El Gobierno llegó a un acuerdo con las comunidades indígenas y de esta forma, se levantaron las movilizaciones. El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, mencionó que las diferentes instituciones que forman parte del Gabinete Social darán su apoyo para dar solución a los reclamos de los pueblos originarios.

“Hemos resuelto con el vicepresidente Pedro Alliana y con los demás compañeros abordar este problema desde la plataforma del Gabinete Social, desde las mesas de protección social. En ese sentido, nos reunimos con 7 líderes que representaban a sus pares, hicimos una reunión amplia donde estuvieron representantes de varias instituciones, porque hay una variedad de problemáticas”, explicó.

En contacto con “Arriba Hoy”, programa emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media, el secretario de Estado explicó que la forma en que debe ser abordada esta problemática es desde una perspectiva integral, y que teniendo en cuenta este parámetro, el presidente en ejercicio convocó a las instituciones que forman parte del Gabinete Social y también a las comunidades indígenas.

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“Este problema es una constante, pero se agudizó el pasado 22 de abril con la presencia de alrededor de 30 comunidades indígenas, con unas 800 personas, de las cuales 240 aproximadamente eran niños”, señaló Gutiérrez, quien indicó que el Gabinete tomó nota de todos los reclamos y a partir de esto se adoptó la decisión de elaborar un plan de trabajo.

El acuerdo contempla que representantes del Gabinete Social estarán en las comunidades indígenas desde la próxima semana. “Lo ideal es que sus problemas se resuelvan en sus comunidades y evitar que vengan acá a producirse los reclamos”, expuso agregando que el encargado de recoger cada uuna de las necesidades será el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).

“Vamos a estar en terreno a partir de la semana que viene, seguramente vamos a estar llegando a tres comunidades por semana hasta llegar a todos. Hay muchos problemas de tierra, escuelas que necesitan mejoras, hablaron de temas de salud, proyectos productivos, acceso a energía eléctrica, agua, caminos, asistencia en alimentos, protección contra situaciones de explotación, le vamos a pasar un mapeo de centros de primera infancia que van a estar cerca de ellos”, indicó el ministro Gutiérrez.

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A través de una conferencia de prensa, el ministro de Desarrollo Social (MDS), Tadeo Rojas informó que se llegó a un acuerdo con las comunidades indígenas que encabezaban una manifestación en inmediaciones de la Avenida Artigas. El retorno de las familias ya ha comenzado paulatinamente y se estima que para este miércoles 30 de abril, las calles se encuentren completamente liberadas.

“Hemos llevado una reunión en la cual desde el Gabinete Social les propusimos instalar una mesa de protección social en estas comunidades indígenas, elaborar un plan de acción de los problemas más importantes sobre las necesidades más reclamadas de parte de ellos, lo cual ellos aceptaron”, indicó Rojas.

El secretario de Estado explicó que por indicación del presidente en ejercicio, Pedro Alliana, las instituciones que componen el Gabinete Social se reunieron para analizar soluciones a los reclamos de las comunidades, al mismo tiempo, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), a cargo del Gral. Juan Ramón Benegas, convocó a los indígenas y se dio un encuentro entre todas las partes.

La propuesta consiste en replicar en las comunidades indígenas el modelo de trabajo que el Gabinete Social ya implementa en distritos priorizados, mediante la construcción de un Plan Comunitario que permitirá identificar, priorizar y gestionar las principales necesidades territoriales de manera coordinada con las instituciones del Estado.

En respuesta, el Gabinete Social propuso iniciar los trabajos del Plan Comunitario a partir del 5 de mayo, comenzando en la comunidad Tekojoja, distrito de YasyKañy, departamento de Canindeyú. Además, se adelantará la entrega de víveres a las familias movilizadas para facilitar el operativo retorno.

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“Aceptaron esta propuesta de trabajar con el Gabinete Social y bajo el liderazgo del Indi, a partir del lunes ya se va a empezar a trabajar con el departamento de Canindeyú y se van a diseñar los planes de acción que vamos a desarrollar con ellos”, expuso e indicó que en esta mesa de trabajo buscarán incluir a la mayor cantidad de comunidades indígenas.

Los principales reclamos de los pueblos originarios giran en torno a falta de energía eléctrica, falta de caminos, mejoramiento de las escuelas y unidades de salud, regularización de tierras, entre otros. Como fruto del acuerdo con el Gobierno, se firmó un acto de compromiso, lo cual es una gran responsabilidad para el Estado, ya que es la primera vez que se suscribe un documento con este alcance, subrayó Rojas.

“Ellos manifestaron su conformidad ya que ellos expresaron la importancia de que intervengan instituciones de forma directa buscando una solución a sus problemas. El presidente del Indi también mencionó que las comunidades indígenas que estaban apostadas, están empezando a retirarse y probablemente para el día de mañana van a retirarse completamente”, señaló.

Participaron de la reunión siete líderes indígenas: Benito Barreto (Comunidad Tekojoja), Héctor Vera (Comunidad 4 de Mayo), Alberto Pérez (Nueva Esperanza), Samuel Rivarola (Sol Naciente), Aquilino Martínez (21 de Abril Tekojoja), Cristian Vega (Buena Vista) y Carmelo Caballero (Kambay).

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Una nueva edición de la feria de arte indígena ORE invita a conocer, celebrar y adqui­rir piezas artísticas elabora­das por talentosas manos de cinco comunidades nativas del Paraguay. El flamante Espa­cio Cultural Staudt (Iturbe 333 esquina Mariscal Esti­garribia) del centro asunceno albergará esta imperdible muestra el próximo sábado 3 y domingo 4 de mayo, en el hora­rio de 10:00 a 21:00.

El Insti­tuto Paraguayo de Artesanía viene realizando esta exposi­ción desde hace más de 4 años y en este 2025 se contará con la participación de comunida­des de los pueblos: ava guaraní, aché, paĩ tavyterã, mbyá gua­raní, guaraní occidental, enxet sur, enlhet norte, sanapaná, nivaclé, nanjui, maká, ayoreo, ishir, chamacoco y qom.

El público podrá adquirir una amplia variedad de piezas como textiles con fibra de cara­guatá, tallas en madera de palo santo, arte plumario, cestería indígena, entre otros produc­tos que expresan el gran valor cultural de cada pueblo. La entrada es libre y gratuita. Ade­más, habrá actividades y atrac­ciones para toda la familia, así como venta de libros y materia­les del acervo del IPA. Los orga­nizadores avisan que los pagos serán en efectivo y, en algunos casos, por transferencia ban­caria.

Este evento constituye un espacio único de encuentro que reúne a artesanos de diver­sas comunidades indígenas del Paraguay con el objetivo de for­talecer sus estructuras orga­nizativas, potenciar sus capa­cidades productivas, ampliar el acceso a nuevos mercados y contribuir a la mejora de cali­dad de vida. El IPA reafirma así su compromiso con la pro­moción y el desarrollo de la artesanía nacional, así como con la generación de canales de comercialización para los artesanos del país.

El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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