El director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), Felipe González, manifestó que un solo paciente de COVID-19 costó al Estado un total de 68 mil dólares.
“Hoy nosotros nos quejamos de muchas cosas, pero yo puedo contar que me pasaron los datos sobre un paciente extranjero que se retiraba semanas antes del hospital. Ese paciente costó al Estado paraguayo 68 mil dólares, solo un paciente con COVID”, mencionó.
González manifestó en una entrevista en la radio 970 AM y el canal GEN que el alto gasto ya incluye los insumos, tratamiento, infraestructura y gastos rígidos como el pago al personal de blanco, altamente calificado para combatir el virus.
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Por otra parte, manifestó que es necesario que los procesos en el sistema de salud sean más ágiles, sobre todo con la situación actual. Agregó que no es el momento para quejarnos, sino para avanzar.
“Se debe entender que los procesos lastimosamente en Salud Pública no son expeditivos. Se manejan de igual manera al resto de los ministerios y es por eso que algunas veces tenemos que juntarnos y ver la forma para que Salud Pública tenga procesos más expeditivos y sobre todo con esta situación. No podemos quedarnos sentados a quejarnos de lo que ya pasó y avanzar hacia adelante, ver qué tenemos y qué no tenemos”, indicó.
Afirmó que una de las desventajas al inicio fue que Paraguay no constituía un “atractivo” dentro de la competencia de los diferentes mercados para la provisión de los equipos e insumos médicos debido a que los volúmenes que se compran en otros lugares son más llamativos, aunque nuestro país haya contado con un presupuesto asignado.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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Ministerio Público necesita ser defendido y fortalecido, afirma titular de Diputados
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sostuvo que la Fiscalía General del Estado es una institución relativamente joven en la democracia del Paraguay; por lo tanto, necesita ser defendida y fortalecida, así como a sus autoridades que fueron constitucionalmente electas.
El legislador respondió de este modo ante la discusión instalada en la Cámara Baja, con la presentación del pedido de juicio político al fiscal general Emiliano Rolón, presentado por los abogados defensores de la familia del exdiputado fallecido Eulalio Gomes. Aclaró que la bancada de Honor Colorado aún no conversó sobre este asunto.
Ante esta situación, Latorre ratificó que mantiene una posición histórica de respeto y búsqueda constante del fortalecimiento de la institucionalidad del Estado.
“Yo creo que necesitamos fortalecer las instituciones de nuestro país, particularmente el Ministerio Público, teniendo en cuenta que es una institución relativamente joven, ya que anteriormente dependía exclusivamente del Poder Judicial”, explicó.
Explicó que cuando se fundó el Ministerio Público con la Constitución de 1992, se creó bajo la lógica de generar independencia en el proceso de la prosecución penal, de la institución que tenía el monopolio de la acción penal pública, que era el Poder Judicial.
“Entonces para fortalecer la justicia, fortalecer la institucionalidad en nuestra República, nosotros necesitamos proteger la vida de esta institución, así como de las autoridades que fueron constitucionalmente electas”, enfatizó.
No obstante, el presidente Latorre reconoció que el mecanismo del juicio político está “claramente establecido en la Constitución y es una atribución del Congreso de la Nación”, pero subrayó que “debería ser una medida de última ratio”, es decir, el último recurso a considerar.
“La discrepancia con respecto a una decisión puntual no debería motivar a llegar a esa última ratio”, sostuvo, defendiendo la necesidad de proteger la vida institucional y a las autoridades constitucionalmente electas.
El titular de la Cámara de Diputados concluyó señalando que su posición trasciende el caso particular y se enfoca en una necesidad fundamental del país: “El Paraguay tiene que fortalecer sus instituciones. Y eso implica asumir ese tipo de posiciones”.
“Naturalmente, estamos en democracia, estamos en el marco de la libertad de expresión, estamos en un marco donde no existe mandato imperativo. Veremos qué es lo que dice el Congreso Nacional”, finalizó.
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Alianza Abdo-Ostfield golpeó los ingresos tributarios
Desde Tabacaleras del Este SA (Tabesa) señalaron que la persecución contra Horacio Cartes, materializada en sanciones derivadas de un operativo entre Mario Abdo y el exembajador Marc Ostfield, generó perjuicios económicos tremendos a la empresa, y colateralmente, el Estado se vio perjudicado luego de dejar de recibir enormes proporciones en concepto de impuestos.
De acuerdo a los datos expuestos en Unicanal, durante muchos años Tabesa fue el mayor aportante al fisco, y tiene un aporte histórico de USD 889 millones al Estado. En el 2022, la tabacalera aporta USD 40,6 millones al tesoro paraguayo; en el 2023, año de las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) se redujo a USD 26,3 millones; en tanto, en 2024, esto bajo drásticamente a USD 7,3 millones y eso, sin mirar todos los daños colaterales a la pérdida de empleos, enfatizó Ortiz.
“Tan cretino es Mario Abdo Benítez que no tenía problema en que ocurran todas estas cosas, hay que pensar en las familias que viven de esto, los trabajadores tenían seguro privado, eran el sustento de sus hijos, pero nada de eso le importó a Abdo con tal de sacar ese odio y maldad, es una mala persona, porque es una persona que por un adversario político pierde la sensibilidad. Cartes y yo vamos a seguir viviendo bien, pero afectaron a esas personas que viven al día, la crueldad es inimaginable”, lamentó.
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Ortiz afirmó que el daño es invaluable, puesto que Tabesa tuvo que salir del mercado americano debido a las sanciones, pero no solo eso, sino también, esto perjudicó a toda la cadena de valor que depende de este negocio, proveedores, servicios y trabajadores tercerizados, y también al Estado, que perdió a uno de sus mayores aportantes.
El gerente de Tabesa también criticó que en el documento remitido por Ostfield al Departamento de Estado, incluye una defensa hacia Abdo, sin embargo, nunca le dieron la posibilidad de defenderse a Cartes de todas las acusaciones en su contra y menos de las sanciones que se aplicaron sobre su persona y sus empresas.
“A Cartes no le dieron la mínima posibilidad de defenderse, pero él (Ostfield) actúa de abogado de Mario Abdo, dejen de tratarnos de inocentes. Dijo que se atacaron a los colaboradores, de Ostfield y se refería a Arnaldo Giuzzio, que está directamente vinculado con Marcus Vinicius, que levantó los controles de la Senad en los puertos y empiezan a aparecer toneladas de droga en Europa enviadas desde Paraguay. Él no veía nada cuando eran los contrincantes de Horacio Cartes”, señaló.
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Latorre insta al Gobierno a invertir en ciberseguridad para proteger al Estado
El presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Raúl Latorre, fue contundente al expresar su postura sobre el futuro del ciberespacio de Paraguay. En ese sentido, instó al Gobierno a invertir y fortalecer la infraestructura en ciberseguridad, a fin de proteger la información de las instituciones del Estado y la imagen país.
El legislador se refirió a las publicaciones de un esquema de acciones de inteligencia del gobierno de Brasil, contra el Estado paraguayo, respecto a las negociaciones en torno al Anexo C del Tratado de Itaipú. Al respecto, remarcó que la ciberseguridad ya no es una necesidad del futuro, sino que es una necesidad del presente.
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“Cuestiones muy sensibles de seguridad nacional, información sensible, inherente a la subsistencia de un Estado, se manejan en el ciberespacio. Veo una reacción firme por parte del Gobierno, la suspensión de las negociaciones con Brasil sobre el Anexo C, hasta que esto sea esclarecido, es el paso correcto”, remarcó.
Latorre reiteró que Paraguay es vulnerable en términos de ciberseguridad, por lo que es urgente corregir esa vulnerabilidad estructural y recordó que nuestro país cuenta con aliados estratégicos que podrían brindar una mano en cuestiones de tecnología.
“Tenemos que ocuparnos de eso, es una cuestión costosa y compleja, sí, pero tenemos aliados estratégicos que tienen claras condiciones de ayudarnos a que esto deje de ser una debilidad y se convierta en una fortaleza. Tenemos aliados con condiciones que pueden darnos soporte en términos de tecnologías, términos informáticos y de inteligencia”, refirió.
Recuperar la confianza
Asimismo, agregó que debe haber una respuesta formal y seria por parte de los canales diplomáticos pertinentes. No obstante, aclaró que eso no significa que no se tomen medidas inmediatas, y una investigación.
“El gobierno brasileño está obligado a dar las explicaciones pertinentes, para recuperar la confianza. Esta cuestión que planteó Brasil, de que fue el Gobierno pasado, francamente me parece que no es la respuesta que un Estado debe dar a otro Estado”, expresó.
Agregó que Brasil es el principal socio comercial de nuestro país “compartimos Itaipú Binacional y hay demasiados intereses geopolíticos. Pero, la construcción de esta amistad debe estar cimentada en la confianza”, puntualizó. También mencionó que es fundamental mantener una relación de confianza y solidez con todos los países de la región, que debe trascender el modelo de los 5 años, independientemente a quién esté en el poder.