El Gobierno Nacional dispuso la suspensión y la revisión de todos los procesos de adquisición de insumos sanitarios que lleva adelante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). Esto es tras la sospecha de sobrefacturación en la compra de 4.000 tapabocas en dicha administración. Así comunicó este lunes el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), el ex fiscal René Fernández, en conferencia de prensa tras mantener una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
“El presidente de la República dispuso que tratemos el tema del proceso de adquisición de mascarillas en la Dinac y en ese sentido, el mismo ha ratificado la voluntad del Gobierno de esclarecer cualquier duda y sospecha que se hubiese podido levantar”, aseveró.
En ese sentido, mencionó que la institución a su cargo dio inicio ayer domingo a una investigación administrativa para acceder a todos los datos del proceso de adquisición de los insumos sanitarios por parte del ente regulador del sector aeronáutico.
“Y el presidente de la República dio la instrucción de llegar hasta los detalles mínimos de este proceso, de tal forma que los resultados de indagación sean presentados a la ciudadanía y se tomen las medidas que correspondan al caso”, agregó.
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Fernández destacó que la decisión tomada desde el Ejecutivo es la inmediata suspensión de todos los procesos licitatorios que lleva adelante la Dinac con respecto a la compra de materiales e insumos sanitarios, para evitar el contagio del COVID-19 entre sus funcionarios.
“Se decidió que todos los contratos que tenga suscritos esta empresa con la Dinac sean revisados y suspendidos, hasta tanto se confirme que no existe ningún tipo de irregularidad o algún daño o perjuicio al patrimonio del Estado”, concluyó.
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Gobierno rechaza sanciones de China y ratifica apoyo a Taiwán
Ministro de Mitic tendrá prohibida la entrada a China, Hong Kong y Macao.
El Gobierno de Paraguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su repudio a las sanciones impuestas por China contra ministros de Paraguay y Belice.
Las medidas fueron aplicadas al ministro paraguayo del Mitic, Gustavo Villate, y el ministro beliceño de Relaciones Exteriores, Francis Fonseca.
“El Gobierno del Paraguay rechaza las sanciones impuestas por China Popular al ministro del Mitic, Gustavo Villate; que generan fricciones innecesarias con nuestro país. El Paraguay ratifica una vez más su firme respaldo a la República de China (Taiwán) y su compromiso con los valores y principios democráticos”, señala el comunicado de la Cancillería nacional.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, declaró este lunes en rueda de prensa que “ciertos políticos en Paraguay y Belice se han prestado voluntariamente a servir como peones de las autoridades taiwanesas en su intento de buscar la ‘independencia’ mediante apoyo externo”, y en respuesta, China anunció “medidas de retorsión para penalizarlos y servir como advertencia para otros”.
Las medidas contra el ministro paraguayo de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, y el ministro beliceño de Relaciones Exteriores, Francis Fonseca, incluyen el congelamiento de sus propiedades y bienes en China, denegación de visas y la prohibición de que organizaciones chinas tengan relaciones comerciales con ellos, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín.
También, ambos ministros sancionados tendrán prohibida la entrada a China, Hong Kong y Macao.
Gustavo Villate, por su parte, aseguró que estas sanciones responden directamente a los sólidos avances que Paraguay viene impulsando junto a Taiwán en materia tecnológica, económica y de innovación, afirmando en consecuencia que esta medida coercitiva no alterará la hoja de ruta establecida por el Gobierno nacional.
“Creo que son varias cuestiones, como proyectos con Taiwán con impactos económicos y sociales demasiado grandes que estamos llevando adelante desde el ministerio y el Gobierno mismo”, expresaba el ministro.
“Lo que hacemos con Taiwán no es del agrado de China”
El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, aseguró que las sanciones impuestas por la República Popular China responden directamente a los sólidos avances que Paraguay viene impulsando junto a Taiwán en materia tecnológica, económica y de innovación.
El secretario de Estado sostuvo firmemente que esta medida coercitiva no alterará la hoja de ruta establecida por el Gobierno nacional.
“Creo que son varias cuestiones, como proyectos con Taiwán con impactos económicos y sociales demasiado grandes que estamos llevando adelante desde el ministerio y el Gobierno mismo. Evidentemente, ellos van a buscar mecanismos porque es su manera de presionar que tienen, de tratar de intimidar, pero para mí todo lo contrario: esto es lo que me hace fortalecer y saber que estamos en el camino correcto”.
El ministro cuestionó los métodos utilizados por el gobierno asiático al señalar que “no es la manera en la cual una República, por lo menos las democráticas, se comporta. Pero entendemos su posición; entiendo yo que lo que estamos haciendo no es de agrado para ellos”.
El funcionario recordó las gestiones encaradas con la empresa taiwanesa Foxconn, invitada por el presidente Santiago Peña para evaluar inversiones locales y su posible articulación con el proyecto Yguazú Digital, enfocado en inteligencia artificial y nuevas tecnologías.
“Por nuestra parte estamos muy tranquilos, vamos a seguir trabajando con los proyectos que tenemos y empujar con más fuerza esto”.
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Fiscalía de Bolivia investiga a expresidente Morales por asesinato en operación policial de 2009
La Fiscalía de Bolivia anunció el lunes el inicio de una nueva investigación contra el expresidente izquierdista Evo Morales por los presuntos delitos de asesinato y tortura relacionados con un operativo policial que dejó tres europeos muertos en 2009.
Hace 17 años, un comando policial intervino un hotel en la ciudad de Santa Cruz (este) y abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi.
Salieron con vida Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro), que denunciaron torturas tras ser detenidos.
El gobierno de Morales sostuvo entonces que un grupo liderado por Rózsa Flores buscaba impulsar un movimiento separatista, con el financiamiento de la elite económica de derecha de Santa Cruz.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció esta nueva investigación preliminar contra el exgobernante indígena, una semana después de haber sido nombrado por el Congreso tras el arresto de su antecesor, Roger Mariaca, acusado de narcotráfico y lavado de activos.
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En un oficio dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, Urioste notifica “el inicio de la fase de acumulación de antecedentes” contra Morales y su exvicepresidente Alvaro García Linera “por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas y privación de libertad”.
La medida responde a una denuncia interpuesta por los congresistas derechistas Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio. El legislador confirmó a la AFP que se trata del caso denominado “Hotel Las Américas”.
Familiares y víctimas llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 concluyó que el Estado boliviano había cometido violaciones a los derechos humanos y lo remitió a la Corte Interamericana.
El parlamentario Antonio señaló que “no hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden con estas personas”, sino que “fueron ejecutados extrajudicialmente”.
Ese día, durante una visita oficial a Venezuela, Morales dijo a la prensa haber ordenado el operativo para detener a los extranjeros, a quienes acusó de “mercenarios”, una declaración que para Antonio significa que el exmandatario “había dejado instrucciones precisas para que esto sea ejecutado”.
Ni Morales ni su exvicepresidente se han pronunicado de momento.
Refugiado en su feudo cocalero del Chapare (centro), Morales ya tiene dos órdenes de captura activas por investigaciones sobre su rol en las protestas que este año paralizaron al país por 53 días y por una acusación de presunta trata de una menor con la que el expresidente habría tenido una hija. Él niega los cargos.
- Fuente: AFP
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Lambaré: imputan por feminicidio y homicidio doloso al presunto autor del crimen de una joven de 22 años
Un trágico caso de violencia que conmociona a la ciudad de Lambaré dio sus primeros pasos procesales en el ámbito judicial. La agente fiscal de dicha localidad, Amelia Bernal Jara, formuló la imputación formal contra un hombre por la presunta comisión de los hechos punibles de feminicidio y homicidio doloso, en relación a la muerte violenta de Deisy Paola Giménez, una joven de apenas 22 años.
El trágico suceso se registró el pasado jueves 8 de octubre de 2026. Tras las primeras diligencias e investigaciones encabezadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, las autoridades lograron la localización y aprehensión del sospechoso durante la noche del viernes 9 de octubre, alrededor de las 23:20, momento en que fue puesto a disposición de la Justicia.
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Se abstuvo de declarar
Durante la mañana de este sábado 10 de octubre, el procesado fue trasladado hasta la sede fiscal para cumplir con la audiencia de declaración indagatoria, trámite previsto en el artículo 84 y siguientes del Código Procesal Penal. Acompañado por el defensor público de turno, el hombre hizo uso de su derecho constitucional y optó por abstenerse de declarar ante la representación fiscal.
Tras el acto, la representación del Ministerio Público presentó formalmente el requerimiento de imputación con los antecedentes correspondientes ante el Juzgado de Atención Permanente de San Lorenzo. Desde la Fiscalía confirmaron que las investigaciones prosiguen intensamente a fin de acopiar elementos de convicción, esclarecer en detalle las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales definitivas.
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Indert avanza en la regularización de tierras emblemáticas en Canindeyú, Caazapá y Alto Paraná
El Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), impulsa avances significativos en la regularización de tierras en tres comunidades rurales marcadas por décadas de conflictos e incertidumbre. Los procesos en Marina Cué (Canindeyú), Santa Teresa del Manduarã (Caazapá) y Santa Lucía (Alto Paraná) registran progresos concretos hacia la titulación y la seguridad jurídica de las familias campesinas.
Las gestiones lideradas por el ente agrario abarcan acuerdos de mediación y la coordinación técnica entre diversas instituciones del Estado. Esta articulación busca brindar certeza sobre la propiedad de la tierra y sentar bases sólidas para la producción y el desarrollo rural, consolidando la resolución de disputas históricas como un eje prioritario de la política territorial.
Gracias a la intervención institucional y al diálogo permanente entre las partes, el organismo logró canalizar respuestas efectivas para comunidades que aguardaron soluciones durante años. Este enfoque coordinado permitió superar trabas burocráticas y legales que por décadas frenaron la formalización de los asentamientos.
Impulso de mecanismos de mediación
Los tres casos intervenidos representan algunos de los litigios más emblemáticos de la problemática agraria paraguaya. Entre ellos destaca Marina Cué (hoy denominada colonia San Óscar Romero), cuya experiencia sirvió como modelo de mediación aplicable a otros puntos del país, tras la histórica entrega de los primeros 82 títulos de propiedad formalizados en octubre de 2025.
Por su parte, en Santa Teresa del Manduarã se logró destrabar un conflicto social y jurídico que se extendió durante 32 años. La mediación del Indert y la concertación entre los sectores involucrados permitieron concretar la entrega de las primeras titulaciones a beneficiarios del estatuto agrario, en un acto oficial encabezado por el presidente Santiago Peña.
En tanto, en la colonia Santa Lucía se alcanzaron acuerdos clave como la cesión de 20 hectáreas a favor de las familias locales. La posterior habilitación de su inscripción ante el Registro Unificado Nacional (RUN) permitió reactivar el proceso de titulación para aproximadamente 1.300 lotes, garantizando arraigo e impulsando el desarrollo socioeconómico regional.
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