Un grupo de ciudadanos se instaló frente a la sede el Ministerio de Hacienda con “la carpa de la resistencia”, reclamando los hechos de corrupción y el endeudamiento del país. También piden asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad.
Las personas son de varios asentamientos del departamento Central y aseguran que no pertenecen a ningún partido político, solo están contra la corrupción, el endeudamiento y los “mondaha”.
Varios jóvenes pertenecientes al movimiento Patria Nueva son los que están al frente de la carpa de la resistencia en las inmediaciones del Ministerio de Hacienda, sobre la calle Palma y Chile del microcentro de Asunción.
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Uno de los reclamos es el nuevo endeudamiento que busca el Gobierno para la reactivación económica, que sería de unos 350 millones de dólares del Estado, sumado a los US$ 1.600 de la Ley de Emergencia Sanitaria para la lucha contra la pandemia del COVID-19.
En el lugar instalaron pancartas contra el ministro de Salud, Julio Mazzoleni; el presidente de la República, Mario Abdo Benítez; el ministro del Interior, Euclides Acevedo y el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
Los voceros de la carpa de la resistencia alegan que la idea de llevar a cabo dicha protesta surgió para mostrar la realidad de muchos compatriotas en los asentamientos del país, mientras hay gente que se enriquece con el dinero público. También solicitan asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad afectadas por la crisis.
El informe de gestión del presidente de la República del miércoles también es criticado por los manifestantes, quienes consideran que el mandatario debió tocar temas que conciernen a la realidad del país, como los hechos de corrupción desatados en el Ministerio de Salud con las licitaciones amañadas y las consecuencias reales de la crisis desatada por la pandemia del COVID-19.
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Aumento en recaudaciones ayudará a alcanzar planes de convergencia fiscal, afirma ministro
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que el aumento en la recaudación a través de la fusión de Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en USD 457 millones es un resultado esperado, pero mucho más rápido que lo proyectado inicialmente.
El hecho otorga tranquilidad para alcanzar a fin de año los planes de convergencia fiscal previstos. “Esta parte de los impuestos es fundamental para hacer frente a los gastos o los planes de Gobierno. Lógicamente, el hecho de estar recaudando esta suma, que es bastante importante, da un poco más de tranquilidad”, comentó.
El ministro estuvo en comunicación con el programa Arriba Hoy emitido por Canal GEN/970 y también señaló que la recaudación permitirá tener recursos para gastar en los sectores prioritarios como salud, educación, seguridad y transferencias sociales.
Sobre la optimización del gasto público, acotó que acciones como haber fusionado el Ministerio de Hacienda con la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de la Función Pública permitieron eliminar más de 80 cargos gerenciales que se tenían.
“El ahorro que se tiene en el rubro de salarios es de alrededor de 9 millones de dólares. Creemos que vamos en la dirección correcta a través de las fusiones de las entidades”, manifestó.
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Valdovinos remarcó que otra cuestión es la nueva ley de Compras Públicas, que será implementada entre el MEF, la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), y el Banco Central del Paraguay (BCP).
“Entre todos vamos a ser los encargados de la implementación que hará las compras públicas mucho más rápidas, eficientes, transparentes, y baratas”, agregó.
Expresó que estos son pasos graduales con los que se avanza en la dirección correcta y que permitirán que con los recursos que se dispongan tengamos más bienes.
Acerca de la creación de empleos, dijo que el Estado tiene que generar las condiciones adecuadas para que el sector privado pueda invertir. “De a poco está dando resultados todo lo que se está haciendo para demostrar al Paraguay como ese país que es previsible y tiene un esquema tributario competitivo”, puntualizó.
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El Gobierno apuesta todo en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia
Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de caudales que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delincuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que ostentan y la capacidad de organización y destrucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.
El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que últimamente ha sufrido el embate de los criminales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente contaban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.
La crónica policial indica que en los últimos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligrosidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las localidades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.
En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transportador de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero automático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue destruida con explosivos y se robaron centenares de millones de guaraníes.
Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.
Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.
El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nuevas inversiones para el equipamiento logístico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anualmente, para alcanzar 25.000 nuevas incorporaciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concepción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departamentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más adelante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuerzas policiales tienen también otro”, manifestó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.
La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últimamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la guerra contra la delincuencia y la inseguridad.
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La “represión” se acentúa bajo el gobierno de Maduro, según ONG
- Caracas, Venezuela. AFP
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el “alarmante aumento de desapariciones forzosas” en el país.
“Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe “Maduro, una década oscura para los derechos humanos”.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo periodo.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
“No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes” de “fuerzas políticas distintas de las del Gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una “persecución” de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.
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Tras días de incertidumbre, Pedro Sánchez dio su respuesta: continúa al frente en España
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes que seguirá al frente del Ejecutivo tras cinco días de reflexión y silencio por el acoso personal que dice sufrir de la oposición, que lo acusó de burlarse del país. “He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe”, dijo Sánchez en un mensaje al país desde el palacio de la Moncloa.
Concluía así la incertidumbre que se abrió el miércoles cuando Sánchez anunció que se daba unos días para meditar su renuncia, criticando el “acoso y derribo” de la derecha y la ultraderecha a su familia después de que se conociera la apertura de una investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez, por presunta “corrupción”.
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Asiduo a los golpes de efecto políticos, Sánchez canceló su agenda pública hasta este lunes, anulando su aparición en mitines durante el primer fin de semana de campaña para las cruciales elecciones regionales del 12 de mayo en Cataluña, donde los socialistas buscan desalojar del poder a los independentistas.
“Mostraremos al mundo cómo se defiende a la democracia, pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo sereno y democrático, más allá de las siglas y de las ideologías, que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España”, continuó.
Por la noche, en una entrevista en la televisión pública, Sánchez explicó que su mujer le pidió no abandonar: “fue la primera que me dijo que que no dimitiera”, explicó.
Asimismo, reclamó “acabar con los insultos de la vida pública”, pero se mostró pesimista: el acoso “se va a redoblar”, estimó.
Cortina de humo
En su mensaje al mediodía, Sánchez dijo que las manifestaciones en Madrid y otros puntos de España este fin de semana habían “influido decisivamente” en su decisión de seguir. De haber dimitido Sánchez, España se hubiera encaminado a unas nuevas elecciones generales, un año después de las de julio pasado.
La decisión de Sánchez provocó expresiones de alivio entre los socialistas y críticas duras del resto de partidos.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, del conservador Partido Popular, calificó el anuncio de “bochorno” y “ridículo”, y acusó a Sánchez de burlarse de los españoles. “Le ha tomado el pelo a una nación de 48 millones de españoles”, sentenció.
“Hemos asistido a una comedia, a una cortina de humo (...) un acto electoral de cinco días”, dijo el presidente regional catalán Pere Aragonés, de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), un partido aliado de los socialistas en el Congreso español y enemigo en el ámbito regional.
El anuncio de Sánchez le permitirá salir de su retiro para incorporarse a la campaña electoral de Cataluña, un bastión de votos para él.
“Durante estos cinco días hemos asistido a un teatro burdo, indignante y victimista, que nos ha sumido colectivamente en un bochorno internacional”, lamentó el líder de la formación de extrema derecha Vox, Santiago Abascal.
Investigación
La investigación contra la esposa de Sánchez, bajo secreto de sumario, fue abierta por una denuncia de la asociación Manos Limpias, próxima a la extrema derecha. La Fiscalía pidió que se archivara la demanda y Manos Limpias admitió que se basó exclusivamente en informaciones de prensa.
Según el medio digital El Confidencial, el tribunal indaga los vínculos de Begoña Gómez con el grupo turístico español Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, cuando esta última mantenía conversaciones con el gobierno para un rescate durante la pandemia de covid-19, que finalmente consiguió.
En su carta a la ciudadanía divulgada el miércoles, Sánchez, que gobierna con la extrema izquierda y el apoyo de partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, repudió las “denuncias tan escandalosas como falsas”, que a su juicio emanan de una campaña llevada a cabo por “intereses derechistas y ultraderechistas (...) que no aceptan el veredicto de las urnas”.
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Es una “estrategia de acoso y derribo”, prosiguió el mandatario, cuyas medidas, como una ley de amnistía para independentistas que participaron en el intento de secesión de Cataluña en 2017, han chocado con un rechazo frontal de la oposición de derecha.
Fuente: AFP