario, según cada caso.
Cuando existen víctimas que requieren evaluación, acompaña una profesional psicóloga. En casos de abuso sexual, coacción sexual o violencia familiar, la atención se realiza dentro de la comunidad, considerando que muchas víctimas no cuentan con recursos para trasladarse.
4- Finalizada la intervención, se elabora un dictamen jurídico-antropológico con recomendaciones al agente fiscal sobre el derecho aplicable, diligencias pendientes, medidas de protección indígena y posibles salidas del caso. Este documento incluye también la evaluación de la víctima.
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Procedimiento logró incautación de varias toneladas de productos
Se incautaron 40 mil kilos de papa, 8 mil kilos de tomate, 5 mil kilos de cebolla y 4 mil kilos de zanahoria.
Un procedimiento de control conjunto realizado en un depósito en la ciudad de Fernando de la Mora, Zona Sur, derivó en la incautación de miles de kilos de productos frutihortícolas que habrían ingresado al país de forma irregular.
El operativo fue realizado ayer a las 10:30 por funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), en coordinación con el Departamento Especializado contra Hechos Punibles Económicos y Financieros, efectivos de la Policía Nacional y técnicos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave).
Los trabajos de verificación se realizaron en un depósito ubicado sobre Zavala Cué y Andrés Barbero, de Fernando de la Mora. La comitiva se constituyó en el sitio en el marco de los controles establecidos por la Ley n.º 123/91, que regula la protección fitosanitaria en el país.
De acuerdo con los datos se incautaron de 40 mil kilos de papa, 8 mil kilos de tomate, 5 mil kilos de cebolla y 4 mil kilos de zanahoria.
RETAIL SA
En el operativo, descubrieron cajas con la impresión de Retail SA (S6, Stock, Delimarket). Y la megaestructura sobre Zavala Cué costaría G. 1.500 millones.
En el lugar, los intervinientes fueron recibidos por el abogado Víctor Hugo Morel, quien manifestó actuar en representación de una de las propietarias del establecimiento, Soledad Basilia Venica. Tras autorizar el ingreso, los funcionarios procedieron a la verificación del depósito, donde constataron la existencia de una importante cantidad de productos agrícolas.
Al ser consultado sobre la documentación que respalde el ingreso legal de la mercadería, el representante indicó que no contaban con los documentos correspondientes, lo que motivó el decomiso inmediato.
CAJAS CON EMBLEMAS
Uno de los elementos que llamó la atención de los intervinientes fue la presencia de unas 300 cajas plásticas listas para armar, además de otras ya utilizadas, con la inscripción Retail S.A., firma vinculada a supermercados Superseis y Stock del Grupo Vierci.
Desde la DNIT aclararon que este hallazgo será analizado en el marco del sumario administrativo para determinar responsabilidades. “Ese proceso investigativo recién empieza. Se va a determinar el origen de esos elementos y la eventual vinculación”, explicó Céspedes. El subcomisario Sergio Sosa confirmó que no hubo detenidos durante el operativo. En el sitio solo se presentó un abogado en representación de la firma South Fruits.
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Fiscalía inicia investigación contra joven por violencia familiar y crueldad animal
Desde el Ministerio Público informaron este viernes que inició dos investigaciones paralelas contra un joven de 27 años por presunta violencia familiar y crueldad animal, y en ambos casos dictó órdenes de detención contra el presunto responsable.
Según indicaron, los hechos denunciados formalmente este jueves 16 de abril de 2026, exponen un ciclo de agresiones físicas y psicológicas contra su expareja, de 33 años.
Agregaron que, según antecedentes, el sindicado habría utilizado violencia extrema hacia un animal doméstico como mecanismo de coacción y control emocional para infligir mayor sufrimiento a la víctima.
La causa por violencia familiar es impulsada por el fiscal Edgar Delgado, titular de la Unidad Penal n.° 1 de Presidente Franco, y se centra en las agresiones sufridas por la mujer.
También expresaron que como parte de las diligencias, la víctima prestó declaración testifical, además de ser inspeccionada por un médico forense del Ministerio Público. Asimismo, recibió contención psicológica integral por parte de profesionales especializados del Centro de Atención a Víctimas, a fin de evaluar el impacto de los maltratos psicológicos.
Crueldad animal
El mismo joven de 27 años se encarga de la investigación por parte de la fiscal Viviana Sánchez en el caso por crueldad animal, a partir de la reciente viralización de un video del hecho, ocurrido en diciembre de 2025.
La Fiscalía refirió que el documento fiscal detalla que, tras una discusión y bajo los efectos de estupefacientes, el sospechoso habría ahorcado a un gato para luego arrojarlo violentamente al suelo.
“Esta acción, que habría provocado la muerte inmediata del felino, está tipificada como hecho punible con penas que podrían alcanzar hasta seis años de prisión”, informaron.
Finalmente acotaron que ante la gravedad de los hechos y el peligro latente para la denunciante, ambos agentes fiscales emitieron órdenes de detención preventiva contra el joven.
La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal también intervino formalmente en el proceso, solicitando el cumplimiento estricto de la Ley 7513/25.
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Control derivó en la incautación de miles de kilos de productos frutihortícolas
Un procedimiento de control conjunto realizado en un depósito en la ciudad de Fernando de la Mora, zona Sur, derivó en la incautación de miles de kilos de productos frutihortícolas que habrían ingresado al país de forma irregular.
El operativo fue realizado a las 10:30 por funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), en coordinación con el Departamento Especializado contra Hechos Punibles Económicos y Financieros, efectivos de la Policía Nacional y técnicos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave).
Los trabajos de verificación se realizaron en un depósito ubicado sobre Zavalas Cué y Andrés Barbero, de Fernando de la Mora.
La comitiva se constituyó en el sitio en el marco de los controles establecidos por la Ley N.º 123/91, que regula la protección fitosanitaria en el país.
De acuerdo con los datos se incautaron de 40 mil kilos de papa, 8 mil kilos de tomate, 5 mil kilos de cebolla y 4 mil kilos de zanahoria.
En el operativo, descubrieron cajas con la impresión de Retail S.A (S6, Stock, Delimarket). Y la mega estructura sobre Zavalas Cue costaría G 1.500 millones.
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En el lugar, los intervinientes fueron recibidos por el abogado Víctor Hugo Morel, quien manifestó actuar en representación de una de las propietarias del establecimiento, Soledad Basilia Venica.
Tras autorizar el ingreso, los funcionarios procedieron a la verificación del depósito, donde constataron la existencia de una importante cantidad de productos agrícolas.
Al ser consultado sobre la documentación que respalde el ingreso legal de la mercadería, el representante indicó que no contaban con los documentos correspondientes, lo que motivó el decomiso inmediato.
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