El director de la XIII Región Sanitaria, Pedro Collar, señaló este sábado que existe otra menor embarazada en la zona y también hay varios casos de abuso sexual en niños. Se trata de una adolescente de 13 años, quien acudió varias veces al centro asistencial para consultar.
“Tenemos otro caso de joven embarazada y ella también recurrió al hospital, tiene 13 años. La verdad tenemos bastante casos de menores en estado de gravidez”, manifestó el médico en entrevista con Telefuturo.
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Sostuvo que la menor acudió también varias veces para consultar en la XIII Región Sanitaria, Amambay, y estaría por las 20 semanas de gestación. Reiteró que en la zona hay varios casos de embarazadas jóvenes y casos de abuso en niños.
Mencionó que no sabe si la adolescente fue trasladada hasta un centro asistencial de Asunción o el departamento Central, pero que hasta hace poco acudía hasta la XIII Región Sanitaria para su control. Los nombres de menores víctimas de abuso sexual se omiten por disposición del Código de la Niñez y la Adolescencia.
Una niña de 11 años, oriunda de Pedro Juan Caballero, víctima de abuso sexual, dio a luz ayer y se encuentra en buen estado de salud, al igual que la bebé, que nació con 2 kilos 10 gramos en el Hospital de Itauguá. El parto fue mediante una cesárea.
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La menor no puede tener contacto con familiares por si sea un caso positivo de COVID-19. Luego de conocerse el resultado, en el caso de que haya dado positivo, se le realizará el test a la beba por si haya sido contagiada también.
La fiscala interviniente, Sandra Díaz, imputó al presunto autor del hecho, un menor de 14 años, quien también vivía en el lugar que la menor de 11 años. La niña fue inspeccionada por el médico forense y se dispuso la realización de evaluaciones psicológicas que confirmaron el hecho.
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Marcharon a nivel nacional contra el abuso infantil y adolescente
Con el lema “Mi cuerpo, mi territorio. Ni se usa ni se abusa” se realizó este sábado la marcha nacional contra el abuso infantil y adolescente. Cientos de niños, niñas y adolescentes marcharon esta mañana desde la Plaza Uruguaya hasta la Plaza de la Democracia, exigiendo instituciones, comunidades, barrios y un país seguro para la infancia.
Cada 31 de mayo se recuerda a Felicita Estigarribia, una niña de 11 años asesinada tras ser víctima de abuso sexual. Su caso dio origen al Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Paraguay.
Padres, madres e hijos acompañaron hoy la marcha para exigir protección, Justicia y una vida libre de violencia para todas las niñas, niños y adolescentes.
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Esta actividad tuvo como objetivo crear conciencia sobre la importancia de proteger, escuchar y acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes, promoviendo una cultura de respeto, cuidado y protección integral de sus derechos.
La protección de la infancia es una responsabilidad compartida. Cuidar a nuestros niños y niñas es construir un futuro más seguro, justo y humano para todos.
Se recuerda a toda la ciudadanía que, ante cualquier situación de abuso o maltrato infantil, pueden realizar denuncias a través del Fono Ayuda 147 o comunicándose directamente al 911.
Pedaleada en Luque
En Luque, se llevó a cabo una pedaleada simbólica con el propósito de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de prevenir y combatir este grave flagelo.
La actividad contó con la participación de autoridades, instituciones y ciudadanos comprometidos con la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, reafirmando el compromiso de construir una comunidad más segura y protectora para la infancia.
Misa en Arroyos y Esteros
El Hospital Básico de Arroyos y Esteros también se sumó a esta importante jornada de reflexión y compromiso comunitario junto a instituciones del distrito, la CODENI, la Municipalidad, comunidades educativas y representantes de diferentes sectores.
Participaron de una misa, oficiada por el padre Jorge Ozuna, párroco de la iglesia San Francisco de Asís, luego marcharon por las principales calles de la ciudad y culminó con una emotiva presentación artística.
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Itakyry: denuncian desaparición de madre adolescente con su hija de tres meses
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El Departamento de Búsqueda y Localización de la Policía de Alto Paraná activó la alerta sobre la desaparición de una adolescente de 15 años, con su niña de tres meses que huyó de su casa, según denuncia realizada por su abuela. La mujer, de 66 años, tiene a su cargo la guarda de la menor que acababa de ser madre.
La denuncia fue realizada ayer ante la Comisaría 12 de Itakyry. La mujer vivía con su nieta y bisnieta en el barrio Ytororo del citado distrito de Alto Paraná. Se trata de Yesenia Noemí Casco Duarte, de 15 años, y Yessi Casco Barros, de tres meses de vida. La desaparición fue el 26 de mayo desde las 13:30.
La adolescente, con su hija en brazos, habría abordado un taxi de color blanco con destino a Brasil, desde donde horas después se comunicó con la abuela por teléfono para manifestarle que se encontraba en Brasil, en compañía de su pareja, Víctor Barro Benítez, de nacionalidad brasileña, mayor de edad.
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La denunciante indicó que su nieta es de constitución física delgada, cutis blanco, cabello liso negro, ojos claros, estatura mediana y habría salido con un pantalón jeans negro y una campera color marrón.
El oficial Gustavo Saucedo, de Búsqueda y Localización de la Policía de Alto Paraná, informó que recibieron el reporte de la comisaría y activaron el protocolo de búsqueda. Mencionó que el contacto con la Policía de Brasil se hizo a través del Comando Tripartito. También fue informado el caso al Ministerio Público.
En los últimos meses se presentaron casos recurrentes de adolescentes desaparecidas y luego rescatadas de supuestos hechos de trata de personas en Brasil. Las menores de edad con hijos de pocos meses están entre los casos.
La semana pasada fue rescatada en San Paulo una menor de 15 años con su bebé y existe una causa abierta en la Fiscalía por trata de personas.
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Reportan que cerca de 3.600 niñas y adolescentes dieron a luz el año pasado en Paraguay
Este jueves, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), reveló que cerca de 3.600 niñas y adolescentes dieron a luz en el país en el año 2025. El informe se dio a conocer en el marco del “Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes”.
Según el reporte dado por el observatorio de la CDIA, el boletín muestra la situación de vulneración de derechos en la que viven miles de niñas, niños y adolescentes en Paraguay. Recordaron que persisten situaciones de violencia sexual, desigualdades y falta de acceso efectivo a mecanismos estatales de justicia, protección y prevención.
“Los datos señalan que durante el 2025, unas 3.591 niñas y adolescentes dieron a luz en el país. De ese total, 345 correspondían a niñas de entre 10 y 14 años”, resaltaron.
Más de 23 mil partos
La mayor cantidad de partos de niñas y adolescentes se concentran en Central, Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa y San Pedro. En tanto que, las mayores tasas de riesgo o la proporción de nacimientos por cada 1.000 niñas y adolescentes se registran en: Amambay, Boquerón, Canindeyú, Presidente Hayes y Concepción.
“La tasa nacional representa a 8,5 niñas y adolescentes (de 10 a 17 años) dando a luz por cada 1.000, sumando un alarmante total de 23.499 nacimientos acumulados por partos de niñas y adolescentes, entre el 2021 y el 2025″, explicaron.
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Alta cantidad de abusos
Así también, informaron que en el 2025 se registraron 3.386 víctimas del hecho punible de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, “lo que equivale a aproximadamente nueve víctimas por día”, según el Ministerio Público.
Cifras que indican que cada 2 horas y 36 minutos una niña, niño o adolescente fue víctima de abuso. Fueron niñas y mujeres adolescentes el 82,8 % y varones 17,2 %.
“Actuar cuando el daño ya ocurrió es llegar tarde. Postergar la prevención tiene consecuencias graves para las NNA. Garantizar derechos hoy es una decisión política. El Estado debe invertir en prevención antes de que estas violencias sucedan”, resaltaron desde el CDIA.
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Colombia: elección dividida a la sombra de la violencia contra exguerrilleros
La exguerrillera Nidia Arcila firmó la paz sin imaginar que diez años después las montañas donde combatió estarían bajo el fuego de nuevos rebeldes y narcos. La pregunta sobre cómo enfrentar el conflicto armado divide a Colombia antes de las elecciones presidenciales. Entre verdes montañas, los pobladores del municipio de Algeciras en el departamento del Huila (suroeste) sufren la violencia de tres disidencias de las FARC que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy están enfrentadas entre sí por las rentas del narcotráfico.
La AFP visitó este poblado en plena campaña para las elecciones del 31 de mayo, donde los defensores de derechos humanos y excombatientes son constantemente hostigados. “La paz no nos puede seguir costando la vida”, escribe en una cartelera Arcila, de 41 años, durante un evento en el estadio del pueblo.
Desde la firma del pacto, 492 exguerrilleros han sido asesinados, según el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča. Entre ellos la pareja de Arcila, Ronald Rojas. Ambos se conocieron a inicios de los 2000 en las filas de las FARC. “Él dice que tomó agua del (río) Putumayo y por eso fue que se enamoró de una india”, recuerda sonriente la excombatiente amazónica reclutada desde niña.
Cuatro años después de adherirse al tratado, como lo hicieron otros 13.000 exguerrilleros, la pareja escuchó disparos mientras conversaba en su casa en una zona rural del Huila. Tres proyectiles impactaron en el pecho de Rojas, que murió poco después en una clínica.
La justicia no ha dado con los responsables, pero esta madre de dos hijos sospecha que pudo deberse a que Rojas “estuvo muy comprometido con la implementación del acuerdo”. “Me siento como más débil. Me siento sola”, relata a la AFP desde Neiva, capital del departamento. Allí administra una tienda, decorada por coloridos murales, donde vende café y otros productos elaborados por excombatientes y víctimas del conflicto.
Dos caminos
Colombia vive la peor ola de violencia en la última década y esa es una de las principales preocupaciones en la campaña electoral. La pregunta sobre cómo enfrentar a los grupos armados divide al país en dos visiones irreconciliables. El líder de las encuestas, el senador izquierdista Iván Cepeda, apuesta por continuar la estrategia de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales, en línea con el presidente Gustavo Petro.
De segundo en los sondeos figura el abogado derechista Abelardo de la Espriella, quien propone una guerra frontal. La violencia contra quienes creyeron en la paz fractura aún más la discusión. En Algeciras 12 personas entre excombatientes y familiares directos han sido asesinados. En el último ataque armado, en enero, un antiguo guerrillero quedó gravemente herido y su esposa murió.
Funcionarios, la iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU, que examina las garantías de seguridad del tratado, llegaron al poblado de 22.000 habitantes para escuchar el clamor de las víctimas. La violencia es “el principal obstáculo para consolidar el proceso de reincorporación” de quienes firmaron la paz, dice Jenča.
Johnesmith Rincón, excombatiente de 39 años que hoy dirige una fundación juvenil en el municipio, se moviliza acompañado por un escolta estatal tras recibir amenazas, según él, relacionadas con actividades vinculadas al acuerdo. “El camino es la reconciliación”, dice, y guarda la esperanza de que algún día “Algeciras pueda vivir en paz”.
“Ingresar o morir”
Colombia ha visto un “crecimiento de la presencia de grupos armados”, motivado por el “fracaso de la paz total”, dice Alejandro Chala, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. A menos de tres meses de dejar el poder, Petro no logra desactivar el conflicto con ninguna de las organizaciones con las que intentó negociar.
De su lado la derecha aboga por una “ofensiva total del Estado”, dice Chala, y apela a la nostalgia del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que acorraló a las guerrillas, pero también acumuló miles de denuncias por crímenes de las fuerzas de seguridad en alianza con paramilitares. Mientras tanto los grupos criminales buscan reclutar a los excombatientes por su experiencia, “los presionan a ingresar o morir”, dice Chala.
“Ellos dicen que yo sé manejar los números (...) y que necesitan trabajar conmigo”, asegura un antiguo miliciano logístico en las FARC que pide anonimato por las amenazas que recibe ante su negativa de retomar las armas. En el poblado donde vive, nadie conoce su pasado. “Mis mejores años se los dediqué a la guerrilla y no quiero volver a ponerme esas botas”.
Fuente: AFP.