El agente fiscal Silvio Corbeta explicó los principales elementos con que cuenta el Ministerio Público para sustentar la acusación contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, que están presentando durante el juicio oral que se desarrolla en la etapa de producción documental. Sostuvo que la comuna esteña no adquirió la totalidad de las mercaderías que figuran en los documentos, por lo que califica como “una licitación fraguada”.

El fiscal Corbeta mencionó durante una entrevista para el medio digital El Observador, que los informes de la Dirección Nacional de Contrataciones Pública (DNCP) y la Contraloría respaldan los cuestionamientos al procedimiento utilizado. También señaló que la empresa adjudicada “Tía Chela” no contaba con todo el stock declarado al momento de la recepción.

Mencionó además que durante el mismo tiempo, o el mismo periodo de tiempo fueron adjudicadas otras dos empresas más, entre marzo y abril del 2020, a la par que fue adjudicada Tía Chela, donde también se compraron más kit de alimentos.

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“Para nosotros, como Ministerio Público, es una licitación fraguada, o sea una licitación simulada; debido a que no se compró la totalidad de las mercaderías que figuran en las documentaciones de compra por parte de la Municipalidad. Esto no es una cuestión subjetiva mía, ni de ninguno de los colegas que me acompañan”, precisó.

El fiscal remarcó que esta acusación fiscal está sustentada en el informes de la DNIT que hizo una trazabilidad, y se pudo detectar que Tía Chela, no tenía todo el stock de estas mercaderías al momento en que supuestamente se hicieron estas notas de recepción.

Asimismo, mencionó además que la Municipalidad de Ciudad del Este utilizó de manera incorrecta la vía de excepción para las compras investigadas. “Esto tampoco es una cuestión subjetiva del Ministerio Público, ni mía, ni de ninguno de los agentes fiscales; sino que esto está sustentado en dictámenes tanto de la Contraloría como de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”, remarcó.

En ese sentido, explicó que durante la pandemia este mecanismo debía estar vinculado a acciones de prevención y mitigación del coronavirus. Indicó que esas adquisiciones podían realizarse mediante una licitación pública para garantizar mayor transparencia. Señaló que el Ministerio Público sostiene que el procedimiento utilizado no ofreció las condiciones de transparencia requeridas.

El fiscal Corbeta vinculó el caso de Tía Chela, que fue para compra de kits de alimentos con la causa conocida como “Tajy”. Sostuvo que en ambos procesos se habría recurrido a la vía de excepción y se convocó a empresas vinculadas entre sí.

Explicó que en el caso Tajy también participaron firmas relacionadas con personas cercanas a la empresa adjudicada. El fiscal afirmó que incluso se repitió el uso de facturas de una misma empresa como respaldo de las operaciones.

No obstante, aclaró que el Ministerio Público no sostiene que los kits no hayan sido entregados, sino que cuestiona la vía utilizada para la contratación. Explicó, que la Municipalidad pudo haber recurrido a una licitación pública, con mayor cantidad de oferentes y condiciones para garantizar una mayor transparencia en el proceso.

“Para el Ministerio Público no existió esa transparencia y por eso no solo en este caso, el mismo modus operandi, se siguió en el segundo caso que está llevando a juicio oral el caso Tajy. Se hizo por la vía de la excepción, se convocó a empresas vinculadas a la señora Emili Vanessa Florentín propietaria de Vanemi S.A. Se invitó a a la empresa Tajy que fue la adjudicada, que era el tío de la señora Florentín, se invita a Vanemi y se invita al cuñado de la señora en ese entonces, el cuñado de la señora Florentín, es el señor Ayala que era un DJ”, precisó.

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La agente fiscal Sandra Ledezma, coordinadora designada por la Fiscalía General para las Elecciones Municipales, informó que en el segundo corte del control que lleva adelante el Centro de Monitoreo Ministerio Público se contaba con un total de 18 detenidos por distintos hechos. Entre los casos figuran presunta compra de votos, violación del secreto del voto y usurpación de identidad. También se registraron denuncias por toma de fotografías al voto y personas que intentaron sufragar más de una vez.

Durante una conferencia de prensa desde el Ministerio Público mencionó que todos los casos continúan bajo investigación de la Fiscalía y no descartó que el número de detenidos podría ir en aumento.

En ese sentido, recordó que en el primer corte de la mañana se registraron 4 detenidos, que para el segundo corte se sumaron otros 14 detenidos, lo que hace un total de 18 detenidos. Al respecto, fue detallando cada caso, conforme a la localidad y fiscales intervinientes:

• Guairá: la fiscal Jaqueline Ortiz ordenó la detención de 3 personas por violación al secreto al voto.
• Mayor Otaño: la fiscal Mabel Martínez dispuso la detención de 1 persona por fraude electoral, se presentó a votar con cédula de otra persona.
• Itakyry: el fiscal Fernando Galeano dispuso 1 detenido por toma fotográficas de su voto en el cuarto oscuro.
• Comunidad Itanará Canindeyú: el fiscal Rodrigo Gianninotto recibió denuncias de que 3 indígenas de la parcialidad Avá Guaraní utilizaron la cédula de otra persona para votar. Se procedió a la aprehensión de personas por usurpación de identidad art. 317 Ley 834/96 del Código Electoral Nacional.
• Luque: la fiscal Sophia Galeano ordenó la detención de una persona en la Escuela Cañada San Rafael y otro en el Colegio Héroes de la Patria por sacar fotos al voto.
• Minga Guazú: el fiscal Enmanuel Santacruz ordenó la detención de 1 persona por toma fotográfica en el cuarto oscuro.
• Limpio: el fiscal Víctor Villaverde dispuso la detención de 2 personas por compra de votos.
• Pdte. Franco: el fiscal Alberto Torres dictó la detención de 1 persona por la compra de votos.
• Asunción: la fiscal Sandra Ledesma ordenó la detención de 1 persona que tenía 9 papeletas e intentaba depositarlas en la urna.

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Durante el monitoreo correspondiente al segundo corte de las jornadas electorales, las autoridades fiscales intervinieron ante diversas irregularidades reportadas en distintos puntos del país. Entre los reportes figuran casos de supuesto voto asistido y firma anticipada de papeletas en la Universidad Católica de Asunción y el colegio CPB de Encarnación, además de una denuncia sobre cámaras que apuntarían hacia el cuarto oscuro en un local de votación de J. Augusto Saldívar.

Mencionó que se recibieron denuncias por presunta compra de votos en Tomás Romero Pereira y en el Colegio Inmaculada Concepción, donde también se reportó la venta de bebidas alcohólicas en las inmediaciones de un local electoral. En Pirayú recibieron una denuncia por la presencia de dos puestos de comando político (PC) ubicados a menos de 200 metros del local de votación, mientras que en otro caso se denunció que una persona habría intentado votar en nombre de otra.

Entre otros hechos reportados, la Fiscalía mencionó la verificación policial de un toldo ubicado dentro del Colegio Verbo Divino, que supuestamente correspondía a la ANR, pero que finalmente no fue atribuido a ningún sector.

En Encarnación también se recibieron pedidos de allanamiento a raíz de disputas entre grupos políticos, mientras que en Ciudad del Este fueron incautadas credenciales presuntamente falsas. La Fiscalía indicó además que continúa monitoreando los reportes y denuncias difundidas a través de las redes sociales.

Sobre el caso puntual registrado en el Colegio María Auxiliadora de Loma Pytã, donde se habría detectado a una persona con varias papeletas previamente firmadas, indicó que la persona ya se encuentra detenida y será convocada este lunes para continuar con el proceso penal. También se investigará a los miembros de mesa para determinar si tuvieron participación en la firma de las papeletas.

Asimismo, explicó que los 18 detenidos fueron aprehendidos en flagrancia; pero que en comparación al reporte de la Policía Nacional, que habla de 24 detenidos, aclaró que algunos de ellos contaban con órdenes de captura por hechos anteriores y fueron identificados en los locales de votación y que no tienen que ver con delitos electorales.

Entre los elementos incautados durante los procedimientos figuran celulares, papeletas y cédulas de identidad. Las personas detenidas deben ser puestas a disposición del juez penal de garantías dentro del plazo establecido de 24 horas.

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La fiscal Sandra Ledesma brindó un informe sobre los hechos denunciados a nivel nacional, tanto en la previa como en las primeras horas de las votaciones en los diferentes locales electorales. Se reportaron resoluciones adulteradas en el distrito de Humaitá, Ñeembucú, donde intervino la fiscal Patricia Ramírez, que derivó en la detención de una persona por intentar acreditar como documento una resolución falsa para registrar a un apoderado.

En tanto en Paraguarí, el fiscal Alfredo Ramos intervino a raíz de problemas en conformación de mesas, mientras en Santísima Trinidad (Asunción), la Junta Cívica reportó incidentes con los apoderados con relación a la colocación de mesas y las máquinas de votación, en un intento por cambiar el lugar asignado inicialmente por las autoridades electorales.

“Luego tenemos denuncias en el Colegio Ignacio A. Pane sobre voto asistido, que fue asistida por el fiscal Marcelo García de Zúñiga. También denuncias en conformación de mesas en Antequera, en San Pedro a cargo del fiscal Ángel Rodriguez. Denuncias en Belén, Concepción que es uno de los lugares donde tardó más la conformación de mesas, teniendo en cuenta que ciertos partidos políticos no asistieron a las personas para conformar las mesas”, detalló Ledesma desde el Centro de Monitoreo del Ministerio Público.

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Por otro lado, mencionó que en Ciudad del Este el fiscal Gabriel Segovia recibió denuncias de la instalación de un toldo cerca de un local de votación. En Asunción se registraron algunos inconvenientes al momento de la conformación de mesas, entre ellos en el Colegio Leandro Prieto, donde el presidente de mesa no permitió que veedores participen en el acto eleccionario, conforme expresó.

En el distrito La Catedral, la Junta Cívica denunció a un apoderado del Partido Liberal Radical Auténtico por incidentar a las personas, en un intento de evitar el acto eleccionario.

En cuanto a los detenidos, la fiscal Ledesma informó que su colega, Estela Ramírez dispuso la detención de una persona que contaba con un carnet supuestamente proveído por la Justicia Electoral que no correspondía a la persona, o sea un documento adulterado.

“En Guairá también un detenido por soborno al elector a cargo de la fiscal Jadiyi Ortiz, en Avaí, Caazapá donde se rompieron papeletas, detención a cargo de la fiscal Liza Báez, que luego fue aclarado y ya la persona fue liberada. La fiscal Vivian Coronel en Ciudad del Este, un vehículo con propaganda electoral que fue invitado a retirarse. Ante la negativa de retirarse del lugar, fue dispuesta su detención”, comentó.

Igualmente, la representante del Ministerio Público se refirió a las denuncias a nivel país recibidas por la Oficina de Denuncias Penales. Puntualmente los reportes surgieron desde: Encarnación, Villarrica, Lambaré, Caacupé, Villa Hayes, San Estanislao, San Antonio, Yaguarón, Coronel Bogado, Quiindy, Ybycuí, zonal Yguazú, Choré. Recordemos que la pena de las personas que cometan algún delito electoral es de hasta 5 años de cárcel.

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El juez penal de Garantías Yoan Paúl López fijó para el 14 de octubre a las 09:00 la audiencia preliminar para el senador y exministro del Interior Rafael Filizzola, acusado de lesión de confianza por un perjuicio de G. 1.200 millones en la remodelación de comisarías y construcción de baños en el caso conocido como “comisarías de oro”.

En la citada diligencia judicial se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público, tal como lo sostiene el Ministerio Público, el cual considera que cuenta con suficientes elementos de prueba para que el caso se discuta en una audiencia oral.

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Semanas atrás, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la capital, resolvió revocar la resolución por la cual el juez había declarado la prescripción de la causa seguida contra el exministro, en el caso conocido como “comisarías de oro”.

La Cámara hizo lugar al recurso de apelación planteado por la fiscal Silvia Margarita González Vester, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción n.º 3, y dejó sin efecto el A.I. N.º 371, de fecha 6 de mayo de 2026.

De esta manera, el proceso por lesión de confianza contra Filizzola continúa vigente y deberá avanzar hacia la siguiente etapa procesal. Uno de los puntos centrales de la resolución es el análisis de los sucesivos recursos, incidentes, recusaciones y acciones planteado durante la tramitación de la causa.

Según el tribunal, esta concatenación de actuaciones impidió la prosecución ordinaria del proceso y generó un período de “tiempo muerto” de 5 años, 5 meses y 12 días, que debe ser considerado como tiempo de suspensión de los plazos de prescripción. El proceso se origina en la investigación sobre la cons­trucción de baños y celdas en 24 comisarías del área metropolitana, durante la gestión de Filizzola al frente del Ministerio del Interior. Según la acusación, el caso habría ocasionado un perjui­cio patrimonial de aproxima­damente G. 1.200 millones.

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