La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este pide esclarecer su vínculo con la comuna y la defensa particular de personas relacionadas con la institución.

Integrantes de la Contra­loría Ciudadana de Ciu­dad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la República (CGR) impulsar una fiscalización en torno al plantel de funciona­rios y empleados públicos de la municipalidad al denun­ciar una presunta incompati­bilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo. El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo con­forme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero de 2025 y paralela­mente ejercería la defensa téc­nica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto y su gavilla conformada por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos Francisco Arrúa y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.

“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompa­tibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inade­cuada de recursos o informa­ción institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipali­dad de Ciudad del Este, ejerce­ría la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.Señala también que “asimismo, se solicita veri­ficar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Acti­vos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.

En el escrito mencionan que algunas de las causas judicia­les guardarían relación con hechos denunciados, actua­ciones administrativas, recur­sos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirecta­mente con la Municipalidad de Ciudad del Este. “Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos debido a que, por una parte, mantiene un vín­culo remunerado con la institu­ción municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investi­gadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciuda­dana de acuerdo a las informa­ciones e investigaciones recopi­ladas por sus miembros.

Agregan que la situación requiere verificar si la denun­ciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documen­tos, antecedentes, datos per­sonales, expedientes adminis­trativos, informes jurídicos o cualquier otra información ins­titucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica. Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indi­rectamente, se utilizan recur­sos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, infor­mación o fondos de la Munici­palidad de Ciudad del Este. En el requerimiento, la Contra­loría Ciudadana hace alusión a la Ley n.º 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y emplea­dos públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan el Artículo n.º 51 de la ley que establece, entre las obligacio­nes de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses pro­pios o particulares, observar el principio de probidad adminis­trativa y actuar con imparcia­lidad. También hacen mención del Artículo n.º 52, inciso m), prohíbe a los servidores públi­cos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico. Igualmente, citan los incisos k), l), n), p) y r) del mismo artí­culo argumentando que en los mismos se detallan prohibicio­nes relacionadas con la obten­ción de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados par­ticulares y el ejercicio de ocu­paciones que no puedan con­ciliarse con las obligaciones del puesto público.

Además, citan en la solicitud el artículo n.º 61, inciso p), con­sidera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámi­tes o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.

También hacen referencia a la Ley n.º 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obli­gados a las personas nombra­das, contratadas o electas para prestar servicios en organis­mos o entidades del Estado. La declaración jurada debe pre­sentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.

“Los hechos expuestos ame­ritan una investigación des­tinada a determinar la natu­raleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectua­dos, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obliga­ciones legales de transparen­cia”, sostienen.

Dos extranjeros fueron víctimas de violentos asaltos y privación de libertad en Ciudad del Este, en hechos que tendrían un mismo patrón: contactos pactados mediante una aplicación de citas que terminaron con los hombres trasladados hasta el barrio San Rafael, donde fueron interceptados por grupos armados.

Desde el Ministerio Público informaron este jueves que los casos, ocurridos en julio, derivaron en la imputación de siete personas, seis hombres y una mujer, por los presuntos delitos de robo agravado, asociación criminal y privación de libertad.

“Tres de los sospechosos fueron detenidos durante allanamientos realizados el 19 de agosto, mientras que los otros cuatro permanecen prófugos y tienen órdenes de captura”, informó la Fiscalía.

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El primer episodio ocurrió el 6 de julio, cuando un ciudadano brasileño acordó encontrarse con una persona que utilizaba el perfil de “Wilson”. El supuesto contacto lo recogió en el microcentro y lo llevó hacia la zona baja del barrio San Rafael. Allí, un grupo de entre ocho y diez personas lo habría encañonado y retenido durante varias horas.

Los delincuentes le quitaron un iPhone 15 Pro Max y dinero en efectivo y, según la denuncia, lo obligaron a realizar transferencias por unos 8.000 reales, además de gestionar préstamos.

Diez días después se habría producido un segundo ataque. Esta vez, un ciudadano francés contactó mediante la misma aplicación a un usuario identificado como “Lucas”. Tras ser recogido en un hotel de Foz de Yguazú, fue llevado hasta San Rafael, donde un grupo de entre 10 y 12 personas lo habría golpeado y despojado de su teléfono, calzados y tarjetas bancarias.

La víctima fue trasladada posteriormente hasta una zona boscosa cercana al río Paraná, donde permaneció retenida durante más de ocho horas.

La investigación permitió reconstruir parte de los recorridos mediante cámaras de seguridad y vincular una de las motocicletas utilizadas con uno de los sospechosos. Con esos datos se realizaron allanamientos en San Rafael, donde fueron incautados una motocicleta, teléfonos celulares, cascos, prendas de vestir, calzados y otros objetos que podrían estar relacionados con los hechos.

La Fiscalía solicitó prisión preventiva para dos de los imputados, arresto domiciliario para la mujer y la declaración de rebeldía y captura de los cuatro sospechosos que siguen sin ser localizados.

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La quinta aeronave A-29 Super Tucano llega al país este jueves 20 de agosto, a las 17:00, en la Plataforma Militar de la I Brigada Aérea; que forma parte de la flota total de seis aeronaves adquiridas de la empresa brasileña Embraer S. A. por un monto de USD 105 millones.

El arribo de esta aeronave fue confirmado por el general del aire Julio Fullaondo, comandante de la Fuerza Aérea Paraguay, a través del portal de Medios del Estado. Mientras tanto, el sexto y último avión llegará en el próximo mes de setiembre.

El comandante explicó que las seis aeronaves adquiridas por el Estado tienen la misión de combatir los vuelos ilícitos en el espacio aéreo nacional, el combate al narcotráfico y al crimen transnacional organizado. Estas aeronaves son “de combate ligero, con tecnología muy avanzada y, como país, nos da una capacidad de defensa, ya que el enemigo principal en la región es el narcotráfico y el crimen transnacional organizado”, expresó el jefe militar.

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Fullaondo destacó que “la política de toda la región es de combatir estos males, y Paraguay, con nuestras aeronaves y los radares de fabricación israelí reparados, estamos operando, trabajando, para combatir el ingreso de los vuelos ilícitos en nuestro espacio aéreo”. Refirió que “el espacio aéreo paraguayo fue libre mucho tiempo, porque no teníamos radar primario, por lo cual teníamos capacidad nula de control del espacio aéreo para los vuelos ilícitos”.

Los Super Tucano son aeronaves de combate ligero reconocidos mundialmente por su versatilidad y eficacia en diversas misiones, incluyendo:

- Patrullaje aéreo: capaces de realizar misiones de vigilancia y control del espacio aéreo.

- Apoyo aéreo cercano: efectivos en operaciones de apoyo a fuerzas terrestres.

- Entrenamiento: ideales para la formación de nuevos pilotos en técnicas de combate y maniobras aéreas.

- Capacidad de interceptación: las naves están equipadas para interceptar aviones no autorizados, aumentando la seguridad del espacio aéreo nacional.

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Un operativo realizado esta madrugada en el Km 10, lado Acaray, permitió la detención de un hombre con orden de captura y la aprehensión de otros tres sujetos, investigados por su presunta vinculación con varios robos domiciliarios.

El detenido fue identificado como Patricio Vera Sánchez (35), quien contaba con orden de captura y declaración de rebeldía por un supuesto hecho de robo agravado. También fueron aprehendidos César Ramón Alviso Duarte (42), Fabio Ramón Maidana Ortigoza (27) y Elvio Paiva Riveros (42).

El comisario Wilfrido Maldonado, jefe de Investigación, habló sobre la captura de los cuatro individuos, sospechosos de perpetrar un violento asalto domiciliario captado en video.

“Actuaron con mucha violencia y fueron capturados en el momento en que iban a perpetrar otro hecho”, indicó este miércoles en declaraciones a la 1080 AM.

Añadió que las tres personas aprehendidas no registran antecedentes según registro policial. Pero de acuerdo con imágenes de circuito cerrado son los mismos que cometieron el violento atraco en perjuicio de una familia.

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“Para nosotros, son los que cometieron el hecho de robo domiciliario, que a juzgar por las imágenes actuaron en todo momento con mucha agresividad. Y lo más triste es que perpetraron frente a niños que estaban con sus padres”, expresó.

En ese sentido, el comisario calificó de “lamentable” el actuar de los malvivientes, porque si bien, los niños no sufrieron daños físicos, se quedarán con daños psicológicos, indicó.

“Nunca más se les va a borrar de la mente. Desde todo punto de vista es muy triste y lamentable. Apremios físicos no sufrieron los niños, pero los padres dijeron que en todo momento estas personas actuaron con suma violencia”, lamentó.

Destacó que gracias al trabajo técnico investigativo del personal se pudo llegar a estas personas en el momento justo en que iban a perpetrar otro hecho similar.

Durante el operativo, la Policía incautó armas de fuego, vehículos y un croquis detallado que planeaban usar para un segundo robo inminente. “Incautaron del poder de ellos, dos vehículos, armas de fuego y un croquis totalmente detallado del lugar donde estaba ubicada la caja fuerte de un domicilio”, comentó el jefe policial.

Los cuatro fueron interceptados cuando circulaban por la avenida Carlos Alberto Sarubbi. Según los investigadores, al percatarse de la presencia policial habrían intentado evadir el procedimiento.

También fueron incautados dos vehículos, un Toyota Wish y un Toyota Vitz, además de un revólver calibre 357 con seis cartuchos y una pistola calibre 6,35 mm con cinco cartuchos. Hallaron además cinco teléfonos celulares, una pata de cabra, pasamontañas, quepis, herramientas, chalecos tácticos, prendas con inscripción de la Policía.

Los investigadores sospechan que los elementos incautados podrían estar vinculados con la planificación o ejecución de robos domiciliarios. Los cuatro quedaron a disposición del Ministerio Público.

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