La Administración Nacional de Electricidad (Ande) informó que un centro de cobranzas ubicado en el microcentro de Asunción se encuentra inhabilitado esta mañana para cobro de facturas, debido al corte de energía eléctrica en la zona. Señalan que una vez que se restablezca el servicio, se normalizará la atención.
La oficina de cobranzas está situada sobre las calles Víctor Haedo entre Alberdi y 14 de Mayo. El corte de energía eléctrica afecta a los barrios La Encarnación, General Díaz y San Roque del centro de Asunción, desde alrededor de las 9:00 de esta mañana.
El comunicado de la Ande desató una gran cantidad de críticas, burlas y memes de parte de internautas en redes sociales, que con el correr de los minutos aumentan, lo que motivó a otra aclaratoria por parte de la propia institución realizada poco tiempo después de la primera publicación.
Este segundo comunicado publicado en Twitter señala que la subestación central se encuentra fuera de servicio, debido a una avería detectada en la sala de 23.000 voltios, lo que ocasionó la interrupción de suministro eléctrico en distintos sectores del centro de Asunción.
Entre las críticas, los usuarios remarcaban que desde la oficina de cobranzas pueden dejar su reclamo llamando al 160, la línea habilitada para quejas. En tanto que la Ande aclara que técnicos ya se encuentran en el lugar para reparación y reposición del servicio.
La atención de la oficina de cobranzas funciona para usuarios de Asunción y Área Metropolitana en el horario de 7:00 a 13:00 de lunes a viernes, con la implementación de las medidas de bioseguridad como el control de temperatura, lavado de manos y uso de tapabocas para el ingreso.
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Prohibición en puertas: ByteDance no venderá TikTok a EE. UU.
La empresa china matriz de TikTok, ByteDance, dijo que no tenía intención alguna de vender la popular red social después de la aprobación de una ley en el Congreso de Estados Unidos que amenaza con prohibirla si no corta sus lazos con la potencia asiática. Los legisladores estadounidenses establecieron un límite de nueve meses para la venta de la plataforma, alegando que esta puede ser usada por el gobierno de China con fines de espionaje y propaganda.
La página web especializada The Information publicó que ByteDance estudiaba escenario para vender TikTok sin el poderoso y secreto algoritmo que recomienda sus videos a los más de mil millones de usuarios en el mundo. Pero el gigante tecnológico chino lo negó. “Las informaciones de medios extranjeros sobre ByteDance explorando la venta de TikTok no son verdad”, afirmó la empresa el jueves por la noche en su cuenta de Toutiao, una red social del grupo.
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“ByteDance no tiene ningún plan de vender TikTok”, agregó. Hace años que esta popular plataforma es motivo de controversia política y diplomática. El anterior presidente estadounidense Donald Trump ya intentó sin éxito su prohibición. La empresa ha negado reiteradas veces cualquier vínculo con el gobierno chino y ha asegurado que nunca ha compartido ni compartirá datos privados de los usuarios estadounidenses con Pekín.
También ha subrayado su inversión de alrededor de 1.500 millones de dólares en el “Project Texas”, para que los datos de los usuarios estadounidenses queden almacenados dentro del país. Pero los críticos afirman que los datos solo son parte del problema y reclaman que el algoritmo (el secreto de su éxito) también quede desvinculado de ByteDance. El CEO de la plataforma, Shou Zi Chew, avanzó que la empresa llevará la ley a los tribunales, pero algunos analistas creen que los motivos de seguridad nacional pueden pesar más ante la Corte Suprema que la libertad de expresión.
Operación complicada
Una venta forzada de la plataforma, cuyo valor se estima en miles de millones de dólares, presentaría grandes complicaciones. Empresas con recursos suficientes para encararla, como los gigantes tecnológicos estadounidenses Meta o Google, probablemente no podrían hacerlo por las normas de competencia y antimonopolio.
Para muchos inversores, el rasgo más valioso de TikTok es el algoritmo de recomendación de videos. Pero su venta necesita ser aprobada por Pekín, que declaró estos algoritmos como tecnología protegida después del intento de Trump de prohibir TikTok en 2020.
Hasta ahora, las autoridades chinas se mostraron firmemente contrarias a una venta forzada de la plataforma y advirtieron que tomarán todas las medidas necesarias para proteger sus empresas. Aunque TikTok se ha convertido en un fenómeno global, solo representa una pequeña parte de los ingresos de ByteDance, según analistas e inversores.
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El grupo ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años y se ha convertido en una de las empresas más valiosas del mundo. Sus inversores internacionales, que incluyen firmas estadounidenses como General Atlantic y SIG y la japonesa SoftBank, han depositado en ella miles de millones de dólares.
“TikTok EE. UU. es una parte muy pequeña del negocio global. Es una parte ilusionante de la historia, seguro, pero (...) en relación con el tamaño total, es una parte muy pequeña”, dijo un inversor del grupo, Mitchell Green de la estadounidense Lead Edge Capital, a la cadena CNBC. “Si la expulsan de Estados Unidos, no venderemos”, afirmó.
Fuente: AFP.
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Servidores públicos, ¿pueden bloquear o no a ciudadanos en redes sociales?
Las redes sociales fueron espacio de debate sobre si un funcionario público o autoridad puede bloquear a otras cuentas de ciudadanos en las diversas plataformas. El tema ha generado posiciones contrapuestas dado que mientras algunos aseveran que esto no constituye en ninguna trasgresión a las normas, en la experiencia de otros países, la justicia ha fallado a favor de los ciudadanos.
El abogado y exdiputado Óscar Tuma fue uno de los que expresó su postura mediante su cuenta X y manifestó que existe una diferencia entre una oficial y una personal y afirmó que cuando se tratan de esta última, los dueños de la cuenta no cuentan con limitaciones a bloquear y restringir sus publicaciones a quien consideren pertinente.
“¿Cómo diferenciar una cuenta oficial de una cuenta privada? Cuenta institucional es oficial, ¿quién la gestiona? creada y operada por entidades como la Cámara de Senadores ¿Para qué se usa?, comunicar actividades, decisiones y políticas oficiales, ¿cómo se identifica? logos oficiales y elementos visuales propios de la institución”, expuso.
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Tuma ejemplificó lo que representan las cuentas oficiales e institucionales mencionando el perfil de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, donde se publican legislaciones, debates, opiniones de legisladores, entre otros. Posteriormente, prosiguió a detallar qué características tiene una cuenta personal o privada.
“Es creada y manejada por una persona en su capacidad individual, ¿para qué se usa? compartir opiniones personales y discusiones sobre temas que no representan una postura oficial de la institución. ¿Cómo se identifica? El contenido no representa la posición oficial de la Cámara de Senadores. Un ejemplo es una cuenta personal de una senadora donde expresa sus puntos de vista individuales y tiene control total sobre quién puede interactuar”, explicó.
Amparo constitucional
De acuerdo a la perspectiva de Óscar Tuma, no corresponde ningún acto ilegítimo o ilegal que un funcionario estatal bloquee a otros usuarios de sus redes sociales y afirmó la restricción de acceso a contenido impuesta a otro ciudadano, no amerita la intervención de la justicia mediante un amparo judicial, ya que la red social le ofrece la posibilidad de determinar con quienes quiere interactuar.
“Desde el momento en que la red social ofrece la posibilidad de bloquear, aceptar o rechazar a un seguidor, no estamos ante un acto ilegítimo y menos ilegal ya que esta conducta no contradice preceptos legales”, sostuvo y aseguró que en el caso de que una ciudadana sea bloqueada, puede seguir accediendo a información pública mediante otra vías.
“El bloqueo realizado a una ciudadana por parte de una senadora en su cuenta personal de redes sociales no constituye un acto ilegítimo ni ilegal, ni representa una lesión grave y urgente que justifique la intervención judicial excepcional del amparo”, sentenció.
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Otra perspectiva
El abogado Ezequiel Santagada por su parte, compartió lo sucedido en Estados Unidos, cuando la Corte Suprema de Justicia falló a favor de ciudadanos que fueron bloqueados y agregó que en México la justicia resolvió algo similar ante el mismo hecho.
“Hay una diferencia entre cuentas personales oficiales y cuentas personales privadas; pero si las últimas son usadas para difundir la gestión pública o comunicar una cuestión oficial, no se puede bloquear. El 15 de marzo de 2024, por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos estableció eso en dos casos”, refirió el abogado a través de X.
El debate se inició a raíz del amparo constitucional promovido por la abogada Alejandra Peralta Merlo, quien fue bloqueada en redes sociales por algunos senadores. De acuerdo a la profesional del derecho, el accionar de los legisladores recae en una “censura previa”, por lo que se debe abogar por la libertad de expresión y acceso a la información pública en redes sociales.
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Un promedio de G. 500 a 1.000 millones es el perjuicio a la Ande
El gerente comercial de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Hugo Rolón, señaló que el perjuicio para la entidad con el funcionamiento de las granjaminerías va desde G. 500 a 1.000 millones al mes. Estos montos son los que debería percibir la Ande, sin embargo, el consumo de energía eléctrica de las granjas de criptomonedas se da de manera clandestina.
“Lo que hace estas granjas es el procesamiento de monedas virtuales. Estamos hablando de un promedio de 500 a 1.000 millones de guaraníes por mes que tendría que pagar por el consumo de energía eléctrica”, refirió en comunicación con la 650 AM. El daño a la Ande no solo se representa en términos económicos, sino también en el consumo propio de la energía eléctrica.
“En lo que va del año hemos intervenido unas 14 granjas de criptominería que se estaban conectando de manera ilegal a la red de distribución y esto en término de potencia representa 40 megavatios, aproximadamente. Si hablamos en números, representa casi 2 veces el consumo de ciudades como Pilar y Villarrica”, detalló.
Reiteró que el perjuicio que están generando es enorme, en este caso a las redes de distribución y también al patrimonio institucional de la Ande.
“Normalmente se instalan donde tenemos varios alimentadores de distribución. Lógicamente en esos lugares tenemos también sectores industriales y ellos se mimetizan dentro de estas zonas industriales, entonces pasan desapercibidos”, refirió.
Apuntó que se sigue trabajando en la lucha en contra de estas granjas ilegales. “No existe una variación significativa, salvo que se instalen en líneas radiales, a finales de línea. Estamos trabajando con otros organismos del Estado para optimizar la lucha contra los ilegales”, puntualizó.
GRUPO DE PODER INVOLUCRADO
La Administración Nacional de Electricidad (Ande) trabaja en un sistema de monitoreo de consumo de electricidad en el marco de la lucha contra las granjas de criptominería ilegales que sobrecargan al sistema en muchas áreas del país. Así lo anunció su titular, Félix Sosa, revelando que hasta el momento llevan realizadas 64 denuncias ante la Fiscalía.
Luego de la pandemia, al registrarse el “boom” de la criptominería y el alto consumo que conllevaba este negocio, la Ande comenzó a tomar medidas contra las actividades de las empresas como Esur SA que utilizaban mucha electricidad, pero que pese a ello pagaban un módico monto, por lo que fijó una tarifa especial y comenzó a regularizar esos emprendimientos.
De acuerdo a su página web, la empresa Esur SA forma parte del grupo Azeta de la familia Zuccolillo. Esta firma inició sus operaciones en el año 2011 con el objetivo de desarrollar negocios en el sector energético, a través de la administración y distribución de energía eléctrica en algunos centros comerciales, entre ellos el Shopping Mariscal y Abasto Norte, pertenecientes al mismo grupo empresarial.
En setiembre de 2019, la empresa encabezada por Micky Zaldívar incluyó en sus negocios la minería de datos, específicamente criptomonedas, para utilizar la tecnología de Blockchain, lo cual consta en la página web del grupo Azeta.
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Las criptominerías y el perjuicio a la Ande: promedio va de G. 500 a 1.000 millones al mes
El gerente comercial de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Hugo Rolón, señaló que el perjuicio para la entidad con el funcionamiento de las granjaminerías va desde G. 500 a 1.000 millones al mes.
Estos montos son los que debería percibir la Ande, sin embargo, el consumo de energía eléctrica de las granjas de criptomonedas se da de manera clandestina.
“Lo que hace estas granjas es el procesamiento de monedas virtuales. Estamos hablando de un promedio de 500 a 1.000 millones de guaraníes por mes que tendría que pagar por el consumo de energía eléctrica”, refirió en comunicación con la 650 AM.
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El daño a la Ande no solo se representa en términos económicos, sino también en el consumo propio de la energía eléctrica.
“En lo que va del año hemos intervenido unas 14 granjas de criptominería que se estaban conectando de manera ilegal a la red de distribución y esto en término de potencia representa 40 megavatios, aproximadamente. Si hablamos en números, representa casi 2 veces el consumo de ciudades como Pilar y Villarrica”, detalló.
Reiteró que el perjuicio que están generando es enorme, en este caso a las redes de distribución y también al patrimonio institucional de la Ande.
“Normalmente se instalan donde tenemos varios alimentadores de distribución. Lógicamente en esos lugares tenemos también sectores industriales y ellos se mimetizan dentro de estas zonas industriales, entonces pasan desapercibidos”, refirió.
Apuntó que se sigue trabajando en la lucha en contra de estas granjas ilegales. “No existe una variación significativa, salvo que se instalen en líneas radiales, a finales de línea. Estamos trabajando con otros organismos del Estado para optimizar la lucha contra los ilegales”, puntualizó.