Dos funcionarios argentinos de la Dirección General de Aduana fueron detenidos en la zona primaria del puente internacional San Roque González de Santacruz, que une Posadas con Encarnación. La Armada paraguaya requisó el baúl de la motocicleta del empleado de transporte aduanero. En una mochila se encontró alrededor de unas 30 tarjetas de débito con diferentes sumas de dinero que adosaban el monto retirado y la comisión por el trámite.

De acuerdo con los datos adosados al monto requisado, el trámite del “delivery” costaría entre unos 2.000 a 3.000 pesos argentinos. Unos 200 a 300 mil guaraníes.

Aparentemente, Leandro Andrés Rodríguez y Luis Alberto Romano, ambos de nacionalidad argentina y funcionarios aduaneros, se encargaban de cobrar los aportes de los beneficiarios, ya que podían circular sin inconvenientes en zona fronteriza, por ser funcionarios de aduanas. El delivery llegaba hasta nuestro país para ser entregado a los beneficiarios.

La Armada paraguaya venía investigando el tráfico ilegal de divisas desde Argentina. Habían percibido esa maniobra en la frontera, ya que en días puntuales, ciudadanos jubilados se agolpaban en la cercanía de la cabecera del puente.

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El subcomisario Alcides Añasco, jefe de la Dirección contra hechos punibles económicos de la Policía Nacional en Encarnación, informó que el procedimiento fue realizado en la zona primaria de Encarnación. Se incautaron aproximadamente 500.000 pesos argentinos, divididos en pequeños fajos que contenían determinadas sumas de dinero, con tarjetas de débito y un nombre, informó.

La Policía presume en principio que se trata de cobros de aportes subsidiarios de argentinos residentes en Paraguay. Los funcionarios ofrecían el servicio de extracción de los cajeros argentinos ante la imposibilidad de los beneficiarios de cruzar la frontera.

Sin embargo, pese a la gravedad del hecho, y de acuerdo a lo expresado por Añasco, esta práctica según las leyes de Paraguay, no representa ningún hecho punible teniendo en cuenta que el monto incautado no supera los 10.000 dólares mínimos requeridos.

Los funcionarios argentinos fueron apartados de sus puestos y sumariados por la Aduana Argentina. La Armada paraguaya suspendió sus permisos de tránsito. El monto incautado se encuentra en poder del Ministerio Público de Paraguay.

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