El personal médico desaprueba el hecho de tener que cargar con la responsabilidad de soportar demandas por presunta negligencia médica cuando el tratamiento aún es controvertido y con evidencias transitorias. Foto: Fernando Riveros.
El Círculo Paraguayo de Médicos solicita al Ministerio de Salud Pública la protección legal correspondiente para enfrentar a la pandemia por COVID-19, ya que no quieren verse sometidos a rechazar asistencia por falta de insumos. También desaprueban el hecho de tener que cargar con la responsabilidad de soportar demandas por presunta negligencia médica cuando el tratamiento aún es controvertido y con evidencias transitorias.
El gremio de los médicos espera que la sociedad logre distinguir la predisposición del personal de blanco para enfrentar esta pandemia, y los errores que puedan surgir debido a los nuevos hallazgos científicos que se encuentran a medida que se desarrolla la pandemia.
“El cuerpo médico nacional no puede aceptar que, corriendo los riesgos que esta enfermedad significa para el personal de salud, tengamos que cargar con la responsabilidad de soportar estigmatizaciones o demandas por presunta negligencia médica debido al apetito económico de algunos profesionales del derecho”, menciona la nota.
Recuerdan que en un pandemia, no se puede hablar de negligencia cuando la infección tiene un tratamiento controvertido, y como médicos se ven obligados a responder con todas las pautas que ofrecen las evidencias transitorias existentes en el ámbito científico.
Además, no quieren verse obligados a rechazar asistencia médica por verse sometidos a desgastes emocionales expuestos por el estrés que significa la virulencia de esta pandemia y, por otra parte, el riesgo de contagio al que están sometidos por las condiciones laborales en las que se desempeñan.
Por eso creen que el reconocimiento al coraje con que enfrentan al enemigo desconocido y letal no puede ser reemplazado por el oportunismo de sacar alguna ventaja económica en un momento histórico tan difícil.
El juez Humberto Otazú citó en audiencia preliminar a Miguel Prieto (foto) y a los otros 10 acusados por supuesta lesión de confianza en el caso vinculado a "Tajy". Foto: Archivo
Bajo apercibimiento de ley citan a Miguel Prieto y otros acusados por lesión de confianza
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El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”
En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.
La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.
Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.
En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.
Otros casos
Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.
Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.
También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.
Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Foto: Gentileza
“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
Médicos de EE.UU. ofrecerán atención gratuita del 4 al 15 de agosto
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Este lunes 4 de agosto se realizará la ceremonia de lanzamiento de la misión médica amistad 25 en la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay.
Lideradas por las Fuerzas Aéreasestadounidenses del Sur, las misiones son de atención médica directa a pacientes del país anfitrión (Paraguay) e intercambio de información médica.
En esta ocasión serán beneficiados pacientes del departamento Central con la jornada de asistencia médica del 4 al 15 de agosto de 2025.
La actividad es coordinada por la Embajada de los EE. UU. en Asunción, a través de su oficina de Cooperación de Defensa (ODC), con el Ministerio de Salud Pública, sus directores médicos del hospital y de la región sanitaria, donde será desplegada la misión.
La atención médica, consultas, procedimientos, suministro de medicamentos e implementos (por ej. anteojos), son totalmente gratuitos.
El objetivo de este ejercicio médico es proporcionar formación en preparación médica al personal militar y civil, al tiempo de ofrecer atención médica a la población objetivo, aliviando así la sobrecarga del sistema sanitario local.
La asistencia médica estará a cargo de profesionales y técnicos médicos militares de los Estados Unidos, junto con miembros de personal de apoyo.
Abarca una amplia gama de especialidades, incluyendo cirugía general y de emergencia, anestesiología, enfermería, odontología,oftalmología, optometría, farmacia, medicina familiar, reparación de equipos biomédicos y apoyo médico.
Los médicos del sector público tendrán una carga horaria de 12 horas semanales, según el anuncio realizado por el Ministerio de Salud Pública. Foto: Archivo
Salud pública establece carga horaria de 12 horas semanales para los médicos
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El Ministerio de Salud y Bienestar Social (MSPyBS) estableció una carga horaria de 12 (doce) horas semanales por vínculos para los profesionales médicos con cargos permanentes y/o contratados que cumplen funciones asistenciales o misionales en los servicios de salud de todo el país.
El anuncio fue realizado por la ministra María Teresa Barán, como una medida de gran trascendencia para el fortalecimiento del sistema sanitario nacional, con especial enfoque en la dignificación del personal médico.
La resolución de la Dirección de Recursos Humanos del ente ministerial lleva el número 2.851/2025, y con esta nueva carga horaria se marca un avance en la regulación y mejora de las condiciones salariales de los médicos.
Este avance se da en cumplimiento de la Ley N.º 7.137/2023 y con la autorización del Equipo Económico Nacional, bajo el liderazgo del presidente de la República, Santiago Peña, quien reafirma el compromiso del Gobierno con una salud pública más justa y equitativa.
Anterior a esta resolución, la carga horaria semanal de los médicos variaba dependiendo de su situación contractual y antiguedad.
Los médicos con cargos permanentes o contratados con más de cinco años de antiguegad tenían una carga de 12 horas semanales por vínculo. Aquellos contratados con menos de cinco años o aquellos contratados después de la resolución podrían tener una carga de 24 horas semanales en su primer vínculo y 12 horas en los vínculos siguientes.
“Sabemos que el camino hacia un sistema de salud más humano empieza por reconocer y apoyar a su recurso más valioso: el talento humano. Hoy damos un paso firme en esa dirección”, expresó la ministra durante el anuncio.
Barán explicó que, para garantizar una implementación ordenada y eficaz de la medida, el Ministerio de Salud trabajará coordinadamente con el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, estableciendo los mecanismos adecuados para la incorporación del personal médico autorizado.
Este anuncio reafirma la visión de construir un sistema de salud pública fuerte, accesible y digno, que responda a las necesidades de toda la ciudadanía, indicó la ministra de Salud.