La Comisión Bicameral de Economía Social que preside el diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón), organizó una mesa de trabajo interinstitucional, en donde se analizó la reglamentación de la Ley 5741/2016 “Que establece un método especial de beneficios del sistema seguridad social (IPS) a los microempresarios”. Esta normativa fue aprobada ya hace 6 años, pero su falta de reglamentación hace que, hasta el momento, sea inaplicable.
La referida ley regula la incorporación al Seguro Social del Instituto de Previsión Social, de forma obligatoria, a los propietarios y/o responsables de las microempresas, que a la fecha aún no están inscriptos en el registro pertinente de la previsional.
El diputado Reimer explicó que tal vez sea necesaria una modificación de la ley, pues el Ministerio del Trabajo debería ser el ente encargado de la aplicación de la ley, por ser el principal responsable del seguro social del trabajador; y no el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), como está estipulado en la normativa, publicó el portal Hoy/Nación Media.
Afirmó que otro inconveniente es que los propietarios y/o responsables, como asegurados, están obligados a cotizar el 23% de la base imponible, sobre mayor salario mensual declarado y abonado a sus trabajadores, que en ningún caso podrá ser menor al salario mínimo legal para actividades diversas no especificadas. “Quizá sea una carga ante que una ayuda, más aun teniendo en cuenta el momento que pasan las microempresas luego de la pandemia”, indicó el legislador.
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Intensifican trabajos en zona de Ñeembucú
En el departamento de Ñeembucú la prioridad es lograr escurrir las aguas de los canales hídricos para recuperar la transitabilidad de los caminos que se encuentran a su alrededor. Esta semana, en un esfuerzo conjunto, se hicieron varias intervenciones con ese fin.
Equipos del Distrito n.º 12 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) estuvieron trabajando ayer sábado en varios tramos rurales afectados por las últimas lluvias e inundaciones que dejaron a varias comunidades incomunicadas. La misión se cumple con el apoyo de la Gobernación de Ñeembucú, los municipios, el Comando de Ingeniería del Ejército y el sector privado.
Algunos de los lugares priorizados son Potrero Pirú, zona de Pilar-Mburicá y puente Yakaré, camino a San Juan de Ñeembucú. En este caso con una retroexcavadora de la empresa 8A que la Asociación Rural de Ñeembucú puso a disposición de la gobernación.
Por otro lado, instalan mesa de protección social en Alberdi para asistir a comunidades vulnerables del departamento de Ñeembucú. La mesa de trabajo se instaló en Alberdi e integran varias autoridades que impulsarán programas de asistencia a los pobladores.
El programa reúne la oferta del Estado a través del Gabinete Social para abordar las necesidades de las comunidades más vulnerables. Su objetivo principal es promover la articulación de políticas, programas y recursos entre los distintos actores gubernamentales y de la sociedad civil para garantizar una protección integral y efectiva.
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Hambre Cero “será un éxito”, augura presidenta del Consejo de Gobernadores
La gobernadora de Paraguarí y presidenta del Consejo de Gobernadores, Norma Zárate, destacó que el Consejo Nacional de Alimentación (Conae) está trabajando para la implementación en la brevedad posible de la ley de Hambre Cero. El consejo se reunió ayer miércoles con el presidente de la República, Santiago Peña, para determinar la reglamentación de esta normativa.
“Yo creo que va a ser un éxito, por supuesto que tiene su proceso, gradual va a ser, de la noche a la mañana es imposible llegar a todos, sin embargo, hay una predisposición y un trabajo impecable del presidente de la República y de todo su equipo para que sea un éxito”, sentenció.
“El día de ayer tuvimos la primera reunión del Conae, viendo todos los puntos, tratando y debatiendo con los técnicos también el decreto reglamentario para que sea de la mejor forma, que sea un decreto aplicable, que por sobre todas las cosas haya un control estricto sobre lo que va a ser esta universalización del almuerzo escolar”, indicó Zárate en entrevista para Paraguay TV.
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Sseñaló que el objetivo es concretar esta reglamentación para la aplicación inmediata de la ley. “Estamos trabajando en ello, el presidente de la República y todo su equipo está trabajando en el decreto reglamentario en este momento para que se pueda implementar lo antes posible y de que sea de forma progresiva, que se llegue primeramente a las instituciones educativas más carenciadas, que puedan recibir la alimentación escolar posterior a las vacaciones de invierno”, afirmó.
La jefa departamental sostuvo además que esta será una ley que se aplicará con éxito, a pesar de que existen aún muchas dificultades para llegar al 100 % de las instituciones educativas y resaltó la buena predisposición de las autoridades para iniciar el proceso de aplicación.
Control
Zárate detalló que el presidente Peña insistió al Conae sobre el estricto control en la provisión de alimentos. “Lo que insistió mucho es en el control que se va a ejercer sobre esta alimentación escolar, que sean alimentos de primera calidad, que sea un precio justo, sobre todo, donde todos los gobernadores estamos de acuerdo de que ya se tiene que hacer”, puntualizó.
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Gobierno debatirá con el sector privado
El presidente de la República, Santiago Peña, designó al ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, para comandar la coordinación de las tareas tendientes a la evaluación e implementación de sistemas de trazabilidad socioambiental, que garantice la competitividad y acceso de los bienes y productos paraguayos en mercados internacionales, en el marco de las exigencias de la Unión Europea establecidas en el reglamento 1115.
El Gobierno seguirá trabajando para encontrar acuerdos con el sector privado, a fin de evitar perder a un mercado tan importante como el europeo, pero respetando las leyes de nuestro país, explicó el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez.
“Todo lo que se va a escribir se va a hablar. Definitivamente vamos a estar todos juntos. No es que el coordinador nomás va a tomar la decisiones de forma unilateral”, precisó Carlos Giménez a la 730 AM.
Si bien el MIC lidera la coordinación, también forma parte de ella el MAG, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
Sostuvo que la principal intención de los ministerios es trabajar para que esta reglamentación no afecte a productores ni vaya en contra del crecimiento económico del país.
Aseguró que Paraguay tiene condiciones ventajosas para poner sobre la mesa. “Necesitamos exportar, tenemos que ponernos las pilas”, expresó.
Esta postura viene siendo ratificada por el titular del MAG, ya que meses atrás también habló sobre el interés de la UE en financiar proyectos nacionales y de otorgar créditos, siempre y cuando no haya condicionamientos. “Si querés darme dinero, dame. Pero no me pongas condiciones, sino no me des nomás el dinero”, indicó.
REGLAMENTACIÓN
Las exigencias de la Unión Europea establecidas en el reglamento 1115 apuntan a la evaluación e implementación de sistemas de trazabilidad socioambiental para las exportaciones y comercializaciones en el mercado europeo. Se trata de una normativa que regula el comercio de ciertas materias primas y derivados en la UE, que tiene por objetivo evitar que productos en el mercado europeo, ya sean importados, comercializados o para exportación, provengan de territorios deforestados a partir de 2021. Además, los productos deben adecuarse a la legislación del país donde se produce el producto y contar con una declaración de debida diligencia.
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La Reglamentación 1115 y la realidad paraguaya
- Por Esteban Vasconsellos Petrucci
La Reglamentación 1115 no constituye simplemente un sistema de trazabilidad del producto (carne bovina, soja, madera, aceite de palma, cacao, café y caucho), sino que también aborda el entorno donde se produce, imponiendo condiciones que, además de prohibir la deforestación libre, exigen el cumplimiento de otras legislaciones pertinentes, lo que podría convertirse en una barrera arancelaria.
Este marco regulatorio, de alcance global, presenta un desafío considerable para Paraguay. No se ha tenido en cuenta la realidad de nuestros sistemas productivos y de logística comercial, que, aunque demostradamente sostenibles, difieren en muchos aspectos de los de los países europeos. Además, no se reconoce adecuadamente nuestras posibilidades de desarrollo sostenible. Como país en vías de desarrollo, hemos comenzado estos procesos hace relativamente poco tiempo y nos basamos en pruebas, conocimientos técnicos y científicos, y lecciones aprendidas de países y regiones que han estado en este camino durante siglos.
La responsabilidad del cumplimiento de la Reglamentación 1115 recae principalmente en los operadores europeos de la cadena de suministro, quienes serán auditados y sancionados en caso de incumplimiento. Sin embargo, es crucial entender que esto afecta a toda la cadena de valor, incluyendo a los exportadores paraguayos y, sobre todo, a los productores. Es en el nivel de producción donde se inicia y se centra principalmente la aplicación de esta normativa, que tiene como objetivo principal abordar la deforestación y degradación forestal a partir del 31 de diciembre de 2020.
Para que los productores puedan ingresar a este mercado de manera efectiva, es esencial que se respeten y validen nuestras leyes vigentes y las instituciones que las respaldan. El proceso debe ser simple, transparente y adaptado a la realidad del país para permitir que la mayoría de los productores agrícolas, ganaderos y forestales puedan ingresar, producir y comercializar de manera segura. Por lo tanto, cualquier propuesta para abordar estos desafíos debe basarse en la realidad nacional y ser consensuada por todos los actores de la cadena de valor, incluidos los pequeños, medianos y grandes productores.
Es necesario prestar atención a la posibilidad de que, bajo el pretexto ambiental, se impongan medidas proteccionistas en el mercado, lo que podría afectar negativamente a una gran mayoría de productores. Es fundamental estar alerta ante estas situaciones y trabajar en conjunto para encontrar soluciones equitativas y sostenibles para el sector agropecuario paraguayo.
* Esteban Vasconsellos Petrucci es ingeniero agrónomo, especialista en temas ambientales. Es miembro de la Comisión de medio ambiente de la ARP, es miembro de la directiva de la Asociación de Productores Agua Dulce APAD. Asesor privado del CEA en temas ambientales.
La responsabilidad del cumplimiento de la Reglamentación 1115 recae principalmente en los operadores europeos de la cadena de suministro, quienes serán auditados y sancionados en caso de incumplimiento. Sin embargo, es crucial entender que esto afecta a toda la cadena de valor, incluyendo a los exportadores paraguayos y, sobre todo, a los productores.
Cualquier propuesta para abordar estos desafíos debe basarse en la realidad nacional y ser consensuada por todos los actores de la cadena de valor, incluidos los pequeños, medianos y grandes productores.