Con el fin de endurecer las penas contra quienes faciliten o colaboren en la fuga de reclusos, especialmente, cuando se trate de funcionarios públicos o personal penitenciario, y cuando las fugas sean colectivas, en la Cámara de Diputados se presentó el proyecto de ley que establece la modificación y ampliación del artículo 294 de la normativa 1160/97, Código Penal Paraguayo.

La iniciativa establece tres modificaciones principales: por un lado, mantiene la pena base de hasta 3 años o multa para quien libere, induzca o apoye la fuga de un interno. Por otro lado, aumenta la pena para los funcionarios públicos o el personal penitenciario obligados a evitar evasiones, elevándola de “hasta 7 años” (como contempla la ley actual) a un rango de “4 a 10 años” de privación de libertad.

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Por último, el proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional, introduce un nuevo agravante para los casos de “fuga masiva”, estipulando una pena de entre 5 y 15 años cuando se libere a más de un interno.

La iniciativa presentada por el diputado Yamil Esgaib figura entre los puntos más resaltantes que deben ser evaluados por la cámara en su sesión ordinaria del próximo martes 8 de abril. El documento ya fue girado para sus correspondientes dictámenes a las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Económicos y Financieros, de Legislación y Codificación, de Justicia, Trabajo y Previsión Social y de Reestructuración y Modernización del Estado, para sus dictámenes.

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• Por Sara Valenzuela.

El martes 10 de marzo del 2020, la forma de vida de todos los paraguayos sufriría una alteración imborrable, ya que solo tres días después de confirmarse el primer caso de covid en nuestro país, el Gobierno instauraba una inédita cuarentena sanitaria por un periodo inicial de 15 días.

El primer periodo de cuarentena se instauró por decreto presidencial y se estipuló la suspensión de todos los eventos públicos o privados de concurrencia masiva, así como conciertos, prácticas deportivas, reuniones religiosas o de carácter político, actividades en lugares cerrados que incluían a cines, teatros y convenciones. Esta medida también alcanzó a las instituciones educativas de todos los niveles.

Los primeros 15 días posteriormente fueron extendidos a semanas y meses. Luego, con la evolución de los contagios y el avance de la enfermedad en el mundo, fue sufriendo modificaciones, abriendo paso a la llamada “cuarentena inteligente” y luego a la “cuarentena por fases”, que se activaban según los territorios con mayor o menor afectación por el virus.

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Analizando en retrospectiva, el médico epidemiólogo Guillermo Sequera, quien en el momento de la pandemia se desempeñaba como titular de la Dirección de Vigilancia de la Salud, resaltó que haber tomado la medida de cuarentena de una manera casi inmediata a la confirmación de los casos en nuestro país le dio al sistema sanitario nacional una brecha para prepararse ante lo que se avecinaba.

“Cuando empezó la pandemia, nuestra capacidad de analizar muestras era de 16 o 17 por día, y así era imposible determinar si existía o no ya una circulación comunitaria, por lo que tras hablar con colegas que estábamos todos con este tema alrededor del mundo y viendo la situación de diferentes países, determinamos que la cuarentena era necesaria en Paraguay para frenar los brotes que posiblemente ya se habían iniciado”, recordó el doctor Sequera en conversación con La Nación/Nación Media.

El reconocido profesional aseguró que el solicitar a todo un país que frene sus actividades, las cuales necesariamente afectarían a la economía nacional, era un enorme desafío que finalmente se logró conquistar, dando tiempo a los médicos a analizar los siguientes pasos teniendo en cuenta que la situación ante el avance de la enfermedad era sumamente fluctuante.

“Cuando empezó la pandemia, se creía que el virus iba a llegar a nuestro país proveniente de China, Europa o Estados Unidos y no fue así; los primeros contagiados viajaron y regresaron de países de la región en los que ni siquiera se había confirmado la presencia comunitaria del virus, entonces nosotros supimos que el camino correcto era extremar las medidas de salubridad y, sobre todo, llamar a la conciencia de la población”, indicó el doctor Sequera a LN.

La vida de los paraguayos había cambiado de la noche a la mañana; los planes que en muchos casos se habían hecho con meses de antelación ahora simplemente quedaban en pausa indefinida; las multitudinarias reuniones familiares que eran una actividad casi religiosa para muchos quedaron relegadas ante el encuentro a través de videollamadas o un saludo a metros de distancia; los encuentros recreativos y los bulliciosos quedaron coartados a las salas de estar, los balcones y ver repeticiones de eventos deportivos.

Si bien esa “nueva normalidad” golpeó con fuerza a todos los paraguayos, muy acostumbrados al roce social, los médicos también se enfrentaban a una realidad que los paralizaba, el aumento de los casos, los tratamientos que conforme se conocía a la enfermedad se iban implementando y la dura realidad de que nadie estaba preparado para lidiar con un nuevo virus.

“Fue muy difícil; uno salía, iba, hablaba con los colegas y tratábamos de marcar un protocolo de atención, pero después debíamos de modificar eso y cambiar tratamientos conforme obteníamos la información, porque estábamos lidiando con un virus que no conocía nadie, que nadie sabía exactamente cómo tratar y, lo peor, que no sabíamos cómo evolucionaba para al menos tener un parámetro de tiempos”, expresó el epidemiólogo a La Nación.

En carácter personal, asumió que si bien se capacitó y estudió para este tipo de situaciones, son muy pocos los médicos que tienen la experiencia con epidemias o pandemias, ya que la aparición de este tipo de fenómenos a lo largo de la historia son distantes uno del otro, por lo que ciertamente los médicos y especialistas contaban con las herramientas teóricas, la práctica era abrumadora.

“Yo sabía lo que se tenía que hacer, y con los colegas a nivel internacional hablábamos de los planes de acción, pero uno muchas veces se veía sobrepasado por lo que ocurría, por el conteo de infectados y por sobre todo el de fallecidos; a esto había que sumarle el hecho de que nadie te enseña como comunicarte en estos casos. Yo tenía que salir a hablar y demostrar calma cuando en realidad la situación me dolía mucho”, recordó el doctor Sequera.

Admitió, además, que esta crisis sanitaria por la que atravesó el mundo y, en particular, Paraguay, dejó en el sistema sanitario nacional precedentes importantes, como el hecho de la extensión de la capacidad de las unidades de terapia intensiva a nivel nacional, la provisión de oxígeno que ahora cada centro asistencial cuenta y las instalaciones y adecuaciones de infraestructura que se dieron en hospitales de referencia para hacer frente a la crisis.

A cinco años del inicio de la pandemia, recordar los contagios, la cuarentena, las medidas de seguridad y, por sobre todo, a los fallecidos a causa del covid, resulta aún difícil porque en la memoria quedaron impregnados momentos que generaciones enteras nunca habían imaginado siquiera vivir, la incertidumbre de contraer el virus, el miedo ante la enfermedad, la impotencia por la cantidad de vidas cobradas y la certeza de que nada volvería a ser igual.

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En Uruguay, el 46 % de las personas privadas de libertad es incapaz de valerse de la lectura, la escritura y la aritmética para su desarrollo personal y social, según un informe oficial presentado el jueves. “El 46 % no cumplió con un nivel satisfactorio”, o sea, carecía de “las competencias que debe tener un egresado de educación primaria para socializar correctamente”, señaló a periodistas el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni.

El estudio, realizado entre septiembre y diciembre de 2024 en 15 cárceles del país, mostró que, de los 1.803 participantes, 763 (42,3 %) eran analfabetos funcionales, y 66 (3,7 %), analfabetos absolutos. Baroni advirtió que la mera asistencia a clase no garantiza la plena alfabetización. “El analfabetismo funcional es cuando por falta de uso o de interés no se tienen las competencias que deberían haber adquirido por lo menos a nivel de primaria”, explicó.

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Y apuntó: “Muchos de ellos declararon que habían cursado parte de secundaria, e inclusive nivel terciario”. Más de seis de cada 10 personas que alcanzaron la educación primaria no lograron los desempeños mínimos esperados para la culminación del ciclo, concluyó el estudio. Baroni y el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, subrayaron sin embargo un dato “alentador”: el 93,7 % de los participantes tiene interés en seguir estudiando.

“Muchos pueden quererlo para redimir pena, lo cual también es una señal positiva, pero después terminan involucrados fuertemente en una actividad educativa”, declaró Petit a la AFP, al subrayar la importancia de que el Estado amplíe la oferta de educación en las unidades penitenciarias.

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Del total de los participantes en el estudio, casi el 80 % eran hombres y el 46 % tenía entre 18 y 29 años. Entre el 2,7 % de extranjeros, la mayoría provenía de Argentina y Brasil, seguidos de Colombia, Paraguay y otros países como Chile, Francia, Italia, México y Venezuela. Con 3,4 millones de habitantes, Uruguay tiene tasa de analfabetismo del 1,7 % en mayores de 15 años.

Sin embargo, tiene una muy alta tasa de población carcelaria: cuatro de cada mil personas están presas en Uruguay, lo cual sitúa al país primero en Sudamérica y en el lugar 10 a nivel mundial, de acuerdo con estadísticas del World Prison Brief. A diciembre de 2024 había casi 16.000 personas privadas de libertad en todo el país, según cifras oficiales.

Fuente: AFP.

En las penitenciarías de todo el país ya iniciaron las inscripciones para el año lectivo 2025 y hasta la fecha se tiene a un total de 1.516 reclusos inscriptos que tienen la intención de culminar sus estudios básicos. Este año buscan implementar el ingreso de docentes, uso de notebooks y celulares.

Esta semana, representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y del Ministerio de Justicia empezaron las reuniones para coordinar el inicio de clases, de alfabetización y educación para las personas privadas de su libertad. Tienen previsto llegar a más de 1.600 personas que buscan la reinserción social en los próximos años.

Tras la reunión que mantuvieron ambos ministerios, informaron que ya se han matriculado 1.034 estudiantes para las clases de Alfabetización y Educación Bilingüe Básica para personas jóvenes y adultas; para el nivel medio se apuntaron 482 internos. Recordaron que las inscripciones siguen abiertas y que las clases arrancan el lunes, 24 de febrero.

Así, también, manifestaron que se fortalecerá la educación en los centros educativos para unos 150 adolescentes infractores y que mediante el programa de Atención a Primera Infancia brindarán asistencia a niños menores que viven con sus madres privadas de libertad. Mediante el Registro Único del Estudiante de Educación (RUE) se realizarán los controles de asistencia dentro del sistema penal.

Para el presente año buscan implementar un nuevo modelo de gestión que tendrá espacios apropiados como la renovación de aulas, equipamiento mobiliario, útiles y la reglamentación para el ingreso a los docentes.