El Banco Central del Paraguay (BCP), a través de su Comité de Política Monetaria (CPM), decidió nuevamente aumentar la tasa de política monetaria, en línea internacional, a 8,50% anual, con un ajuste de 0,25 puntos.
Dentro de sus argumentos, en cuanto a la inflación, sostienen que la reducción prevista de la tarifa del servicio de energía eléctrica para el período setiembre-diciembre contribuirá a atenuar las tasas interanuales de inflación hasta fin de año. Este se trata del descuento del 25% en las facturas de consumo de electricidad que, desde la Administración Nacional de Energía (Ande), tendrán en cuenta ciertas condiciones para otorgar ese beneficio para clientes residenciales servidos en baja tensión cuyo consumo no supere los 1.000 kW/hora. Hasta el 12 de setiembre ya se emitió un total de 208.045 facturas con el descuento por un valor de G. 5.765 millones.
La empresa estatal cuenta con 1.454.000 clientes residenciales; es decir, que utilizan la energía eléctrica para consumo domiciliario, no para industrialización o comercio. De este grupo de clientes, 260.000 están recibiendo el subsidio de la tarifa social. El comité del BCP explicó, respecto a los precios domésticos, que la inflación mensual se ubicó en 0,4% en agosto, principalmente debido a la suba de precios en la agrupación de alimentos, mientras que los precios de los combustibles se redujeron en el mes de referencia. Por su parte, la inflación interanual se situó en 10,5%, por debajo de la tasa del mes anterior (11,1%), y se espera que continúe moderándose en los próximos meses. La matriz bancaria alegó que la inflación total se ha desacelerado en meses recientes.
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Un promedio de G. 500 a 1.000 millones es el perjuicio a la Ande
El gerente comercial de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Hugo Rolón, señaló que el perjuicio para la entidad con el funcionamiento de las granjaminerías va desde G. 500 a 1.000 millones al mes. Estos montos son los que debería percibir la Ande, sin embargo, el consumo de energía eléctrica de las granjas de criptomonedas se da de manera clandestina.
“Lo que hace estas granjas es el procesamiento de monedas virtuales. Estamos hablando de un promedio de 500 a 1.000 millones de guaraníes por mes que tendría que pagar por el consumo de energía eléctrica”, refirió en comunicación con la 650 AM. El daño a la Ande no solo se representa en términos económicos, sino también en el consumo propio de la energía eléctrica.
“En lo que va del año hemos intervenido unas 14 granjas de criptominería que se estaban conectando de manera ilegal a la red de distribución y esto en término de potencia representa 40 megavatios, aproximadamente. Si hablamos en números, representa casi 2 veces el consumo de ciudades como Pilar y Villarrica”, detalló.
Reiteró que el perjuicio que están generando es enorme, en este caso a las redes de distribución y también al patrimonio institucional de la Ande.
“Normalmente se instalan donde tenemos varios alimentadores de distribución. Lógicamente en esos lugares tenemos también sectores industriales y ellos se mimetizan dentro de estas zonas industriales, entonces pasan desapercibidos”, refirió.
Apuntó que se sigue trabajando en la lucha en contra de estas granjas ilegales. “No existe una variación significativa, salvo que se instalen en líneas radiales, a finales de línea. Estamos trabajando con otros organismos del Estado para optimizar la lucha contra los ilegales”, puntualizó.
GRUPO DE PODER INVOLUCRADO
La Administración Nacional de Electricidad (Ande) trabaja en un sistema de monitoreo de consumo de electricidad en el marco de la lucha contra las granjas de criptominería ilegales que sobrecargan al sistema en muchas áreas del país. Así lo anunció su titular, Félix Sosa, revelando que hasta el momento llevan realizadas 64 denuncias ante la Fiscalía.
Luego de la pandemia, al registrarse el “boom” de la criptominería y el alto consumo que conllevaba este negocio, la Ande comenzó a tomar medidas contra las actividades de las empresas como Esur SA que utilizaban mucha electricidad, pero que pese a ello pagaban un módico monto, por lo que fijó una tarifa especial y comenzó a regularizar esos emprendimientos.
De acuerdo a su página web, la empresa Esur SA forma parte del grupo Azeta de la familia Zuccolillo. Esta firma inició sus operaciones en el año 2011 con el objetivo de desarrollar negocios en el sector energético, a través de la administración y distribución de energía eléctrica en algunos centros comerciales, entre ellos el Shopping Mariscal y Abasto Norte, pertenecientes al mismo grupo empresarial.
En setiembre de 2019, la empresa encabezada por Micky Zaldívar incluyó en sus negocios la minería de datos, específicamente criptomonedas, para utilizar la tecnología de Blockchain, lo cual consta en la página web del grupo Azeta.
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Las criptominerías y el perjuicio a la Ande: promedio va de G. 500 a 1.000 millones al mes
El gerente comercial de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Hugo Rolón, señaló que el perjuicio para la entidad con el funcionamiento de las granjaminerías va desde G. 500 a 1.000 millones al mes.
Estos montos son los que debería percibir la Ande, sin embargo, el consumo de energía eléctrica de las granjas de criptomonedas se da de manera clandestina.
“Lo que hace estas granjas es el procesamiento de monedas virtuales. Estamos hablando de un promedio de 500 a 1.000 millones de guaraníes por mes que tendría que pagar por el consumo de energía eléctrica”, refirió en comunicación con la 650 AM.
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El daño a la Ande no solo se representa en términos económicos, sino también en el consumo propio de la energía eléctrica.
“En lo que va del año hemos intervenido unas 14 granjas de criptominería que se estaban conectando de manera ilegal a la red de distribución y esto en término de potencia representa 40 megavatios, aproximadamente. Si hablamos en números, representa casi 2 veces el consumo de ciudades como Pilar y Villarrica”, detalló.
Reiteró que el perjuicio que están generando es enorme, en este caso a las redes de distribución y también al patrimonio institucional de la Ande.
“Normalmente se instalan donde tenemos varios alimentadores de distribución. Lógicamente en esos lugares tenemos también sectores industriales y ellos se mimetizan dentro de estas zonas industriales, entonces pasan desapercibidos”, refirió.
Apuntó que se sigue trabajando en la lucha en contra de estas granjas ilegales. “No existe una variación significativa, salvo que se instalen en líneas radiales, a finales de línea. Estamos trabajando con otros organismos del Estado para optimizar la lucha contra los ilegales”, puntualizó.
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Urge una ley para que la Ande regule a las licencias otorgadas
El diputado Derlis Rodríguez habló sobre los alcances del proyecto de ley para regular criptomonedas en el país que se encuentra en estudio en la Cámara Baja. El legislador explicó que con esta regulación la Administración Nacional de Electricidad (Ande) podrá firmar las licencias con las granjas de criptomonedas y evitar la clandestinidad.
“Esto sucede porque hoy no existe el marco regulatorio. Hoy la Ande sí tiene requisitos para firmar una licencia con ellos, pero no existe una ley que regule esto. Ojalá que podamos sacar una ley que nos convenga a todos en el menor tiempo posible”, expresó Rodríguez en entrevista a la 1020 AM.
Así también, con esta regulación se podría crear una moneda propia, de acuerdo al legislador. “Nosotros lo que queremos hacer con la ley es, incluso, crear nuestra propia moneda, nuestro propio criptoactivo paraguayo”, apuntó.
LEGALIZAR PRODUCCIÓN Y MINERÍA
El diputado Rodríguez refirió que el objetivo de esta iniciativa es la legalización de la producción y la minería, teniendo en cuenta que actualmente ya se encuentran instaladas en el país, pero de manera clandestina y que está causando una gran problemática en el consumo de energía eléctrica. “Planteamos la ley que va más allá de la producción y minería. Queremos legalizarla, tener el control de ellas, saber cuánto se produce y le podamos poner un impuesto y que nuestro mercado, el Banco Central, lo reconozca como moneda”, manifestó el parlamentario.
Agregó que actualmente la clandestinidad de las criptominerías está apañada por las propias autoridades de diferentes instituciones y estamentos, por lo que con esta regulación el propósito es eliminar esa situación. “La corrupción es el peor cáncer que tiene el país y la impunidad lo sigue rápidamente. Nadie haría tanta inversión sin tener protección. Acá todos quienes han hecho una inversión gigantesca tenían protección y no solo de la Ande, sino de la Fiscalía y el Poder Judicial”, sentenció.
SEPA MÁS
Grupo Zucolillo, metido en el negocio
En medio de la fiebre por la criptomoneda y los allanamientos que se realizan a las granjas mineras que operan de manera ilegal en el país, una investigación periodística del programa “La caja negra” reveló que el Grupo Zuccolillo estuvo metido en el negocio a través de su empresa Esur SA (Energías del Sur), usando como pantalla a un shopping para no abonar la garantía ni la tarifa especial establecida por la Ande. La pérdida ocasionada ronda los USD 300.000.
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Ande ya formuló 64 denuncias ante la fiscalía por criptonegocios ilegales
La Administración Nacional de Electricidad (Ande) trabaja en un sistema de monitoreo de consumo de electricidad en el marco de la lucha contra las granjas de criptominería ilegales que sobrecargan al sistema en muchas áreas del país. Así lo anunció su titular, Félix Sosa, revelando que hasta el momento llevan realizadas 64 denuncias ante la Fiscalía.
“Este año, hemos hecho 14 intervenciones a nivel nacional”, precisó a GEN/Universo y aclaró que no solo trabajan en el monitoreo del consumo, sino también en el seguimiento de las denuncias.
Sosa reseñó que el daño que recibe la Ande en materia de consumo clandestino de electricidad es enorme y que no solo afecta en concepto monetario, sino también en la calidad del servicio brindado, lo que termina repercutiendo en los consumidores.
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“Cuando el sistema detecta que hay actividad 24 horas, ya existe una sospecha de alguna actividad ilegal y procedemos a realizar las notificaciones”, explicó el titular de la Ande y aclaró que el departamento de Asesoría Jurídica realiza evaluaciones y denuncias.
Prohibir no, legalizar si
Al ser consultado sobre las granjas de criptominería que se encuentran activas y dentro del registro de la entidad, o sea, funcionando de manera legal, precisó que debían continuar funcionando normalmente.
“Prohibir las granjas no creo que sea el mejor camino, sí generar las mejores condiciones para que el país salga ganando”, remarcó Sosa.
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