El Gobierno Nacional dispuso la suspensión y la revisión de todos los procesos de adquisición de insumos sanitarios que lleva adelante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). Esto es tras la sospecha de sobrefacturación en la compra de 4.000 tapabocas en dicha administración. Así comunicó este lunes el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), el ex fiscal René Fernández, en conferencia de prensa tras mantener una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
“El presidente de la República dispuso que tratemos el tema del proceso de adquisición de mascarillas en la Dinac y en ese sentido, el mismo ha ratificado la voluntad del Gobierno de esclarecer cualquier duda y sospecha que se hubiese podido levantar”, aseveró.
En ese sentido, mencionó que la institución a su cargo dio inicio ayer domingo a una investigación administrativa para acceder a todos los datos del proceso de adquisición de los insumos sanitarios por parte del ente regulador del sector aeronáutico.
“Y el presidente de la República dio la instrucción de llegar hasta los detalles mínimos de este proceso, de tal forma que los resultados de indagación sean presentados a la ciudadanía y se tomen las medidas que correspondan al caso”, agregó.
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Fernández destacó que la decisión tomada desde el Ejecutivo es la inmediata suspensión de todos los procesos licitatorios que lleva adelante la Dinac con respecto a la compra de materiales e insumos sanitarios, para evitar el contagio del COVID-19 entre sus funcionarios.
“Se decidió que todos los contratos que tenga suscritos esta empresa con la Dinac sean revisados y suspendidos, hasta tanto se confirme que no existe ningún tipo de irregularidad o algún daño o perjuicio al patrimonio del Estado”, concluyó.
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Causa Berilo: condenan a funcionarios y exagente fiscal a dos años de cárcel con suspensión
En el marco de la causa denominada Berilo, fueron condenados a dos años de pena privativa de libertad, con suspensión a prueba de la ejecución penal, los funcionarios fiscales Carlos Alberto Aguilar Sánchez y José Ramón Alarcón Paniagua, así como el exagente fiscal Gustavo Ramón Yegros.
El informe del Ministerio Público destaca que los mismos fueron hallados responsables de los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios y soborno agravado.
En el caso de Gustavo Ramón Yegros, además, fue condenado por cohecho pasivo agravado.
El incumplimiento injustificado de las reglas de conducta impuestas implicará la revocatoria de la suspensión y la ejecución de la pena privativa de libertad.
El juez penal de garantías n.º 7, Miguel Ángel Palacios Méndez, dictó la condena luego de que los acusados admitieran los hechos atribuidos en su contra.
La causa guarda relación con el denominado Operativo Berilo, que investiga un esquema criminal vinculado al tráfico de drogas desde el departamento de Alto Paraná.
En este proceso también se encuentran acusadas otras 22 personas, entre ellas un exdiputado, quienes deberán enfrentar juicio oral y público.
Yegros, quien se desempeñaba como fiscal en Ciudad del Este, fue acusado de haber recibido la suma de USD 20.000 en concepto de coima durante el ejercicio de sus funciones.
Como parte de las reglas de conducta impuestas, los condenados deberán realizar donaciones a las fundaciones Guadalupe, Asoleu y Rocío Róga, respectivamente, en concepto de reparación social. Asimismo, tienen prohibido cambiar de domicilio, salir del país y deberán comparecer ante el Juzgado en forma trimestral.
La investigación se inició el 5 de abril de 2018, a partir de la interceptación de llamadas, lo que permitió comprobar la existencia de una organización criminal dedicada al acopio y envío de drogas al Brasil.
En este caso, entre estas 22 personas, están procesados Reinaldo “Cucho” Cabaña, y el exdiputado Ulises Quintana, quienes recuperaron su libertad con medidas sustitutivas y aguardarán el juicio oral fuera de la Penitenciaría de Tacumbú.
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Gobierno descarta presiones tras la renuncia del ministro de Economía
El jefe de Gabinete del Ejecutivo, Javier Giménez, negó que existiera algún tipo de presión política sobre el presidente de la República, Santiago Peña, tras la renuncia del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.
Aseguró que en absoluto significó algún tipo de factor para que el mandatario tomara esta decisión, sino más bien, responde a un plan que tiene en vista y que se ajustará con la nueva designación del nuevo ministro de Economía, con vista al trabajo que se estará implementando en esta segunda etapa de gobierno.
Giménez fue consultado respecto a supuestas molestias en el equipo político que habrían exigido la salida de Fernández Valdovinos, durante una entrevista en la radio 1080 Am.
Ante esto, respondió de forma categórica que personalmente le conoce muy bien al presidente Peña y que sabe que si hay una persona que sabe soportar la presión, justamente es el jefe de Estado.
“Conozco a Peña y si hay una persona que sabe aguantar la presión, es él. Te aseguro que esto que mencionás no fue un factor. Fue una decisión de él, se toma mucho tiempo para realizar cambios que son importantes”, explicó.
Indicó que, llegado el momento, las decisiones que va tomando el mandatario lo hace con plena conciencia, y ya observando los desafíos que vienen a futuro, sobre todo a partir de la designación del próximo ministro de Economía y el trabajo que se viene a futuro.
“Entiendo que exista especulación al respecto, entiendo que venimos de enojos de ciertos sectores por el tema de la Caja Fiscal. Al respecto, el presidente Peña estuvo muy consciente de que podía salir, como de hecho se aprobó en la Cámara de Diputados, en la versión del Ejecutivo o no. El presidente asumió ese riesgo y de hecho lo dijo en varias entrevistas” comentó.
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Galeano seguirá con la “economía de guerra” hasta que Peña designe nuevo ministro
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continuará con la línea de ajuste y ordenamiento del gasto público mientras se define al nuevo titular de la cartera.
Así lo confirmó a Universo 970 AM/Nación Media el ministro interino, Juan José Galeano, quien asumió tras la salida de Carlos Fernández Valdovinos y permanecerá en funciones, al menos, hasta después de la Semana Santa, cuando el presidente Santiago Peña tome una decisión definitiva.
Galeano explicó que su designación es transitoria y responde a la necesidad de dar continuidad a la gestión en un momento de presión sobre los ingresos fiscales. En ese sentido, aseguró que no habrá cambios en la hoja de ruta del plan denominado “economía de guerra”, con foco en mejorar la eficiencia del gasto público.
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“El mandato es claro, cuidar cada guaraní”, señaló, al referirse a la instrucción directa de Pea. La prioridad será revisar el uso de los recursos del Estado, ordenar el plan de caja y garantizar que sectores clave como salud, educación, seguridad y protección social mantengan su funcionamiento.
Coyuntura
El ministro también buscó desmarcar el escenario actual de una crisis económica. Según explicó, la situación responde a una coyuntura específica de menores ingresos, principalmente por la caída del tipo de cambio. Al estar el guaraní apreciado, los ingresos vinculados al comercio exterior, que se generan en dólares, se reducen al convertirse en moneda local, afectando la recaudación.
A pesar de este contexto, destacó que los ingresos internos, vinculados al consumo, continúan creciendo en línea con la economía, lo que refleja que la actividad se mantiene dinámica.
En cuanto a las medidas, Galeano descartó un aumento de impuestos y enfatizó que el ajuste no recaerá sobre el sector privado. La estrategia del gobierno apunta, en cambio, a mejorar la calidad del gasto y ampliar la base tributaria, es decir, incorporar a más contribuyentes al sistema formal.
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El imperio de Marset en la era Abdo: “Los hechos fríos y objetivos son imposibles de eludir”
“El daño que se hizo al Paraguay es tremendo, prostituyeron la hidrovía para sus repugnantes negocios e intereses personales“, dijo el ministro del Interior, Enrique Riera, al referirse sobre el auge del narcotráfico y el crecimiento de la estructura criminal del uruguayo Sebastián Marset, en el gobierno del exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez.
“Los hechos fríos y objetivos son imposibles de eludir. La exdirectora de la Senad (Zully Rolón), reconoció que efectivamente el Paraguay ya era un lugar de tráfico de droga. La apertura del operativo A Ultranza lo hicieron presionados por las circunstancias y con la participación de las agencias internacionales”, afirmó en una entrevista con el programa “Cara o Cruz” de Unicanal.
Riera acotó: “Todos los actores de esa época (gobierno de Abdo Benítez) van a querer culpar que la estructura (de Sebastián Marset) ya existía antes o que continuó después, pero realmente la Justicia americana dice textualmente que fue en ese periodo, que no busquen tirar bombas. En los 30 meses que estamos en el poder no salió ningún gramo de cocaína, ningún gramo se descubrió en Europa de cargamentos de cocaína procedente de Paraguay”.
El ministro se refirió a la publicación periodística de la Unidad de Investigación de Nación Media, que hace referencia al tráfico de cocaína que desarrolló la estructura criminal de Marset durante la administración abdista.
La publicación periodística detalla que los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), concernientes al operativo a Ultranza Py, revelan datos que exponen una suerte de complicidad y compromete seriamente a la gestión de Abdo Benítez con la estructura criminal del capo narco.
En ese entonces, las autoridades contaban con reportes precisos, la ruta, las pistas, las estancias, grandes centros de acopio, hasta una alerta de bloques criminales conformado por empresarios asociados a Marset para el envío de cocaína desde el país.
El mismo informe de inteligencia que inició en noviembre del 2019 hace referencia a los datos que se habían recabado con el operativo Arai 2, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado sobre el esquema criminal de Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a territorio paraguayo vía área desde Bolivia y eran enviadas en contenedores desde los puertos.
“Fue demasiado evidente lo que se dejó de hacer, lo que se apoyó. Las estructuras criminales se dieron cuenta que por Paraguay era más fácil (exportar droga) porque no habían controles o los que habían terminaron siendo relajados. Se retiraron los scanner (en los puertos) con la excusa de reorganizar el organigrama", comentó Riera.
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Arai 2 también ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la historia del Paraguay, denominada a Ultranza Py, la cual se inició el 22 de febrero del 2022.
El operativo Arai 2 fue un trabajo de inteligencia que provino de la Dirección de Investigación Aérea, Fluvial y Terrestre (Diaft), que el exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización de Marset.
La investigación periodística manifiesta que Giuzzio no solo cerró esta unidad de inteligencia, desmanteló las bases de la Senad en los puertos privados, sino que, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre los 2020 y 2022, puede deducirse que cooperó con la narcoexportación de la estructura de Marset.
“Jugaron con el arco libre y desde allí empezó a nacer el gran negocio en el Paraguay, que les resultaba más barato y tenían la complicidad del poder. Al tener luz verde en nuestro país ya iban derecho a los puertos de Europa. Marset operaba en la frontera seca de Bolivia, transitaba por la zona del Chaco donde no había los controles, ni de la Senad o la Dinac y luego se contaminaban (los contenedores con droga) en el departamento Central y pasaban sin ningún control", refirió.