La deuda del Estado con dos sectores, vialeras y farmacéuticas, ya ascienden a más de USD 1.000 millones, gran parte de estas deudas se vienen arrastrando desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, la mayor parte por intereses generados por los retrasos.

En el programa Fuego Cruzado del canal GEN, representantes de las cámaras de ambos sectores dieron detalles sobre el estado de estas deudas por parte del Gobierno.

Gustavo Masi, miembro de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), explicó que la deuda con la industria de la construcción parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). “Cerramos el 2025 con 250 millones de dólares de deudas en certificados y 110 millones de dólares en deudas en intereses atrasados, lo que totalizó la deuda en 360 millones de dólares”, mencionó.

Mencionó además que “la deuda se genera a partir del no pago de los certificados, es importante aclarar que a principios del 2025 se dio un fenómeno atípico, lo que estábamos acostumbrados a recibir del plan de caja mensualmente a partir de febrero del 2025 sufrió un declive importante”.

Con respecto a los montos que corresponden a los intereses, argumentó que es un reclamo legítimo que tiene la industria, atendiendo a que está establecido en todos los contratos, “que en el caso del no pago de parte del Gobierno se establecen una tasa de interés como en cualquier situación se requiere”.

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Explicó que “se hizo una salvedad, cuando ingresó el nuevo Gobierno existía una deuda muy fuerte con la industria de la construcción, ellos a principio del 2024 salieron a emitir bonos y honraron una parte importante de esa deuda y una vez que se paga el capital se está habilitado a facturar los intereses, porque hasta ese momento siguen corriendo los intereses porque hasta la fecha efectiva del pago”.

Agregó que con eso “se totalizó una deuda de 110 millones que nosotros venimos reclamando desde el principio del 2024, los intereses, y en la actualidad, una vez que honren los 250 millones de dólares se estará hablando de una nueva cifra de intereses por el retraso que se está generando, son 50 millones de dólares aproximadamente más, 160 millones de dólares en intereses, más los 250 millones, que llegarían a los 450 millones aproximadamente”.

Eso solamente para el Ministerio de Obras Públicas, “eso es muy bueno aclarar, estamos cerrando la deuda total, pero estamos hablando de una deuda en torno entre los 500 a 600 millones de dólares con el sector de la construcción de parte de todas las entidades contratantes, llámese Essap, EBY, Ande, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud que también llevó adelante cierto tipo de construcciones que hasta hoy día no fueron honrados”, de acuerdo a las explicaciones de Masi.

En el MOPC existe una deuda de 350 millones de dólares y entre los otros entes del Estado, aproximadamente 200 millones de dólares más.

Por su parte, la representante de la Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa), Rocío Figueroa, indicó que el Ministerio de Salud Pública no solo adeuda por medicamentos, sino también por otras contrataciones de servicios en todo lo que es equipamientos, análisis clínicos, laboratoriales, el mantenimiento de esos equipamientos para los equipos de diagnósticos.

“Si vamos a hablar de la deuda global, porque todos los gremios ya estamos trabajando juntos para poder cobrar, está en más de 1.000 millones, hoy vamos a tener el número real porque en la última reunión que tuvimos con el ministro Carlos Fernández Valdovinos nos ha pedido que podamos elaborar un documento por objeto de gastos y de todo lo que sería por ejecutar, que son las facturas ingresadas ya al Ministerio de Salud en espera de cobro y las facturas que en teoría van a ejecutarse durante todo el año 2026”, detalló.

Indicó que actualmente, con el corte de marzo de este año la deuda estaba en USD 1.027 millones, sin embargo, se está compilando todos los datos que nos mandaron los presidentes de todas las otras cámaras. “Finalmente creo que va ser un poco más y eso queremos presentar mañana en la mesa de trabajo que se conformó en la Cámara de Senadores con la Comisión de Salud para que ellos también puedan ayudarnos a legar a una solución”, agregó.

Coincidió que estas deudas, “hay una parte heredada, porque hay expedientes que ingresan para ser cobrados en el Ministerio de Salud y los contratos por ejecutarse, es decir, si hay un contrato de 100, se ejecuta 50 queda 50 para que vayan saliendo las ordenes de compra de acuerdo a la necesidad y el consumo, eso no se tuvo en la administración anterior”.

Asimismo, explicó que “cuando el gobierno de Santiago Peña asume, el ministro Fernández Valdovinos pide el corte administrativo para poder hacer la emisión de bonos no se le tuvo en cuenta a los contratos que estaban terminando de ejecutarse y quedó un saldo de 260 millones de dólares, se pagó 300 millones de dólares, quedó un saldo de 260 millones que se pasó para el presupuesto del 2024, se pagó por el presupuesto de salud del 2024, quedó otro monto y así sucesivamente se fue arrastrando y terminamos con más de 800 millones de dólares”.

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El plenario de la 39.ª Asamblea del Parlamento Latinoamericano y el Caribe (Parlatino), que se desarrolló en Panamá, aprobó una declaración que pone en el centro a las mujeres y a las familias, reconociendo el trabajo de cuidados, que en una gran mayoría no es remunerado.

Carlos Núñez Salinas, presidente alterno del Parlatino, explicó que esta es una respuesta concreta a la deuda social que sufraga, en su mayoría, el esfuerzo cotidiano de miles de mujeres en la región.

Núñez Salinas señaló que esta declaración no es solo política, es alivio y oportunidad para las cuidadoras. “Para una mujer que hoy renuncia a empleos por cuidar, significa posibilidad de volver al trabajo con derechos; para una familia, acceso a cuidado confiable; para una niña o un niño, mayor protección frente a riesgos digitales. Es inversión social con retorno en empleo, igualdad y bienestar”, comentó.

El legislador paraguayo mencionó que durante años se ha escuchado sobre el trabajo invisible de las mujeres. “Hoy damos un paso concreto para reconocerlo y protegerlo. Queremos que cuidar deje de ser condena y pase a ser derecho y trabajo digno”, agregó.

Finalmente, señaló que los siguientes pasos será la convocatoria de mesas técnicas con los gobiernos, organizaciones de trabajadoras del cuidado, sociedad civil y organismos internacionales para ejecutar proyectos piloto, fijar cronogramas y garantizar financiamiento transparente.

El proyecto “Rompiendo cadenas: efectividad de estrategias innovadoras para contribuir a la eliminación de la tuberculosis, VIH y otras ITS en poblaciones vulnerables de Paraguay” fue adjudicado con un financiamiento de G. 9.500.000.000 por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La iniciativa es liderada por la doctora Gloria Aguilar, en conjunto con un equipo orientado a generar soluciones innovadoras con impacto directo en la salud pública nacional.

El proyecto tiene como eje central la implementación de una estrategia digital innovadora basada en un chatbot, integrado a plataformas de uso cotidiano como WhatsApp.

Esta herramienta permitirá ofrecer orientación, responder dudas frecuentes, brindar información confiable y acompañar procesos preventivos y terapéuticos durante varios meses.

Con la iniciativa se generará un vínculo más cercano, continuo y privado con los usuarios, especialmente en temas sensibles como la salud sexual y las enfermedades infecciosas.

El proyecto prioriza dos grupos poblacionales estratégicos, que son los jóvenes de Asunción y el Área Metropolitana, y personas adultas que viven con VIH y presentan dificultades en la adherencia al tratamiento antirretroviral. Esta selección responde a criterios epidemiológicos y sociales, considerando tanto la necesidad de adaptar los canales de comunicación a los hábitos reales de los jóvenes, como la importancia de fortalecer el acompañamiento en pacientes que enfrentan barreras sostenidas para mantener sus tratamientos.

El proyecto “Rompiendo cadenas” incorpora un enfoque basado en derechos humanos y equidad en salud, lo que implica garantizar confidencialidad, respeto por la autonomía, consentimiento informado y un lenguaje no discriminatorio, evitando cualquier forma de estigmatización asociada a la enfermedad, la sexualidad o las condiciones socioeconómicas.

La investigación también contempla el abordaje de la tuberculosis en contextos de alta vulnerabilidad, como los establecimientos penitenciarios. En estos espacios, condiciones como el hacinamiento, la ventilación insuficiente y las dificultades para sostener tratamientos completos favorecen la transmisión de la enfermedad.

El chatbot busca reducir la dificultad de dar el primer paso, que es animarse a consultar, por lo que, al ofrecer un canal confidencial desde el teléfono personal, el proyecto facilita el acceso a información sin exposición inicial, lo que puede dar paso a una mayor predisposición al testeo temprano y al inicio oportuno del tratamiento.

Detectar antes implica tratar a tiempo, cortar cadenas de transmisión y reducir complicaciones tanto individuales como colectivas. La doctora Gloria Aguilar explicó que la innovación no consiste en reemplazar el vínculo humano en salud, sino en abrir una puerta más accesible, confidencial y cercana para personas que muchas veces quedan fuera del sistema.

Con esta iniciativa, Paraguay avanza hacia un modelo de salud más inclusivo, preventivo y centrado en las personas, incorporando tecnología con sentido social para enfrentar desafíos sanitarios persistentes.

Miles de estudiantes chilenos protestaron ayer jueves en Santiago contra el gobierno ultraderechista de José Antonio Kast, que evalúa un ajuste a la gratuidad de las universidades luego de que redujo el presupuesto del Ministerio de Educación, constató la AFP. Los manifestantes, en su mayoría escolares vestidos con sus tradicionales uniformes de secundaria, marcharon por varias cuadras de la céntrica avenida Alameda. En su paso tuvieron algunos enfrentamientos con la policía, que los dispersó con chorros de agua.

Apenas asumió el gobierno, Kast ordenó un recorte del 3 % de los gastos corrientes de los ministerios, sin exceptuar el de Educación, para cumplir con su anunciada política de austeridad. Su gobierno además evalúa establecer un límite al acceso a la educación universitaria gratuita para los nuevos estudiantes mayores de 30 años. Y los manifestantes temen que se propongan más ajustes.

“Queremos que respeten los derechos sociales que hemos ganado en todos estos años”, dijo a la AFP Benjamín Traslaviña, un estudiante universitario de 22 años, durante la manifestación. Kast tiene como meta rebajar el gasto fiscal en unos 6.000 millones de dólares en los próximos 18 meses, pero sus opositores dudan que lo consiga sin afectar beneficios sociales.

“No nos merecemos este Kastigo”, se leía en algunos carteles levantados por los manifestantes, en un juego de palabras con el apellido del mandatario.

“Mi mamá va a cumplir 50 y siempre quiso estudiar. Nunca se le dio porque tuvo hijos y no se pudo financiar (...). Uno debería tener la oportunidad”, dijo Sofía Díaz, universitaria de 18 años.

El gobierno de Kast ya dio señales de que el ahorro fiscal va en serio. Desde ayer jueves la gasolina subió su precio en 30 % y el diésel en 60 %, luego de anunciar un duro ajuste al subsidio estatal que impedía fuertes alzas por la guerra en Medio Oriente.

La marcha pasó frente al palacio presidencial de La Moneda cuando el gobernante promulgaba su primera ley de “Emergencia Energética” para mitigar los efectos del alza de precios. La medida incluye un bono de 110 dólares para los taxistas y choferes de vehículos escolares.

Fuente: AFP.