Alrededor de 400 personas fueron desalojadas de un predio donde levantaron precarias viviendas, en la compañía Salado de la ciudad de Limpio luego que fuera emitida una orden judicial, esta mañana. Los ocupantes llegaron a un acuerdo con las autoridades tras la promesa de ser reubicados en un sitio que hasta el momento desconocen.
Las personas que se instalaron en el lugar no cuentan con respaldo judicial, por lo que el desalojo se cumplió por parte de agentes policiales. El Ministro Juan Carlos Villamayor aseguró que cumplirán las instrucciones con respecto a este caso.
“Todas las órdenes judiciales serán cumplidas, por eso solicitamos a la ciudadanía que no ponga resistencia y hagamos el proceso de la manera más pacífica posible, caso contrario no quedará de otra que la Policía actúe”, afirmó Villamayor.
Sin embargo, una mujer que se encontraba en el lugar trató de ilegal el desalojo debido a que la fiscal interviniente, Lissa Ruíz Díaz en ningún momento exhibió documento que avale el procedimiento ni un título de propidad. Igualmente la agente fiscal confirmó que cuatro personas fueron detenidas y serán imputadas.
Una dirigente de la Comisión Vecinal, Jenny Bogado, refirió que el intendente Carlos Palacios les autorizó a ubicarse dentro del predio al referirse que el lugar no estaba titulado. Aparentemente, el predio pertenece a la empresa Campos Morombi, firma que cuenta con un antecedente fatal de un confilcto de tierra donde 11 campesinos y 6 policías fallecieron durante un enfrentamiento en Marina Cué, departamento de Curuguaty.
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Mujer denuncia intento de desalojo de su casa
Feliciana Sosa Mendoza es una joven madre que hace 11 años reside en una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de la ciudad de Coronel Oviedo. La misma denuncia que desde hace ocho días sufre la intrusión en su vivienda de su exsuegra, quien ahora le exige que abandone la casa y presenta en su contra una denuncia por usurpación.
“Si bien la adjudicación de la casa salió a nombre de esta señora, la ocupante de la casa desde que se construyó soy yo, porque yo era pareja de su hijo y un tiempo después nosotros nos separamos y eventualmente la que quedó ocupando la casa siempre fui yo. La señora nunca ocupó la casa, hasta que el sábado pasado se presentó en mi casa en compañía de sus hijos y nietos invadiendo mi casa y me terminaron denunciando a mí como que ocupo a la fuerza el lugar”, relató Sosa en conversación con La Nación/Nación Media.
La misma dijo que hizo la denuncia formal ante la comisaría de la zona, pero finalmente hicieron lugar a la denuncia de su exsuegra.
A pesar de esto también presentaron la causa ante un juzgado para que se determine quién debe ocupar la vivienda, atendiendo que si bien la adjudicación se dio a nombre de una persona, es otra la que ocupa el inmueble hace más de una década.
“Como es un territorio social, la casa se había pagado todo en su momento al comienzo de los trámites, la adjudicación salió a nombre de la señora, pero yo le había entregado la suma de G. 4.200.000 para abonar por la vivienda, pero según me indicaron quienes manejan el tema de la administración de territorio social la vivienda es de quien la ocupa”, indicó la denunciante.
Sosa explicó que hasta mañana lunes, fecha para la cual está fijada la audiencia ante el juez, ella debe continuar en su vivienda la cual también está habitada ahora por su exsuegra y sus nietos quienes, según denuncia constantemente, la maltratan verbalmente y la amenazan con que lograrán el desalojo.
“Yo hace una semana no puedo ir a mi lugar de trabajo porque temo que si salgo de mi casa cuando vuelva ya no pueda ingresar, tengo una hija pequeña de cinco años quien padece de autismo y sufre mucho porque desde que estas personas ingresaron a mi vivienda se dedican a hacer fiestas y escuchar la música a todo volumen, hecho que hace sufrir muchísimo a mi hija porque es muy sensible a los ruidos y se pasa llorando”, contó la denuncia
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Desalojan a indígenas que ingresaron a una propiedad privada en Corpus Christi
En la jornada de este sábado, agentes de la Policía Nacional llevaron adelante una intervención a un establecimiento ganadero ubicado en la localidad de Corpus Christi, departamento de Canindeyú, que terminó con el desalojo de una pequeña comunidad indígena que se encontraba de manera arbitraria en el lugar. Esta no sería la primera ocasión en que ingresan al lugar reclamando que el terreno es propiedad de la comunidad.
Según los primeros datos que se manejaban sobre lo ocurrido, la invasión había sido violenta por parte de los indígenas, hecho que fue plenamente descartado por el interviniente en el caso, el oficial inspector Rodney González, de la comisaria de Anahí, en conversación con La Nación/Nación Media
Detalló que cuando llegaron al sitio procedieron al registro de los nativos que se encontraban en la propiedad y que ninguno contaba con armas de fuego, posterior a esto procedieron a presentar la orden de desalojo correspondiente y el líder de este grupo fue detenido.
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“Si se dio una persona herida, pero no fue nadie de la propiedad en la que se irrumpió, sino que fue un abogado, el cual acompañó el procedimiento policial y fue herido con un objeto punzante que le causó una pequeña cortadura menor en el brazo; esto fue en el momento en que intentaban que el líder del grupo no fuera detenido”, indicó el oficial inspector.
Manifestó que si bien los indígenas se comprometieron a no ingresar en la propiedad, también reclamaron que las zonas que están siendo ocupadas por el establecimiento le corresponden de manera legítima a la comunidad, ya que la misma se encontraba asentada en esta zona mucho antes.
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Una mujer cayó desvanecida y falleció durante desalojo en CDE
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un violento desalojo dejó como resultado el fallecimiento de una mujer que se descompensó al verle a su hijo herido por balines de goma cuando se enfrentaba al contingente policial. También se registró un total de cinco detenidos y un centenar de heridos, entre ellos tres policías. Olga Rotela, de 43 años, es la mujer que falleció esta mañana, en el momento en que se realizaba el desalojo de dos familias, en el barrio Che La Reina de Ciudad del Este. El video de la mujer desvanecida, tras descompensarse fue divulgada rápidamente por redes sociales.
La fallecida no sería ocupante de la propiedad invadida, sino vecina del lugar, y que no formaba parte del grupo de personas donde se efectuó la intervención policial en el cumplimiento del mandamiento judicial.
Elvio Barúa, uno de los dirigentes de los pobladores del citado barrio, dijo que la mujer falleció después de ver que su hijo fue herido cuando se enfrentaba a los policías. “Estoy aquí en la casa de la familia de la señora. Al parecer, ella vio que a su hijo le dispararon con balines de goma, salió a defenderlo y se descompensó; ya muerta le llevaron al hospital”, dijo a La Nación/Nación Media.
En un comunicado de la Policía Nacional se informó que el personal de la Comisaría 4ª del barrio Pablo Rojas intervino en un supuesto hecho de muerte súbita de una mujer de 43 años, que fue trasladada en una ambulancia hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este. El director del Hospital Regional, doctor Federico Schroder, confirmó a La Nación/Nación Media que una mujer de nombre Olga Rotela, ya llegó sin signos de vida y, fue el médico forense el que intervino.
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En cuanto a heridos, la Policía Nacional reportó tres heridos en sus filas. En el sector de los pobladores, no existe una cantidad oficial de heridos por los balines de goma, pero sería un centenar aproximadamente. Fueron aprehendidas cinco personas, uno de ellos con antecedentes por robo y hurto agravado. Los mismos quedaron a cargo del Ministerio Público.
Según un informe de la Dirección de Policía de Alto Paraná, fueron dos órdenes de desalojo las que se cumplieron. Al inicio del procedimiento se informó de tres mandamientos judiciales. Una corresponde al expediente caratulado “Pablo Aquino Gavilán contra Aldo Florentín Barúa Acosta”, de un predio ubicado en el Lote Nº 10, manzana Nº 15, de la Fracción Colinas del Paraná.
El segundo corresponde al expediente caratulado como, “Mario Enrique Brignardello Fernández contra Edgardo Gabriel Marecos Pimental”, sobre un inmueble ubicado en el Lote Nº 6, manzana Nº 18, desprendido de la Finca Nº 828.
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Invasores vip: Ministerio del Interior realizará desalojos ni bien reciba orden judicial
Luego que el presidente Santiago Peña anunciara el veto total a la ley que desafecta las tierras pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional en favor de la municipalidad de Villa Hayes y el consecuente inicio del proceso de desalojo de los “invasores vip”, que se encuentran ocupando de manera ilegal las 131 hectáreas de la finca 916; el ministro del Interior, Enrique Riera, asegura que si hay orden judicial de desalojo en propiedad de las FF. AA. se aplicará sin dudas.
El alto funcionario habló de la situación de las tierras mencionadas, que se pretenden su desafectación a favor de los actuales ocupantes y su titulación en el municipio de Villa Hayes. Al respecto, comentó en comunicación con la 680AM, que a su entender el objetivo es político y estaba previsto que esto pase en algún momento.
“Las leyes tienen que aplicarse implacablemente sin mirar a quién; para ello el procurador general, que es el representante legal de los bienes de todos los paraguayos, él tiene que iniciar las acciones judiciales”, comentó.
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De hecho, este proceso ya se inició este lunes 2 de octubre, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Defensa y la Procuraduría General de la República. Al respecto, Riera sostuvo que desde su cartera de Estado se encuentran a la espera de la solicitud de desalojo, teniendo en cuenta que la Policía Nacional es auxiliar de la Justicia.
“Una vez que tengamos la orden judicial en la mano, no importa quién sea el ocupante, hay que producir el desalojo, porque la Policía es la auxiliar de la Justicia. Acá que no pretendan hacer una disfunción entre desalojo, nadie está por encima de la ley, entonces una vez que tengamos la orden judicial en la mano, no tengan la menor duda que vamos a aplicarla, sea quien sea el afectado, no hay paraguayo de primera ni segunda, todo bajo el imperio de la ley”, concluyó el ministro.
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