La senadora Lizarella Valiente adelantó que desde la bancada de Honor Colorado planteará un proyecto para determinar un nuevo horario de entrada para las instituciones educativas. Este planteamiento tiene que ver con el debate que surgió a raíz de la intención de la senadora Blanca Ovelar de establecer nuevamente dos horarios en el país.

“Ahora vamos a tener reunión, pero vamos a plantear eso justamente desde la bancada, como vicelíder, ya adelanto eso”, refirió la senadora en conversación con los medios de comunicación, este lunes.

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Valiente indicó que para desarrollar esta propuesta, se convocará también al ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, estableciendo una mesa de trabajo para debatir sobre los beneficios de establecer este nuevo horario en las escuelas y colegios, teniendo en cuenta que a las 7:00 aún no se cuenta con la luz del sol.

“Con una mesa de trabajo, vamos a invitarle al ministro Luis Ramírez, y vamos, eventualmente, plantear que media hora después comience la entrada de la mañana, las 7:30, y esa media hora yo creo que va a ayudar bastante, y no va a mover tanto el horario. Y a la tardecita de igual manera van a salir todavía con la luz del sol. Lo que queremos justamente es aprovechar la luz del sol, porque si salen a las 5:30 o 6:00 de la tarde y ya es oscuro, también es peligroso”, apuntó.

Igualmente, no descarta de tener este mismo debate con el Ministerio del Interior para trabajar en la seguridad de los estudiantes. “De hecho, por ley un agente de la Policía tiene que estar siempre custodiando una escuela”, sentenció.

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El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalid Rachid, cuestionó el debate sobre la propuesta legislativa de legalizar la marihuana en el país. Para el secretario de Estado, deben existir argumentos técnicos y valederos para iniciar un debate sobre este tema.

“Yo tengo varios argumentos en diversos sentidos y todos técnicos, también tengo una postura sobre eso. Yo estoy viendo que el debate no es tan serio, no se están abordando los diversos aspectos”, señaló en entrevista a la 1020 AM.

Lamentó además que se están hablando de números falsos sobre la supuesta ventaja al legalizar el narcótico. “Acá todos están hablando de los números, o sea, de los falsos números, que la supuesta legalización va arrojar y va a beneficiar al país, hablamos de sumas siderales, no sabemos a quién va a beneficiar eso, ni cómo”, apuntó.

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Afirmó que está dispuesto a debatir el tema con las autoridades o instancias que correspondan. “Si en algún momento se llama a un debate serio y técnico sobre esto, nosotros como institución, como órgano de aplicación principal en materia de lucha contra el narcotráfico en Paraguay, estamos dispuestos a sentarnos a hablar con quién sea, técnicamente, y hacer un debate y análisis real sobre esto”, refirió.

El ministro señaló que “hay demasiadas cosas por analizar y no solamente números, porque los números solamente benefician a unos cuantos, y estamos hablando acá de un país que puede ser perjudicado ferozmente o beneficiado en alguna u otra manera”.

La iniciativa de un anteproyecto sobre el consumo del cannabis en Paraguay fue presentado por el senador Líder Amarilla, quien argumenta que el cultivo de la marihuana debería formar parte de la agricultura, destacando que en varios países ya está despenalizado.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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