En la localidad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, comerciantes y pobladores se manifestarán para solicitar mayor presencia policial con el objetivo de sacar de circulación a personas que se hacen pasar por vendedores para robar a los turistas. Existen 150 personas habilitadas para ser vendedores ambulantes, pero entre estos están los embaucadores.

Según Humberto Cáceres, representante de los comerciantes, desde hace varias semanas que estas personas se están aprovechando de los visitantes y están haciendo que la ventas disminuyan en la zona. Hasta el momento fueron detenidas dos personas y ya fueron imputadas por la Fiscalía.

Solicitan que la Municipalidad pueda crear una ordenanza para aplicar más controles y que estas personas no vuelvan a operar dentro el circuito comercial.

“Nos sentimos abandonados por nuestras autoridades a merced de los delincuentes. Muchos se están tapando los ojos y oídos, al parecer tienen intereses”, detalló Cáceres, en “Arriba Hoy” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Expresó que el interés común de la ciudadanía y turistas es poder circular por la zona sin miedo. “Tenemos más de 300 denuncias, hay videos y audios de cómo actúan estas personas. Estamos en contra de aquellos que están ensuciando la imagen de nuestra ciudad”, resaltó.

Agregó que son más de 1.500 comerciantes lo que se están siendo perjudicados y miles de turistas que todos los días visitan la zona, pero que son víctimas de los delincuentes. “Esto es el comienzo de una lucha, vamos a continuar y buscar más recursos para que esto no termine en el opareí”, puntualizó.

Resaltó que la junta municipal realizó un censo y que habilitaron a un total de 150 vendedores ambulantes. Estos están debidamente identificados, pero que entre ellos ingresan los delincuentes que roban y estafan a los turistas, especialmente los brasileros que realizan compras.

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El Supremo Tribunal Federal de Brasil no cederá a las presiones externas cuando emita su veredicto en el juicio por golpismo al expresidente Jair Bolsonaro, dijo este martes uno de sus magistrados sancionado por Estados Unidos, en vísperas del final de este proceso histórico.

La fiscalía acusa al líder ultraderechista, de 70 años, de haber liderado una “organización criminal armada” que conspiró para tratar de aferrarse al poder, tras su derrota frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022.

El exmandatario debe conocer su sentencia el 12 de setiembre, junto a la de siete coacusados, entre ellos exministros y altos mandos militares.

Bolsonaro, en arresto domiciliario desde el mes pasado, no estaba presente en la sala este martes en Brasilia y tampoco tiene previsto acudir al resto de las sesiones, según su defensa.

El exmandatario “no está bien”, dijo su abogado Celso Vilardi a periodistas. Cuestión de “salud”, agregó, sin más detalles.

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El juez Alexandre de Moraes aseguró que Bolsonaro y sus aliados buscaron instalar una “dictadura”, al referirse a la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, que la fiscalía considera como un último intento de seguir en el poder.

“Lamentamos que en la historia republicana brasileña se haya intentado de nuevo un golpe de Estado (...) pretendiéndose la instalación de un estado de excepción y de una verdadera dictadura”, dijo De Moraes.

El líder de la derecha brasileña clama su inocencia y se considera víctima de una “persecución política”, cuando falta poco más de un año para las presidenciales.

Su juicio abrió una crisis sin precedentes entre Brasil y Estados Unidos. Invocando una “caza de brujas” contra su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump impuso el 6 de agosto aranceles de 50 % sobre una parte de las exportaciones brasileñas.

El supremo ignorará “presiones internas o externas” al dictar su sentencia en el caso, dijo De Moraes, sancionado por Estados Unidos como represalia por el proceso al expresidente. El tribunal será “absolutamente inflexible en la defensa de la soberanía nacional”, agregó.

• Fuente: AFP

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La frontera entre Argentina y Paraguay se ha transformado en un reflejo de la situación económica que atraviesa el vecino país. Cada día, cientos de argentinos cruzan desde Formosa hacia ciudades paraguayas como Alberdi, atraídos por una brecha de precios que en algunos casos supera el 100%, de acuerdo al medio argentino TN.

Si antes el cruce fronterizo estaba asociado a la compra de ropa, zapatillas o carteras, hoy la lista se amplió a productos de primera necesidad y bienes duraderos: desde carne y bebidas hasta muebles y electrodomésticos.

En Alberdi, por ejemplo, una gaseosa de 3 litros de industria paraguaya se consigue por 4.000 pesos argentinos, cuando en Buenos Aires cuesta casi el doble. Lo mismo ocurre con electrodomésticos: una heladera se vende a 608.000 pesos argentinos y televisores de alta gama a 1,2 millones, precios que los compradores pagan sin regatear.

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“Acá nadie discute los valores, porque la diferencia con el mercado argentino es demasiado grande”, señalan los comerciantes de la zona a TN.

La carne, un símbolo de la identidad argentina, también ilustra el contraste: mientras en Bolivia un kilo cuesta unos 4.000 pesos argentinos, en distintas provincias del norte argentino el mismo corte alcanza hasta los 20.000 pesos. El resultado es que cada vez más familias cruzan la frontera en busca de precios accesibles.

Del lado argentino, en localidades como Formosa y Orán, la postal es la inversa: comercios vacíos, locales en alquiler y un contrabando que se multiplicó por diez, según reconocen los propios empresarios. “Tener un negocio en Formosa dejó de ser un negocio”, lamentan los comerciantes, que registran caídas de ventas superiores al 70%.

Mientras la economía argentina enfrenta desequilibrios inflacionarios, Paraguay se afianza como un polo comercial competitivo que atrae a compradores del otro lado de la frontera.

La diferencia cambiaria convierte al país en un destino de consumo regional, donde los productos de industria paraguaya marcan la pauta de precios que miles de argentinos buscan aprovechar cada semana.

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En una esquina del centro de La Paz, a días de las elecciones generales del 17 de agosto, Wilson Paz recorre más de una decena de puestos, pero no encuentra pan fresco: la crisis económica dejó de nuevo sin harina a los panaderos. “Estamos esperando con muchas ansias que lleguen de una buena vez las elecciones para cambiar este modelo que nos ha empobrecido bastante”, afirma este trabajador independiente de 39 años, con una familia de siete miembros.

La escasez de alimentos, de combustibles y de dólares exacerban el malestar en Bolivia antes de los comicios presidenciales y legislativos. Por primera vez en 20 años, la izquierda no figura en las encuestas como alternativa de poder. Dos candidatos de derecha, el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), dominan las preferencias electorales.

El gobierno del presidente Luis Arce, que no buscará la reelección, casi ha agotado sus reservas internacionales de dólares para sostener su política de subsidios. Importa gasolina y diésel y algunos insumos como el trigo, para hacer la harina panadera, y los vende a menor precio en el mercado interno.

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Pero sin divisas para estas compras internacionales, la disponibilidad de estos bienes se ha vuelto inconstante y se generan largas filas. Ligia Maldonado, un ama de casa de 70 años, se va sin marraqueta, el pan favorito y subsidiado de los paceños. “Con este gobierno no hay esperanza. Tiene que irse y entrar uno que sepa cómo viven los pobres”, dice.

En medio de una inflación interanual de 24,8 % en julio, la más alta desde 2008, la marraqueta es uno de los pocos productos que no se encareció debido al control de precios del gobierno. Otros panes, sin subsidio, asoman en los mostradores. Pero como muchos productos, su precio se disparó y no están al alcance de todos. La escasez de marraqueta es un padecimiento crónico en el mercado, de la misma manera que el aceite o el arroz.

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En las gasolineras, los conductores se resignan a perder horas de trabajo en filas extensas que serpentean entre las calles. “Esta mañana he venido a las 6 de la mañana y a las 11 recién estoy entrando a cargar” gasolina, dice Manuel Osinaga, un taxista de La Paz. La exportación de gas natural, antes el principal motor de la economía boliviana que mantenía un importante ingreso de divisas para el país, viene en caída libre desde 2017.

Según el gobierno, el año pasado las ventas de este hidrocarburo solo representaron 1.600 millones de dólares, mientras que los desembolsos que la administración hizo al exterior, por deuda externa e importaciones, alcanzaron los 5.000 millones. El valor de la divisa estadounidense se duplicó en el mercado paralelo y disparó el precio de varios productos básicos.

Carlos Tavera, un socialista jubilado de 65 años, asegura que apoyará al mejor ubicado de la oposición, aún si es de derecha. “Cualquiera es mejor que esto”, asegura. “Ahora no tenemos dólares. Hay filas para la gasolina, para el pan, para todo. En los hospitales no hay medicamentos”, agrega.

El economista Napoleón Pacheco, profesor de la estatal Universidad Mayor de San Andrés, indica que los bolivianos ahora son más pobres en general. “Lo poco que se había ganado en los años anteriores se ha ido perdiendo porque la economía se ha contraído”, ha crecido la informalidad laboral y la inflación, señala.

Un estudio de la boliviana Fundación Jubileo advierte que la pobreza actual sería de 44 % si se toma en cuenta la subida del costo de vida, una cifra mucho mayor a la que reporta el gobierno (36 %). “Yo diría que estamos al borde de iniciar un proceso hiperinflacionario”, dice Pacheco, pues el gobierno busca estabilizar la economía a través de la emisión de moneda local. Entre 2023 y 2024, la masa de dinero circulante creció en 20 %.

Según el especialista, para contener la crisis son necesarias medidas de shock, como un cambio en la política de subvenciones y el cierre de empresas públicas deficitarias. “Yo creo que viene un período, parafraseando a Churchill, de sangre, sudor y lágrimas. Hay que abrocharnos los cinturones”, concluye.

“No me voy a escapar”: el expresidente Evo Morales, prófugo de la justicia, dijo en entrevista con la AFP que seguirá dando “batalla en las calles y caminos” de Bolivia, ante la probable victoria de sus opositores de derecha en las elecciones del domingo. El líder indígena, que gobernó entre 2006 y 2019, pretendía buscar un cuarto mandato en estos comicios, pero quedó inhabilitado por un fallo del tribunal constitucional que señaló que nadie puede gobernar el país más de dos períodos.

Desde el año pasado se refugia en Lauca Eñe, un pequeño poblado del Trópico de Cochabamba, para evadir una orden de captura por un caso de presunta trata de una menor cuando era presidente, cargo que él niega. Según Morales, no saldrá de Bolivia si gana la derecha tras 20 años de dominio del Movimiento Al Socialismo, que lideró hasta antes de abandonar sus filas este año por su disputa con el presidente Luis Arce.

“Me voy a defender, no me voy a ir. Dicen: ‘Se va a escapar a Cuba’. No me voy a escapar”, señaló el dirigente cocalero. Las encuestas anticipan un duelo reñido entre el millonario Samuel Doria Medina y el exmandatario Jorge Quiroga (2001-2002), quienes se verían en una segunda vuelta el 19 de octubre.

Ambos son enconados adversarios de Morales. “Estoy con mi pueblo, no voy a abandonar al pueblo boliviano”, remarcó el expresidente, que en el 2019 se exilió por un año tras verse forzado a renunciar en medio de protestas, después de que fue acusado de cometer un fraude en las elecciones de ese año.

En ese sentido, dio a entender que no dará tregua al próximo gobierno y que estará de vuelta en la “batalla en las calles y en los caminos”. Morales encabezó violentas protestas y bloqueos de vías contra Arce, a quien acusó de excluirlo de la carrera electoral en complot con los jueces.

Fuente: AFP.