Miembros del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios se movilizarán en alrededores de la sede del Ministerio de Justicia ubicada sobre la avenida Gaspar Rodríguez de Francia casi Estados Unidos, en Asunción, este viernes. Advierten que en caso de omitir sus pedidos las medidas serán más drásticas.
De la medida de fuerza participan ocho sindicatos de las penitenciarías a nivel país. Reclaman que existen guardiacárceles nuevos que ganan montos ínfimos como G. 1.400.000, mientras que los nombrados recientemente perciben el salario mínimo de G. 2.192.839.
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El vocero de los sindicatos penitenciarios, Jorge Ávila, cuestiona a la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, por la falta de respuesta a sus pedidos que fueron prometidos hace 6 meses. Piden que se abra al diálogo con los trabajadores.
“Nosotros habíamos acordado con la ministra de Justicia el levantamiento de una huelga por 340 rubros para que los funcionarios penitenciarios accedan a la recategorización basado en la antigüedad, pero hasta el momento hizo caso omiso al respecto. Todavía no tenemos respuesta favorable”, afirmó Jorge Ávila, en contacto con 800 AM.
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Nativos conceden tregua tras compromiso del titular del INDI de avanzar en solución de tierras
La comunidad indígena La Abundancia, del pueblo nivaclé, decidió suspender temporalmente la movilización de este miércoles en el Cruce Pioneros (Presidente Hayes), tras reunirse con el presidente del INDI, Hugo Ramón Samaniego Hermosilla.
El titular del INDI solicitó una tregua y asumió el compromiso de enviar este jueves a responsables de las áreas Jurídica y Territorial hasta la comunidad, con el objetivo de avanzar en las gestiones necesarias para resolver el proceso de titulación pendiente desde 2010.
La comunidad resolvió aceptar el pedido como una señal de respeto y buena voluntad, y aguardará el resultado de las gestiones antes de definir sus próximos pasos.
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“Nuestra intención es tener nuestro título y poder trabajar en nuestra tierra, nunca propiciar un conflicto. Nuestros 16 años de paciencia lo demuestran”, expresó el líder nativo Abelino Toledo López tras la reunión mantenida en la Comisaría Los Pioneros.
Añadió que, por respeto a la palabra empeñada del titular del INDI, decidieron aceptar la tregua y evaluar los avances que puedan lograrse.
Durante el encuentro, también expusieron su preocupación por la situación registral de las aproximadamente 26.000 hectáreas adquiridas por el INDI en 2010 con destino a la comunidad.
Entre los antecedentes presentados, señalaron que una finca de más de 10.000 hectáreas comprendida en el proceso figura registralmente a nombre de PANACOM S.A. , situación sobre la cual reclaman esclarecimiento y regularización.
La comunidad informó que, si durante la jornada del jueves no se producen avances concretos respecto de sus demandas, retomará su plan de lucha el viernes.
“Esperamos que esta tregua permita encontrar una solución. Lo que buscamos después de 16 años es acceder finalmente a las tierras que nos corresponden y poder trabajar en ellas”, agregó Toledo López.
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Vecinos de Ypané expulsan a exintendente Horacio Ortiz y denuncian abandono de 16 años
Vecinos del territorio social “Tres Nacientes II” de Ypané increparon y echaron al exintendente municipal, Horacio Ortiz, este jueves. La comunidad reclamó el mal trabajo de funcionarios municipales a cargo de su hermano, Jacobo Ortiz, actual presidente de la Junta Municipal y candidato por el Partido Liberal Radical Auténtico a la Intendencia municipal. Según los vecinos, las labores realizadas en la zona dejaron sin agua a unas 500 personas.
En comunicación con La Nación/Nación Media, Andrea Medina, integrante de la comunidad Tres Nacientes II, explicó que cuando vieron llegar al exintendente le reclamaron que durante sus 16 años al frente de la Municipalidad, periodo en el que, según los vecinos, se fueron acumulando una serie de problemas que nunca fueron atendidos, por lo que a gritos le dijeron que se retire del lugar.
Los vecinos de esta comunidad venían reclamando desde el pasado martes, cuando se quedaron sin el servicio de agua potable tras la rotura de cañerías durante trabajos con maquinaria municipal en la zona.
“Vino el exintendente Horacio Ortiz, y le reclamamos que puerqueza vino a hacer su hermano. Yo misma le dije en su cara que hace 16 años que vivimos en Ypané, y que estamos así y nunca vimos tu cara en este barrio y ahora recién aparecés, mirá como dejó la calle tu hermano. Le reclamé la forma como dejaron nuestros caños rotos”, relató.
Señaló que la municipalidad trajo dos cargas de arena para relleno de la calle, y con los tractores se estaba haciendo limpieza de una canaleta, en la zona cercana de un puentecito.
“Comenzaron a raspar y al lado de la canaleta estaban los caños de la aguatera. Pese a que le avisamos, el hermano del exintendente, Jacobo Ortiz, ordenó seguir con las máquinas, arrancó y tiró todas las cañerías que había y dejó sin solucionar. Casi 500 personas quedamos sin agua” relató.
Mencionó que la propietaria de la aguatera llegó y reclamó, porque los funcionarios municipales iban a continuar destruyendo otro sector donde estaba la cañería. “La dueña de la aguatería les pidió a los funcionarios que no rompieran más porque ahí estaban sus caños. El tractorista le dijo que vaya a reclamar donde sea”, acotó.
Medina reclamó que ningún funcionario, ni el presidente de la Junta Municipal se acercó a buscar una rápida solución al problema que fue generado por los propios funcionarios y desde el martes hasta este jueves la comunidad estuvo sin agua. Señaló que recién ayer, la aguatera, con sus propios recursos, reparó nuevamente las cañerías que había roto la maquinaria municipal.
“Los funcionarios sabían que en la zona donde estaban trabajando había cañerías de agua, y también los vecinos salieron a avisarles que había caño de agua, y les pidieron que dejaran de raspar con el tractor, pero hicieron caso omiso a los reclamos”, indicó.
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Exportadores atraviesan escenario crítico y piden previsibilidad al BCP
La Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex) prepara un pronunciamiento para advertir sobre una situación que, según el gremio, podría pasar de un escenario crítico a uno caótico si no se adoptan medidas. El sector busca una respuesta que le permita sostener sus operaciones, mantener mercados y continuar generando ingresos genuinos de divisas para el país.
Pablo Cuevas, gerente de Capex, señaló a la 1000 AM que las empresas están buscando alternativas para poder sostener sus actividades, al punto que algunas se encuentran prácticamente en una situación de supervivencia.
El reclamo apunta principalmente al Banco Central del Paraguay (BCP) y a la necesidad de contar con mayor previsibilidad en materia cambiaria. Cuevas cuestionó el giro hacia una conducta que, desde la perspectiva del sector, resulta menos previsible y con una comunicación insuficiente respecto a las intervenciones de la autoridad monetaria.
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El representante de Capex recordó que la carta orgánica del BCP, específicamente su artículo 50, contempla la facultad de la institución de operar en el mercado para ejecutar políticas monetarias y cambiarias y contribuir al funcionamiento equilibrado del sistema.
En ese marco, el sector exportador reclama que las decisiones cambiarias permitan a las empresas planificar sus operaciones y sostener su competitividad.
Cuevas comparó el escenario actual con periodos anteriores de mayor intervención en el mercado cambiario y sostuvo que la diferencia en el comportamiento de la autoridad monetaria genera preocupación entre los exportadores, debido al impacto que puede tener sobre la previsibilidad de sus ingresos.
“Queremos continuar exportando, mantener mercados y generar ingresos de divisas genuinas”, afirmó.
Para el gremio, la discusión no se limita al resultado de las empresas exportadoras. La actividad genera ingreso de divisas al país, sostiene vínculos comerciales con mercados internacionales y forma parte del flujo genuino de recursos que necesita la economía.
Por ello, Capex considera que la situación requiere una reacción y no solamente esperar que el mercado se ajuste.
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Nuestro país y Brasil agilizan traslado de personas condenadas
La cooperación judicial entre Paraguay y Brasil dio un nuevo paso con el objetivo de reducir los tiempos que demandan los procedimientos para el traslado de personas condenadas entre ambos países. Representantes de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Justicia analizaron medidas para optimizar la tramitación de estos casos, priorizando la actualización de los acuerdos bilaterales y la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan una gestión más eficiente, informaron este jueves desde el Poder Judicial.
Funcionarios de la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de Justicia se reunieron con representantes del Ministerio de Justicia. Durante el encuentro se revisaron los procedimientos vigentes para fortalecer la coordinación institucional y garantizar una aplicación más ágil de los compromisos asumidos por el Estado paraguayo en materia de cooperación judicial internacional.
Cumplir las resoluciones
Las autoridades recordaron que el Ministerio de Justicia cumple el rol de autoridad central en los procesos de traslado de personas condenadas, mientras que la Corte Suprema de Justicia, a través de los juzgados de ejecución, tiene la responsabilidad de hacer efectivas las resoluciones y asegurar el cumplimiento de los instrumentos internacionales suscritos por el país.
La directora de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional, Mónica Paredes, explicó que uno de los principales desafíos detectados es el tiempo que demanda la traducción oficial de la documentación al portugués, requisito indispensable para la tramitación de los expedientes con Brasil. Ese proceso ha sido identificado como uno de los factores que más inciden en la demora de los traslados.
Como parte de las soluciones planteadas, ambas instituciones acordaron avanzar en la utilización del Expediente Judicial Electrónico para el intercambio de documentos y actuaciones. La implementación de esta plataforma permitirá agilizar la circulación de la información entre los organismos involucrados, reducir los tiempos administrativos y fortalecer la respuesta del sistema judicial en los procedimientos de cooperación internacional.