La jueza Lici Sánchez señaló este lunes que los cuerpos de las menores abatidas fueron entregados a un familiar que se acercó a la morgue judicial y se identificó como tío de ambas. La abuela reside en Misiones, Argentina, y también había solicitado los cadáveres.
“Los cuerpos fueron entregados a los familiares, ese día se presentó un señor aclarando que es tío de las niñas. Todo el operativo está registrado y grabado”, manifestó la magistrada en comunicación con la 1080 AM.
El pasado sábado se realizó la exhumación de los cuerpos de las menores de edad abatidas durante el enfrentamiento entre miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) e integrantes del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Las dos menores fueron abatidas el miércoles en la estancia Paraíso, ubicada en Yby Yaú, zona limítrofe entre los departamentos de Concepción y Amambay, tras una incursión de las fuerzas en busca de los líderes del grupo criminal.
Desde la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) aclararon que en ningún momento hubo intención de matar a las menores de edad y que los uniformados usaron la fuerza en legítima defensa porque fueron recibidos a balazos en el campamento del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
El Ministerio Público conformó nuevos equipos de fiscales para continuar trabajando en la causa relacionada al enfrentamiento que se llevó a cabo la semana pasada en la zona norte del país. El gobierno argentino también se pronunció sobre lo sucedido y pidió esclarecimiento, ya que ambas tienen la nacionalidad del vecino país.
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Detuvieron a una mujer y recuperaron 21 máquinas en caso de robo a criptominería
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El 22 de abril pasado, en plena mañana, una banda, integrada por quince hombres aproximadamente, asaltó y robó de una granja de criptomonedas de Minga Guazú. Se llevaron 362 máquinas procesadoras de Bitcoins, según la denuncia realizada ante las autoridades.
En el marco de esa investigación a cargo del fiscal Gabriel Segovia, agentes de Investigaciones de la Policía de Alto Paraná detuvieron a una mujer y recuperaron un total de 21 máquinas. Esto, gracias a dos operativos distintos montados por en la prosecución de las investigaciones.
En uno de los dos procedimientos, allanaron una vivienda y recuperaron 15 procesadoras de criptomonedas, modelos S19, M30 y M31, que corresponderían a las que fueron robadas.
Este operativo fue en el barrio San Antonio de Ciudad del Este, el jueves 2 de mayo a las 16:00, tras la orden firmada por el juez Carlos Vera, del Juzgado de Atención Permanente.
La comitiva policial verificó toda la vivienda y encontró dos bolsitas de polietileno que contenían supuesta cocaína, por lo cual se dio participación al Departamento de Antinarcóticos de Ciudad del Este.
Se hizo la prueba narcotest y como resultado dio positivo a clorhidrato de cocaína, totalizando 18 gramos de la misma. Las máquinas y cocaína fueron derivadas al Ministerio Público.
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La otra intervención fue el miércoles 1 de mayo, en horas de la noche y detuvieron en la vía pública a Nélida Patricia Vázquez González (33), cuando intentaba vender 6 máquinas procesadoras, sobre la calle 3 de Febrero del barrio San Roque de Presidente Franco.
Los procesadores modelos M30, T19 y M31 estaban en el vehículo Toyota Premio, con placa AAOV 628 y fueron recuperados y entregados al Ministerio Público como parte de las evidencias.
Según los agentes, las procesadoras de monedas digitales encontradas pertenecen al lote robado de la granja de Minga Guazú y fueron incautadas al igual que el dinero en efectivo que disponía la mujer, un total G. 1.414.000, y un celular de alto estándar.
Otros allanamientos fueron realizados, pero resultaron infructuosos. El fiscal Gabriel Segovia dijo a La Nación/Nación Media que la mujer aprehendida pertenece al último eslabón de la cadena.
Ella trabaja como reducidora, por lo que están detrás de los autores del robo, previendo más allanamientos. Hasta ahora no hay otros detenidos en el caso ni más procesadoras encontradas.
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Funcionarios públicos vinculados a empresas de Líder Amarilla, se burlan de la Contraloría
Históricamente al frente de firmas contratistas a las que el hoy senador de la Nación, el liberal Líder Santiago Amarilla adjudicaba millones en obras de forma directa en sus tiempos de intendente, funcionarios públicos que, aparecen como accionistas, presidente, vicepresidente en estas empresas omiten estos vínculos en sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR).
Por Rossana Escobar M.
Sergio Manuel Espínola Villalba y Renán Leguizamón Garcete. El primero es un modesto funcionario municipal hoy día en la comuna de J.A Saldívar que había ingresado a la Función Pública con el padrinazgo de Líder Amarilla que lo contrató como chófer en la municipalidad de Villa Elisa y en el segundo caso se trata de un funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS).
Los mencionados funcionarios figuran en las empresas Mármol S.A y Las Primas S.A contratistas a las que Líder Amarilla y el ahora gobernador de Central, Ricardo Estigarribia habían favorecido con millonarias adjudicaciones cuando eran intendentes de Villa Elisa.
Así también, Sergio Espínola y Renán Leguizamón figuran en cargos de vicepresidente, presidente, síndico en distintos años en Terranova Inmobiliaria S.A, sociedad denunciada por supuesta usura por parte de un concejal de Itá.
Sergio Manuel Espínola además aparece en Amarilla & Asociados S.A, playa de autos del senador Líder Amarilla, empresa en la que el legislador declara G. 2.000 millones en acciones, según el documento presentado a la Contraloría al asumir el cargo en el Congreso Nacional.
El funcionario municipal Sergio Espínola en 10 años nunca había presentado una manifestación de bienes hasta que saltó su nombre en los negocios que se atribuyen al hoy senador Líder Amarilla. Tras la serie de nuestro medio, el empleado de la comuna de J.A Saldívar remitió su declaración jurada a la Contraloría y en el documento aparece como un modesto servidor público, pese a que en informes proveídos por el ministerio de Economía y Finanzas revelan su participación en importantes empresas, entre ellas las que ganaron millones en licitaciones durante la administración de Líder Amarilla y Ricardo Estigarribia en Villa Elisa.
Un salario de G. 4,4 millones en la municipalidad de J.A Saldívar, una deuda con cuota mensual de G. 500 mil al mes, un ahorro de G. 3,4 millones y un automóvil usado es todo lo que aparece en la declaración jurada que Sergio Espínola presentó por primera vez a la Contraloría.
Por su parte, Renán Leguizamón, el funcionario de IPS que también aparece en las contratistas de obras como en la sociedad denunciada por usura, omite su participación en empresas burlándose magistralmente de la Contraloría.
Desde el ente de control confirmaron que abrieron un sumario a Sergio Espínola, funcionario de la municipalidad de J.A Saldívar que en 10 años ninguneó la Ley de Declaraciones Juradas, sin embargo, no se pronuncian sobre las empresas en la que aparecen los mencionados más arriba, pero que no consignan en sus respectivas manifestaciones de bienes.
Cabe subrayar que Líder Amarilla tampoco menciona su participación en Terranova Inmobiliaria S.A, empresa denunciada por usura y la que el denunciante edil de Itá vincula directamente al parlamentario liberal y al funcionario municipal, Sergio Espínola.
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Coronel Oviedo: Fiscalía investiga a tres posibles autores de coacción sexual y violación
La Fiscalía de Coronel Oviedo se encuentra actualmente investigando ocho casos de coacción sexual y violación contra igual número de mujeres víctimas. El trabajo investigativo es abordado en conjunto con la Policía Nacional y tres agentes fiscales intervinientes. Mediante el testimonio de las víctimas, se pudo obtener que se trataría de tres autores distintos, en relación a las características descriptas.
De acuerdo al informe del Ministerio Público, se está llevando adelante allanamientos, incautación de evidencias y otros actos investigativos. Asimismo, se emitió orden de captura con respecto a uno de los posibles autores, identificado en los casos, cuyas características coinciden con un hombre que está siendo buscado actualmente por la Policía Nacional y cuenta con otros antecedentes penales.
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Mencionan que las denuncias del hecho coinciden en la fecha y en las características físicas, en dos de los casos investigados. De igual manera, los fiscales se hallan abocados a la investigación que involucra a otros posibles sospechosos. Conforme a los datos obtenidos, uno de los buscados habría sido herido en el pecho con un cuchillo, tras un forcejeo con la víctima y en el último caso denunciado, el autor fue herido en el hombro.
Además, algunas de las víctimas refirieron que los sospechosos no habrían actuado solos, sino con otra persona que actuaba de campana. Informaron que en algunos de los casos, además del hecho de coacción sexual, los agresores robaron objetos domésticos de las víctimas. Se utilizaron, tanto armas blancas como armas de fuego, de acuerdo con el testimonio de las mujeres. Por tratarse de hechos de suma sensibilidad, el Ministerio Público brinda contención a las mismas.
Al respecto, la fiscal a cargo, Gloria Rojas confirmó que están tras la búsqueda de tres sospechosos. Aclaró que algunas investigaciones que están en curso son incipientes. “Dependemos de las características que nos puedan brindar las víctimas y de acuerdo a eso, la Policía se pone a hacer su trabajo también”, explicó en comunicación con la 1330Am.
Finalmente, se refirió a la persona que hizo un video, en el cual desmentía ser el autor de la violación serial en Coronel Oviedo, Rojas aclaró que si bien aclara que no es, el mismo cuenta con procesos judiciales pendientes y once ordenes de capturas.
“Para nosotros ahora es irrelevante que sea o no sea, porque independientemente a eso, él tiene problemas con nosotros. Además son varias víctimas, no solo es la del viernes o la de ayer. Hay víctimas que sindican y de acuerdo a eso van saliendo las órdenes de capturas”, acotó.
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Ministro de Defensa descarta intervención de militares en Itapúa e instituciones públicas
El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, descartó la incursión directa de militares en Itapúa para el combate a la inseguridad ante los reiterados asaltos tipo comando a entidades bancarias. Actualmente, el departamento se encuentra en estado de emergencia, decretada por el gobernador liberal Javier Pereira Rieve.
“El presidente de la República, el Consejo de la Defensa Nacional, el ministerio de Defensa Nacional y el ministerio del Interior, estamos por la no intervención militar en forma directa porque por Constitución Nacional no corresponde, pero sí estamos muy preparados para apoyar a la Policía Nacional en el caso de que requieran para una operación puntual”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, González se refirió al pedido realizado por un grupo de legisladores consistente en que los militares vuelvan a custodiar las instituciones públicas, específicamente, aquellas en donde se realicen operaciones económicas como el Banco Nacional de Fomento (BNF).
“Se retiró la custodia de las sucursales de los bancos y otros operativos que hacían las FFAA para el BNF porque se consideró que es un tema que debe ser llevado adelante por la Policía Nacional, no nos corresponde hacer esa operación en forma permanente. El apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional se debe realizar puntualmente, transitoriamente y rápidamente”, indicó.
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No obstante, manifestó que existe una permanente comunicación entre todas las instituciones encargadas de la defensa nacional y la seguridad interna, en caso de que se requiera de una colaboración de urgencia.
“Los crímenes, los hechos delictivos que se están cometiendo en Itapúa corresponden al ámbito de la Policía Nacional”, mencionó. Agregó que en los departamentos como Concepción, Amambay, San Pedro y Canindeyú que cuenta con la incursión de la Fuerza Tarea Conjunta (FTC), integrada por militares y policías, la situación es diferente ya que los grupos criminales que operan en estas zonas pueden poner en entredicho la facultad soberna del Estado de ejercer su autoridad.
El estado de emergencia fue decretado este último lunes, tras el asalto registrado el pasado sábado en la localidad de Natalio. Los delincuentes atacaron una sede del Banco Nacional de Fomento (BNF) y con explosivos lograron llevarse G. 1.000 millones aproximadamente de la bóveda.
No se trata de un caso aislado, teniendo en cuenta que ya se registraron diversos atracos con las mismas características en otras entidades bancarias y cajeros del departamento, situación que mantiene en zozobra a sus pobladores y autoridades, quienes demandan la presencia de efectivos militares.
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