La pretensión del ministro de Educación, Eduardo Petta de entregar los kits de alimentos solamente a los padres de escolares que presenten las tareas es una flagrante violación del derecho de los niños y niñas, quienes tienen derecho de alimentarse, sostuvo el senador Víctor Ríos.
“Lo que anunció el ministro de Educación, en el sentido de condicionar la entrega de comidas a los niños que hayan hecho la tarea es una abierta, flagrante, violenta violación de un derecho humano básico de los niños, que es el derecho a comer. Es un atentado la vida de los niños”, expresó el legislador a radio 1020 AM.
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El anuncio del secretario de Estado fue duramente cuestionado por representantes de diversos sectores, quienes manifestaron que la determinación no se compadece con la realidad del país, porque centenares de hogares no tienen acceso a la tecnología que se requiere para poder cumplir con las exigencias, como el teléfono con internet.
De acuerdo a lo expresado por el legislador liberal, el titular de Educación no debe estar gestionando de esta manera el sistema educativo nacional en un contexto de pandemia. “Es absolutamente insostenible esta gestión. Si no se produce un cambio radical, un cambio profundo en su estilo de gestión no veo condiciones para que el ministro Petta siga al frente del Ministerio de Educación”, indicó.
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Ministros de Corte inauguraron sede del Juzgado de Paz de Minga Porã
El presidente de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, César Manuel Diesel, junto con el ministro Víctor Ríos, participaron del acto inaugural de la nueva sede del Juzgado de Paz de Minga Porã, Circunscripción Judicial de Alto Paraná.
La inauguración de la mencionada sede se enmarca en la política de descentralización de los servicios de justicia, impulsada por la máxima instancia judicial, con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia en todo el territorio nacional.
La nueva infraestructura cuenta con sala de audiencias independiente, sala de reuniones para autoridades, sanitarios diferenciados, una amplia secretaría y demás dependencias administrativas, garantizando condiciones adecuadas para la prestación del servicio de justicia.
El presidente de la Corte agradeció al intendente de Minga Porã, Clementino Portillo Ortiz, y al presidente de la Junta Municipal, Roberto Rolón, “cuya visión y compromiso con su comunidad hicieron posible este proyecto que hoy se inaugura”.
Asimismo, destacó “la sensibilidad de las autoridades municipales hacia las necesidades de la comunidad, apostando a una justicia cercana, que brinde seguridad, confianza y paz social”.
El acto concluyó con la entrega de una placa de reconocimiento por parte del presidente de la CSJ, César Diesel, y el ministro de la CSJ, Víctor Ríos, al intendente y al presidente de la Junta Municipal de Minga Porã, en reconocimiento a la valiosa colaboración y firme compromiso en la concreción de esta obra.
Cabe resaltar que la construcción del Juzgado de Paz fue financiada íntegramente con recursos de la Municipalidad de Minga Porã.
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Senado recusó a integrantes de sala constitucional por caso Kattya
La presidencia del Senado, liderada por Basilio Núñez, recusó al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos y al camarista del fuero civil, Esteban Kriskovich, quienes integran la sala constitucional ampliada que analizará la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González contra su pérdida de investidura. Ahora deberá integrarse la CSJ con otros dos camaristas para resolver ambas recusaciones.
En el argumento para apartar a Ríos se hace alusión a que el mismo, en reiteradas ocasiones, preopinó sobre el caso, por lo que ya no puede intervenir en el fondo de la cuestión. “En su momento, él también fue legislador y participó de pérdida de investidura de varios excolegas”, comentó Núñez, este miércoles, en una entrevista con los medios de comunicación.
El documento de recusación contra Ríos indica que “los elementos fácticos que respaldan está recusación sobrevenidos y claramente identificables refuerzan de forma forma contundente la razonabilidad de la petición. Cabe destacar que, inicialmente, existía la convicción de que el pasado político del magistrado en cuestión no incidiría en el ejercicio de su función jurisdiccional. Incluso, albergábamos la expectativa, basada en el principio de buena fe procesal, de que su experiencia previa no influiría en su valoración de los hechos y en su desempeño como juez constitucional”.
Agrega que, “sin embargo, sus intervenciones públicas, formuladas ya ostentando la calidad de ministro de la Corte Suprema de Justicia, son elocuentes como para disipar toda expectativa de neutralidad. Se trata de declaraciones reiteradas, precisas y claramente orientadas hacia una de las posiciones procesales debatidas en este proceso judicial".
La recusación presentada con el respaldo de un grupo de senadores indica: “No nos hallamos ante expresiones vagas, circunstanciales o de carácter técnico doctrinario. Por el contrario, las manifestaciones referidas, expuestas de forma abierta y pública, revelan un posicionamiento definido y anticipado respecto del conflicto constitucional que esta sala debe resolver, por todo ello no puede interpretarse esta recusación como una maniobra procesal improcedente ni como una invocación extemporánea del derecho a recusar”.
Se señala que la petición es “legítima, presentada de manera responsable y dentro de los márgenes temporales legales, en atención a hechos que no solo configuran una sospecha, sino que constituyen una causal efectiva, concreta y objetiva demostrable para apartar al magistrado de la causa”.
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“Causa presentada”
Mientras que la recusación contra Kriskovich fue impulsada sin “causa presentada”. En el documento se sostiene que la medida fue realizada conforme con lo dispuesto en el artículo 24 y concordantes del Código Procesal Civil, el cual exige que se dé curso al trámite legal correspondiente y se resuelva según lo solicitado previo a cualquier pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
“Esto es hasta una cuestión ética, teniendo en cuenta que él fue embajador durante el gobierno del expresidente de la República, Horacio Cartes”, refirió Basilio Núñez.
El camarista aceptó atender el caso tras la inhibición de los ministros Eugenio Jiménez Rolón y César Garay Zuccolillo. A finales de mayo, la Corte comunicó al Senado la integración de la sala constitucional ampliada, cuyos integrantes también son los ministros Gustavo Santander, César Diesel, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y el camarista Miguel Ángel Rodas.
Antecedentes
Kattya González quedó fuera del Senado el 14 de febrero del 2024. Mientras que la acción de inconstitucionalidad fue promovida el 27 de febrero del mismo año.
Un total de 23 senadores acompañaron la expulsión de la ahora excongresista de la Cámara Alta, registrándose siete abstenciones y 15 ausencias. El procedimiento se basó en un libelo acusatorio de 73 páginas, en que, entre otras argumentaciones, sindicaban a la ahora exparlamentaria de uso indebido de influencias.
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El ministro Víctor Ríos disertó en Congreso Internacional de Derecho Procesal
El ministro de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Sala Constitucional, Víctor Ríos Ojeda, participó ayer viernes como conferencista en el Congreso Internacional de Derecho Procesal, realizado en Posadas, Argentina. El evento congregó a destacados especialistas de Argentina, Brasil y Paraguay, con el objetivo de analizar los desafíos actuales que enfrenta la Justicia en la región. Así informo el sitio web del Poder Judicial.
Asimismo, mantuvo una reunión con los integrantes del Superior Tribunal de la citada ciudad, donde hizo entrega del informe de gestión 2024 de la máxima instancia, que contiene un resumen de los principales esfuerzos realizados para dar cumplimiento a los ejes de gobierno judicial.
El congreso fue organizado por el Poder Judicial de Misiones y el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, bajo el lema “Revalorizando el Derecho Procesal”, en homenaje al profesor Adolfo Alvarado Velloso.
El evento fue declarado de interés judicial en Argentina y permitió debatir sobre las innovaciones y desafíos en la materia, incluyendo las reformas legislativas y el impacto de las nuevas tecnologías en la práctica jurídica de la región.
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Durante la reunión con los miembros del Superior Tribunal, se abordaron los temas centrales del congreso. Asimismo, el ministro presentó los principales logros del gobierno judicial y destacó las metas establecidas para el período 2025 con la entrega del Informe de Gestión 2024 de la CSJ de Paraguay. Subrayó que este informe se presenta como un compromiso de transparencia y rendición de cuentas, reafirmando el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre las acciones del Poder Judicial.
Finalmente, el ministro realizó un recorrido por las instalaciones del Edificio de Tribunales. En la reunión estuvieron presentes la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, junto con los magistrados Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, María Laura Niveyro, Juan Manuel Díaz, Ramona Beatriz Velázquez y Jorge Antonio Rojas.
Los juristas argentinos manifestaron su interés en suscribir un convenio marco con la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, con el objetivo de compartir experiencias y fortalecer la colaboración en el ámbito académico y judicial, promoviendo así el estrechamiento de lazos fraternales entre ambas naciones.
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Ministro de Corte y fiscala adjunta coordinan trabajos sobre causas del medioambiente
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, y la fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales, Nancy Salomón, han mantenido una reunión en la que conversaron sobre el trabajo conjunto que realizarán con el objetivo de la firma de un convenio de cooperación, para el seguimiento de las causas abiertas que afectan al medioambiente.
La representante del Ministerio Público manifestó que seguirán las reuniones con los funcionarios de la máxima instancia del Poder Judicial, expertos en el tema ambiental, ya que buscan que, en un plazo aproximado de noventa días, se pueda lograr la firma de un acuerdo de cooperación para la agilización de los procesos penales.
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El objetivo del encuentro es facilitar los cuadros de seguimiento de las investigaciones abiertas y otros datos que sean relevantes para concebir mecanismos de control de calidad de la gestión de los procesos en defensa del medio ambiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 2° y 6° de la Acordada 1344/19, lo que efectivizaría el cumplimiento efectivo del Principio 10 de la “Declaración de Río sobre el medioambiente y el desarrollo” de la Conferencia de las Naciones Unidas.
Dicha Acordada establece que “semestralmente la Dirección de Medioambiente remitirá una planilla de los procesos, cuya iniciación se comunicó al Poder Judicial, requiriendo al Ministerio Público que este informe sobre el destino de esas investigaciones”.
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