Entre 2023 y 2026 se analizaron más de 3,100 hechos punibles relacionados con personas indígenas. El estudio abarcó 2,746 causas penales y permitió identificar las principales denuncias, su distribución territorial y las situaciones que involucran a la población nativa como presuntas víctimas o presuntos responsables.

El Ministerio Público, a través de la Dirección de Planificación y su Departamento de Estadística, procesó información correspondiente a 3.119 hechos punibles denunciados en 2.746 causas penales, cuyos relatos iniciales mencionan situaciones vinculadas a personas o comunidades indígenas. El estudio comprende el periodo de enero de 2023 a agosto de 2026. A partir de estos registros, la Dirección de Comunicación y Prensa realizó un análisis periodístico e institucional para identificar los principales hallazgos y contribuir a su comprensión desde una perspectiva informativa y de derechos.

De los hechos examinados, 2.415 registraron al menos una presunta víctima indígena, mientras que en 2.076 se identificó al menos una persona indígena como presunta responsable. Ambas categorías pueden coincidir en un mismo hecho, por lo que no deben sumarse.

Entre los hechos que involucran a presuntas víctimas indígenas:

• la violencia familiar registró 246 casos
• 199 lesiones
• 169 amenazas
• 152 registros de homicidio doloso
• y 118 de abuso sexual en niños

Estos resultados permiten observar la diversidad de situaciones denunciadas que afectan a integrantes de pueblos indígenas, incluidos hechos relacionados con la integridad física, la seguridad y la protección de niños, niñas y adolescentes.

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El análisis muestra que los hechos punibles registrados pasaron de 665 en 2023 a 768 en 2024, y a 1.010 en 2025, lo que representa un incremento del 51,9 % entre el primero y el último de esos años.

Entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 676 hechos, cifra correspondiente a un periodo parcial. Cabe destacar que el aumento de los registros no implica necesariamente un incremento equivalente en la ocurrencia real de los delitos, ya que los datos corresponden a denuncias y no permiten determinar las causas exactas de esa variación.

En la distribución territorial, Canindeyú encabezó los registros con 781 hechos punibles, seguido de Caaguazú con 539 y Amambay con 476. Estos tres departamentos concentraron el 57,6 % del total de los casos analizados. Estas cantidades reflejan los registros del Ministerio Público y no constituyen tasas de criminalidad, ni permiten establecer qué departamentos presentan un mayor riesgo para la población indígena.

El análisis aporta información clave sobre las denuncias que involucran a personas indígenas y contribuye a conocer las situaciones que llegan al sistema penal.

La Constitución Nacional reconoce la identidad étnica, las formas de organización y los derechos de los pueblos indígenas. En este contexto, el acceso a la Justicia requiere considerar las particularidades culturales y lingüísticas de las personas involucradas, con pleno respeto a sus garantías y derechos.

Los resultados corresponden estrictamente a la información registrada al momento de la denuncia; por lo tanto, no representan hechos judicialmente comprobados ni permiten determinar responsabilidades penales de forma anticipada.

Con este estudio, el Ministerio Público pone a disposición información estadística que contribuye a visibilizar las situaciones denunciadas y a profundizar el conocimiento sobre los derechos y el acceso a la Justicia de los pueblos indígenas.

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Tras ser capturado anoche en la ciudad de Villeta, Aldo Alexis Duarte (26), principal sospechoso del feminicidio de Deisy Paola Giménez (22), intentó justificar el crimen alegando que se asustó por los gritos de la víctima. La joven fue asesinada por su expareja, a quien tiempo atrás había cuidado incondicionalmente durante una prolongada recuperación tras un grave accidente vial. Sin embargo, luego de que ella decidiera terminar la relación y denunciarlo por violencia de género, comenzó a sufrir un acoso obsesivo y sistemático.

En sus primeras declaraciones tras la detención, Duarte manifestó que hace tres meses le había comprado un automóvil a la joven, asegurando que desde ese momento ella cambió de actitud y resolvió romper el vínculo. Según su relato, el término de la relación desencadenó el conflicto que derivó en el trágico desenlace registrado el pasado jueves en Lambaré, cuando la víctima fatal se dirigía a su trabajo por la noche.

El detenido sostuvo que esa noche solo pretendía conversar con Deisy, pero que ella comenzó a gritar. Afirmó que la reacción lo asustó debido a que pesaba sobre él una orden de restricción de acercamiento, por lo que decidió realizar un supuesto disparo intimidatorio que impactó en la víctima. Agregó que, al verla caer al suelo, se “bloqueó” y continuó disparándole hasta causarle la muerte.

Duarte fue aprehendido en la noche del viernes en Villeta, luego de que su propio cuñado alertara a la Policía. El familiar se comunicó con el subjefe de la Comisaría 20.ª Central para denunciar que el hombre había llegado a pie a la vivienda de su hermana; apenas nueve minutos después, una comitiva policial se hizo presente en el lugar y concretó su detención.

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La historia detrás de la pareja revela un marcado trasfondo de violencia y fijación por parte de Duarte. El hombre olvidó que años atrás, tras sufrir un grave accidente de tránsito con secuelas corporales críticas, fue Deysi quien estuvo a su lado en todo momento cuidándolo en su lecho hasta su total recuperación.

Tras reiterados episodios de violencia física, la joven decidió terminar la relación hace unas semanas, denunció y solicitó una restricción en su contra. Duarte no aceptó la ruptura y el asedio se volvió sistemático, el pasado 8 de octubre, Deisy fue ejecutada a balazos por el hombre, mientras se dirigía a su lugar de trabajo.

Durante el allanamiento un detalle escalofriante que llamó la atención de los intervinientes fue un cuadro grande con la fotografía de la víctima se encontraba colgado en medio de la habitación del Aldo, lo que refleja la aparente obsesión enfermiza del ahora detenido.

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La autopsia realizada al cuerpo de Deysi Paola Giménez Segovia, víctima de feminicidio en Lambaré, confirmó que la joven recibió dos impactos de arma de fuego en la cabeza, uno de los cuales le provocó lesiones mortales en el tallo encefálico.

La médica forense del Ministerio Público, Rafaela Fernández, brindó este viernes detalles de los resultados del procedimiento y explicó que ambos proyectiles quedaron alojados dentro de la cavidad craneal, sin presentar orificios de salida.

Según la especialista, uno de los proyectiles ingresó por la región occipital, en la parte posterior de la cabeza, con una trayectoria de atrás hacia adelante y ligeramente de abajo hacia arriba. El otro impacto presentó una trayectoria descendente, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Las heridas tenían orificios de entrada de aproximadamente un centímetro.

La forense explicó que la lesión que afectó el tallo encefálico fue determinante para el fallecimiento de la joven. Asimismo, señaló que la víctima habría permanecido con vida después del primer impacto.

Los proyectiles fueron recuperados durante el procedimiento para su posterior análisis balístico, que permitirá aportar nuevos elementos a la investigación.

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Otro dato relevante de la autopsia es que no se encontraron heridas de bala en los brazos ni en las piernas, pese a los primeros reportes policiales que mencionaban un supuesto impacto en uno de los miembros superiores.

Sin embargo, los médicos detectaron escoriaciones y pequeñas contusiones en el rostro, principalmente en la región frontal izquierda y alrededor de la nariz. Estas lesiones serían compatibles con la caída que sufrió la víctima durante el ataque, cuya secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.

Deysi Paola, de 22 años, fue asesinada la noche del jueves 8 de octubre cuando caminaba hacia su lugar de trabajo en el barrio Santa Lucía de Lambaré. Las imágenes de circuito cerrado muestran cómo un vehículo blanco le cerró el paso. Un hombre descendió del automóvil y comenzó a perseguirla mientras la joven intentaba escapar y pedía auxilio.

La víctima cayó al pavimento y recibió nuevos disparos cuando ya se encontraba en el suelo. El principal sospechoso del crimen es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien cuenta con una orden de captura.

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El feminicidio generó una profunda conmoción debido a que Deysi Paola ya había denunciado a su expareja por hechos de violencia y amenazas. Incluso contaba con una orden judicial de alejamiento.

La joven estudiaba Derecho y estaba próxima a culminar su carrera. Además, trabajaba para contribuir al sostenimiento económico de su familia. Su muerte volvió a poner bajo cuestionamiento la eficacia de los mecanismos de protección para mujeres que denuncian situaciones de violencia.

Los resultados de la autopsia serán incorporados a la investigación fiscal y constituirán elementos relevantes para reconstruir la mecánica del ataque y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El juez Penal de Garantías de Fernando de la Mora, Miguel Ruiz, elevó a juicio oral y público el proceso penal contra el hijo de un exvicepresidente de la República, quien fue acusado por supuesto abuso sexual de un niño de 10 años. El Ministerio Público sostiene en su acusación que el hombre se aprovechó de la vulnerabilidad del menor para manosearlo en varias oportunidades.

Tras la audiencia preliminar, el juzgado resolvió admitir íntegramente la acusación del Ministerio Público y, además, dispuso que el acusado cumpla arresto domiciliario con control de la comisaría jurisdiccional de la zona. Asimismo, impuso medidas como la prohibición de acercarse a la víctima y a su madre.

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La acusación presentada por el fiscal Armin Echeguren refiere que el procesado, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima, quien tenía 10 años a la fecha de la denuncia, procedía a manosearlo en sus partes íntimas, por debajo de su ropa, utilizando como herramienta la excusa de los juegos para conseguir su cometido de índole sexual.

Los episodios, según la investigación, sucedían durante las visitas a su domicilio y, ocasionalmente, en la casa de los abuelos paternos, debido a que contaba con un régimen de relacionamiento.

Con la resolución del juzgado de primera instancia, el acusado deberá afrontar juicio oral y público y será juzgado por un Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora.

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