• Antonella Mateu

La transición hacia la digitalización tributaria en Paraguay avanza de forma sostenida, marcando un antes y un después en la modernización tributaria.

El Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (Sifen) se encuentra hoy en una etapa avanzada de consolidación. Según estimaciones de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), hacia finales de 2026, aproximadamente, el 90 % de la totalidad de las facturas emitidas en el país corresponderán a documentos tributarios electrónicos, lo que refleja un importante nivel de adopción y madurez del sistema.

Para entender el alcance de este despliegue, las metas normativas y la realidad operativa en el terreno, La Nación/Nación Media conversó con Hugo López, director general de Normalización, Modernización e Innovación y coordinador del Sifen de la DNIT, junto con Alba Talavera, directora de Educación Continuada del Colegio de Contadores del Paraguay.

La incorporación de contribuyentes a la digitalidad continúa realizándose de manera gradual y segmentada, priorizando los sectores de mayor impacto fiscal y con altos volúmenes transaccionales. La DNIT registra actualmente un volumen sostenido y creciente de emisión, con más de 38 mil contribuyentes operando dentro del Sifen y un promedio mensual de validación de 2,5 millones de comprobantes electrónicos.

Alba Talavera explicó que la incorporación al sistema puede darse de forma voluntaria o mediante notificación obligatoria por parte de la administración tributaria, conforme a plazos establecidos según la terminación de Registro Único del Contribuyente (RUC) y otros criterios definidos.

Sostuvo que cada vez más contribuyentes optan por sumarse voluntariamente debido a las ventajas que representa. “La mayoría hoy en día ya se adhiere voluntariamente porque facilita mucho. Ya casi no se utiliza papel, hay plena seguridad de que la documentación llega a la DNIT y existe un control permanente”, manifestó.

Para lo que resta del año, las metas de obligatoriedad de la DNIT y los plazos calendarizados apuntan principalmente a los grandes y medianos contribuyentes, el director, Hugo López señaló que al cierre de este año, el 100 % de estas categorías deberá estar emitiendo de manera obligatoria la totalidad de sus documentos electrónicos. En esa línea, indicó que las proveedores del Estado, desde este año se encuentran obligados a emitir documentos tributarios electrónicos, fortaleciendo el control fiscal.

Un punto importante en el diseño del Sifen es la existencia de plataformas adaptadas a la capacidad económica de cada emisor. Talavera señaló que actualmente existen dos herramientas diferenciadas según el perfil, por un lado se halla el E-kuatia, que está orientado para grandes y medianos contribuyentes, el cual requiere de un software específico y de cierta inversión económica.

Por otro lado, se encuentra disponible el E-kuatia’i, una solución completamente gratuita diseñada específicamente para los pequeños contribuyentes. Para adherirse formalmente al sistema, la especialista recordó que los contribuyentes deben cumplir con requisitos básicos, como contar con un certificado de firma electrónica, disponer de un sistema informático que permita emitir, recibir y conservar los documentos electrónicos por al menos 5 años, y gestionar el timbrado correspondiente como facturador electrónico.

Desde la perspectiva de la DNIT, la facturación electrónica representa una herramienta estratégica para la modernización del sistema fiscal. Para el Estado, los principales beneficios se traducen en mayor transparencia, acceso a información en tiempo real para fiscalización, optimización de análisis de riesgos y una reducción de la evasión y elusión tributaria gracias a la trazabilidad digital.

Para el contribuyente, el sistema permite reducir costos operativos, agilizar la gestión documental y automatizar la integración con los sistemas de gestión empresarial. Talavera ratificó el impacto positivo en la seguridad y la disminución de irregularidades.

“Brinda mayor seguridad jurídica y reduce el riesgo de documentos irregulares o clonados. Cuando me llega una facturación electrónica ya estoy tranquila porque sé que es una factura legal”, afirmó.

A pesar de los indicadores positivos, la implementación a gran escala ha requerido ajustes. Talavera reconoció que durante el proceso se registraron inconvenientes técnicos, principalmente vinculados con la visualización de comprobantes en el sistema Marangatu.

Detalló que, en ciertos casos, las facturas electrónicas no aparecían reflejadas automáticamente en dicha plataforma, lo que generaba omisiones involuntarias en los registros y posteriores notificaciones de la administración tributaria. “Eso ya se va subsanando con el tiempo, pero al principio hubo algunos problemas”, explicó.

Al respecto, Hugo López aclaró un punto fundamental sobre el soporte informático. “El Sifen es un sistema totalmente independiente al sistema Marangatu; comparten datos, pero el Sifen es exclusivo para la aprobación de documentos electrónicos”.

Asimismo, enfatizó que la infraestructura tecnológica de la DNIT se encuentra en una etapa de consolidación y madurez, habiéndose emitido 27 notas técnicas desde el inicio de la implementación para realizar actualizaciones permanentes, garantizar la estabilidad operativa y asegurar la escalabilidad necesaria ante la incorporación masiva.

Uno de los principales retos identificados para lograr la expansión total del sistema radica en las limitaciones de infraestructura del país. Los mayores desafíos de adhesión se observan en pequeños contribuyentes, microempresas y sectores con menor nivel de digitalización. Talavera advirtió con especial preocupación sobre la situación en las zonas rurales.

“Hay compañías del interior donde no sabemos cómo va a responder internet. Ese es un tema que debe debatirse”, sostuvo, remarcando la necesidad de fortalecer la infraestructura general de conectividad del país.

Esta realidad técnica se vincula directamente con el planteamiento de los sectores gráficos, quienes en su momento pidieron mantener un sistema híbrido entre comprobantes impresos y electrónicos.

Ante esto, Talavera subrayó la importancia de mantener mecanismos de respaldo físicos ante contingencias. “A veces se va la energía eléctrica y no podés dejar de vender. En esos casos se siguen utilizando facturas manuales”, indicó.

Por su parte, el director de la DNIT manifestó que, si bien la transición es gradual y acompañada, la política pública se orienta firmemente hacia una digitalización total e integral, argumentando que “el sistema híbrido no garantiza una trazabilidad de la operación para los contribuyentes”, y que la tendencia internacional apunta a consolidar los documentos electrónicos como el estándar principal.

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, indicó que para finales de mayo el gobierno del mandatario Santiago Peña saldará el 85 % de las deudas que fueron contraídas por el Estado con las constructoras.

“Estamos cumpliendo con el cronograma de pago planteado al sector de la construcción con un impacto aproximado de USD 150 millones dentro de nuestro presupuesto en estos dos meses (abril y mayo), lo que amortiza las deudas del 2025 en aproximadamente el 85 %”, mencionó tras acudir este martes ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado.

Centurión acotó: “Ya hemos saldado un 50 % en el mes de abril. La deuda del 2025 era de USD 220 millones y esperamos terminar el mes de mayo con un 85 % de pago y después naturalmente vamos a seguir ejecutando nuestro presupuesto conforme al avance de las obras. Vamos a manejar ese remanente del 15 % con el mismo presupuesto del 2026″.

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La alta funcionaria de Estado aclaró que para el pago total de las deudas del 2025 con las constructoras el gobierno no se verá obligado a recurrir a la herramienta de cesión de derechos de cobro (factoraje).

“Las deudas del 2025 están siendo pagadas con el presupuesto del 2026. Esto más bien será un mecanismo para futuras deudas en caso de que se requiera acceder a este instrumento”, puntualizó.

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La Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley que autoriza los pagos de intereses moratorios a las empresas vialeras y ahora pasa a consideración de Diputados.

Aunque el tema figuraba en el décimo punto del orden del día, el presidente de la Comisión de Hacienda, Silvio Ovelar, solicitó ante el pleno el tratamiento inmediato, planteado en moción de preferencia.

Tras aprobarse el planteamiento de Ovelar, el pleno se constituyó en comisión para emitir el dictamen correspondiente al proyecto de Ley “Que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar los pagos de los intereses moratorios por los certificados de obras de infraestructura”.

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Finalmente los senadores volvieron al estadio plenario para llevar a votación el proyecto. Allí resolvieron la aprobación en general y en particular con modificaciones. El texto pasa a la Cámara de Diputados para su análisis correspondiente.

Según el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, se acordó un plan de pago a corto plazo por un monto de USD 150 millones a ser desembolsados entre los meses de abril y mayo.

“En el mes de abril completamos USD 85 millones en pagos a este sector y en este mes están previstos los USD 65 millones para llegar a los USD 150 prometidos”, dijo el ministro al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Una nueva denuncia se destapó dentro del Instituto de Previsión Social (IPS) durante la reunión del Consejo Administrativo de la previsional, donde se dio a conocer que se pagó G. 9.000 millones por un sistema de detección y prevención de incendios, que no funcionó durante el último incendio que se registró en el Hospital Central.

El doctor Isaías Fretes, director del IPS, reportó un nuevo escándalo que involucra a los pagos multimillonarios realizados por la previsional y que no resultaron ser favorables. En esta oportunidad el pago por un sistema contra incendios que no funcionó y que puso en riesgo la vida de los asegurados.

“Se pagó 9.000 millones por un sistema, tuvimos un incendio y no funcionó. Es muy grave eso, si se pagó para tener algo que es de fundamental importancia y que hay vidas de por medio y llegado el momento en que se necesitaba, ha ndoikoi”, expresó Fretes, durante la reunión.

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La denuncia fue presentada por el consejero José Emilio Argaña Contreras: “Se pagaron G. 9.000 millones por un sistema y no funcionó. Esa es la denuncia extraoficial que me llegó”, acotó. En su momento, el Consejo exigió una auditoría y la rendición de cuentas sobre el caso, pero aún no se tienen respuestas.

Afirmó que este sistema de prevención de incendios sigue vigente y que el 18 de febrero de este año se registró un siniestro ocurrido en el Hospital Central y que las alertas no se activaron. El incendio afectó a los servidores del sistema y toda el área de Informática de la previsional.

“Dios nos guarde y libre de que nunca ocurra algo que afecte a pacientes internados, creo que hay que gerenciar los medios para que los hospitales estén cubiertos. Esto si llega a ocurrir puede ser una catástrofe”, sentenció el titular de la previsional.

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