Visitas a penitenciarías serán habilitadas desde mañana, sin exigir pruebas de COVID-19
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El Ministerio de Justicia (MJ) anunció que a partir de mañana serán habilitadas nuevamente las visitas sociales a los reclusos de todas las penitenciarías del país, regidos a los protocolos sanitarios establecidos.
Sin embargo, precisó que la prueba obligatoria del COVID-19 para el ingreso, que había sido propuesta por la cartera del Estado, finalmente no será implementada.
Señalaron que, en una primera etapa, el protocolo será implementado únicamente en las penitenciarías, quedando pendientes los centros educativos.
Esto, en el marco de la resolución Nº 365 que aprobó el “Protocolo para la admisión de visitas sociales a las personas privadas de libertad (PPL) y adolescentes en conflicto con la ley penal (ACLP) en centros penitenciarios y educativos, en el marco de la emergencia sanitaria ante la pandemia del COVID-19”.
En el protocolo, que está establecido acorde a la regulación del Ministerio de Salud Pública, figuran también las indicaciones para gestionar las visitas virtuales. Esto, en base a un sistema de agendamiento informático, a través del cual las personas privadas de libertad deben comunicar los datos del visitante y la administración de cada penal se encargará de ponerse en contacto con el familiar y de comunicarle el turno que le corresponda. Las personas que no figuran en el sistema, no podrán ingresar.
La resolución emitida por el Ministerio de Justicia aclara además que no ingresarán las personas con temperatura igual o superior a 37.5 °C o antecedentes de fiebre en las últimas 24 horas, tampoco podrán entrar si cuentan con cuadro respiratorio (tos, estornudos, rinorrea, dolor de garganta).
Más restricciones
Tampoco podrán ingresar los adultos mayores de 65 años, menores de 18 años de edad y mujeres embarazadas o que se encuentran en periodo de lactancia. Los visitantes no deben llevar encomiendas. Otras de las exigencias será el lavado de manos y el uso de tapabocas, se establecen puntos que deben ser considerados para el ingreso de los visitantes.
El espacio para las visitas sociales deberá permitir el distanciamiento físico mínimo de dos metros y sólo será admitido un visitante por persona privada de libertad o adolescente en conflicto con la ley penal. Mientras que el horario habilitado será como máximo de tres horas por día y durará entre 40 y 45 minutos, debiendo el visitante retirarse una vez cumplido el tiempo.
Controlan principio de incendio en el penal Martín Mendoza de Emboscada
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Este sábado, el Ministerio de Justicia confirmó que se reportó un principio de incendio en el Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada, pero la situación está 100 % controlada. Se presume que se originó por un cortocircuito y se activó el protocolo de evacuación preventiva.
Según el reporte de la cartera estatal, el fuego se inició pasada las 2:00 de esta madrugada y requirió la intervención de los Bomberos Voluntarios de Emboscada, quienes lograron controlar el principio de incendio cerca de las 5:00 de hoy. Además, informaron que no se reportaron heridos ni víctimas que lamentar.
El interventor del establecimiento y el jefe de seguridad coordinaron la activación inmediata del protocolo de emergencia que obligó a la evacuación del área. Así también, convocaron al cuerpo de bomberos de la ciudad, cuyos equipos acudieron al lugar para realizar las tareas de extinción y enfriamiento.
“Como medida preventiva, se dispuso la evacuación temporal de los sectores de Sanidad, Admisión y Monitoreo, a fin de resguardar la integridad física de las personas privadas de libertad y del personal penitenciario. El incidente dejó únicamente daños materiales”, expresaron en un comunicado.
El Ministerio de Justicia continuará con los procedimientos institucionales e investiga las causas del hecho y evalúan los daños en la infraestructura del penal. De manera preliminar, no se descarta que el hecho haya sido ocasionado por un cortocircuito en el sistema eléctrico.
Reanudan juicio oral contra Prieto en caso conocido como Tía Chela
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El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.
El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.
La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.
En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda.
De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la municipalidad esteña.
Podría ir a la cárcel por graves amenazas a testigos
El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del juicio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación criminal por ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones.
El representante del Ministerio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue desestimada y Prieto anunció que denunciaría al exconcejal por denuncia falsa. Corbeta explicó que la desestimación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedores a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, manifestó el fiscal.
El objetivo de la investigación abordada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) es generar evidencia que contribuya a mejorar la gestión penitenciaria y los procesos de reintegración social
Un estudio busca mejorar la salud y la rehabilitación en penitenciarías
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El proyecto, liderado por el doctor Juan Martens del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a través de PROCIENCIA, cuenta con una inversión de G. 2.200 millones y se desarrolla en tres penitenciarías.
La iniciativa integra salud física, salud mental y criminología para generar evidencia que contribuya a mejorar la gestión penitenciaria y los procesos de reintegración social.
La investigación se desarrollará en las penitenciarías de Tacumbú, Emboscada y Coronel Oviedo, establecimientos que concentran el 39 % de la población penitenciaria del país. La propuesta busca generar información útil para orientar decisiones institucionales, mejorar los servicios sanitarios y fortalecer los procesos de rehabilitación y reintegración social.
Presentación del Proyecto Multicéntrico “Programa integral de salud y rehabilitación criminológica en prisiones: prevención y desistimiento criminal"
Para ello, articula tres componentes: salud física, salud mental y criminología.
En el área de salud física, el proyecto contempla acciones de detección temprana y manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. También prevé evaluaciones nutricionales, elaboración de menús equilibrados y medidas de prevención de enfermedades infectocontagiosas, además de acciones vinculadas al Programa Ampliado de Inmunización (PAI).
RESPONDER A DESAFÍOS
Durante la presentación, el D.Sc. Benjamín Barán, ministro presidente del Conacyt, señaló que los proyectos multicéntricos representan una oportunidad para poner el conocimiento científico al servicio de la ciudadanía y responder a desafíos concretos del país.
Dr. Benjamín Barán, ministro presidente del Conacyt
Así también, destacó que la inversión en ciencia, tecnología e innovación contribuye a formar investigadores, fortalecer las instituciones y producir conocimiento sobre la realidad paraguaya. Asimismo, señaló que los proyectos estratégicos de mayor duración y con recursos específicos amplían las oportunidades para desarrollar investigaciones con capacidad de incidir en distintos ámbitos de la sociedad.
El doctor Víctor Ríos Ojeda, ministro de la Corte Suprema de Justicia y consejero del Conacyt por las Universidades Públicas, expresó la disposición institucional de acompañar esta iniciativa y otras propuestas científicas que involucren a investigadores, universidades y magistrados.
A su vez, el doctor Alberto Joaquín Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó el interés institucional en acompañar el desarrollo de la investigación científica.
Por su parte, el doctor Roque Orrego, presidente del INECIP, destacó la importancia de que la investigación y el fortalecimiento institucional cuenten con financiamiento público nacional. El apoyo estatal, en este caso, permite desarrollar un trabajo conjunto orientado a mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas.
Dr. Roque Orrego, presidente del INECIP
ALCANCES
El proyecto se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 y plantea la generación de evidencia como un recurso para fortalecer las políticas públicas. Su alcance no se limita a la atención de necesidades inmediatas, sino que también busca dejar capacidades instaladas en los equipos e instituciones que participan en su ejecución.
La iniciativa incorpora igualmente la salud de los funcionarios penitenciarios. Según explicó el doctor Juan Martens, líder de la investigación, ya se iniciaron evaluaciones integrales de salud al personal en la penitenciaría de Coronel Oviedo.
TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN PARA MEJORAR LA GESTIÓN
Otro de los ejes del proyecto es la adecuación e implementación del Sistema de Información Hospitalaria (HIS) en el ámbito penitenciario. La herramienta permitirá organizar la información sanitaria de manera segura y actualizada, además de facilitar la articulación con los sistemas de salud pública del Paraguay.
Durante la presentación, el doctor Juan Martens señaló que uno de los objetivos es avanzar hacia un sistema que permita consultar el historial de las personas privadas de libertad, incluida su trayectoria sanitaria, por parte de los actores autorizados. Contar con información organizada puede facilitar el seguimiento de los casos y aportar elementos para la toma de decisiones.
La incorporación de tecnología se complementa con el fortalecimiento de los procedimientos institucionales. De esta manera, la investigación busca que los datos generados puedan utilizarse para mejorar la atención y la coordinación entre los servicios involucrados.
Dr. Juan Martens, líder de la investigación
UNA ALIANZA ENTRE CIENCIA E INSTITUCIONES PÚBLICAS
El proyecto es ejecutado por el INECIP y reúne a instituciones académicas y organismos públicos con experiencia en salud, educación en contextos de encierro, epidemiología, políticas alimentarias y gestión penitenciaria.
Participan la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), la Universidad Nacional de Pilar (UNP), la Universidad Sudamericana, el Ministerio de Justicia y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
La articulación entre estas instituciones permite reunir conocimientos de distintas disciplinas para abordar un problema que no depende de un solo organismo.
La investigación busca, además, aprovechar la experiencia acumulada de los equipos académicos y ponerla al servicio de las necesidades del sistema penitenciario.
La iniciativa busca contribuir al desistimiento criminal, entendido como el proceso mediante el cual una persona se aleja de la actividad delictiva, a través de mejores herramientas de evaluación, atención sanitaria y gestión penitenciaria.
El proyecto es ejecutado por el INECIP y reúne a instituciones académicas y organismos públicos
El Ministerio de Justicia instaló equipos biomédicos en Emboscada para brindar consultas con especialistas sin realizar traslados. Foto: Ministerio de Justicia
Telemedicina asistirá a más de 1.000 mujeres privadas de libertad en la cárcel de Emboscada
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El Ministerio de Justicia avanza en la modernización del sistema penitenciario al avanzar en la incorporación de la telemedicina, gracias a una alianza estratégica con la Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay (UFAMEP). La iniciativa busca garantizar el derecho a la salud y ampliar el acceso de las mujeres privadas de libertad a consultas con médicos especialistas.
Para concretar este avance, se procedió a la instalación de equipos de biomedicina de última generación en el Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE). Con esta infraestructura tecnológica, más de 1.000 internas podrán acceder a atención médica a distancia, conectando directamente al personal sanitario del penal con profesionales de diversas áreas sin requerir movilización exterior.
El despliegue forma parte de un convenio marco de cooperación interinstitucional bajo el proyecto piloto “Salud sin Barreras: Telemedicina para Poblaciones Vulnerables en Paraguay”. Esta prueba técnica busca derribar los obstáculos geográficos y logísticos para brindar atención médica especializada en los centros de reclusión del país.
Salud penitenciaria digital
Asimismo, el programa contempla un plan integral que abarca la capacitación del personal de Sanidad, la confección de protocolos clínicos rigurosos y el seguimiento científico constante por parte de la UFAMEP. Estas medidas garantizan la organización eficiente de las fichas clínicas y un monitoreo continuo de los tratamientos aplicados a las pacientes.
Durante la jornada de implementación participaron Guido González Cárdenas, jefe del Departamento del Área Laboral de la Dirección de Bienestar y Reinserción Social del Ministerio de Justicia, y José Tomás Sánchez, director ejecutivo de la UFAMEP, quienes supervisaron la puesta a punto de los dispositivos tecnológicos.
Con la adopción de este modelo digital, la cartera estatal incorpora herramientas clave para optimizar la asistencia médica especializada, reduciendo de forma significativa las dificultades, riesgos operativos y costos logísticos que implican los traslados ambulatorios fuera del establecimiento penitenciario.