La compra de un software para sistemas de gestión informático por US$ 6 millones, para la regional del Instituto de Previsión Social (IPS) de Ciudad del Este, es calificada de irracional y onerosa, por lo que exigen frenar la mencionada licitación.
Lo dicen desde la Cámara Paraguaya de la Industria del Software (Cisoft) porque consideran que la “intención” tiene elementos muy llamativos, por lo que deben ser tomados en cuenta, según el comunicado, en el que denunciaron públicamente la falta total de racionalidad.
Se trata del llamado a Licitación SBE N° 165/19 “Adquisición del Sistema de Gestión Hospitalaria para el Hospital Regional y Centros Asistenciales del IPS en el departamento del Alto Paraná”, adjudicada a la empresa Green SA.
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“Exigimos al Consejo de Administración del IPS, y en particular a Miguel Ángel Doldán Martínez, consejero, quien nos representa a los empleadores, que revean esta licitación y realicen todas las acciones necesarias para detener esta onerosa e innecesaria adquisición”, señala el documento de Cisoft.
El monto del contrato, según la denuncia, es de G. 39.886.229.000 (más de US$ 6.200.000) y supera de manera exagerada el costo de adquisiciones similares realizadas en el territorio nacional.
Desde el gremio consideran que los diferentes hospitales y centros del mismo IPS no deberían tener sistemas diversos adquiridos y pagados de forma individual, ya que se trata de una institución con un solo marco normativo y operativo.
Llama la atención también que uno de los requisitos de que “el Oferente del sistema debe demostrar que tiene suficiente experiencia en brindar soporte al HIS, lo cual es inadecuado, ya que en estas condiciones excluyen a una empresa con 10 años de experiencia que no haya brindado este servicio específico en los últimos seis meses”.
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Por lo tanto, el requisito de realizar servicios de informática en general no es lo suficientemente específico al caso de implementación de sistemas de software, y se da a entender que los mismos son consistentes con el direccionamiento de una licitación a una empresa en particular y no a necesidades propias del contratante.
Por todo lo mencionado, solicitan de forma urgente al Congreso de la Nación, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría que investiguen en detalle la cuestionada licitación, ya que no es momento de desperdiciar recursos económicos tan necesarios en el contexto de una crisis sanitaria, socioeconómica y educativa como la que se está viviendo actualmente, concluyen.