La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, anunció que todavía no se determinó si se cumplirá el requisito que los familiares se sometan a las pruebas del COVID-19 antes de ingresar a los diferentes penales para visitar a los reclusos. “Era una posibilidad que estábamos trabajando, pero aún no fue decidido”, expresó Pérez.
Internos de la Penitenciaría de Tacumbú intentaron amotinarse en reclamo de la habilitación de las visitas íntimas y de familiares, este miércoles. Luego de varias horas de negociación, el tumulto fue controlado por fuerzas de seguridad dentro del recinto.
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En la fase 2 de la cuarentena inteligente se busca que las visitas familiares o sociales tengan una duración de un máximo de 30 minutos. Reafirmó que las íntimas aún no se permitirán durante esta etapa.
“En esta etapa aún no serán habilitadas las visitas íntimas; solo las sociales, probablemente para las visitas íntimas se requiera el test con resultado negativo”, afirmó Pérez, en contacto con 1000 AM.
La titular del Ministerio de Justicia señaló que se permitirá una persona por interno, cuidando un espacio físico de distanciamiento entre la persona que llega y la que reciba. Previamente se realizará una agendamiento.
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Llegaron 400.000 dosis de vacunas y refuerzan campaña en los hospitales
El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Luis Cousirat, confirmó que se recibieron 400.000 dosis de vacunas anticoronavirus y este martes están siendo distribuidas a los vacunatorios del país para su inoculación a la población.
“Llegó al país el lote que faltaba, más de 400.000 dosis que ya fueron distribuidas a las demás regiones sanitarias para el abastecimiento de estas dosis. Hoy estamos haciendo ese proceso de entrega para que llegue a cada uno de los vacunatorios”, mencionó a La Nación/Nación Media.
Igualmente el Instituto de Previsión Social (IPS) habilitó hoy el sistema autovac en Hospital 12 de Junio, en Lambaré para facilitar la inmunización de los asegurados.
La vacunación se inició a las 6:00 y se extenderá hasta las 20:00, señaló la doctora Sandra Boggino, directora del citado hospital. Resaltó la buena receptividad de parte de los asegurados.
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El servicio incluye la aplicación de las dosis antigripales y contra el coronavirus, así como otros biológicos contemplados en el programa regular de vacunación.
“Hoy habilitamos el autovac, el año pasado ya lo hicimos y este año volvimos a hacer. Tuvimos muy buena afluencia de pacientes ya. Unos 80 pacientes vacunamos en cuatro horas. Tenemos vacunas contra la influenza, el covid y el esquema regular”, dijo a LN.
Aclaró que durante el feriado el vacunatorio no estará operativo considerando la disminución de la afluencia de pacientes al citado hospital.
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De manera excepcional, autorizan visitas de niños a penitenciarías por el Día de la Madre
El Ministerio de Justicia informó que, de manera excepcional, queda autorizada la visita de los niños y niñas a las penitenciarías de mujeres para el Día de la Madre, el próximo 15 de mayo. Los menores que ese día ingresarán a los penales deberán estar acompañados por un familiar responsable, ya sean padres, abuelos, tíos o tutores legales.
Es así que este jueves 15, los chicos podrán visitar a sus madres o abuelas, que se encuentran privadas de su libertad, por lo que todos los menores que así lo deseen y podrán pasar un jornada amena en compañía de las mujeres que le dieron la vida.
Desde el ministerio resaltaron que estarán habilitadas las visitas excepcionales en el Centro Penitenciario para Mujeres “Casa del Buen Pastor” y el Hogar Nueva Oportunidad, de 9:00 a 15:00. Mientras que, el horario de visita en el Centro Penitenciario de Mujeres “Serafina Dávalos” será de 8:00 hasta las 16:00.
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Por otro lado, indicaron que en las penitenciarías Regional de San Pedro y Regional de Concepción se habilitará el horario de visita de 8:00 a 14:00, y en el Centro de Rehabilitación y Reinserción Laboral de Mujeres “Juana María de Lara” será de 8:00 a 13:00.
En tanto que, en las penitenciarías de Pedro Juan Caballero, Penitenciaria Regional Misiones y Centro de Reinserción Social en la ciudad de Cambyretá las visitas serán de 9:00 a 14:00.
Para el ingreso, los niños deberán presentan sus documentos de identidad y deberán estar acompañados por un familiar responsable, preferentemente madre, padre, abuelo, o adulto con guarda judicial.
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Nueva fecha de audiencia preliminar para Miguel Prieto por perjuicio patrimonial
El juez Humberto Otazú fijó las fechas 28, 29, 30 de mayo y 2 de junio de este año, para la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 11 acusados, por un supuesto perjuicio de más de Gs. 306 millones a la comuna esteña.
El jefe comunal está procesado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia del Covid-19.
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Prieto y sus cómplices socios deberán responder por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Esta audiencia preliminar había sido interrumpida debido a las chicas interpuestas por la defensa de Prieto y los 11 imputados en la causa. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar, tras confirmar la decisión del juez en rechazar las acciones de la defensa.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
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Diputado resalta aprobación unánime para elevar sanciones a implicados en fugas de reclusos
La Cámara de Senadores deberá estudiar la propuesta de modificación del artículo 294 del Código Penal vigente, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. La aprobación por unanimidad en la Cámara Baja de esta normativa fue valorada por los diputados.
El proyecto tiene por finalidad agravar la sanción impuesta al funcionario público o personal que preste servicio en un establecimiento penitenciario, cuando participe en calidad de “autor” en un hecho que implique la liberación, fuga o evasión de un establecimiento de reclusión.
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El diputado Yamil Esgaib explicó a La Nación/Nación Media, que actualmente la ley vigente contempla sanciones que van de 6 meses a 5 años. Ahora, la propuesta aprobada por unanimidad por Diputados eleva de 5 a 15 años las penas en caso de complicidad de fuga. El proyecto legislativo pasa ahora al Senado para su consideración.
El diputado lamentó que, en los últimos casos de fuga de reos, hasta ahora no hubo un solo guardiacárcel castigado. “El proyecto que aprobamos pasa ahora al Senado, y espera que una vez que sea sancionado y promulgado la ley desaliente definitivamente la complicidad de los guardiacárceles con los reclusos”, expresó.
Explicó que este proyecto fue ampliamente analizado en la cámara incluso con expertos, ante la preocupación que surgió a raíz de los últimos hechos de fugas de recluso, donde se constató la fácil evasión de los presidiarios con la ayuda y complicidad de los empleados penitenciarios, que son los primeros encargados de la seguridad y se constató que las sanciones eran muy bajas.
El proyecto con media sanción, busca elevar esa sanción a 15 años de pena privativa de libertad y establece también un mínimo de 5 años. El texto propuesto dice en la parte pertinente “…se aplicará una pena privativa de libertad de cinco a quince años.”
Por una parte, señaló que no hay ningún inconveniente que la pena para la modalidad agravada sea elevada. “Esto se justificaría por elevado grado de reproche de los funcionarios o servidores penitenciarios que provoque, propicien o no eviten una fuga o, peor aún, que deliberadamente liberten a persona que deben cumplir una condena o una medida de privación de libertad. En ese sentido, está justificada la elevación de la pena”, acotó.