Meta llegó a un histórico acuerdo con varios estados de Estados Unidos a los que pagará 16.700 millones de dólares para poner fin a un juicio en el que se le acusaba de favorecer la adicción de los menores a Instagram y Facebook.

Meta fue acusado de diseñar deliberadamente sus plataformas para captar a los usuarios jóvenes, de engañar al público sobre los riesgos y de recopilar de forma ilegal datos de niños menores de 13 años.

El gigante que agrupa a Facebook e Instagram acordó, en el marco de este arreglo, hacer cambios importantes con limitaciones en el acceso de los jóvenes a sus productos, según un documento conocido este miércoles que debe ser validado por un juez federal de Oakland (California).

“Meta ayudó a hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.

Según Bonta, el resultado será un “cambio real, transparencia verdadera, y protecciones seguras para los niños”.

Los cambios en la forma en que los jóvenes utilizan sus aplicaciones van más allá de cualquier cosa que Meta haya aceptado antes y se producen tras años de críticas de padres y expertos sobre los efectos de las mayores plataformas de redes sociales en los niños.

Meta aumentó así impedir que los adolescentes usen sus aplicaciones durante la noche e imponer un límite de dos horas de uso diario acumuladas.

La larga lista de nuevas medidas de protección cambiará sustancialmente el funcionamiento de las aplicaciones para los jóvenes.

El bloqueo nocturno será automático e impedirá que los adolescentes accedan a Facebook e Instagram entre la medianoche y las 6h00 AM.

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En relación al tiempo máximo de dos horas de uso diario acumulado, que se aplica por defecto, no contabiliza el envío de mensajes o el visionado de videos de formato largo.

Ambas restricciones se soportarán si el resto del sector sigue el mismo camino.

Si plataformas competidoras -como TikTok, YouTube o Snapchat- adoptan compromisos equivalentes, el bloqueo nocturno se ampliaría de 22H00 a 7H00 y el tiempo diario acumulado se reduciría a 60 minutos por aplicación, con un límite máximo de dos horas en total.

El cumplimiento de estas medidas estará sujeto a supervisión durante 10 años por parte de un auditor independiente elegido conjuntamente por Meta y los estados, y pagado por la empresa.

La indignación por el impacto de Instagram y Facebook -así como de Snapchat y TikTok- ha impulsado la expansión de los límites de edad para acceder a su uso y las prohibiciones de teléfonos en escuelas en todo el mundo.

Con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, Meta enfrentaba acusaciones de una coalición de 29 estados que aseguran que violó las leyes federales y estatales.

Si Meta perdía el caso se exponía a sanciones por unos 200.000 millones de dólares.

La demanda se radicó en un tribunal de Oakland, ciudad vecina de San Francisco.

El texto que deberá ser validado por un juez señala que el acuerdo no constituye una admisión de responsabilidad ni de conducta indebida por parte de Meta, que ha negado de forma constante las acusaciones en su contra.

El acuerdo llega una semana después de la apertura de este juicio de gran repercusión, que se suma a otros dos casos similares en los que Meta ya ha sido condenado, en Santa Fe (Nuevo México) y Los Ángeles (California).

Numerosos procedimientos siguen en curso en Estados Unidos, iniciados por jóvenes usuarios que reprochan a Meta haber provocado una adicción a las redes sociales y haber agravado trastornos psicológicos y de conducta.

El calendario de pagos del arreglo contempla 10 cuotas anuales. El acuerdo pone punto final al juicio, que ingresaba en su segunda semana.

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, declaró el martes y admitió que impulsó nuevas herramientas de seguridad para adolescentes sin revelar las bajas tasas de adopción detectadas en las primeras pruebas, realizadas hace varios años.

• Fuente: AFP

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Mediante un comunicado dirigido a sus clientes, gremios de la industria nacional y público en general, INDUFAR C.I.S.A., “de manera clara y transparente”, hace pública la situación por la cual está atravesando, considerando relevante que la misma sea conocida por todos, según sostienen.

“INDUFAR C.I.S.A., incluidos directivos y gerentes, ha sido objeto de una cadena de actos, premeditadamente estructurados, destinados a intimidarle y ejercer fuerza de manera a que renuncie a sus derechos que, legítimamente, le corresponden en una relación puramente comercial dentro del ámbito del derecho privado”, señalan.

Sostienen además, que “dichos actos buscan instrumentar al Ministerio Público y al Poder Judicial de la circunscripción judicial del Alto Paraná, para -insistimos- forzar a que INDUFAR C.I.S.A. ceda sus legítimos intereses que contractualmente y en derecho, le corresponden”.

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Desde la empresa sostienen que “un juzgado civil de Asunción rechazó in límine todas las pretensiones de BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A. planteadas en un pedido de medidas cautelares. A pesar de ello, buscaron una Justicia complaciente a sus intereses y presiones, y la encontraron en la jueza Victoriana Cáceres, jueza Civil de Ciudad del Este, quien hizo lugar a las mismas medidas rechazadas en Asunción, dictando una medida cautelar arbitraria y desprovista de fundamento, no ajustada a las reglas procesales. Este proceder está fuera del derecho”.

Agregan que: “Igualmente, en la misma jurisdicción del Alto Paraná, ´penalizaron´ el mismo contrato comercial y realizaron denuncias infundadas, por estar basadas en cuestiones civiles y comerciales, no obstante, encontraron eco en la agente fiscal de Hernandarias, Natalia Montanía, territorialmente incompetente y el juez de Garantías Nelio Prieto de Ciudad del Este.

En dichos casos “INDUFAR C.I.S.A., iniciará la acusación formal por mal desempeño de funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para la remoción de dichos servidores públicos, como así también la denuncia penal por prevaricato ante el Ministerio Público”.

Desde INDUFAR aseguran que “lo mas preocupante, es que dichos actos buscan evitar que la cuestión sea sometida al arbitraje, que fue pactado como medio de solución de disputas entre las partes. Es así que la arbitraria medida cautelar mencionada caducó de pleno derecho, al vencer el plazo de 10 días corridos, sin que el actor, BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A., haya dado inicio al arbitraje, tal como lo manda el art. 26 de la Ley 7561/2025.

“La jueza Gabriela Ramírez, consecuentemente, declaró la caducidad operada ya de pleno derecho de esas medidas y levantó las mismas. Hoy, la jueza Gabriela Ramírez fue denunciada ante el Ministerio Público, por cumplir la ley”, sostienen.

El documento también menciona que “BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A. evita el arbitraje, porque él no le permitirá ejercer la misma presión que está ejerciendo sobre la Justicia de Ciudad del Este. Sabe que no tiene ningún reclamo, jurídicamente sostenible, en contra de INDUFAR C.I.S.A.”.

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INDUFAR C.I.S.A. es una empresa líder en su rama industrial, con mas de 50 años al servicio del país. Forma parte de los grandes contribuyentes del Estado. Emplea a cerca de 1200 trabajadores, y beneficia por tanto, a aproximadamente 5000 personas, sin contar el enorme mercado de farmacias y distribuidoras que son beneficiadas con la comercialización de sus productos.

Es parte de gremios de la producción, como la Unión Industrial Paraguaya, la Cámara de Comercio Paraguayo Americana y la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA).

“En INDUFAR C.I.S.A. actuamos con responsabilidad, transparencia y compromiso absoluto con la salud de las personas. Nuestros clientes y usuarios, tengan la tranquilidad de que esta situación no afecta la calidad, la producción ni el abastecimiento de nuestros productos. Seguimos trabajando con normalidad y con el mismo compromiso de siempre”, expresan.

Además: “INDUFAR C.I.S.A. exige seguridad jurídica y la vigencia plena de un estado de derecho, en el que la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados velen por el fiel cumplimiento de las normas jurídicas y que en todos los casos, la justicia actúe con independencia”.

La doctora Cintia Cardoso, directora de Apoyos y Servicios del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), dijo que se aguarda que concluya la revisión de los lotes de medicamentos que eran vendidos en albergues de la previsional para obtener la trazabilidad de las farmacias y de los funcionarios implicados en esta irregularidad. Alertó que gran parte de las medicinas estaban vencidas y que se reforzarán los controles de estos espacios.

“La denuncia fue de un familiar de paciente y las intervenciones fueron en los albergues de las terapias intensivas de adultos y pediátricos. En ambos albergues había medicamentos”, relató la funcionaria médica, este jueves, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “La denuncia empezó con un paciente al se le dio una receta manual. Entonces, al familiar le comentan que en uno de los albergues podía comprar ese medicamento”.

“Nos envían la foto de la receta y de la puerta del albergue, de manera que nosotros podamos ubicar. Y nos vamos inmediatamente ahí a intervenir y encontramos la misma receta que habíamos recibido por WhatsApp ya en la mesa de la señora, que fue demorada. Cuando le preguntamos qué función estaba cumpliendo, nos dijo que ella era la encargada de los medicamentos de ese lugar. No es funcionaria de la institución. Ella es una persona que trabaja como una cuidadora particular, que normalmente le contratan los familiares de los pacientes”, describió sobre el descubrimiento de esta situación.

“Esos lugares se les asigna una vez que quedan internados y Servicio Social es el que les asigna los lugares, controlan que sea cierto que el familiar sigue internado. Se hacen visitas para controlar la limpieza del lugar, de que sigue internado el paciente”, explicó Cardoso sobre el trámite formal para la habilitación y control de los albergues de IPS.

También mencionó que en otra oportunidad ya se descubrió la venta de medicamentos a cargo de otra persona. “Se había encontrado también, pero no en esta cantidad ni esta organización, porque la señora tenía todo tipo de medicamentos. Tenía medicamentos vía oral, vía endovenosa. Lo, lo más peligroso es que ya había productos vencidos, había productos controlados, productos anestésicos, había insumos también de terapia intensiva y aparte de eso tenía venta de ropa, de alimentos enlatados, envasados”, refirió.

“Y ella, digamos que se aprovechaba de que tenía el contacto con los familiares, en el sentido de que por más que a lo mejor su paciente se iba de alta o fallecía, ella ya era contratada otra vez por otro familiar y continuaba ella ahí, prácticamente todos los días, encadenaba un cuidado a otro”, especificó.

Consultada si la mujer demorada habría estado hace tiempo con este “negocio” en el albergue, la funcionaria respondió: “Obviamente que no es muy corto el tiempo, porque estaba ella con un somier ahí en el box que tenía asignado y en otro box, fue que nos llamó la atención una persona, nos hizo unos gestos para que revisemos el lugar. Y entonces ya se hizo una revisión completa por eso y se encontró que había otro lugar donde ella escondía cosas”.

Agregó que “si uno levantaba la cortina, aparecía una persona descansando, pero en realidad eran medicamentos escondidos bajo la cama, tapado con frazada, tenía un roperito, todo. Así que tiene que haber sido ya un tiempo importante y que probablemente los controles hayan sido muy superficiales, porque esos son lugares donde ellos descansan y muchas veces uno no puede entrar a revisar todo porque supuestamente son insumos, o sea, elementos personales”.

“Encontramos también del Ministerio de Salud, del Hospital de Clínicas. Y ayer, con el inventario que se estaba haciendo en la Fiscalía, como ya fue una revisión más tranquila y uno a uno, se encontró también medicamentos con leyenda del Hospital Policial Rigoberto Caballero”, comentó Cardoso.

“Vamos a tener que ver un poco una reorganización de funcionarios también, porque obviamente va a tener que ser mucho más estricto el control”, manifestó la responsable de Apoyo y Servicios ante esta grave irregularidad en los albergues del IPS. “Vamos a tener que ver si ponemos controles ya también nocturnos. Vamos a tener que ver cámaras que antes no habíamos puesto en esos lugares porque uno respetaba más o menos la intimidad de ellos, pero vamos a tener que poner ciertas cosas porque yo creo que abusaron de la confianza y del respeto que se les tenía como familiares y también pusieron en riesgo la vida de los propios pacientes, porque esos medicamentos, casi la mayor parte estaban vencidos y también la forma en que estaban ahí guardados y mantenidos, no respetaban las condiciones mínimas de cuidado que se deben tener con un medicamento. Algunos requieren refrigeración y nada de eso se cumplía”.

Respecto a lo que sigue con esta investigación, aseguró que “gracias a la incautación de los medicamentos, ahora cuando tengamos todos los lotes, vamos a poder individualizar en qué farmacia fue el movimiento y también con la trazabilidad se puede ver dónde entró, dónde salió, inclusive identificar los funcionarios implicados, porque obviamente tendría que haber complicidad o contacto con funcionarios de las diferentes instituciones”.

“Ayer ya se empezó. Yo creo que esta semana vamos a poder ir viendo todo, porque con la informática es mucho más fácil ya después el trabajo. Ahora se están sacando todos los datos. Hoy continúa el equipo de farmacia, auditoría interna. También van a seguir trabajando en Fiscalía, porque los medicamentos incautados están todos en Fiscalía. Ayer prácticamente la mitad de las cajas, porque más o menos como 23, 24 cajas se cargaron de medicamentos encontrados. Ayer habían revisado ya 11 cajas y era menos del 20 % era de IPS de lo encontrado. Pero sí es preocupante de que en todos los hospitales existe la sustracción de estos medicamentos”, concluyó.

La Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley que modifica el régimen de autorización para viajes al exterior de niños, niñas y adolescentes.

Se busca agilizar los trámites cuando uno de los progenitores se encuentre inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).

Es así que se aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Que modifica el artículo 100 de la Ley Nº 1680/2001, Código de la Niñez y la Adolescencia”, presentado por la senadora Lizarella Valiente.

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La iniciativa tiene por objeto simplificar los trámites para la autorización de viajes al exterior de niños, niñas y adolescentes, eliminando la necesidad de recurrir a una autorización judicial cuando el padre o la madre se encuentre inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).

Así también, se quiere facilitar el trámite ante la Dirección Nacional de Migraciones y reforzar la autonomía del progenitor que ejerce legalmente el cuidado del menor.

Con ello se busca evitar procedimientos judiciales innecesarios cuando uno de los padres se encuentre suspendido o haya perdido la patria potestad.

Sobre el punto, la senadora Lizarella Valiente, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, calificó como una injusticia que los deudores alimentarios morosos mantengan la potestad de autorizar la salida del país de un menor.

Explicó que el proyecto busca flexibilizar los requisitos para la salida del menor con uno de sus progenitores.

Durante el tratamiento, los senadores debatieron el alcance de la propuesta e introdujeron una modificación en el acápite, específicamente en la expresión “ante el incumplimiento del padre, madre o tutor legal”, cuya redacción será revisada por la Comisión de Estilo.

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