El presidente de la República, Santiago Peña, designó al ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, para comandar la coordinación de las tareas tendientes a la evaluación e implementación de sistemas de trazabilidad socioambiental, que garantice la competitividad y acceso de los bienes y productos paraguayos en mercados internacionales, en el marco de las exigencias de la Unión Europea establecidas en el reglamento 1115.
El Gobierno seguirá trabajando para encontrar acuerdos con el sector privado, a fin de evitar perder a un mercado tan importante como el europeo, pero respetando las leyes de nuestro país, explicó el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez.
“Todo lo que se va a escribir se va a hablar. Definitivamente vamos a estar todos juntos. No es que el coordinador nomás va a tomar la decisiones de forma unilateral”, precisó Carlos Giménez a la 730 AM.
Si bien el MIC lidera la coordinación, también forma parte de ella el MAG, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
Sostuvo que la principal intención de los ministerios es trabajar para que esta reglamentación no afecte a productores ni vaya en contra del crecimiento económico del país.
Aseguró que Paraguay tiene condiciones ventajosas para poner sobre la mesa. “Necesitamos exportar, tenemos que ponernos las pilas”, expresó.
Esta postura viene siendo ratificada por el titular del MAG, ya que meses atrás también habló sobre el interés de la UE en financiar proyectos nacionales y de otorgar créditos, siempre y cuando no haya condicionamientos. “Si querés darme dinero, dame. Pero no me pongas condiciones, sino no me des nomás el dinero”, indicó.
REGLAMENTACIÓN
Las exigencias de la Unión Europea establecidas en el reglamento 1115 apuntan a la evaluación e implementación de sistemas de trazabilidad socioambiental para las exportaciones y comercializaciones en el mercado europeo. Se trata de una normativa que regula el comercio de ciertas materias primas y derivados en la UE, que tiene por objetivo evitar que productos en el mercado europeo, ya sean importados, comercializados o para exportación, provengan de territorios deforestados a partir de 2021. Además, los productos deben adecuarse a la legislación del país donde se produce el producto y contar con una declaración de debida diligencia.